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Etiqueta: juez

  • Regresa Presunto Culpable

    Por El Enigma

    Quizá y era la crónica de un regreso anunciado como lo menciono una amiga mía en twitter (saludos @Alletta ), pero lo mejor es que sin lugar a dudas, la película Presunto Culpable, está de regreso para exhibirse en salas cinematográficas.

    Se anuncio hace un par de días por la tarde, que el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa revocó la medida ordenada por una juez para prohibir la exhibición del documental.
    Y está bien.

    Claro, no quiero contraponer un criterio contra otro en el sistema judicial mexicano que respeto, pero hay cosas que me parecen irreales como por ejemplo, que la persona que señalo a Toño (sino sabe quién es toño, vaya y vea Presunto Culpable) se sienta agraviada y tema por su seguridad.

    Para comenzar la historia no gira entorno de esta persona, sino más bien en las deficiencias en el caso de Toño y como por ejemplo el sistema judicial mexicano es perfectible como todos los sistemas judiciales en el mundo.

    Hay que señalar que si bien se ve el proceso a través de la óptica de lo que corrió, no todos los servidores públicos son así.

    Hay jueces que han dado la vida en México por este país así como ministerios públicos y oficiales de la policía.

    Pero la historia la conocemos, sino, conózcala.

    Presunto Culpable regresa a las pantallas y si bien medio millón de personas le han visto haciendo de este documental el más visto de la historia mexicana, vale mucho la pena todos sepamos que ocurre ya que los casos como Toño están repitiéndose día a día y eso NO puede ocurrir en un estado de derecho.

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    Poca verguenza en censura a Presunto Culpable

  • Juez es buscado

    La Fiscalí­a Especial para la Atención de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia de Morelos, ordenó a la Policí­a Ministerial la búsqueda, localización y comparecencia del ex presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Rosas Pérez.

    Ello, con el propósito de que comparezca junto con su defensor particular -en su carácter de probable responsable- para responder una denuncia por delitos contra la administración de justicia, presentada el año pasado, por el actual magistrado presidente Miguel íngel Falcón Vega.

    La orden de búsqueda, localización y comparecencia fue girada por dicha Fiscalí­a Especial, luego de que dos organizaciones de abogados revelaron presunta corrupción en el manejo de juicios, nombramiento de jueces y la designación de funcionarios administrativos.

    A esta serie de acusaciones, que provocaron la destitución del ex magistrado Rosas Pérez, la acompaña el resultado de una auditoria que revela el desvió de 13 millones de pesos en préstamos y otros gastos los cuales no fueron comprobados, así­ como la designación de cargos claves para el manejo del tribunal de familiares en primer grado.

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    â??Una madriza para quitarle la risa, ¿no?â? por El Enigma

  • Arraigadas las Chabelas, hermanas del Ponchis

    Un juez federal penal dictó el arraigo por 30 dí­as contra: Lina Ericka Jiménez Lugo de 24 años y Elizabeth Jiménez Lugo (a) â??La Chavelaâ? o â??La Chabelaâ?, ambas hermanas de Edgar de los mismos apellidos, menor de 14 años mejor conocido como El Ponchis o El Niño Sicario.

    Lo anterior, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, contra la salud y lo que resulte.

    Las indiciadas se encuentran presuntamente vinculadas con las actividades delictivas del â??Cártel del Pací­fico Surâ?, y fueron puestas a disposición del Ministerio Público Federal el pasado 3 de diciembre, por elementos del Ejército Mexicano, cuando dos de los tres hermanos pretendí­an huir a la ciudad de Tijuana.

    En cumplimiento de la orden de arraigo, las inculpadas fueron ingresadas al Centro de Investigaciones Federales con la finalidad de recabar mayores elementos de prueba que permitan perfeccionar la indagatoria que se integra en su contra.

    Cabe señalar que las mujeres podrí­an ser citadas a declarar en torno al caso de El Ponchis, esto de acuerdo a lo planteado por la defensa y el fiscal especializado en menores de edad, en el juicio que se libra en el Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes (TUJA).

