El Frente Nacional de Legisladores del Sector Rural consideró insuficiente el fallo de la jueza Susan Bolton sobre la ley SB 1070 de Arizona, y confió en que se dé marcha atrás en su aplicación, anunciada para este 29 de julio.
El dirigente de este grupo, Heladio Ramírez López, consideró que perseguir a los trabajadores migrantes mexicanos es una decisión que se revertirá contra la propia economía de los Estados Unidos.
Tan solo en 2008 los migrantes mexicanos pagaron en Estados Unidos 53 mil millones de dólares en impuestos, monto que representa más del doble de las remesas que enviaron al país en el mismo periodo, indicó el presidente de la Comisión de Desarrollo Rural en el Senado.
Asimismo destacó su contribución al Producto Interno Bruto (PIB) de aquel país, el cual se duplicó en los últimos 14 años; en 2006 alcanzó los 485 mil millones de dólares, monto equivalente a 3.7 por ciento de su total y que representa 57.7 por ciento del PIB mexicano.
El legislador basó su comentario en un estudio del Bureau of Economics Analysis y de Current Population Survey de ese año, lo que prueba que la persecución de migrantes en territorio estadunidense traerá graves repercusiones financieras a ese país.
Los legisladores rurales también protestaron por el envío de personal de la Guardia Nacional estadunidense a la frontera con México, condenaron los asesinatos de mexicanos en ese país, la existencia de cazamigrantes y la violación a los derechos humanos de connacionales.
Heladio Ramírez López señaló que no basta la sentencia de Bolton, en el sentido de no investigar a mexicanos sospechosos de vivir de forma ilegal en Arizona, ni que se obligue a los paisanos a llevar siempre su documentación o que no se les contrate en lugares públicos.
Se pronunció porque continúe la lucha por la eliminación de la SB 1070 y en favor de una reforma migratoria integral entre México y Estados Unidos.
En tanto la presidenta de la Comisión de Seguimiento de Fondos de los Braceros Mexicanos, Hilaria Domínguez Arvizu, manifestó su preocupación por esa ley, que a su parecer ha creado incertidumbre porque está plagada de irregularidades, es anticonstitucional y soslaya al federalismo; â??hasta el presidente Obama la impugnóâ?, recordó.
«Es una medida racista, que convierte en delito estatal que los migrantes carezcan de un documento migratorio para identificarse, el cual debe de ser portado en todo momento, lo que quiere decir que Arizona legaliza algo que no es de su competenciaâ?, subrayó