Extorsión en el sindicato Manos Limpias. La policía detuvo este viernes por extorsión, entre otros delitos, a Miguel Bernad, secretario general del sindicato Manos Limpias, organización famosa por intervenir en sonados procesos judiciales en España, entre ellos el juicio a la infanta Cristina.
Bernad ha sido detenido en el marco de una operación contra su sindicato, considerado de ultraderecha, y una asociación de usuarios de banca Ausbanc, cuyo presidente también ha sido arrestado, informaron fuentes de la investigación.
La policía, que prevé realizar otras 13 detenciones, investiga a ambas asociaciones por los delitos de organización criminal, estafa, fraude y amenaza condicional (extorsión), aunque fuentes de la investigación no descartan que se pueda añadir delito fiscal y blanqueo.
Fuentes de la investigación señalaron que el operativo, dirigido por un juez de la Audiencia Nacional contra estas asociaciones se precipitó después que la prensa publicara que estaban siendo investigadas.
La investigación trata de dilucidar si estas dos asociaciones, y principalmente Ausbanc, estuvieron pidiendo dinero a empresas y bancos a cambio de no abrir procesos judiciales contra ellos o retirar denuncias.
Ambas o alguna de ellas ejercen la acusación popular en casos tan sonados como el de las denominadas tarjetas ‘black’ de Bankia, en el que serán juzgadas 66 personas, entre ellas el exdirector del FMI y exministro del PP Rodrigo Rato, por el uso de unas tarjetas de crédito opacas al fisco por 12 millones de euros.
Manos Limpias también está personado en el juicio contra la infanta Cristina, por un caso de corrupción, en el que su esposo, Inaki Urdangarin, y el exsocio de éste Diego Torres son los principales inculpados.
De hecho, este sindicato es el único que mantiene la acusación contra la hermana del rey Felipe VI por delito fiscal, después de que tanto la Fiscalía Anticorrupción como la Abogacía del Estado consideraran que no había cometido tal delito.
Un abogado de la infanta denunció este viernes que Manos Limpias pidió dinero para retirar su denuncia. «Manos Limpias exigió este rescate, este dinero, para retirar la acusación a la infanta», afirmó Pau Molins a la televisión autonómica catalana.
«Lógicamente, el equipo de defensa de la infanta se negó rotundamente», añadió Molins, explicando que «era una cantidad de dinero absolutamente desorbitada (…) Lo pusimos en conocimiento de la autoridad judicial porque entendíamos que esto era un chantaje absolutamente inaceptable».
Etiqueta: Manos Limpias
-
Extorsión en el sindicato Manos Limpias
-
Luciano Varela acepta dejar el caso Garzon
El magistrado del Tribunal Supremo de España, Luciano Varela, aceptó hoy la recusación que en su contra presentó el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, al que investiga por presunta prevaricación.
En un auto emitido este miércoles se determinó la procedencia del recurso presentado el pasado fin de semana por los abogados de Garzón, por lo que con esta decisión queda suspendido temporalmente el proceso para llevar al juez al banquillo de los acusados.
Además, queda temporalmente paralizado el proceso en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que el 22 de mayo se reuniría a determinar si procede o no a separar a Garzón del Juzgado 5 de Instrucción de la Audiencia Nacional.
Garzón recusó a Varela el pasado sábado en un recurso de impugnación, al señalar que el magistrado ha actuado en beneficio de las partes que le acusan de presunta prevaricación por indagar las desapariciones del franquismo (1939-1975).
Garzón señaló que la semana pasada, el magistrado volvió a pedir escritos de acusación al ultraderechista partido de la Falange Española y el sindicato Manos Limpias, indicando la forma en que deben ser presentados y cuáles elementos de los escritos originales habría que eliminar.
Garzón acusó a Varela de ‘señalar el camino a seguir en la redacción en el escrito de la acusación’, cuando el instructor de una investigación no debe manifestar interés particular sobre el contenido de los escritos ni favorecerlos procesalmente.
‘Cuando el instructor otorga a las partes acusadoras una oportunidad más para formular unos escritos de acusación medianamente presentables, ya que los que se han formalizado no lo son, con ello se otorga una oportunidad menos al reo, lo cual provoca que el juez incurra en causa de recusación’, le señaló en su acusación
-
Acusan a Baltazar Garzon en España
El juez Baltasar Garzón, el mismo que procesó al dictador Augusto Pinochet, que desmanteló el aparato político y económico de la organización terrorista vasca ETA, que ha perseguido a los capos más importantes de la droga y a los líderes de las mafias rusa e italiana, y que está investigando las torturas cometidas en la cárcel de Guantánamo (Cuba) durante el gobierno de George W. Bush, podría acabar sentado en el banquillo de los acusados e inhabilitado hasta 20 años.
