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  • Todo sobre la Ley SB 1070

    La Ley de Arizona, Ley de Arizona SB1070 de 2010, o ley Apoye nuestras fuerzas de orden público y los vecindarios seguros (Support Our Law Enforcement and Safe Neighborhoods Act, proyecto de ley del Senado 1070 y conocida como Arizona SB 1070)1 también conocida como Ley del odio 2 3 es una ley del estado de Arizona que supone la acción más amplia y estricta contra la inmigración ilegal en las últimas décadas.4 Ha recibido la atención nacional e internacional y ha provocado una controversia considerable5 ya que criminaliza a los inmigrantes sin documentos y considera sospechosos de crímenes a todos los que por su aspecto puedan parecer inmigrantes, ya sean ciudadanos norteamericanos o inmigrantes legales o ilegales.6 Barack Obama desplegara toda su artillería de fiscales para la paralización de una legislación abiertamente racista

    La propuesta fue convertida en ley por la gobernadora Jan Brewer el 23 de abril de 2010. Está programada a entrar en vigor el 29 de julio de 2010. El 28 de julio de 2010, 24 horas antes de su entrada en vigor, la jueza Susan Bolton, en Phoenix, ordenó la suspensión de las cláusulas más polémicas de la norma que criminaliza la inmigración

    Bajo esta ley, será un delito menor estatal que un extranjero esté en Arizona sin llevar consigo los documentos de registro requeridos por la ley federal. La ley también aumenta la aplicación estatal y local de las leyes federales de inmigración y toma medidas duras contra los que albergan, contratan y transportan los extranjeros ilegales. El párrafo en la legislación sobre su intención dice que encarna una doctrina de «desgaste mediante la aplicación de la ley» (attrition through enforcement).
    Los críticos de la legislación dicen que fomenta la discriminación por perfil racial, mientras que los partidarios dicen que la ley se limita a aplicar la ley federal existente. Después de una semana de su firma, la ley fue modificada por el proyecto de ley de la Cámara de Arizona, HB 2162, con el fin de abordar algunas de estas preocupaciones. Hubo protestas en oposición a la ley en más de 70 ciudades de los EE.UU., incluidas las llamadas a un boicot de Arizona. La votación ha encontrado que la ley tiene un apoyo mayoritario en Arizona y en todo el país. La aprobación del proyecto ha llevado a otros estados a considerar la adopción de una legislación similar.
    La ley fue firmada en ley por la gobernadora Jan Brewer el 23 de abril de 2010. Está programada a entrar en vigor el 29 de julio de 2010, noventa días después del final de la sesión legislativa. Se han presentado impugnaciones sobre su constitucionalidad y su conformidad con los leyes de derechos civiles, entre ellas una por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que también solicitó un mandamiento judicial contra la aplicación de la ley

    El 26 de abril, el presidente mexicano Felipe Calderón dijo que «dichas políticas atentan contra los derechos humanos». El 27 de abril, el presidente estadounidense Barack Obama afirmó públicamente: «Me parece que es una ley pobremente concebida»

  • Que es la Ley SB 1070

    No tener documentos de estadía legal en Estados Unidos, no llevar en la cartera la Green Card o Tarjeta Verde o incluso transportar en su automóvil a un indocumentado, aunque sea un familiar, se ha convertido en un delito para el estado de Arizona después de que la gobernadora Jan Brewer firmara la controversial Ley SB 1070.

    La nueva ley de Arizona afecta directamente a unos 400 mil inmigrantes indocumentados.

    «Arizona, desgraciadamente está otra vez ocupando los primeros planos no sólo a nivel nacional, sino también internacional, por esta nueva ley, Arizona está siendo considerado como uno de los estados más retrogradas, más racistas, más atrasados», señaló Leo Hernández, residente de Arizona.

    La gobernadora justificó la firma de la ley de inmigración, la más dura en los Estados Unidos, con una crítica al Gobierno Federal de su país por la falta de acción en el tratamiento del tema de la inmigración indocumentada.

