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Leticia Vélez es una estudiante universitaria de 20 años y activista desenvuelta que desde niña acompañó a su madre a manifestaciones, marchas y protestas a favor de la causa de los inmigrantes que están en Estados Unidos sin permiso. Hace poco tomó la palabra durante una conferencia de prensa en el ayuntamiento de Los Ángeles.
Nacida en Ciudad de México, podría acogerse al programa ejecutivo que deja en suspenso las deportaciones de los «dreamers», como se denomina a los jóvenes que fueron traídos al país ilegalmente cuando eran menores, pero no lo ha hecho. Tampoco su hermano Ricardo, de 18 años.
Ambos son parte de una familia humilde y salen adelante como pueden. Reciclan latas y botellas y preparan pozole, tacos y otros platillos mexicanos que venden a los trabajadores del vecindario, pero no han logrado reunir el dinero para poner el trámite en marcha.
«He estado tratando de juntar dinero para los gastos de la universidad, la renta, el permiso migratorio. Son muchas cosas a la vez, así que decidimos enfocarnos en pagar la renta», explicó la muchacha, que todavía no ha elegido una carrera pero contempla ser actriz o activista a tiempo completo. «Es difícil. Cada centavo cuenta».
Igual que los hermanos Vélez, numerosos dreamers no se han acogido al programa que entró en vigor en agosto de 2012 por falta de dinero u otros motivos, incluida desinformación o temor a ser deportados si esos programas son anulados en el futuro.
Se desconoce cuántos inmigrantes están en la misma situación que los Vélez, pero desde que entró en vigor el programa y hasta febrero de este año se habían recibido 770.338 solicitudes, de las cuales 639.000 fueron aprobadas, 50.000 estaban siendo estudiadas y 80.000 fueron denegadas, según la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración.
Esto quiere decir que cientos de miles de jóvenes no han presentado solicitudes para acogerse al programa, ya que el Centro de Investigaciones Pew calcula que hay 1,7 millones de dreamers que podrían ser cobijados por las órdenes ejecutivas.
Vélez dice que ha tratado de ahorrar desde que terminó la secundaria en 2012 pero no ha podido. Su hermano Ricardo tampoco.
Los dos viven con la madre y otro hermanito de 11 años en una casa modesta de Los Ángeles, apretada entre negocios y camiones. Vélez dice que ha tenido un «cachuelito» (trabajito) por aquí y por allá pero que cuesta compaginar el trabajo con los estudios y el salario de su madre, Leticia Soto, quien limpia oficinas, no alcanza para todos.
Su hermano terminó la secundaria el año pasado y también se puso a trabajar con uno de sus tíos instalando baldosas, pero aun así tampoco han podido ahorrar, dice Vélez.
Muchos de los que todavía no han solicitado el beneficio serían menores que no han terminado la secundaria y no necesitan los documentos. Abundan también los inmigrantes que no tienen dinero para la solicitud, legalizaron su estatus de otra manera, tienen miedo de pedir el beneficio porque creen que no son aptos, regresaron a su país de manera voluntaria o fueron deportados.
De acuerdo con Luis Pérez, director of servicios legales de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes en Los Ángeles, CHIRLA por sus siglas en inglés, las principales razones por las muchos no han solicitado el beneficio o recién lo están haciendo parecen ser la falta de dinero e información sobre préstamos disponibles, la creencia de que no son aptos y la demora en reunir los documentos necesarios.
«Cuando vienen a vernos, ya tienen todo. Vienen para comenzar el trámite. Aquí se enteran de que hay préstamos disponibles y dicen, `oh, de haberlo sabido antes’», dijo Pérez.
Esta es la situación de Vélez, quien no sabía que había préstamos específicos para el plan de Obama, ofrecidos mayormente por entidades pequeñas como el Frente Indígena de Organizaciones Binacionales, que aboga por los derechos de los indígenas en California.
Odilia Romero, directora ejecutiva de la organización, dijo que sirve mayormente a personas cuya lengua natal es indígena, así como también a madres solteras, jornaleros, mecánicos, vendedores ambulantes e inmigrantes sin autorización que ganan en efectivo o tienen problemas para probar sus ingresos por falta de documentos.
«Hace un mes vino un dreamer que venía (a acogerse al plan) por primera vez. Era un joven que tenía familia y trabajaba, pero no tenía el dinero suficiente. Llegó para pedir prestados 600 (dólares)», dijo Romero. «Son gente que no está en la economía formal. Si vendes frutas, te va bien hoy y mañana no. Entonces, priorizas de acuerdo a tu economía. A veces te alcanza solo para sobrevivir y es un lujo (solicitar el permiso de trabajo)».
Los préstamos para dreamers son mayormente de entre 465 dólares, el costo de la solicitud, y 1.000 dólares, con intereses altos, por ser de alto riesgo, de alrededor de 10%, 15% e incluso 30%. Las entidades prestamistas trabajan con organizaciones establecidas que defienden la causa de los inmigrantes sin visa, como CHIRLA.
Un préstamo es lo que también está considerando Edgar González, quien tampoco ha podido ahorrar dinero para su solicitud.
«Creo que podría vivir mejor (si tuviera permiso para trabajar), pero vivo mes a mes», dijo el joven de 22 años, quien gana alrededor de 1.000 dólares al mes trabajando 40 horas semanales en McDonald’s.
Su nena Vivian, de 11 meses, duerme en el cuarto, mientras un ventilador despeja el aire caliente de la sala atiborrada de cajas con pertenencias de su cuñada, que se va a quedar por un tiempo en su apartamento de un cuarto en el Sur de Los Ángeles, por el que paga 750 dólares.
«Allí van a ir mis ingresos ahora», dijo González mirando las cajas y una cama improvisada en su sala.
El inmigrante nacido en Michoacán, México, renta el apartamento con su novia, Melina Ramírez, una dreamer que ya tiene permiso de trabajo y gana unos 1.300 dólares al mes trabajando 40 horas semanales como supervisora en McDonald’s.
«Todo se va en la renta, las utilidades (servicios públicos), el carro, la comida», dice González, quien llegó al país a los 9 años en el 2001 y terminó la secundaria en 2011.
Al igual que Vélez, González no se ha quedado de manos cruzadas y está procurando mejoras para él y otros inmigrantes. Ambos son parte de Kids Over Politics, campaña del Sindicato Internacional de Empleados de Servicio para crear conciencia sobre asuntos laborales y derechos humanos y civiles.
«Hacemos todo lo que podemos, pero a veces no es suficiente», puntualizó González.