  • Juez en Puebla pide licencia ante amenazas

    Tras las amenazas de la delincuencia, Alberto Miranda Guerra, juez Cuarto Penal, solicitó licencia por mes y medio. Un día después de conocerse que su secretario César Vázquez Ávila fue secuestrado en esta ciudad y abandonado en Tamaulipas, sin que hasta el momento se hayan conocido sus declaraciones ministeriales.

    En sesión ordinaria, el Tribunal Superior de Justicia concedió el permiso, pues el juzgador está estresado por la situación que desde el martes comenzó a presentarse, confirmó la magistrada María de los Ángeles Juárez Hernández.

    En entrevista, admitió que hay un clima de preocupación en el Poder Judicial por el levantón de Vázquez Ávila, quien consideró necesario reforzar las medidas de seguridad y la vigilancia en los inmuebles.

    De acuerdo con su información, aumentó el número de policías en las instalaciones de Ciudad Judicial; incluso en los estacionamientos subterráneos; en tanto, los juzgados penales ubicados en el edificio de la 12 Oriente y la 6 Norte, en el Centro Histórico, son resguardados por las policías Estatal y Metropolitana.

    Por segundo día consecutivo, el Juzgado Cuarto Penal estuvo cerrado y hay posibilidades de que reabra sus puertas al público el próximo lunes, aunque todavía no es oficial.

    Las amenazas contra el personal fueron hechas presuntamente por los cómplices de los 11 detenidos por el homicidio del policía ministerial José Alfonso Hernández Gutiérrez.

    El juez Miranda Guerra ya había sido amenazado en agosto de 2008 por Los Zetas detenidos en el municipio Tlapanalá, donde estuvieron a punto de ser linchados.

    La misma suerte tuvo Alberto Bagatella Bermúdez, que a su paso por el juzgado de Izúcar de Matamoros, fue amenazado por el mismo grupo delincuencial. En tanto, Enrique Romero Razo, cuando fue juez de Defensa Social en Acatlán de Osorio, reforzó su aparato de seguridad, después de iniciar sendos procesos penales contra dos halcones del cártel de los Beltrán Leyva a principios de 2010

  • Culpable de homicidio principe arabe

    El prí­ncipe saudita, Saud Abdulaziz bin Nasser al-Saud, fue hoy hallado culpable por un tribunal londinense del asesinato de su sirviente en un hotel de esta capital, en un hecho que los fiscales consideraron que tuvo un matiz sexual.

    El prí­ncipe, de 34 años, está recluido en la prisión de Old Bailey por asesinar en febrero pasado a Bandar Abdulaziz, de 32 años, con el que mantení­a algún tipo de relación sexual.

    El sirviente, quien fue hallado muerto en el hotel Landmark del centro de Londres, tení­a varias costillas rotas y derrame cerebral. Además fue asfixiado con tanta fuerza que tení­a rotos los músculos del cuello y habí­a sufrido también mordeduras en las mejillas y en una oreja.

    La corte, que emitirá mañana miércoles la sentencia, precisó que el prí­ncipe abusó de su sirviente por su â??satisfacción personalâ? y que las lesiones en el cuerpo de la ví­ctima muestran que se trató de un â??ataque brutalâ?, según la cadena británica BBC.

    En el juicio, el tribunal insistió que el hecho tuvo un elemento sexual, dado que Abdulaziz ya habí­a sufrido agresiones previas.

    Las cámaras de circuito cerrado captaron al prí­ncipe golpeando a su ayudante en el ascensor del hotel entre el 22 de enero y el 5 de febrero, así­ como afuera de un restaurante en la que cenaron en la noche de San Valentí­n, cuando habrí­a sido asesinado, según el fiscal.

    Cuando se encontró el cadáver de Abdulaziz, el prí­ncipe saudita manifestó que su sirviente habí­a sido agredido y robado tres semanas antes de su muerte en el barrio londinense de Edgware Road, para explicar así­ las heridas que presentaba.

    A lo largo del proceso, el prí­ncipe, cuyo padre es sobrino del rey saudita y cuya madre es una hija del monarca, sostuvo que su ayudante y él eran â??amigos e igualesâ? y negó una supuesta relación homosexual.

