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Raúl Ricardo Alfonsí­n (Chascomús, Buenos Aires, 12 de marzo de 1927 â?? Buenos Aires, 31 de marzo de 2009)[1] fue un abogado, polí­tico, estadista y promotor de los derechos humanos argentino. Fue concejal, diputado provincial, diputado nacional, senador nacional y Presidente Constitucional de la Nación Argentina desde 1983 hasta 1989

Fue el mayor de los 6 hijos de Raúl Serafí­n Alfonsí­n y Ana Marí­a Foulkes. Su padre era un reconocido comerciante minorista radicado en Chascomús, una pequeña ciudad de entorno agrí­cola-ganadero a 120 kilómetros de Buenos Aires. Descendiente de españoles por su padre – su abuelo paterno era un inmigrante gallego republicano – y de alemanes por parte de su madre.

Realizó sus estudios primarios en la Escuela Normal Regional de Chascomús y los estudios secundarios en el Liceo Militar General San Martí­n, de donde egresó con el grado de subteniente de reserva. Tuvo como compañeros de clase a Leopoldo Fortunato Galtieri y Jorge Rafael Videla.

Estudió Ciencias Jurí­dicas en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata recibiéndose de abogado en 1950.

En 1949 se casó con Marí­a Lorenza Barreneche (n:1926) con quien tuvo 6 hijos:

* Raúl Felipe Alfonsí­n (n. 1949)
* Ana Marí­a Alfonsí­n (n. 1950)
* Ricardo Luis Alfonsí­n (n. 1952)
* Marcela Alfonsí­n (n. 1953)
* Marí­a Ines Alfonsí­n (n. 1954)
* Javier Ignacio Alfonsí­n (n. 1956)

En 1950 comenzó su actuación polí­tica en el Movimiento de Intransigencia y Renovación de la Unión Cí­vica Radical, en Chascomús, donde participó de la fundación del diario «El Imparcial».

En 1954 fue elegido concejal en Chascomús, y al año siguiente fue encarcelado por la Revolución Libertadora. En 1958 fue electo diputado provincial en la Provincia de Buenos Aires y diputado nacional durante el gobierno radical de Arturo Illia entre 1963 y 1966, en el cual fue vicepresidente del Bloque de Diputados Nacionales de la Unión Cí­vica Radical del Pueblo (UCRP). Finalmente, en 1965 fue elegido presidente del Comité Provincia de Buenos Aires de la UCRP.

El 17 de noviembre de 1966 durante la dictadura militar del general Juan Carlos Onganí­a fue detenido por un breve tiempo, por haber reabierto el Comité de la Provincia

A partir de la dictadura militar de tipo permanente que instaló Onganí­a, Alfonsí­n estrechó sus contactos con los sectores de centro-izquierda, como el socialismo dirigido por su amigo Guillermo Estévez Boero, y comenzó a desarrollar, desde la Provincia de Buenos Aires, un pensamiento socialdemócrata dentro del radicalismo que tendrí­a un considerable impacto en la juventud. En aquel primer núcleo alfonsinista se encontraban Bernardo Grinspun, Roque Carranza, Germán López, Raúl Borrás, entre otros.

Con la polí­tica prohibida y una situación internacional conflictiva, la juventud progresista argentina se vio frente a la opción concreta de sumarse a la lucha armada. Alfonsí­n rechazó expresamente la lucha armada como camino de progreso social, que adoptaron por entonces algunos grupos católicos, nacionalistas, peronistas y de izquierda, para ofrecer a un amplio sector de la juventud un canal pací­fico de militancia de centro-izquierda. El alfonsinismo apoyó la consigna â??Elecciones libres y sin proscripcionesâ?, como alternativa a â??Ni golpe ni elección: revoluciónâ?. La actividad polí­tica vedada obligó a Alfonsí­n a expresar su oposición a la dictadura y difundir sus argumentos a través de su actividad periodí­stica: fue columnista de la revista Inédito de Mario Monteverde y escribió artí­culos en otros semanarios bajo el seudónimo de Alfonso Carrido Lura. Entre 1971 y 1972, los jóvenes radicales de la Junta Coordinadora Nacional y Franja Morada, que habí­an mantenido una militancia activa contra la dictadura miliar, comienzan a acercarse a Raúl Alfonsí­n.[4] Entre aquellos jóvenes radicales se encontraban Luis Cáceres, Sergio Karakachoff, Federico Storani, Leopoldo Moreau, Marcelo Stubrin, Adolfo Stubrin, Enrique Nosiglia, Facundo Suárez Lastra, Gabriel Martí­nez, Carlos Muiño, entre otros.

