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Etiqueta: justicia

  • Un ejecutado en México, ligado a las FARC

    El nombre de Wilson Ramírez Peña no sólo se encuentra vinculado al de una ejecución masiva en un centro de reha-bilitación de esta ciudad, sino a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

    Por ello, la Procuraduría General de Justicia de Baja California confirmó su solicitud a la Secretaría de Relaciones Exteriores para pedir información a la embajada de Colombia en México sobre ese hombre acribillado el domingo anterior en el centro de rehabilitación El Camino, ubicado en la colonia Buenos Aires Sur, en el oriente de esta ciudad fronteriza.

    La corporación estatal indicó que esperará la información de las autoridades de la embajada para determinar si el colombiano Wilson Ramírez Peña es el mismo hombre buscado en su país de origen por actividadesguerrilleras.

    La noche del domingo pasado, cuatro sicarios irrumpieron en ese inmueble para someter a 13 adictos y prácticamente fusilarlos en la sala donde en un aparato televisor reproducían una película de acción y violencia.

    Otros adictos en recuperación que se encontraban en los dormitorios, situados en la planta superior del edificio, pensaron que los ruidos provenian de la película, pero más tarde comprobaron que se trataba de una masacre ocurrida en el mismo sitio donde se refugiaban.

    Luego se dieron cuenta de que las víctimas eran compañeros con quienes compartían una serie de actividades de manera cotidiana.

    Uno de los asesinados era de Colombia. Así lo asentó ante el Servicio Médico Forense, primero, y ante la Procuraduría de Justicia del estado, después, una de sus hermanas, también residente aquí.

    La dependencia estatal informó que carece de «datos objetivos para determinar si (Wilson Ramírez Peña) pertenece a algún grupo subversivo» o del crimen organizado.

    La fiscalía estatal dio aviso a las autoridades consulares para conocer el perfil del colombiano asesinado en el centro de rehabilitación de la colonia Buenos Aires Sur.

    De ahí que la información se encuentra en el gobierno de Colombia, y una vez comprobada la identidad de Ramírez Peña, la documentación se entregara directamente a la Procuraduría General de la República para la investigación.

    Las autoridades estatales también informaron que se profundiza en las indagatorias entre los 11 detenidos por el decomiso de 134 toneladas en la colonia Alamar y el ejido Francisco Villa, de Tijuana.

    Recordaron que dos de esos detenidos estuvieron refugiados en el centro de rehabilitación El Camino.

  • Intento de robo, nada más, ¿miedito?

    Una persona muerta y dos detenidas es el saldo de una balacera -ocurrida la noche del miércoles entre las calles Tiburón y Las Olas del fraccionamiento Fidepaz de esta ciudad-, la cual fue provocada por el intento de robo de un vehí­culo propiedad del candidato del Partido de la Revolución Democrática a la gubernatura, Luis Armando Dí­az, informó la Procuradurí­a General de Justicia del Estado (PGJE).

    José Luis Cinco Duarte, de 19 años de edad, y Adán Verdugo Martí­nez, de 18, fueron detenidos por elementos de la Secretarí­a Estatal de Seguridad Pública en el hospital general Juan Marí­a de Salvatierra, donde dejaron a su compañero herido Guadalupe Javier Cinco Duarte, de 27, quien murió horas después.

    El procurador Karim Martí­nez Lizárraga desechó los rumores de un atentado contra el candidato del PRD a la gubernatura, al sostener que éste se encontraba en su domicilio ubicado en otro punto de la ciudad.

    Explicó que según declaraciones de los detenidos, ingresaron al fraccionamiento Fidepaz a bordo de una camioneta Cherokee de color blanco con la intención de despojar de una camioneta suburban a tres personas, dos auxiliares de Luis Armando Dí­az y un comisionado como guardia de seguridad de un funcionario estatal vecino del lugar de los hechos, quienes repelieron la agresión hiriendo de gravedad a Guadalupe Javier Cinco Duarte.

    El procurador insistió en que el candidato del PRD a la gubernatura no se encontraba a bordo de la suburban en el momento de la balacera, pero indicó que sus auxiliares y el otro guardia de seguridad permanecen a disposición del agente del Ministerio Público para continuar con las indagatorias.