    Sin embargo, el fiscal Jonathan Laidlaw afirmó que las pruebas halladas, entre ellas fotografí­as guardadas en un móvil y restos de semen en la ropa interior de la ví­ctima, â??establecen de forma bastante concluyente que el prí­ncipe es gay o tiene tendencias homosexualesâ?.

    El prí­ncipe y su ayudante se habí­an alojado juntos en el hotel londinense desde casi un mes antes del asesinato, tras haber extendido unas vacaciones que antes ya habí­a tenido en Praga, Milán, Marraquech y las islas Maldivas.

    Según medios británicos, entre ellos el diario The Sun, si el prí­ncipe regresara a Arabia Saudita se enfrentarí­a a la pena de muerte, no por el asesinato sino por su homosexualidad.

    â??La homosexualidad es ilegal en Arabia Saudita y castigada con pena de muerteâ?, recordó el fiscal Bobbie Cheema ante el tribunal de Old Bailey

  • 8 años de carcel a quien decapito un perro

    Un residente de Nuevo México fue sentenciado a ocho años de prisión, luego de declararse culpable de haber decapitado a un perro con una sierra mecánica.

    El juez Thomas Hynes, de la Corte Estatal en Farmignton, Nuevo México, impuso la sentencia a Teddy Sexton, de 32 años, luego de que éste se declaró culpable el lunes de â??crueldad extrema con animalesâ?.

    El abogado defensor Cosme Ripol explicó a la prensa que el cargo conlleva una sentencia de 18 meses, pero debido a los antecedentes delictivos de su cliente, Sexton enfrentaba un castigo de hasta 18 años de cárcel.

    La Oficina del Procurador del Condado de San Juan, Nuevo México, recibió más de 600 correos electrónicos de activistas defensores de los animales de todo el mundo, pidiendo a los fiscales pugnar por que se le impusiera la máxima pena.

    Agentes del sheriff del condado de San Juan arrestaron a Sexton y a Corey Bowen, de 31 años, el pasado 23 de septiembre.

    Los investigadores determinaron que el incidente ocurrió luego de que un perro pit bull llamado â??Thorâ? mordió a una niña de nueve años durante una fiesta en la casa de Sexton.

    Sexton argumentó al juez que utilizó un cuchillo y una sierra mecánica para matar al perro, porque no está autorizado a poseer un arma debido a sus antecedentes delictivos.

    Sexton cuenta con un historial de posesión de metanfetamina, distribución de marihuana y falsificación de identidad.

    Bowen también enfrenta cargos de â??crueldad extremaâ? con animales, pero su abogado defensor sostuvo que la evidencia mostrará que su cliente es inocente.

  • ONU pide revisar sistema legal a Mexico

    La ONU recomendó hoy a México profundos cambios en su sistema de justicia, en especial en materia de combate al crimen organizado, protección de la independencia judicial, reforma al fuero militar y acceso de los ciudadanos.

    El aumento «exponencial» de la violencia ha hecho que tanto jueces como otros profesionales de la justicia «en muchas ocasiones no puedan actuar con libertad», dijo hoy Gabriela Knaul, relatora especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados.

    í?stos se encuentran sujetos a «amenazas, intimidaciones, hostigamientos y otras presiones indebidas», explicó sobre su visita a México durante quince dí­as, y en la que ha tomado contacto con instituciones de Gobierno, civiles y profesionales.

    «El crimen, particularmente el de carácter organizado, busca infiltrarse e interferir de manera creciente en las instituciones de justicia a través de la corrupción y amenazas», apuntó Knaul, que presentará un informe completo en junio de 2011.

    Elogió los controles de confianza instaurados para verificar la lealtad de los agentes para con la ley, pero esa y algunas otras medidas adoptadas, a su juicio, «no han sido suficientes».

    Knaul se refirió también a la figura judicial del arraigo, empleada habitualmente por el Gobierno para retener a presuntos narcotraficantes por un periodo de hasta seis meses mientras construye un caso contra ellos.