    Entre otras disposiciones, la SB 1070 le brinda a los policías locales facultades extraordinarias para detener a personas, si los agentes tienen la minima sospecha de que se trata de indocumentados, hecho que, algunos aseguran, abrirá la puerta a la discriminación racial.

    «La reacción nacional e internacional sobre esta ley es evidente, todos los días presidentes, organismos internacionales de Derechos Humanos se están pronunciando y quien va a perder es el estado de Arizona, porque va a haber un boicot económico», indicó Aldo Castañeda, analista político.

    «De por sí la economía ya está en recesión, ahora estas leyes definitivamente perjudican en todas las áreas: emocionales, financieras, económicas, hasta espiritualmente», afirmó el pastor Elías Gutiérrez.

    La Ley SB 1070 entrará en efecto 30 días después de que termine la sesión legislativa, aproximadamente en el mes de agosto o septiembre, y según activistas será durante ese periodo que se entablarán demandas en cortes federales para hacer esta ley inconstitucional.

    «Está la esperanza de que va a haber un pleito legal que se va a entablar contra esta ley y es nuestra esperanza que la Corte Federal le ponga alto», aseguró el abogado Daniel Ortega.

    De acuerdo a las autoridades, hasta el momento no se han registrado arrestos, excepto una persona que andaba causando disturbios, pero nada mayor.

    Este fin de semana ya tienen contemplado un operativo ya que esperan la presencia de al menos 50 mil personas y delegaciones de otros estados que vendrán a apoyar a esta comunidad de Arizona que estará en protesta en contra de la Ley SB 1070

  • Se mueven fechas en tiempos juridicos con respecto a SB 1070

    La Corte Federal de Apelaciones del Noveno Circuito programó para el próximo 1 de noviembre la audiencia en la que analizará la solicitud de la gobernadora de Arizona para que sea levantada la orden de suspensión impuesta a partes claves de la ley de inmigración SB 1070.

    La Corte de Apelaciones con sede en San Francisco, California, anunció este lunes la fecha de la audiencia y precisó que las partes, representadas por abogados de Brewer y del gobierno federal, tendrán 15 minutos para argumentar su caso ante un panel de tres jueces de esa instancia.

    Brewer interpuso la apelación el pasado 29 de julio para solicitar a la Corte se levante la orden de suspensión temporal impuesta por la juez Susan Bolton, que impide la aplicación de partes claves de la ley de inmigración SB 1070.

    Abogados de Brewer sostienen que la juez Bolton erró al aceptar como argumento válido la especulación de que la ley pudiera perjudicar a inmigrantes legales y al concluir que el gobierno federal pudiera prevalecer.

    Por su parte representantes del Departamento de Justicia, dependencia que apeló contra la ley ante la juez Bolton, argumentan que la SB 1070 fue diseñada para distraer a las policías locales en el combate contra la inmigración ilegal, una función que corresponde exclusivamente al ámbito federal.

    La Corte deberá considerar en la audiencia si la juez Bolton se basó en una premisa legal errónea o abusó de su discreción para emitir la orden de suspensión de la SB 1070.

    La ley de inmigración SB 1070 fue promulgada el pasado 23 de abril y establece como delito estatal el ser inmigrante indocumentado en Arizona.

    La ley obliga también a los policías estatales y locales a detener a una persona sospechosa de estar en forma ilegal en el país.

    Una versión reducida de la SB 1070, sin sus partes más controversiales, entró en vigor el pasado 29 de julio

  • PVEM con propuesta contra el bullying

    El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) presentó una iniciativa para reformar la Ley General de Educación y fomentar una cultura de no violencia y de respeto a las nuevas generaciones, para que las autoridades educativas frenen la violencia intraescolar y no solamente se quede en campañas para prevenir estos abusos.

    De acuerdo con cifras de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el 70% de los estudiantes de primaria y secundaria en nuestro país, han padecido en algún momento de su carrera académica del -bullying-, es decir, de abusos, maltratos psicológicos, verbales o físicos por parte de sus compañeros.