De este modo el alfonsinismo comenzó a definirse como lí­nea interna progresista frente al balbinismo-unionismo que expresaban una actitud conservadora dentro de la Unión Cí­vica Radical.

En septiembre de 1972, en Rosario, se creó el Movimiento Renovador Nacional, reclamando un programa de carácter nacional, popular, democrático y liberador, y proclamando a Raúl Alfonsí­n como precandidato presidencial en las internas de la UCR. En las elecciones internas se impuso el balbinismo-unionismo, en tanto que el alfonsinismo obtuvo la minorí­a, por haber alcanzado más del 25%.

En 1973, la Unión Cí­vica Radical perdió las elecciones ante Juan Domingo Perón; Raúl Alfonsí­n resultó electo, una vez más, diputado nacional. Poco después, en mayo, Alfonsí­n amplió la extensión del sector que conducí­a para crear el Movimiento de Renovación y Cambio, con una posición sumamente crí­tica a la estrategia de unidad nacional del balbinismo, en contra de todo acuerdo con el peronismo, y un programa de izquierda socialdemócrata que proponí­a la reforma agraria, una nueva reforma universitaria, la democratización del sindicalismo y el establecimiento de una democracia social

El 18 de diciembre de 1975, tres meses antes del golpe militar que dio inicio a la dictadura conocida como Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983), Alfonsí­n fue una de las personalidades que fundaron la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).

Esta asociación fue la primera creada en Argentina para hacer frente a las violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos que en aquella época comenzaron con la actividad de la denominada AAA. Su primera reunión se llevó a cabo durante el mes de diciembre de 1975 en la Casa de Ejercicios Espirituales que dependí­a de la Iglesia de la Santa Cruz y fue convocada por Rosa Pantaleón (fallecida el 7 de marzo de 1997) y asistieron: el obispo de Neuquén don Jaime de Nevares, el rabino Marshall Meyer, el obispo Carlos Gatinoni, la doctora Alicia Moreau de Justo, Raúl Alfonsí­n, Oscar Alende, Susana Pérez Gallart, Adolfo Pérez Esquivel y Alfredo Bravo. [5]

La APDH desempeñó un importante papel de defensa de los derechos humanos durante la dictadura militar, luego apoyó el trabajo de la CONADEP y finalmente luchó contra la impunidad de los crí­menes de lesa humanidad cometidos durante el Proceso de Reorganización Nacional, parte de cuya responsabilidad fue del propio Alfonsí­n, cuando fue presidente.

Durante la dictadura militar, Alfonsí­n puso gratuitamente su servicio de abogado para defender opositores y presentar hábeas corpus por los detenidos-desaparecidos, actividad que por sí­ misma solí­a significar la muerte.

Realizó varios viajes a América Latina, los Estados Unidos, Asia, la Unión Soviética y Europa, donde frecuentó a los dirigentes de la Internacional Socialista (IS), denunciando la masiva violación de derechos humanos que se estaba produciendo en Argentina.

En 1976 fundó y dirigió la revista Propuesta y Control, única revista polí­tica opositora en aquellos primeros años del gobierno militar

En 1982, ante la Guerra de las Malvinas, Alfonsí­n, asesorado por un grupo de intelectuales como Jorge Roulet, Dante Caputo y Jorge Sábato, fue uno de los pocos polí­ticos argentinos que se opuso a la acción militar en las islas Malvinas y sostuvo que su finalidad era lograr el fortalecimiento de la dictadura. Exigió al gobierno militar que proveyera información verí­dica sobre la marcha del conflicto.

