Legisladores federales coincidieron en que se requiere adecuar el marco legal en materia de transparencia y acceso a la información, para ampliar las obligaciones en la rendición de cuentas por parte de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Subrayaron que además de estos poderes públicos, se debería incluir a los organismos que poseen autonomías constitucionales e incluso a los sindicatos, para que sean igualmente sujetos a mayores obligaciones de transparencia y rendición de cuentas.
Al participar los trabajos de la Séptima Semana Nacional de Transparencia, el coordinador de Convergencia en el Senado, Luis Maldonado Venegas, anunció que presentará una iniciativa para eliminar los costos de opacidad e impunidad que hay en los sindicatos mexicanos.
Con respecto a la resistencia de algunos líderes sindicales a esta reforma legal, el senador advirtió que «invocar la gobernabilidad para provecho de cúpulas facciosas y en perjuicio de millones de trabajadores, es una extorsión inadmisible».
En el evento, que se llevó a cabo en la Cancillería, Maldonado subrayó que los recursos sindicales deben considerarse fondos públicos y eliminar viejas prácticas de poder político con absoluta discrecionalidad y opacidad.
Agregó que además se buscará subsanar la falta de transparencia en el manejo de los fondos o prerrogativas que ejercen los grupos parlamentarios y las Juntas de Coordinación Política en las cámaras del Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados.
En lo que respecta a senadores, diputados federales y locales, indicó, debe hacerse una reforma, ya que «los legisladores no tendremos autoridad moral para exigirle a otras instancias rendir cuentas y transparencia».
A su vez, el presidente del Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información del Senado, Raúl José Mejía González, dio a conocer que en breve se propondrá un nuevo reglamento sobre derechos y obligaciones de los legisladores.
Por su parte, el diputado Agustín Castilla Marroquín, del PAN, informó que su bancada acordó presentar, en el próximo periodo ordinario de sesiones, una segunda generación de reformas constitucionales y legales para el escrutinio social sobre el uso y destino de los recursos públicos.
El grupo parlamentario, dijo, discutió recientemente su agenda legislativa y concluyó que subsisten resquicios en el andamiaje constitucional y legal de la materia, así como resistencias de diversos actores constitucionales para emprender actos públicos totalmente transparentes y sujetos a procesos de revisión y, en su caso, de sanción.
Castilla Marroquín comentó que sobre la mesa de debate está la necesidad de reconocer al IFAI como un órgano constitucional autónomo, a fin de fortalecer sus resoluciones, y el revisar la legislación para darle fuerza legal a sus decisiones.
En su oportunidad, el diputado local del Congreso de Michoacán, Enrique Leopoldo Bautista, aseguró que la transparencia en México ha cambiado de contexto, es decir, pasó de ser un secreto de Estado a formar parte del ciudadano, como principal beneficiario de la misma
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