    Esta problemática, se ha agudizado y va a la alza, por lo que es necesario prevenir, detectar y corregir estas conductas para atender casos de cualquier tipo de abuso entre los estudiantes, evitando el acoso y la discriminación escolar, aseguró el vocero del PVEM, Jesús Sesma.

    Sesma Suárez, reveló que las causas de esta problemática (bullying) suelen ser multifactoriales, sin embargo, principalmente se debe a la situación de violencia creciente en nuestra sociedad en los últimos años.

    La iniciativa presentada en la Cámara de Diputados, plantea reformar los artículos 7, 8 y 49 de la Ley General de Educación para promover una convivencia de respeto y de armonía en condiciones de igualdad y libre de cualquier forma de maltrato físico, verbal o psicológico.

    Así como difundir los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes y las formas de protección con que cuentan para ejercerlos; desarrollar de manera permanente programas especializados, a fin de prevenir y atender casos de cualquier tipo de abuso entre los estudiantes, evitando el acoso y la discriminación escolar.

    Paralelamente, se sugiere que el Estado realice programas asistenciales, ayudas alimenticias, campañas de salubridad y demás medidas para contrarrestar las condiciones sociales que inciden en la efectiva igualdad de oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos.

    Para esto, el Partido Verde consideró fundamental dotar de instrumentos a los padres de familia e instituciones educativas para eliminar en todas las escuelas este fenómeno.

    «También es necesario enseñar a nuestros niños a resolver conflictos de forma constructiva por medio de programas de prevención de violencia escolar que incluya la mediación y la negociación como métodos de resolución de conflictos sin violencia», señaló.

  • Una vision global del apagon analogico de televisiones

    El presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), Mony de Swaan, dijo que el primer apagón analógico en la televisión abierta será en octubre de 2011 en la frontera norte del paí­s.

    La conclusión de las señales de televisión tradicional se hará de manera gradual, por lo que la segunda etapa se realizará en 2012, en ciudades con mayor densidad poblacional como México, Monterrey y Guadalajara, y así­ sucesivamente en el resto de las entidades hasta 2015, cuando todas las transmisiones serán digitales, afirmó.

    En entrevista, el funcionario dijo que se entregará un bono por 60 dólares a cada telehogar para la compra de un decodificador o antena receptora de las señales digitales, por lo que el gobierno prevé un gasto por mil 600 millones de dólares para este fin, dado que existen 23 millones de hogares en el paí­s.

    De Swaan indicó que estos recursos provendrán de manera casi inmediata de lo que recaude el gobierno federal por la licitación del espectro en la banda de 700 MHz, que es la que ocupan las televisoras para sus transmisiones y cuyo proceso de asignación aportará al Estado alrededor de 10 mil millones de dólares.

    Señaló que las secretarí­as de Economí­a y de Desarrollo Social revisarán la situación socioeconómica de cada hogar para la entrega de los bonos, proceso en el que se tomará en cuenta que hay una parte de la población que no requiere de estos apoyos.

    De Swaan reconoció que puede haber confusión entre mucha gente sobre el proceso de transición a tecnologí­a digital, por lo que señaló que habrá una campaña de información que probablemente incluya un portal de internet exclusivo para el tema.

    El apagón analógico no significa que se termina la televisión abierta, pues las televisoras tienen la obligación de seguir transmitiendo, pero en el momento en que todas las emisiones sean digitales no se podrá ver la pantalla chica si no se cuenta con el decodificador o dispositivo digital.

    El funcionario dijo que la Sedesol no está incluida en este proyecto como pretexto para repartir televisiones con fines electorales, sino que una de sus funciones será ofrecer información en zonas rurales y marginadas, en donde se aprovechará la estructura que tiene para los programas sociales para coadyuvar con la Secretarí­a de Economí­a en hacer llegar los subsidios para los decodificadores.

    El funcionario federal aseguró que este decreto fue platicado previamente con las televisoras de todo el paí­s, pero es comprensible que cualquier medida que genere más competencia y la adopción de nueva tecnologí­a provoque nerviosismo entre los jugadores establecidos.