    Tanto la ONU como otros organismos ya habí­an aconsejado a México que prescindiera de esta figura, por violentar la presunción de inocencia, algo de lo que el paí­s ha hecho caso omiso, resaltó.

    «Lo apropiado es investigar para detener y no detener para investigar», explicó.

    También deberí­a prescindirse de las presentaciones de presuntos criminales ante los medios antes de que sean sometidos a proceso judicial (la Policí­a federal difunde a menudo interrogatorios grabados en ví­deo, por ejemplo).

    Los supuestos delincuentes son exhibidos ante los medios frecuentemente, en ocasiones con señales visibles de haber sido golpeados.

    Debe ampliarse, asimismo, el acceso al amparo ante una acusación, ya que ahora es «inaccesible, lento y costoso», evitar el trato discriminatorio a algunos grupos (mujeres e indí­genas, por ejemplo).

    «La gran mayorí­a de los delitos quedan en la impunidad», expresó Knaul, con una petición de capacitación y dotación de recursos a cuerpos policiales y judiciales.

    Finalmente, recomendó a los magistrados «razonar sus gastos» -los de la Suprema Corte cobran casi 50 mil dólares mensuales- y emplazó a todas las instituciones a empezar «ya» a implementar la reforma de justicia acordada en 2008 y que ha de estar en vigor para 2016.

  • Gays en el ejército, obtienen victoria

    Una jueza federal emitió ayer una orden judicial válida en todo el paí­s para suspender la polí­tica que prohibí­a el ingreso a las fuerzas armadas de las personas que declararan su homosexualidad.

    El fallo histórico de la jueza federal de distrito Virginia Phillips fue ampliamente elogiado por las organizaciones que defienden los derechos de los gays, que le acreditaron haber logrado lo que el presidente Barack Obama y los demás polí­ticos de Washington no pudieron.

    Los abogados del Departamento de Justicia cuentan con 60 dí­as para apelar. Los expertos dicen que dichos abogados no tienen ninguna obligación legal para hacerlo y podrí­an permitir que el fallo de la juez Phillips permanezca en vigor.

    El gobierno federal está revisando la decisión y no tiene comentarios de inmediato, dijo Tracy Schmaler, vocera del Departamento de Justicia.

    Phillips declaró inconstitucional la ley, conocida como â??Donâ??t ask donâ??t tellâ? (no preguntes, no digas), después de un juicio de dos semanas sin jurado en un tribunal federal de Riverside, y dijo que emitirí­a una orden judicial válida en todo el paí­s.

    La ley de 1993 prohí­be que los integrantes homosexuales de las fuerzas armadas expresen abiertamente su orientación sexual, y de igual forma prohí­be a los oficiales preguntar al respecto.

    Antes de emitir la orden judicial, la jueza pidió conocer el punto de vista de los abogados del Departamento de Justicia y de los Log Cabin Republicans â??una organización por los derechos de los homosexualesâ??, la cual presentó una demanda en 2004 en la que pedí­a que se aboliera esa polí­tica en las fuerzas armadas.

    Los integrantes de Log Cabin Republicans pidieron a Phillips que emitiera un fallo de inmediato para que la polí­tica no pueda emplearse contra ningún militar estadounidense en cualquier parte del mundo.

    â??La orden representa una victoria completa y total para los miembros de Log Cabin Republicans y reafirma los derechos constitucionales de los gays y lesbianas para luchar en las fuerzas armadas y morir por nuestro paí­sâ?, dijo Dan Woods, abogado del grupo Log Cabin.

    Algunos abogados oficiales presentaron sus objeciones, argumentando que este cambio tan abrupto podrí­a afectar las operaciones del ejército en un tiempo de guerra. Previamente le habí­an pedido a Phillips que limitara su fallo a los integrantes de Log Cabin Republicans, que cuenta con 19 mil miembros e incluye personal en activo y retirado de las fuerzas armadas.

    Los abogados del Departamento de Justicia agregaron también que el Congreso deberá decidir sobre el asunto, y no la corte de la jueza.

