La alcaldía de la ciudad de Tijuana embargó hoy las zonas comerciales del aeropuerto local, el cual es operado por el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), debido a un adeudo fiscal de unos 27 millones de dólares.
El alcalde de Tijuana, Jorge Ramos, explicó en una conferencia de prensa que, debido a que la compañía se ha negado a pagar el impuesto predial y después de un juicio, se decidió tomar el control de las áreas comerciales y del estacionamiento con el apoyo de la fuerza pública federal, aunque aclaró que no se afectaron los vuelos.
Ramos explicó que después de casi una década de litigios, un tribunal de lo contencioso administrativo le dio la razón al gobierno local el pasado 7 de octubre y obligó a la administración del aeropuerto a pagar los impuestos prediales adeudados.
El funcionario añadió que con este fallo también quedarán embargadas las acciones del grupo por lo que se enviará una notificación a la Bolsa Mexicana de Valores y también se hará una notificación a los bancos.
Esta mañana los funcionarios locales llegaron con el apoyo de la Policía Federal a las instalaciones del aeropuerto, ubicado en la zona noreste de Tijuana, a unos metros de la línea fronteriza con Estados Unidos.
La notificación de embargo la recibió el jefe de operaciones del aeropuerto, Jaime Arroyo, mientras que los comerciantes que trabajan bajo concesión en estas instalaciones fueron informados de que a partir de la fecha deben pagar la renta de sus espacios en la tesorería municipal y no en la administración del puerto aéreo.
Desde que recibió la concesión en 1999, el GAP se negó a pagar el impuesto predial a la ciudad de Tijuana con el argumento de que el aeropuerto es una zona federal y no municipal.
El alcalde de Tijuana afirmó que éste es el único municipio del país que le ha ganado a un concesionario de transporte aéreo, lo cual sentará un precedente para otras ciudades que enfrentan el mismo problema.
El GAP, constituido en 1998 como parte del programa del Gobierno Federal para la apertura de los aeropuertos a la inversión privada, está en manos de inversionistas privados, entre ellos el consorcio Aeropuertos Mexicanos del Pacífico (AMP) y el gigante minero Grupo México (GM).
El consorcio AMP está integrado, entre otros, por los españoles Desarrollo de Concesiones Aeroportuarias (DCA), filial de Abertis Infraestructura, y Aeropuertos Españoles y Navegación Aerea (AENA).
El GAP opera los aeropuertos de Guadalajara, Tijuana, Puerto Vallarta, Los Cabos, La Paz, Manzanillo, Hermosillo, Guanajuato, Morelia, Aguascalientes, Mexicali y Los Mochis