    â??Hemos seguido una polí­tica muy clara y transparente con las televisoras, platicamos con ellas sobre el decreto que promulga el Presidente previamente, y ellas presentaron sus preocupaciones.â?

    Indicó que la principal inquietud de las empresas de televisión es el éxito de la polí­tica de penetración de los dispositivos digitales, pero el artí­culo 4 de la Ley Federal de Radio y Televisión obliga al Estado mexicano a vigilar que las transmisiones se realicen de manera adecuada.

    Añadió que el Congreso jugará un papel fundamental para que el proceso se realice conforme a lo previsto, dado que los legisladores tendrán que aprobar los subsidios para comprar los decodificadores.

    El titular de la Cofetel dijo que desde su interpretación no será necesario cambiar el marco jurí­dico vigente para permitir que las televisoras ofrezcan servicios adicionales y de telecomunicaciones a través de la adopción de las tecnologí­as digitales.

    Consideró que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el artí­culo 28 de la Ley de Radio y Televisión implica que el gobierno no otorgue concesiones de telecomunicaciones a las televisoras por tener ya de radiodifusión.

    No permitir la provisión de estos servicios adicionales a través de los canales digitales serí­a subutilizar el espectro, dijo.

    En 2004, el gobierno federal emitió un acuerdo sobre la Polí­tica de Transición a la Televisión Digital Terrestre, el cual prevé un calendario de transición hasta 2021, y tiene algunas diferencias frente al decreto emitido el jueves pasado por el presidente Felipe Calderón Hinojosa.

    De acuerdo con la Comisión Federal de Telecomunicaciones existen tesis jurisprudenciales por las cuales se establece la derogación tácita de acuerdos cuando se emite uno posterior que regule la misma materia del primero, aunque no se establezca expresamente que sustituye al primero.

  • Greenpeace revisa ley de biodiversidad

    Incumplimiento de métodos de bioseguridad y monitoreo, falta de registro de las acciones de control y seguimiento experimental, conflicto de interés y no incineración del maíz transgénico cultivado son algunas de las violaciones a la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM) y al Código Penal Federal (CPF) que denunció la organización ambientalista Greenpeace en las primeras siembras experimentales de maíz transgénico en Chihuahua, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas.

    El colectivo presentó este día un documento, que dijo le fue remitido por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en el que se expone «la existencia de presuntas anomalías en 123 puntos inspeccionados, sólo en el estado de Sinaloa».

    En conferencia de prensa, Aleira Lara, coordinadora de la campaña de agricultura sustentable y transgénicos de Greenpeace México, detalló que esta situación resulta aún «más alarmante» si consideramos, dijo, que no existe un programa de verificación a nivel nacional de los 24 permisos de liberación al ambiente de maíz genéticamente modificado (GM) emitidos por la Secretaría de Agricultura.

    Explicó que la organización ambientalista presentó una denuncia ante la Profepa, en la que Greenpeace México exigió el inicio de un proceso de investigación, además de la cancelación de los permisos emitidos para sembrar maíz transgénico.

    Por otra parte, agregó, en respuesta a solicitudes de información realizadas por la organización a través de la Ley Federal de Transparencia: el Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (Inifap) proporcionaron la siguiente información:

    «Senasica reportó que las siembras solicitadas por la empresa Pioneer-PHI México, no se efectuaron en el predio destinado para tal fin», dijo Aleira Lara.

    En tanto, el Inifap dio a conocer, dijo Greenpeace México, que no participó en las siembras autorizadas en los estados de Sonora, Sinaloa, Tamaulipas y Chihuahua, «a pesar de que en las solicitudes de las empresas y los dictámenes de los permisos señalan que la siembra experimental se realizará en los campos del instituto».

    Explicó que la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) recomendó que la experimentación, «sin excepción alguna», debía realizarse dentro de terrenos responsabilidad de las instituciones públicas de investigación agrícola de México.

    Lo anterior con el propósito de que el gobierno mexicano «asuma la total responsabilidad respecto a las liberaciones y a su desempeño seguro».