Este mismo grupo influyó en la decisión de Alfonsí­n en promover la caí­da de la Junta de Comandantes encabezada por Galtieri, proponiendo que asumiera un gobierno civil de unidad nacional conducido por el ex presidente Arturo Illia con el fin de proceder a la democratización

Desde fines de 1982, una vez abierto el proceso de transición a la democracia, bajo la presidencia del general Bignone, Alfonsí­n se convirtió, primero en presidente Universal de la Unión Cí­vica Radical al imponerse el Movimiento de Renovación y Cambio en las elecciones internas partidarias. Poco después fue nominado candidato a presidente de la Nación, cuando el otro precandidato radical, Fernando de la Rúa, declinó su candidatura ante el amplio apoyo que estaba recibiendo Alfonsí­n en todo el paí­s. Como candidato a vicepresidente fue nominado Ví­ctor H. Martí­nez.

Los dos principales candidatos presidenciales eran el peronista ítalo Lúder por el Frente Justicialista de Liberación (FREJULI) y el radical Raúl Alfonsí­n, por la Unión Cí­vica Radical (UCR). Existí­a entonces un generalizado sentimiento de que el peronismo serí­a un claro ganador, incluso entre los propios dirigentes radicales.[7]

La campaña electoral de Alfonsí­n se caracterizó por renovar los canales de la comunicación polí­tica en Argentina. Ocho meses antes de la elección, Alfonsí­n contrató al publicista David Ratto para dirigir su campaña. Por entonces los partidos polí­ticos argentinos solí­an restar importancia a la publicidad como método para lograr adhesión electoral y solí­a ser realizada por los propios dirigentes polí­ticos. El equipo publicitario decidió personalizar la campaña, centrándola en la imagen del candidato y destacando sus cualidades naturales. Varios lemas tuvieron impacto masivo, como la frase â??Ahora Alfonsí­nâ?, o la imagen de un escudo con los colores de la bandera argentina y las iniciales «RA», correspondientes tanto a Raúl Alfonsí­n como a República Argentina. También fue importante el â??saludo de Alfonsí­nâ?, con la forma de un â??abrazo a la distanciaâ?, que surgió del gesto que el propio Alfonsí­n tuvo en un acto en el Luna Park el 7 de diciembre de 1982.[8]

Un momento clave de la campaña electoral fue la denuncia de un pacto entre la cúpula de las fuerzas armadas y la dirigencia sindical para no juzgar los crí­menes cometidos por estos, lo que tuvo repercusión en el mundo

La campaña electoral de Alfonsí­n buscó sobre todo transmitir una imagen de paz, evitando cuidadosamente todo conflicto, gestos de violencia en los actos, discursos agresivos, etc. Para acentuar la importancia de su mensaje democrático eligió para cerrar sus discursos en los actos el Preámbulo de la Constitución Nacional.

Las elecciones se realizaron el 30 de octubre de 1983 y Alfonsí­n triunfó obteniendo el 51,7% de los votos frente al 40,1% del peronismo

El gobierno de Alfonsí­n debió enfrentar el problema de la transición a la democracia en un paí­s con una larga tradición de gobiernos militares que habí­a llegado al terrorismo de estado y la guerra.

El 15 de diciembre de 1983 Alfonsí­n sancionó los decretos 157/83 y 158/83. Por el primero se ordenaba enjuiciar a los dirigentes de las organizaciones guerrilleras ERP y Montoneros; por el segundo se ordenaba procesar a las tres juntas militares que dirigieron el paí­s desde el golpe militar del 24 de marzo de 1976 hasta la Guerra de las Malvinas. El mismo dí­a creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), integrada por personalidades independientes como Ernesto Sábato, Magdalena Ruiz Guiñazú, Graciela Fernández Meijide, entre otros, con la misión de relevar, documentar y registrar casos y pruebas de violaciones de derechos humanos, para fundar el juicio a las juntas militares.

También el 15 de diciembre Alfonsí­n envió al Congreso un proyecto de ley declarando nula la llamada ley de auto-amnistí­a Nº 22.924 dictada por el gobierno militar. Una semana después el proyecto fue sancionado como Ley Nº 23.040, la primera ley de la nueva etapa democrática.