    Luis Armando Dí­az, a través de un comunicado de prensa, negó que haya estado en peligro su vida la noche del miércoles, después de que presuntos delincuentes trataron de robar la camioneta a su secretario privado y se diera un enfrentamiento con un elemento de su seguridad, pues al momento de los hechos él se encontraba en un domicilio particular, muy lejos del incidente.

    El ex secretario general de gobierno lamentó los hechos, pero atajó todo rumor de que un comando armado haya tratado de asesinarlo.

    â??Fue una situación fortuita donde presuntos delincuentes trataron de robar la camioneta a mi secretario privado, cuando transitaba por el fraccionamiento Fidepaz, con destino a una gasolinera para abastecerse de combustibleâ?, explicó.

    Sostuvo que sus colaboradores se defendieron del intento de robo y en el incidente uno de los presuntos delincuentes resultó herido.

    Luis Armando Dí­az lamentó que sin mayores elementos, salvo el rumor, se diga (en portales de Internet) que atentaron contra su vida, pues tal situación está muy lejos de la verdad y pidió a las autoridades que ahonden en las indagaciones e informen a la comunidad sobre los hechos, pues se tiene información que ya hay personas detenidas en torno al incidente.

    El ex alcalde de Los Cabos dejó en manos de las autoridades competentes la investigación de los hechos, así­ como el deslinde de responsabilidades, pero negó que los hechos tengan tintes polí­ticos o de otra í­ndole.

  • SCJN da revez a congreso Oaxacaqueño

    La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó un decreto mediante el cual se reformaron y derogaron diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Oaxaca y del Reglamento Interior del Congreso de ese estado.

    Los ministros del alto tribunal invalidaron las modificaciones que entraron en vigor el 23 de julio de 2010, respecto a la integración y competencia de la Junta de Coordinación Política.

    El argumento para tomar esa decisión es que se encontró una violación «trascendente» durante el proceso legislativo, «con relevancia invalidatoria».

    En la resolución señalaron diversas irregularidades durante la votación, que dio como resultado la falta de certeza en el número de votos de los legisladores en detrimento de la seguridad jurídica indispensable para conocer con certeza la voluntad del órgano legislativo, recalcaron.

    La resolución surtirá efectos a partir de la notificación al Poder Legislativo de la entidad, que se emitió debido a que los legisladores que aprobaron las reformas violaron el procedimiento, pues en un solo día presentaron la iniciativa y la votaron bajo el argumento de ser «urgente y de obvia resolución».

    Durante la sesión se detalló que para la aprobación de las modificaciones no existió dictamen y por lo tanto, la minoría no conoció el proyecto, por lo que algunos ministros calificaron el procedimiento de «desaseado».

    De esta manera, la SCJN resolvió una acción de inconstitucionalidad que promovieron diputados de la 60 Legislatura de Oaxaca, por considerar que las reformas a la ley y el reglamento citado eran contrarias a la Constitución federal.

  • México y República Dominicana firman acuerdo

    Los procuradores generales de la República Dominicana y México celebraron un acuerdo de intercambio de información y experiencias para fortalecer la procuración de justicia.

    Lo anterior tuvo lugar en el marco de la XVII Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB), la cual se efectuó en días pasados en las instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

    En el encuentro el titular de la PGR, Arturo Chávez, y su homólogo dominicano, Radhamés Jiménez Peña, suscribieron una Carta de Intención y aprobaron establecer una Comisión Técnica Mixta integrada por dos representantes de cada país, para concretar los términos y alcances del acuerdo binacional.

    La Reunión Plenaria de la COMJIB se celebró en la ciudad de México los días 21 y 22 de octubre, con la presencia de ministros de justicia, procuradores y representantes de instituciones de 18 países de la región iberoamericana.

    Durante el evento se establecieron una serie de encuentros bilaterales para impulsar proyectos estratégicos, nuevas formas de cooperación o revisar la agenda de asistencia jurídica binacional.

    En un comunicado la Procuraduría General de la República informó que se tiene previsto que México también sostenga reuniones bilaterales de trabajo con España, Ecuador y Portugal, entre otras naciones.

  • Cárcel a estudiante que amenazó con sable a compañeros

    La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) ejercitó acción penal en contra del estudiante Eder Giovanni López Moran, detenido tras haber amenazado con un sable tipo katana y otros objetos a sus compañeros en el Colegio de Bachilleres 20.