    Greenpeace informó que las siembras se llevaron a cabo en terrenos privados de agricultores cooperantes de las empresas.

    Además denunció que las empresas Monsanto, Dow AgroSciences y Pioneer-PHI México, tomaron la determinación de violar la condicionante al permiso otorgado relativa a destruir en el mismo predio por medio de incineración (inmediatamente después de haber concluido el ensayo) todo el material que se haya derivado de la experimentación, y en su lugar, trituraron y enterraron los materiales.

    «Ante tantas anomalías los resultados de esta etapa no son confiables ni pueden darse por válidos como referencia de la inexistencia de riesgos o de los beneficios de este tipo de cultivos, como pretenden hacer creer las empresas», explicó María Colín, asesora legal de Greenpeace.

    «Cualquier solicitud que presenten las empresas debe ser denegada en estos momentos ante la falta de certidumbre jurídica que impera en materia de bioseguridad para el centro de origen y diversidad de dicho cultivo», agregó la litigante del grupo ecologista

  • Morosos 60% de condominos en el DF

    Más del 60% de las personas que vive en condominios en el Distrito Federal no pagan la cuota de mantenimiento del edificio, por lo que provocan problemas de limpieza, reparación de áreas comunes, de infraestructura y hasta de fachada.

    De acuerdo con la Procuraduría Social del gobierno capitalino, en lo que va de este año, se han registrado dos mil 587 quejas condominales. Las principales causas son la morosidad en el pago de cuotas de mantenimiento, con un 63% de los casos, aunque según la dependencia, hay una cifra negra de que el 90% del pago de cuotas no es regular.

    La segunda causa que más aqueja en los condominios son las afectaciones a la tranquilidad, con 10% de casos, es decir, la música elevada, el juego de niños, las labores realizadas en horario nocturno y las fiestas.

    En tercer lugar, con 9% de los casos se encuentran los actos contra la administración como fraudes, malversación y poca transparencia de fondos por parte de administradores.

    Para contrarrestar estos datos, la titular de la Prosoc, Dione Anguiano, anunció la realización del Foro «Cambios y Propuestas para construir un régimen condominal democrático» el 6 y 7 de septiembre.

    El propósito del congreso será «construir una ley de propiedad en condominio moderna, real, fuerte, acorde a la realidad, que dé voz a los condóminos».

    En el evento se impulsará la iniciativa de aumentar las multas cuando existan infracciones y hasta arresto inconmutable si la falta reincide, además de crear un fondo de Ayuda y Rescate condominal para darle mantenimiento a las propiedades.

  • Quieren reforma a la Banca de Desarrollo

    Senadores del PRI y PRD impulsarán una reforma integral a las instituciones que integran la banca de desarrollo para tratar de convertirlas en una palanca de crecimiento y reducir los niveles de pobreza.

    En entrevista, la senadora Marí­a de los íngeles Moreno Uriegas, indicó que ante la realidad del desempleo, marginación, pobreza y desigualdad, el paí­s requiere de un cambio paulatino del modelo económico actual.

    â??Es necesario definir polí­ticas y aplicar programas consecuentes enfocados a dar ocupación digna, distribuir el ingreso e incrementar la competitividad y productividadâ?, subrayó la senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

    La legisladora priista informó que el PRI presentará una propuesta para crear la Ley del Sistema Nacional de Banca de Desarrollo para garantizarle instrumentos de promoción así­ como de inversión a corto, mediano y largo plazo.

    Por su parte, el legislador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Francisco Javier Castellón sostuvo que la propuesta de PRI, fue trabajada en un ambiente plural sobre las necesidades del paí­s respecto a la banca de desarrollo.

    El también presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnologí­a dijo que el Legislativo está frente a una gran oportunidad de defender un modelo de desarrollo económico que signifique «incidir en la construcción de modelos de bienestar».