El 20 de septiembre de 1984 la CONADEP produjo su famoso informe titulado Nunca Más y concurre a entregarlo al presidente Alfonsí­n acompañada de una multitud de 70.000 personas.[10] El 4 de octubre de 1984 la Cámara Federal (tribunal civil) toma la decisión de desplazar al tribunal militar que estaba enjuiciando a las juntas para hacerse cargo directamente del juicio. Los fiscales fueron Julio César Strassera y Luis Gabriel Moreno Ocampo. El juicio se realizó entre el 22 de abril y el 14 de agosto de 1985. Se trataron 281 casos. El 9 de diciembre se dictó la sentencia condenando a Jorge Rafael Videla y Eduardo Massera a reclusión perpetua, a Roberto Viola a 17 años de prisión, a Armando Lambruschini a 8 años de prisión y a Orlando Ramón Agosti a 4 años de prisión. Por las caracterí­sticas que tuvo, la condena a las juntas militares realizada por un gobierno democrático constituyó un hecho sin precedentes en el mundo, que contrastó fuertemente con las transiciones negociadas que tuvieron lugar en aquellos años en Uruguay, Chile, Brasil, España, Portugal y Sudáfrica

El gobierno de Alfonsí­n estuvo permanentemente amenazado por sectores de las Fuerzas Armadas que se negaban a aceptar el enjuiciamiento por violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar anterior. Para intentar mantener bajo control el descontento en las Fuerzas Armadas, en 1986 Alfonsí­n debió intervenir personalmente para que el Congreso sancionara la Ley de Punto Final imponiendo un plazo de 60 dí­as para procesar a acusados de delitos de lesa humanidad cometidos durante el gobierno militar.

La Ley de Punto Final no fue suficiente y en la Semana Santa de 1987 se produjo una gran rebelión militar compuesta mayoritariamente por jóvenes oficiales que se denominaron â??carapintadasâ? dirigidos por el teniente coronel Aldo Rico. Al mismo tiempo que los jefes militares demostraban que no estaban dispuestos a obedecer las órdenes del presidente Alfonsí­n y reprimir la insurrección. Millones de personas salieron a las calles para oponerse al alzamiento militar y la CGT declaró la huelga general en defensa del gobierno constitucional. Durante varios dí­as el paí­s estuvo al borde de la guerra civil. Alfonsí­n, anunció al público reunido en la Plaza de Mayo, desde la Casa de Gobierno, el enví­o de tropas leales para exigir a los rebeldes que depusieran su actitud. Poco después habrí­a de darse cuenta que esas tropas, en los hechos, no existí­an. Ni una sola de las unidades convocadas en la Capital Federal, y zonas adyacentes, respondió a esa orden. Sólo el General Ernesto Alais se mostró dispuesto a actuar, desde su guarnición en la provincia de Corrientes, y así­ avanzó con sus tropas hacia Campo de Mayo. A pesar de ello, al llegar esas fuerzas a Zárate, en la provincia de Buenos Aires, los oficiales de rango intermedio detuvieron su marcha e hicieron conocer su decisión de no avanzar contra sus compañeros.[11] El propio Alfonsí­n ha revelado luego que, fuera de quicio, quiso marchar encabezando a la multitud a Campo de Mayo, donde se encontraban los militares insurrectos, pero que finalmente no lo hizo para evitar la guerra civil.[12]

En vez de ello, Alfonsí­n concurrió personalmente a Campo de Mayo a reducir a los insurrectos. Horas después anunció, que los amotinados habí­an depuesto su actitud, en lo que aparentemente habí­a sido una victoria sin concesiones del gobierno democrático. Poco después se harí­a evidente que este pretendido triunfo no habí­a sido tal. Fue el sábado 30 de abril cuando Alfonsí­n así­ lo comunicó en un discurso a la población congregada en Plaza de Mayo donde utilizó una frase que se hizo histórica (con sentido negativo): â??La casa está en orden, felices Pascuasâ?.[13] Alfonsí­n, sin poder militar para detener el golpe de Estado, negoció con los lí­deres militares «carapintadas» la garantí­a de que no habrí­a nuevos juicios contra militares por violación de derechos humanos. Esas medidas se concretaron en la ley de Obediencia Debida y el reemplazo del general Héctor Rí­os Ereñú por el general José Dante Caridi, al mando del Ejército argentino. Este último, desde su cargo, comenzarí­a a defender públicamente la dictadura y la guerra sucia.[14] Desde entonces Alfonsí­n debió enfrentar otras dos insurrecciones militares durante 1988 (18 de enero y 1 de diciembre) y un permanente estado de insubordinación de las Fuerzas Armadas.

