Bajo la amenaza de nuevas sanciones internacionales por su política nuclear, Irán entra en 2010 dividido por la reelección del presidente Mahmud Ahmadinejad, que provocó en junio violentas manifestaciones que se repitieron el domingo con un saldo de varios muertos. Treinta años después de la revolución islámica, las manifestaciones que estallaron tras la elección del 12 de junio y su sangrienta represión sumieron al país en una de las peores crisis de su historia, que persiste al finalizar el año.
Al menos ocho personas murieron y más de 300 fueron detenidas el domingo en los enfrentamientos más sangrientos entre la oposición y las autoridades desde los disturbios de junio contra la reelección de Ahmadinejad. El gobierno de Estados Unidos reaccionó condenando «la represión violenta e injusta de civiles que buscan ejercer sus derechos universales en Irán». El clima político en el país era tenso desde que falleció la semana pasada, de muerte natural, el gran ayatolá disidente Alí Montazeri. Pero en realidad la crispación viene de más lejos.
Tras las elecciones numerosas personalidades del régimen denunciaron fraudes y obligaron al Guía Supremo, el ayatolá Alí Jamenei, a tomar partido abiertamente por Ahmadinejad, con la esperanza de acallar las protestas. Fue en vano. Centenares de miles de manifestantes tomaron las calles en junio, siendo duramente reprimidos -36 muertos según el gobierno, 72 según la oposición-, lo que reforzó las críticas contra el poder.
Seis meses después de estas elecciones, la oposición aprovechó para salir de nuevo a la calle, pese a las numerosas detenciones y a las decenas de condenas dictadas. La web reformista Parlemannews.ir dijo que Seyed Ali Musavi, sobrino de Mir Hosein Musavi, fue alcanzado por una bala en el pecho en el centro de Teherán y murió después de ser trasladado a un hospital.
Decenas de miles de opositores que llegaron en pequeños grupos confluyeron repentinamente en varios puntos de la avenida Enghelab (centro de Teherán), aprovechando las procesiones previstas por el Ashura -día de luto chiita que conmemora la muerte de Husein, nieto de Mahoma-, según testimonios concordantes recogidos por la AFP. El ex primer ministro Mir Hosein Musavi, una respetada figura del régimen que dirigió el gobierno durante los ocho años de guerra contra Irak se ha convertido en uno de los estandartes de la oposición desde que fue derrotado por Ahmadinejad en los comicios.
Otras personalidades influyentes, como los ex presidentes Akbar Hachemi Rafsanyani y Mohammad Jatami, o el ex presidente del Parlamento Mehdi Karubi, están acusados ahora de instigar los disturbios y de servir a los «enemigos del régimen», por haber osado criticar al poder. El gobierno intentó controlar la información, prohibiendo a los medios extranjeros cubrir las manifestaciones y arrestando a periodistas, entre ellos un reportero de la AFP que permaneció detenido cuatro días en noviembre.
A esta crisis política se añade una situación económica difícil, producto de las sanciones internacionales que impiden a Irán modernizar su economía, y una inflación galopante. La crisis que estalló recientemente entre Teherán y las grandes potencias por el programa nuclear iraní puede agravar aún más la situación. Irán está amenazado por nuevas sanciones económicas de la ONU, tras haber sido condenado en noviembre por la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), entre otras cosas, por haber ocultado la construcción de un segundo centro de enriquecimiento de uranio en el centro del país.
Pese a los desmentidos de Irán, los occidentales temen que la República Islámica busque dotarse del arma atómica. Irán ya no cuenta además con el apoyo de Rusia y China, dos de sus sostenes tradicionales en el escenario internacional, que esta vez votaron a favor de la condena.
Protesta es protesta y en Venezuela esta imagen lo muestra, sucede que pronto viene el plebiscito para saber si se aprueba o no la vida eterna de acuerdo a la constitución venezolana, para que el presidente en funciones pueda estar presentándose a urnas as través de la re-elección, por siempre.
Contabiliza el gobierno de la ciudad de México en lo que va del año, cerca de 800 marchas en el DF, cifra nada halagadora ya que son exactamente las autoridades del DF las que deben ver por la libertad de transito de los ciudadanos que vivimos aquí, aunque se protegen aclarando que el 80% de las mismas fueron por razones que atañen al gobierno federal. Valido, de todos modos el DF debe tener muy en claro que el cierre de calles no es medida para protestar, ¿estamos?