    â??Con ello quizá no se corrija de fondo el rumbo del paí­s, pero sí­ se contribuirí­a a generar condiciones que cambien en algún momento la polí­tica económica de México», aseveró el senador por Nayarit

  • Casi no hay presupuesto para personas con discapacidad

    El Partido Revolucionario Institucional (PRI) señaló que existen presupuestos bajos para apoyar y atender las necesidades de personas con discapacidad, que se estima en una población de 10 millones en México.

    El secretario de Asuntos para las Personas con Discapacidad del CEN del PRI, Jesús Toledano, reprobó la falta de proyectos y programas para este rubro, así­ como la ausencia de polí­ticas públicas para su atención y la disminución presupuestaria para este sector.

    El polí­tico encabezó una reunión con funcionarios-delegados de la Federación para Personas con Discapacidad de China, en el Salón Presidentes de la sede nacional del PRI, donde informó que en materia presupuestaria en 2010 sólo se asignaron mil 763 millones de pesos.

    Explicó que la diferencia entre lo asignado este año con los dos mil 117 de 2009, representa una disminución de 8.8 por ciento, todo de acuerdo con un comunicado del PRI.

    â??En el ámbito educativo se disminuyeron los recursos a casi la mitad, pues únicamente se destinaron 353 millones de pesos, respecto a los 662 millones de pesos de 2009, por lo que consideró que la situación es preocupante.

    Informó que de acuerdo con cifras de la Secretarí­a de Salud, cada año se suman 265 mil nuevos casos de personas con discapacidad, de los cuales cerca de 125 mil sufren fracturas graves y 67 mil malformaciones congénitas.

    Además, 43 mil presentan secuelas de cerebro vascular, 20 mil viven con traumas encefálicos y otros 12 mil padecen parálisis cerebral infantil.

    Respecto a 1.7 millones de discapacitados estimados por el gobierno federal, explicó que 30 por ciento son sordos; 23 por ciento padecen limitaciones neuromotoras; 20 por ciento sufren deficiencias del lenguaje; 14 por ciento presentan problemas intelectuales y 13 por ciento es ciego.

    Destacó que el PRI ha promovido reformas a la Ley Federal de Personas con Discapacidad, con la finalidad de proteger sus derechos, tener mejores servicios públicos, y generar mayores recursos humanos, tecnológicos y financieros.

    Finalmente dijo que entre las prioridades para las personas con capacidades diferentes se encuentran la posibilidad de acceder a oportunidades de empleo y a instituciones educativas y de salud, así­ como de tener áreas destinadas para transitar, además de recibir apoyos sociales y gubernamentales, principalmente

  • Marcatel llama a la razon contra Telmex

    La empresa Marcatel pidió al gobierno federal que, antes de autorizar la entrada de Telmex al mercado de servicios de televisión, constate que esta empresa cumple a cabalidad las obligaciones que fija su actual tí­tulo de concesión.

    â??Mientras Telmex no cumpla con las obligaciones de su concesión actual, no puede buscar una ampliación de derechosâ?, afirma en un comunicado.

    Refiere que el director general de Marcatel, Gustavo de la Garza, expuso en una carta formal al presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), Mony de Swaan, que las condiciones actuales en el sector de telecomunicaciones no permiten aplicar un tí­tulo de concesión como el que solicita Telmex.

    â??Nada mejor para México y su expansión económica que la ampliación de ofertas de Televisión, sin embargo, hay un punto muy importante que se está dejando de lado, y es que, para que exista una sana competencia, es indispensable se den todas las condiciones y que los concesionarios cumplan con sus obligaciones especí­ficasâ?.

    Expone que en 2008 Marcatel denunció ante la SCT y la Cofetel diversas violaciones e incumplimientos en materia de interconexión, reventa, prácticas desleales, trato discriminatorio, violaciones al proceso de portabilidad y ausencias a la consolidación de áreas de servicio local.

    â??Marcatel es solamente una de las empresas inmoladas de las acciones anticompetitivas de Telmex, pues como es conocido, diversas empresas y organizaciones del sector, han denunciado a Telmex por los mismos conceptos de incumplimientos, violaciones a la concesión y de la Ley, en materia de interconexiónâ?