Las leyes de Punto Final y Obediencia Debida fueron objetos de fuertes cuestionamientos por parte de las organizaciones de derechos humanos, el movimiento estudiantil, y las fuerzas polí­ticas progresistas, incluidos sectores internos del radicalismo como la Juventud Radical y su brazo universitario Franja Morada. Con posterioridad, ambas leyes y los indultos a los jefes militares y guerrilleros ya condenados, concedidos por el presidente Carlos Menem en 1989, fueron conocidas como las leyes de impunidad, y serí­an derogadas por el Congreso Nacional en 2003. El propio Alfonsí­n apoyó la nulidad de las leyes, aunque aclaró que le correspondí­a a la Corte Suprema hacerlo, y no al Congreso.[15]

Quienes justifican las decisiones que tomó para detener los juicios contra las personas acusadas de cometer delitos contra la humanidad, sostienen que en aquel momento las Fuerzas Armadas no obedecí­an las órdenes del presidente y que no existí­a poder para reprimir las insurrecciones militares, lo que hubiera llevado a un sangriento golpe de Estado y eventualmente a una más sangrienta guerra civil.[16]

Alfonsí­n se ha referido con posterioridad abiertamente sobre esta cuestión diciendo:

«Las medidas que nosotros tomamos, que lo hicimos con un criterio de racionalidad, no se compadecí­an con lo emocional del pueblo en ese momento. De modo que fue algo que se vio como una enorme frustración, en general, por todos los argentinos. Acompañado por todas las organizaciones de derechos humanos y sobre todo por los partidos polí­ticos opositores. De modo tal que cuando Menem, posteriormente, realiza el indulto se creyó que era mucho menos grave que lo que yo habí­a hecho. Que por otra parte no era sino cumplir con lo que habí­a señalado durante la campaña: la responsabilidad principal es de los que mandan, la segunda de los que se han excedido en el cumplimiento de las órdenes y la tercera, los que en ese marco de terror que habí­a, creyeron en la legitimidad de la orden impartida. Entonces, sobre esos yo no querí­a que recayera la pena»

Más allá de las especulaciones, lo cierto es que la Semana Santa de 1987 constituyó un punto de inflexión para la popularidad de Alfonsí­n, que se reflejarí­a en la derrota de la Unión Cí­vica Radical en las elecciones para gobernadores y parlamentarias de ese año. Pero también es cierto que Alfonsí­n logró entregar su mandato a otro presidente civil, de otro partido polí­tico, hecho que no sucedí­a desde 1916, y que desde su asunción en 1983, Argentina inició el más extenso perí­odo democrático de su historia.

Gobierno

El gobierno de Alfonsí­n tení­a detrás de sí­ una fuerza nueva: la civilidad que habí­a votado su propuesta de construir un Estado de Derecho, al cual los poderes corporativos (FF.AA., Iglesia y Sindicatos) deberí­an someterse y consolidar un sistema polí­tico que resolviera los conflictos de una manera pací­fica, ordenada, transparente y equitativa. La civilidad vivió la euforia y la ilusión de que la democracia por si sola resolverí­a los problemas económicos y sociales imponiéndose pací­ficamente a los poderosos intereses establecidos que se le oponí­an. El gobierno en su diagnóstico de la crisis consideró que los problemas económicos eran menos significativos que los polí­ticos: lo fundamental era eliminar el autoritarismo y encontrar los modos auténticos de representación de la voluntad ciudadana: se propendió a la libertad de expresión, a la libertad de opinión, se buscó una sociedad de participación, el pluralismo y el rechazo de los dogmatismos. Se realizó un programa de alfabetización masiva, el congreso pedagógico, la eliminación de la censura en las actividades artí­sticas. Hubo profundas transformaciones en la universidad y en el sistema cientí­fico. Volvieron los intelectuales del exilio ocupando los medios de comunicación y se los empleó como asesores o funcionarios técnicos. En el campo de las relaciones individuales se promovió la ley de divorcio vincular y la patria potestad compartida. (Referencia bibliográfica: Luis Alberto Romero, Breve Historia Contemporánea de la Argentina, Ed: Fondo de Cultura Económica

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