La titular de la Secretaría del Trabajo (ST) Morelos, Gabriela Gómez Orihuela, informó que en combinación con los programas que se impulsaron el año pasado, en el 2016 a través de Consejo de Capital Humano, se implementarán políticas de apoyo integrales que vinculen a la juventud morelense con el desarrollo productivo.
Puntualizó en que a través del programa Bécate con “Capacitación en la Practica Laboral” del Servicio Nacional de Empleo (SNE) Morelos, el Gobierno del estado se ha comprometido a fomentar la productividad a través de la capacitación por competencias de los empleados jóvenes, de tal suerte que se genere un mayor conocimiento y el desarrollo de habilidades.
En éste y demás subprogramas que conforman Bécate, en el 2015 se invirtieron con participación estatal y federal más de 29 millones 827 mil 529 pesos en el año 2015, con lo que se logró beneficiar a más de 7 mil 697 morelenses con la realización de más de 361 cursos en todo el estado.
Además con los Servicios de Vinculación laboral del SNE Morelos, como son Bolsa de Trabajo, Ferias de Empleo y Portal de empleo también en el 2015, se logró atender a más de 116 mil 761 morelenses.
Gómez Orihuela destacó que desde la elección de carrera, a través del portal www.observatoriolaboral.com, los jóvenes ya pueden tomar decisiones informadas, ya que se exponen datos sobre las diferentes opciones educativas, las tasas de desocupación de las mismas y los salarios que se ofertan.
Como parte de la información que otorga el observatorio laboral, destacó que del número total de personas ocupadas en el estado de Morelos, 9 mil 768 personas estudiaron en las áreas económico administrativas, 9 mil 152 estudiaron derecho, 9 mil 784 contabilidad y finanzas y 7 mil 434 ingenierías.
Finalmente dio a conocer, que a través de las incubadoras calificadas en el estado y el subprograma fomento al autoempleo del SNE Morelos, se continuará fortaleciendo el emprendedurismo joven que permitan una oportunidad laboral propia.
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En Morelos se redoblan esfuerzos para mejorar oportunidades laborales de los jóvenes
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Violencia. Por Gabriel Regino
América Latina es considerada como una de las regiones más violentas en el Mundo. El impacto económico de la violencia en la población es cuantitativamente preocupante: Las víctimas y sus familiares presentan una disminución en sus habilidades laborales; la zozobra que sigue a un hecho violento modifica radicalmente la conducta de la persona y el conocimiento del mismo en la sociedad, los aleja de los modelos de consumo y de diversión nocturna, con las consecuencias esperadas para diversos giros mercantiles.
El impacto interno de la violencia en los países de América Latina se recrudece por las crisis económicas internacionales, cuyos efectos son más perdurables y difíciles de remontar.
Los atrasos culturales y sociales que caracterizan a la región, se agudizan en las crisis de inseguridad, debido a que los Gobiernos optan por medidas represivas más que preventivas. Por ejemplo, cuando los índices delictivos se incrementan, las apuestas van sobre el incremento de penas y una mayor contratación de elementos policiales, estrategia que termina provocando mayores problemas: el hacinamiento carcelario y la corrupción.
Lo anterior es así, debido a que la falta de políticas de largo plazo, provocan la búsqueda de medidas efectistas que tengan repercusión tan sólo en la percepción de la sociedad: a mayor violencia, mayor dureza en la respuesta del Estado. Quienes delinquen y quienes pretenden reprimirlos, provienen de las mismas capas sociales, lo que permite revisar el fenómeno del combate a la criminalidad desde una perspectiva de guerra tribal o civil.
Los Gobiernos en conjunto debieran atender a los programas exitosos para el control del crimen y de la violencia, la cual es resultado no solamente de factores personales, sino de la ausencia de vías legitimas para acceder a un sistema que impone como condición el consumo y no el valor de la persona.