    Autoridades de la PGJDF confirmaron que el joven fue consignado al juzgado penal en turno del Reclusorio Preventivo Oriente, acusado del delito de homicidio calificado en grado de tentativa.

    El ilícito que se imputa al probable responsable está tipificado como grave en el Código Penal del Distrito Federal, por lo que en caso de que se dicte auto de formal prisión, Giovanni López no alcanzará beneficio de libertad bajo caución y tendrá que enfrentar el juicio en reclusión.

    El estudiante de 19 años de edad, fue aprehendido el pasado miércoles por elementos de la policía capitalina tras haber amagado y retenido a compañeros suyos en el referido centro escolar, al parecer por motivos de orden sentimental.

    Al joven se le aseguró un sable tipo katana, una daga corta, y cuatro estrellas tipo Ninja, además de otros objetos personales, que de acuerdo con la indagatoria ministerial, fueron utilizados para amenazar al menos a una de las estudiantes, ex novia del ahora consignado.

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  • SCJN debatira constitucionalidad de juicios orales

    La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará la constitucionalidad de los juicios orales, para determinar si este procedimiento respeta la garantía constitucional de audiencia, para de esta manera emitir un criterio, toda vez que se prevé que varios estados incluyan este tipo de procedimientos.

    El caso que resolverán los ministros de la Primera Sala se refiere a la legislación respectiva en el estado de Puebla, pero lo consideraron un tema relevante, pues «puede apreciarse una tendencia a incluir este tipo de procesos en la legislación de varias entidades federativas».

    La Sala de la Corte aprobó atraer el caso para determinar su constitucionalidad, pues el procedimiento en la entidad emplaza al demandado a una audiencia de conciliación y excepciones, y en caso de no acudir en los términos fijados, se asientan por ciertos los hechos que se afirman en la demanda y el juez dicta la sentencia correspondiente.

    El asunto se originó a partir de una controversia civil, respecto a varios artículos del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla que regulan el procedimiento del juicio oral sumarísimo.

    Este procedimiento se refiere al emplazamiento del demandado para la audiencia de conciliación y excepciones durante los cinco días siguientes y a la hora fijada ante la presencia judicial, y de no acudir, se le declara responsable de los hechos afirmados por el demandante y se le dicta sentencia.

    El quejoso consideró que este procedimiento de juicio oral viola la garantía de audiencia constitucional, y la Suprema Corte consideró de importancia atraer el caso, pues no se ha pronunciado respecto al tema

  • Inteligencia de EU interviene llamadas de narcos en Mexico

    Las investigaciones de autoridades federales de Estados Unidos sobre las operaciones de los cárteles mexicanos de la droga incluye el monitoreo de llamadas más allá de la frontera, reveló hoy The Washington Post.

    Utilizando la más moderna y poderosa tecnología, las autoridades estadunidenses han podido interceptar llamadas en México que han permitido no sólo arrestos espectaculares sino incluso evitar atentados, indicó el rotativo.

    El caso más emblemático es el de Jesús Quiñonez Márquez, quien fuera enlace internacional de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California, y presunto operativo del narcotráfico con nombre clave «El riñón».

    El funcionario fue arrestado por agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) el pasado 22 de julio en San Diego como parte de una investigación que resultó en cargos penales contra 42 personas más.

    Además de Quiñonez otros 34 sospechosos fueron detenidos en Estados Unidos y ocho más permanecen prófugos.

    El caso contra Quiñonez Márquez, quien está acusado de nexos con el cártel de los Arellano Félix, descansa en gran medida en llamadas interceptadas por torres de comunicación al norte de la frontera entre Estados Unidos y México, según el periódico.

    Además, las autoridades estadunidenses llevaron a cabo una estrecha vigilancia de las operaciones que la Organización de Fernando Sánchez dirigía en Estados Unidos desde una casa en San Diego.

    Las llamadas interceptadas revelaron que Quiñonez pasaba información confidencial a jefes del cártel y ordenaba a la policía mexicana actuar contra narcotraficantes rivales, según los fiscales estadunidenses.

    David Bowdich, director asistente de la Oficina de la FBI en San Diego, dijo que las llamadas interceptadas permitieron frustrar atentados contra dos policías mexicanos.

