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  • Grupo Cementos de Chihuahua pierde un laudo con CIMSA; pagará 36 mdd

    Grupo Cementos de Chihuahua pierde un laudo con CIMSA; pagará 36 mdd

    Grupo Cementos de Chihuahua (GCC) tendrá que pagar una indemnización por más 36 millones de dólares (mdd), luego de que no cumplió con los acuerdos establecidos en su sociedad empresarial con la Compañía de Inversiones Mercantiles (CIMSA).

    Fue un Tribunal de Distrito de Colorado, Estados Unidos, quien confirmó el fallo de laudo de 2015 a favor de CIMSA y emitido por el Tribunal de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial (CIAC).

    En 2005, GCC y CIMSA establecieron un convenio para fijar responsabilidades y beneficios de su naciente sociedad comercial, en dicho convenio se destacaban limitaciones a la libre transferencia de acciones a terceros; por lo que en caso de que cualquiera de las partes decidiera vender, la primera opción de compra debería ser para su socio.

    De acuerdo con la resolución del tribunal, en 2011, GCC dirigida por Federico Terrazas Becerra, informó a Sociedad Boliviana de Cemento, S.A. (Soboce), la decisión de retirar sus acciones, por lo que, CIMSA notifica la intención de buscar financiamiento para poder adquirir los títulos.

    En un inicio las negociaciones avanzaron y GCC pactó con CIMSA la venta del 44% de sus acciones, no obstante, GCC desconoció la propuesta de compra de CIMSA y anunció que procedería de inmediato a la venta de sus participaciones de Soboce a otra compañía.

    A pesar de que las partes delimitaron las principales características de la transacción, GCC acordó la negociación de acciones a Consorcio Cementero del Sur (CCS), de Perú.

    “De acuerdo a la sentencia emitida por el Tribunal de la CIAC, el actuar de GCC se califica como un incumplimiento a lo establecido en 2005 y una falta a la buena fe; ya que violó los términos del derecho de primera opción que le correspondían a CIMSA”, indicó en un comunicado CIMSA.

    Tras la negativa de pago de GCC, CIMSA procedió a presentar ante el Tribunal de Distrito de Colorado, un recurso de ratificación del laudo y con el que se obliga a GCC a pagar más de 36 mdd; adicionalmente, se estipula solventar un interés anual a una tasa del 6%, desde abril de 2015 a la fecha. El monto de la indemnización podría superar los 44 mdd.

    GCC y CIMSA concurrieron a un arbitraje en Nueva York, donde cada uno expuso ampliamente sus argumentos y, tras algunos años de espera, se emitió un laudo a favor de CIMSA.

    Grupo Cementos de Chihuahua pierde un laudo con CIMSA; pagará 36 mdd
  • Ahora si, quieren negociar, ¿verdad?

    Ahhh pero ahora así, desean hablar, dialogar, vamos, hasta si quieren echarse unos «quiebres» los líderes sindicales de las secciones mineras en «huelga» y la autoridad laboral, ¿verdad?

    Hasta la carta firmada por cientos de mineros, que en la secretaría del trabajo y previsión social, recibió, donde piden al secretario, «evite que Seguridad Pública entre en los complejos mineros en huelga»….

    Caray, ¿donde está Napoleón Gomes Urrutia?, ¿donde están todos los golpeadores que, con palo en mano dijeron iban a dar la vida antes de que Grupo México, recuperara el control de las minas?, ¿donde están todos los abogados que con dinero del sindicato (dinero que ya se acabo…) estaban trabando todo este juicio laboral?, ¿donde están todos los ahorros de los trabajadores mineros?, sin ir más lejos, ¿donde diablos esta Napoleón Gomes Urrutia?

    Se acabo, la autoridad competente fue quien ya declaro que el laudo promovido, quedara sin efecto, así que se declara la huelga inexistente y a la firma de Cananea, proceder como mejor le plazca dentro de la ley; quiere decir, tomar las instalaciones (que están en poder de mineros y las han saqueado) y convocar a labores o despedir por abandono laboral y re contratar… si hay algún problema, es la STPS la que puede ordenar la intervención de la fuerza pública en Cananea.

    Sera cuestión de tiempo, pero eso sí, los mineros ya pasan saliva y ven que ante la misma autoridad que harán valer la ley al precio que sea, bajo el principio de certidumbre jurídica, la fuerza pública tiene dientes y sabe usarlos

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