    Phillips dijo estar en desacuerdo y argumentó que la ley no ayuda a la presteza de las fuerzas armadas, y en cambio â??tiene un efecto directo y nocivoâ? en éstas, al afectar el reclutamiento en tiempo de guerra y obligar a la baja de integrantes del servicio que cuentan con entrenamiento y habilidades decisivas.

  • Colombia sí investigará a Alvaro Uribe

    Una comisión del Congreso de Colombia aprobó el martes investigar al ex presidente Alvaro Uribe para determinar su posible responsabilidad penal en las interceptaciones telefónicas ilegales a magistrados, periodistas y políticos, informaron fuentes legislativas.

    Los seguimientos e interceptaciones telefónicas fueron uno de los principales escándalos que sacudieron el segundo período de Uribe junto con las ejecuciones extrajudiciales de civiles cometidas por algunos efectivos del ejército y la adjudicación irregular de subsidios agrícolas.

    El ex mandatario será investigado por su presunta responsabilidad por acción u omisión en el caso de las interceptaciones telefónicas que se realizaron desde la sede del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), la central de inteligencia de Colombia, que depende directamente de la presidencia.

    Los presidentes en ejercicio y los retirados gozan en Colombia de un fuero especial y solo pueden ser investigados por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

    Si la comisión establece que hubo responsabilidad del Uribe deberá acusarlo ante el Senado, que en una sesión plenaria decidirá si lo absuelve o le impone una sanción que podría ser a perdida de la libertad.

    Pero la comisión tiene un histórico récord de ineficiencia y es controlada por parlamentarios de partidos que hacen parte de la coalición que respaldó a Uribe en sus dos períodos de Gobierno y apoya al actual mandatario Juan Manuel Santos.

    Uribe, quien tuvo fuertes enfrentamientos con la Corte Suprema de Justicia, negó recientemente haber ordenado los seguimientos e interceptaciones, pese a que las investigaciones de la Procuraduría General han implicado a varios de sus cercanos colaboradores.

    La semana pasada la Procuraduría General destituyó e inhabilitó por 18 años para ejercer cargos públicos al ex secretario general de la presidencia Bernardo Moreno, una persona cercana a Uribe, por su responsabilidad en el escándalo de espionaje.

    El mismo organismo de control también destituyó e inhabilitó a otros siete antiguos funcionarios del Gobierno de Uribe, incluidos tres ex directores de la central de inteligencia.

  • Jueza colombiana habla y compara a México

    Mireya González Preciado Juez Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento en Bogotá, Colombia, afirmó que el contexto de â??tristezaâ? que vive México, por los cárteles de la droga, es similar al que presentaba su paí­s durante la década de â??los 80 y 90â?.
    Durante la inauguración del diplomado Sistemas Adversarial y Juicios Orales, en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, la juez aseguró que a pesar de que se esta llevando acabo la lucha adecuada contra los cárteles de la droga, si no se depura a los cuerpos de seguridad no se tendrán avances en el corto plazo.
    â??La depuración del sistema, de los miembros de la policí­a judicial es el primero de los aspectos que habrí­a que mirar, quizás sólo se produce al exterior, cuando al interior hemos visto las huellas cuando no se hace trabajo y equipoâ?.
    La juez reconoció que aunque su paí­s no ha logrado atacar correctamente el problema del narcotráfico, es necesario mantener una colaboración no sólo entre ambas naciones sino con los paí­ses de Centroamérica, toda vez que la corrupción ha infiltrado a las autoridades.
    â??Las bandas criminales lo que están mostrando no es un aspecto que tenga un paí­s a su favor, nosotros somos tristemente célebres por la cocaí­na colombiana, pero nos muestra que para que eso pueda llegar a su destino, pasa por otros escenarios y estamos hablando de lí­neas de transporte, mecanismos que hagan menos riesgosa la intervención policial, lo que muestra es que la criminalidad trasciende los ámbitos nacionales y busca apoyo en los paí­ses de puente pasoâ?.
    En comparación a México, la juez colombiana señaló que la forma de operar de los cárteles mexicanos, se basa en una lucha territorial que busca mostrar su poder como fue el caso del narcotraficante Pablo Escobar Gaviria