El gobierno israelí aprobó hoy llevar al Parlamento una polémica enmienda por la que cualquier persona que se nacionalice israelí y no tenga al menos un abuelo judío debe jurar lealtad al país como «Estado judío y democrático».
La iniciativa fue aprobada en la sesión semanal del consejo de ministros por 22 votos a favor y 8 en contra: los seis del Partido Laborista, más Dan Meridor y Beni Begin, del derechista Likud.
La enmienda está promovida por el ministro de Exteriores, el ultraderechista Avigdor Lieberman, y fue apadrinada por el primer ministro, Benjamín Netanyahu, quien pidió al gabinete un voto favorable a una medida que, dijo, representa «la esencia del sionismo».
«No hay otra democracia en Oriente Medio y no hay otro Estado judío en todo el mundo. Esta es la base de nuestra existencia y todo aquel que quiera ser parte de nosotros debe reconocerlo», afirmó Netanyahu al inicio de la reunión.
En su presentación de la llamada «Enmienda a la Ley de Nacionalización», el jefe del Ejecutivo advirtió de que «nadie puede darnos lecciones morales sobre democracia e ilustración», y remitió a los escritos de figuras básicas del sionismo, como Theodor Herzl y David Ben Gurión, para justificar el carácter «judío y democrático» del Estado de Israel, establecido en 1948.
El cambio, que aún precisa la luz verde del Legislativo, implica que toda persona que solicite en el futuro la ciudadanía israelí deberá jurar lealtad al país «como Estado judío y democrático».
Quedarán fuera la inmensa mayoría de solicitantes, es decir, quienes se acogen a la Ley del Retorno, que permite a cualquier persona en cualquier parte del mundo con al menos un abuelo judío establecerse en Israel y obtener la ciudadanía.
La enmienda afectará así a varias decenas de miles de personas al año, la mitad de ellos palestinos de Cisjordania y Gaza que contraigan matrimonio con aquellos palestinos, o sus descendientes, que se quedaron dentro de las fronteras reconocidas de Israel a partir de 1948 y tienen por tanto ciudadanía israelí.
Conocido por sus iniciativas para minimizar la presencia árabe en Israel, que presentó abiertamente ante la Asamblea de la ONU hace nueve días, Lieberman dijo antes de entrar en la reunión que su propuesta «es sólo el comienzo».
En la misma línea, el líder del partido ultra-ortodoxo sefardí Shas y ministro del Interior, Eli Yishai, reveló que ya tiene preparado otro proyecto de ley para despojar de la ciudadanía y de cualquier derecho a los «traidores» que «colaboren con organizaciones terroristas como (la palestina) Hamás y (la libanesa) Hizbulá».
Más allá fue el diputado ultraderechista Michael Ben-Ari, quien interpretó el resultado de la votación de hoy como un reconocimiento por parte del Likud de que el asesinado rabino Meir Kahane, cuyo partido («Kaj») fue ilegalizado en Israel en los años ochenta por el contenido racista de su programa, «tenía razón».
Los diputados árabes en el Parlamento israelí no escatimaron críticas a la propuesta, que el diario liberal â??Haaretzâ?? tildaba hoy en un editorial de «provocadora, discriminatoria y quizás hasta inconstitucional».
El legislador Ahmed Tibi, ex asesor del histórico líder palestino Yaser Arafat, acusó al Ejecutivo de haberse convertido en un «secuaz» de las «políticas fascistas» de Israel Beitenu, el partido ultranacionalista que preside Lieberman.
«No hay ningún otro país en el mundo que fuerce a sus ciudadanos a jurar fidelidad a una ideología sectaria. Israel ha probado que no es igualitario, sino más bien democrático sólo para los judíos y judío para los árabes», agregó.
Por su parte, el dirigente del partido árabe-judío de izquierdas Hadash, Mohamed Barakeh, señaló al «verdadero Netanyahu» como autor del «disparo inicial de una legislación megarracista» y al ministro de Defensa, Ehud Barak, como «pleno responsable» de que Israel se sitúe como «en lo más alto de la lista de los regímenes más racistas del mundo moderno».
Tzipi Livni, la líder del principal partido de la oposición, Kadima (centro-derecha), se sumó a las críticas al asegurar que la propuesta causará «conflictos internos» y «dañará» la imagen de Israel en el mundo.
La enmienda, argumento, «no contribuye en nada» a «mantener el estatus del país como un Estado judío con iguales derechos para todos sus ciudadanos».
El resultado de la votación es visto por los principales comentaristas como un «caramelo» a Lieberman en momentos en que Netanyahu necesita su apoyo para una nueva moratoria en la construcción en las colonias judías en Cisjordania que frene el desplome del diálogo de paz con los palestinos que inició el 2 de septiembre.
La medida ha abierto, en cambio, una nueva crisis en el seno del Laborismo, entre el ala progresista y la conservadora, próxima a Barak, quien zigzagueó toda la semana sobre su postura final ante el texto.