    Las autoridades estadunidenses evitaron incluso el asesinato de un socio del cártel identificado como «Sharky», quien iba a ser asesinado por haberle faltado al respeto a jefes del narcotráfico en Tijuana.

  • PRD impugna la Ley Peña

    El Partido de la Revolucion Democrática presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley que impide las candidaturas comunes con miras a las elecciones del 2011 en el Estado de México.

    La denuncia fue presentada por el dirigente nacional del PRD, Jesús Ortega Martínez y el dirigente estatal Luis Sánchez Jiménez y estuvieron acompañados del Coordinador General del DIA, Manuel Camacho Solís

    En entrevista, Luis Sánchez Jiménez explicó que las modificaciones a la Constitución y a la Ley Electoral, a través de esta Ley, aprobada por el PRI y sus aliados en el Congreso y luego en los Municipios del Estado de México, se hicieron de forma apresurada, ilegal e irregular, violentando Leyes del estado.

    Resaltó que los abogados que toman parte en la elaboración de la acción de inconstitucionalidad, encontraron diversas violaciones en el proceso para llevar a cabo las reformas, mismas que trastocan derechos avalados por la Constitución.

    Señaló que México ha firmado diversos acuerdos internacionales que hablan de progresividad en los Derechos, sólo que con la Ley Peña, se establecen retrocesos en los derechos ciudadanos, como lo es el votar y ser votados.

    También la Ley establece eliminar candidaturas comunes, la reducción de tiempos de campaña y la insaculación, que aumentaron hasta en un 100, entre otras cuestiones.

    Lo que pretende el gobernador mexiquense Peña Nieto y la mayoría priista en el Congreso Local del estado de México, es tener las condiciones apropiadas para que el próximo 3 de Julio del 2011, ellos puedan manipular la elección, de tal manera que incluso se avizora un fraude electoral.

    Estos sólo uno de los tantos elementos que tendrán los Magistrados de la SCJN para echarla abajo, subrayó Luis Sánchez Jiménez.

    Por su parte, el abogado Gonzalo Aguilar Zínser precisó que tras estudiar esta la Ley advierten graves vicios en la formación de la misma, al convocar de forma ilegal a un órgano reformador de la Constitución, que nunca fue convocado de manera legal.

    Es decir, la reforma se hizo convocando a un órgano legislativo y no a un órgano reformador de la Constitución en el estado, lo cual es una grave falla en la construcción de la Ley.

    También se detectaron vicios graves en las votaciones en cada uno de los Municipios como lo establece la Ley del estado de México; aunado a ello,
    la citada Ley contiene retrocesos legales a la Construcción Democrática de la Ley, violentando tratados internacionales.

    Por su parte, Jesús Ortega Martínez señaló que estas aprobaciones del congreso mexiquense, limita y restringe los derechos ciudadanos en la entidad, anulando al mismo tiempo garantías constitucionales.

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  • ONU pide revisar sistema legal a Mexico

    La ONU recomendó hoy a México profundos cambios en su sistema de justicia, en especial en materia de combate al crimen organizado, protección de la independencia judicial, reforma al fuero militar y acceso de los ciudadanos.

    El aumento «exponencial» de la violencia ha hecho que tanto jueces como otros profesionales de la justicia «en muchas ocasiones no puedan actuar con libertad», dijo hoy Gabriela Knaul, relatora especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados.

    í?stos se encuentran sujetos a «amenazas, intimidaciones, hostigamientos y otras presiones indebidas», explicó sobre su visita a México durante quince dí­as, y en la que ha tomado contacto con instituciones de Gobierno, civiles y profesionales.

    «El crimen, particularmente el de carácter organizado, busca infiltrarse e interferir de manera creciente en las instituciones de justicia a través de la corrupción y amenazas», apuntó Knaul, que presentará un informe completo en junio de 2011.

    Elogió los controles de confianza instaurados para verificar la lealtad de los agentes para con la ley, pero esa y algunas otras medidas adoptadas, a su juicio, «no han sido suficientes».

    Knaul se refirió también a la figura judicial del arraigo, empleada habitualmente por el Gobierno para retener a presuntos narcotraficantes por un periodo de hasta seis meses mientras construye un caso contra ellos.