Las organizaciones ultraderechistas Falange Española de las Jons, Manos Limpias y Libertad e Identidad, le acusan de prevaricación. Es decir, de haber dictado una resolución injusta a sabiendas de que lo era, en la investigación de los crímenes cometidos durante la Guerra Civil (1936-1939) y el Franquismo (1939-1975). Y el juez instructor del Tribunal Supremo, Luciano Varela, hace unos días lo corroboró.
En un auto hecho público, Varela sostiene que el magistrado en realidad no pretendió investigar los â??horrendos crímenes del franquismoâ?, sino que actuó con la finalidad de â??eludir la decisión del legislador sobre el régimen localizador y exhumación de las víctimasâ?.
Es decir, le acusa de declararse competente para investigar las denuncias de las víctimas de Franco, no por ellas, sino para controlar el proceso de las exhumaciones de las fosas comunes en las que reposan los cuerpos de miles de desaparecidos de la Guerra Civil.
Aunque Garzón puede impugnar el auto, sus posibilidades de éxito son muy pocas. Y será la Sala de lo Penal, formada por cuatro jueces (tres conservadores y uno progresista), la que decida si abre o no un juicio contra él.
En el caso de que lo abra, de acuerdo con el artículo 383 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), será la comisión permanente del Consejo del Poder Judicial la que decida si le suspende provisionalmente durante el juicio y hasta que recaiga en la causa â??sentencia absolutoria o auto de sobreseimientoâ?.
Uno de varios procesos
No es el único proceso abierto contra el magistrado. Hasta hace unos días pesaban sobre Garzón dos querellas más. Una de ellas, que no fue admitida a trámite, la presentó un abogado del caso â??Gí¼rtelâ?, una trama de corrupción instruida por el propio Garzón y en la que están implicados medio centenar de miembros del opositor Partido Popular (conservador, PP). José Antonio Choclán, abogado de Francisco Correa, cabecilla de la trama, le acusó de prevaricación, al espiar las conversaciones en los locutorios de la cárcel entre el propio Correa y su abogado.
El juez podía haber sido condenado a entre 2 y 6 años de cárcel, pero no fue admitida a trámite. Aun así, el Colegio de Abogados de Madrid anunció ya su intención de querellarse porque, según su decano, Antonio Hernández Gil, la orden de practicar esas escuchas â??no se ajusta a nuestro ordenamiento jurídico y principalmente a los valores constitucionales decantados por la jurisprudencia del Tribunal Constitucionalâ?.
A esta nueva querella se une otra ya existente que el Tribunal Supremo sí admitió. En esta ocasión vino de la mano de los letrados José Luis Mazón y Antonio Panea, quienes acusan a Garzón de los delitos de prevaricación, cohecho y estafa, en un caso que data de 2005 y 2006, cuando el juez dirigió unos cursos en la Universidad de Nueva York mientras disfrutaba de un permiso en la Audiencia Nacional de Madrid. Los cursos fueron patrocinados por el Banco de Santander, que aportó 300 mil dólares. Los letrados consideran que el patrocinio de estos cursos podría estar relacionado con la decisión de Garzón de archivar, a su regreso a España, una causa que tenía pendiente contra directivos del Banco de Santander, entre ellos el propio Botín. Y denuncian que Garzón ocultó el salario que cobró en esos cursos y que fue él personalmente quien solicitó al Banco de Santander, cuyo presidente estaba imputado en un caso que llevaba él, que los patrocinara.
Garzón, a través de su abogado Gonzalo Martínez-Fresneda, ha negado haber recibido jamás â??ni directa ni indirectamente fondos provenientes del Santanderâ?. Ha reiterado su inocencia y califica las acusaciones de â??absurdas y esperpénticasâ?; asegura también que ha sido tratado peor que un ciudadano cualquiera sólo por el hecho de pertenecer al poder judicial, aunque según él se encuentra tranquilo, a la espera de que llegue el momento de defenderse.
Pero si llega ese momento y el juez se sienta en el banquillo de los acusados, deberá abandonar todos los casos que tiene, incluyendo aquellos que giran en torno a la banda armada ETA, o las investigaciones de los delitos de torturas y malos tratos cometidos en Guantánamo en la administración W. Bush, una querella presentada por varias organizaciones de defensa de los derechos humanos que el mismo Garzón admitió y cuyo juicio, en caso de llevarse a cabo, convertiría a España en el primer país del mundo en iniciar un proceso penal para investigar la torturas cometidas en la controvertida base militar de EU