La vuelta de tuerca debe darse desde la educación y en la planificación de esquemas que, sin perjudicar la economía, brinden especial atención al capital humano. En la búsqueda de mayores ganancias, las grandes empresas trasnacionales no sólo no reparan en los daños que originan al medio ambiente de la región latinoamericana, sino que además, no les interesa conocer que las extenuantes jornadas laborales impiden a sus empleados convivir adecuadamente con sus familias: su rol de padres es sustituido por el de la mano de obra.
No son conscientes dichas corporaciones, que en pocos años los hijos de esos hogares desestructurados, provocarán con su violencia, la pérdida de su inversión.
La voracidad empresarial desemboca en una alta criminalidad. Es necesario explorar nuevas ideas y propuestas, antes de que la violencia se convierta también, en un producto a comercializar.
* Gabriel Regino Interesado en la Criminología y en el análisis de los factores de criminalidad y violencia.
Hago un seguimiento constante de los hechos delictivos que suceden en el País, a fin de identificar patrones y construir escenarios para la prevención. Abogado, Académico y Twitero.
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En Panama se debate la Ley
Una mesa de diálogo establecida para revisar una polémica ley que flexibilizó en junio pasado leyes ambientales y laborales en Panamá reanudará sus sesiones este miércoles, mientras los sindicatos demandan su derogación.
La sesión programada para este martes -seguida de amenazas de retiro por parte de los grupos sindicales- fue suspendida a petición de delegados de los trabajadores, quienes tienen previsto sostener un diálogo bilateral con empresarios en busca de un acuerdo consensuado.
Los grupos sindicales aglutinados en la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi) advirtieron con retirarse de la mesa de negociaciones si el gobierno mantiene su posición de no derogar la Ley 30.
Las conversaciones fueron convocadas por el gobierno del presidente Ricardo Martinelli luego que a inicios de julio pasado una huelga de trabajadores bananeros en contra de la legislación derivó en disturbios causando dos muertos y decenas de heridos.
Para bajar la presión, el poder Ejecutivo logró que la Asamblea Nacional -dominada por cuatro partidos oficialistas- aprobara la suspensión parcial de artículos relacionados con la eliminación del cobro obligatorio de la cuota sindical.
Pero la legislación mantiene activas las limitaciones al derecho a huelga, la flexibilización de las normas ambientales y la exoneración de la prisión preventiva para los policías que en el ejercicio de sus funciones cometan delitos.
Además de la advertencia de retirarse de la mesa está latente la convocatoria a una huelga indefinida por parte de varios sindicatos, en una fecha por definir, en contra de la polémica ley.
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ASSA dispuesto a negociar contrato colectivo
La Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA), acordó poner sobre la mesa de negociación con Mexicana de Aviación la flexibilización de su contrato colectivo de trabajo, con ajustes que representarían un ahorro para la empresa de 24 millones de dólares.
Este ajuste tiene que ver con algunas prestaciones como la ampliación de jornadas laborales, disminución en los días de descanso, así como de los periodos vacacionales.
Además, â??sacrificarâ? pensiones y jubilaciones, aunque los sobrecargos se mantienen firmes en no ceder en el recorte de personal, según lo establecieron en asamblea.
A cambio, ofrecen entrar a un esquema de â??rotaciónâ?, similar al que ha operado en Aeroméxico, a través del cual dos trabajadores ocupan una plaza turnándose un mes uno y al siguiente otro, con la finalidad de no dejar en la calle a ninguna persona.
Esto, se explicó, es una propuesta que se analiza y que no es un hecho, sólo â??si hubiera necesidad de reducir la planta laboral, lo cual se haría antes de perder fuentes de trabajoâ?.
Lizette Clavel, dirigente de ASSA, resaltó que esta propuesta es una muestra de la voluntad de llegar a un acuerdo en beneficio de la empresa y garantizando el empleo de los agremidados, en aras de superar el conflicto que vive Mexicana de Aviación, para lo cual reiteró se requiere la intervención de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, como instancia rectora del sector.