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En un recorrido realizado por diversos medios de comunicación nacionales, en municipios de la Tierra Caliente, la Meseta Purépecha y la costa, se constató cómo la Fuerza Rural hace frente al cártel de manera precaria.
En Aquila, por ejemplo, que tiene 170 kilómetros de carretera costera y colinda con Lázaro Cárdenas y Arteaga —ambos bastiones de La Tuta—, 100 autodefensas solicitaron enlistarse y se legalizó sólo a 18. Tres de ellos son de Cachán, donde un puñado de indígenas hace guardia permanente sin armas a la vista.
Uno de ellos expresa preocupado: “Los criminales están en los cerros, La Tuta está libre, Víctor Lucas Rivera El Tango está libre, El 500 también anda libre”.
En el puesto hay sólo un Fuerza Rural en turno, Teófilo Vázquez, de 21 años de edad.
El joven revela las condiciones de tamaña encomienda: “Tenemos dos meses sin paga [ganan 9 mil pesos al mes], me dieron un solo uniforme, una R-15 con un cargador de 30 tiros y las credenciales que nos dieron están vencidas”.
Otro caso es el del municipio de Coalcomán, con una extensión mayor a la del estado de Colima, y sólo 45 autodefensas legalizados para patrullar poblados serranos, por caminos de terracería accidentados, de una a cinco horas de distancia de la cabecera municipal.
Sin vehículos aptos, ni viáticos, los integrantes de las Fuerzas Rurales piden el combustible fiado en una gasolinera. Un Rural comenta que en sus escasos cinco meses de funcionamiento “ya debemos más de 300 mil pesos”.
El despliegue de fuerza federal ahí es notable: 600 militares y 200 policías federales. Coalcomán, por cierto —enclavado en medio de los municipios inconformes de la costa y de Tierra Caliente—, será la sede de un nuevo cuartel militar, que ya está en construcción.