    Tanto la ONU como otros organismos ya habí­an aconsejado a México que prescindiera de esta figura, por violentar la presunción de inocencia, algo de lo que el paí­s ha hecho caso omiso, resaltó.

    «Lo apropiado es investigar para detener y no detener para investigar», explicó.

    También deberí­a prescindirse de las presentaciones de presuntos criminales ante los medios antes de que sean sometidos a proceso judicial (la Policí­a federal difunde a menudo interrogatorios grabados en ví­deo, por ejemplo).

    Los supuestos delincuentes son exhibidos ante los medios frecuentemente, en ocasiones con señales visibles de haber sido golpeados.

    Debe ampliarse, asimismo, el acceso al amparo ante una acusación, ya que ahora es «inaccesible, lento y costoso», evitar el trato discriminatorio a algunos grupos (mujeres e indí­genas, por ejemplo).

    «La gran mayorí­a de los delitos quedan en la impunidad», expresó Knaul, con una petición de capacitación y dotación de recursos a cuerpos policiales y judiciales.

    Finalmente, recomendó a los magistrados «razonar sus gastos» -los de la Suprema Corte cobran casi 50 mil dólares mensuales- y emplazó a todas las instituciones a empezar «ya» a implementar la reforma de justicia acordada en 2008 y que ha de estar en vigor para 2016.

  • PGR sorprendida ante la evolucion criminal

    La evolución de la delincuencia organizada y la modificación de sus formas de operación sorprendió a las estructuras institucionales y a las autoridades, que no estaban preparadas, ni operativa ni logísticamente, para responder a ese nuevo fenómeno delincuencial, afirmó el procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez.

    En el acto inaugural de la Segunda Sesión de la Conferencia de Procuradores Generales de Justicia de la Zona Sur-Sureste, y en el contexto del combate al crimen organizado, el funcionario federal llamó a que las estrategias emprendidas contra la criminalidad, «fundamentalmente aquellas que tienen el objetivo de combatir a la delincuencia organizada deben surgir atendiendo las condiciones particulares de cada entidad federativa».

    Dijo que en el caso de ellos, como procuradores, tienen «la oportunidad de impulsar proyectos e iniciativas que enriquezcan y concreten el esfuerzo federal y el trabajo conjunto que estamos desarrollando para combatir a las organizaciones criminales».

    Dijo que el reto es de todos, y nos demanda trabajar de manera conjunta y corresponsable a fin de restituir la seguridad, que es la esencia que justifica la existencia del Estado».

    Chávez Chávez urgió a agilizar el paso en la construcción de instituciones ministeriales y policiales, tanto federales como locales, sólidas y plenamente acreditadas frente a la ciudadanía y enfatizó la importancia de que los órdenes de gobierno pongan en práctica estrategias coordinadas, articuladas y específicas frente a los delitos de alto impacto social.

    Asimismo, dijo que los procuradores generales de justicia de la zona sureste y las autoridades federales están construyendo los consensos que permitan consolidar ese frente común contra la criminalidad y la violencia.

    Este encuentro permite seguir avanzando en el fortalecimiento de las acciones que están atendiendo expresiones delictivas tan delicadas como el narcomenudeo, el secuestro y la trata de personas, explicó el funcionario.

    «Temas que , sin duda, son de la preocupación e interés de los ciudadanos, pero muy particularmente de la atención de las autoridades de la zona sureste.»

    La actividad se llevó a cabo en el hotel Pierre Marqués, donde los asistentes contaron con estrictas medidas de seguridad que implementaron efectivos de la Marina, Policía Estatal Preventiva y personal de Bomberos.

    El procurador también informó sobre los avances que ha tenido la dependencia en este año en algunos estados del país, avances como la creación de las Unidades Especializadas contra el Delito de Secuestro (USDS) y las iniciativas enviadas para reformar el castigo a los narcomenudistas.

    Por su parte, el gobernador de Guerrero, Zeferino Torreblanca Galindo, dijo que la realidad de lo que pasa en Guerrero rebasa en mucho a lo que se encuentra plasmado en las leyes y eso obliga a la coordinación cotidiana entre las autoridades de los diferentes niveles.

    Aseguro que a él le queda muy claro que lo que pasa en Guerrero es responsabilidad del gobernador, sea leyes federales, estatales las que se aplican

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