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Representantes de organismos internacionales coincidieron en que la inseguridad pública es una seria amenaza para la democracia en América Latina y redunda en la vigencia incompleta del derecho a la vida, el más elemental de todos.

Al participar en Foro de la Democracia Latinoamericana, que se lleva a cabo en el Palacio de Minerí­a, el asesor especial del Secretariado General de la OEA, Dante Caputo, dijo que en la última década se registraron más de un millón 300 mil homicidios dolosos en América Latina.

El polí­tico argentino señaló que la democracia se constituye, en esencia, por derechos civiles, y en el corazón de ellos está el derecho a la vida, por lo que una prioridad en la región es el tema de seguridad.

De ahí­ que, subrayó, â??creemos que entre la mano dura y la tesis de que resolvamos la pobreza porque así­ vamos a resolver la delincuencia debe haber un camino más práctico, respetuoso de los derechos humanos y de las libertades individuales que resuelva esta cosa tremendaâ?.

Además, comentó que hace 25 años los únicos paí­ses en América Latina que tení­an un régimen democrático eran Costa Rica, Venezuela y Colombia, situación que ha cambiado porque ahora todas las naciones del continente lo tienen.

En el marco del foro fue presentado el Segundo Informe sobre la Democracia en América Latina, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Secretarí­a General de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Sobre el texto, Caputo señaló que los tres temas principales que abordó el informe son la fiscalidad, la exclusión social y la seguridad pública, esenciales para la sostenibilidad de la democracia en la región.

Al respecto, el ex secretario general adjunto para Asuntos Económicos y Sociales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), José Antonio Ocampo, dijo que el informe argumenta que las democracias latinoamericanas deben hacer frente a tres desafí­os para el ejercicio democrático del poder.

Estos son, detalló, articular nuevas formas de participación polí­tica para contrarrestar la crisis de representación; fortalecer la organización republicana del Estado; e incrementar el poder polí­tico real del mismo, modernizando sus instituciones y dotándolas de recursos humanos eficientes.

Respecto a la fiscalidad resaltó que sin los recursos económicos suficientes el Estado es impotente, y en América Latina, salvo Brasil, los niveles de tributación de los paí­ses son de 17 por ciento del PIB, la mitad de lo que captan las naciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Destacó que la fiscalidad es un poderoso instrumento de reducción de la desigualdad, ya que un Estado paí­s al tener mayor captación de recursos puede desarrollar más y mejores programas en materia de educación, salud y vivienda.

El economista colombiano manifestó que lejos de ser materia meramente contable o económica los impuestos son una cuestión central para el sostenimiento de la democracia.

Asimismo, refirió que Estados Unidos es el único paí­s de la región en que las proyecciones fiscales las lleva a cabo el Congreso y no el Poder Ejecutivo, lo que resulta un punto positivo que deberí­a replicarse en otras naciones.