El reciente asesinato del juez federal Vicente Antonio Bermúdez Zacarías ha generado temor entre otros funcionarios judiciales y permite recordar que los grupos del crimen organizado tienen un gran poder. Bermúdez Zacarías estaba manejando el proceso de la extradición del capo de la droga Joaquín “El Chapo” Guzmán.
“El miedo te paraliza”, le dijo al Diario El País un juez mexicano que pidió mantener su nombre en reserva. “He tenido y tengo mucha precaución. Hay que poner siempre un freno, decirles que no. Pero cuando pasan situaciones como la del asesinato del juez Bermúdez, uno se da cuenta de que debe tener todavía más cautela”.
El juez agregó que la amenaza más seria que enfrenta proviene de los abogados defensores de los criminales. Otro juez federal, quien también pidió mantener su nombre en reserva, expresó el mismo sentimiento.
“Los abogados son los que te transmiten la amenaza, casi siempre de manera indirecta, ellos lo llaman ‘sugerencia’”, le dijo el juez federal a El País.
Esta dinámica ha contribuido a la impunidad generalizada por crímenes graves en México. Más del 90 por ciento de los asesinatos se quedan sin resolver —una estadística alarmante que muestra las grandes deficiencias del sistema judicial en general.
“Los jueces están condenados a mantenerse en la mediocridad y [mostrar] discreción con el fin de mantener la estabilidad”, dijo Armando Ismael Maitre, presidente de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia.
Es relativamente raro que los jueces federales de México sean blanco de los grupos del crimen organizado. Bermúdez es sólo el sexto juez federal asesinado en México en los últimos 16 años. Sin embargo, es más común que se presente violencia e intimidación contra los jueces locales.
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Vicente Antonio Bermúdez Zacarías descubre que varios jueces están amenazados
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Jueces se rasgan vestiduras en Mexico
Mucho revuelo causa el que el Presidente Felipe Calderón en el mensaje que dio a la nación con motivo de su quinto informe de gobierno, dijera en un primer esbozo que los poderes de la unión deben trabajar más, pero tanto legislativo como judicial parecen olvidarse de todo.
Hace unos días Google, YouTube y Presidencia de la Republica hicieron un trabajo sumamente interesante que es â??pregúntale al presidenteâ? donde invitaron a los ciudadanos a enviar preguntas al Presidente Calderón sobre Economía, Educación, Infraestructura, Medio Ambiente, Política Social, Salud y Seguridad.
Una respuesta que ahí hubo y fue la gota que derramo el vaso fue que algunos jueces deberían rendir cuentas de porque liberan a personas que se saben delincuentes (palabras más o menos), mostrando si, una actitud que la gente puede entender pero el poder judicial simplemente No. Y es que tanto el Presidente Calderón sabe que no es tarea de los jueces encerrar a todos como va ni tampoco como el Poder Judicial no hace todo su trabajo.
Hay jueces que aceptan amparos en actitudes sospechosistas, como el que brindo amparar al narco diputado Julio Cesar Godoy Toscano, ¿Qué me dicen el que en menos de un año libero a uno de los zetas que atacaron al casino royale? Y así podemos seguir. Ambos poderes deberían preguntarle también a Marisela Morales, procuradora de la republica, ¿Qué carajos está haciendo la PGR y las procuradurías estatales que no pueden siquiera poner un expediente en orden para lograr un auto de formal prisión, ¿o qué?, ¿ya olvidamos Presunto Culpable?, si la película que tanta vergí¼enza da a muchos en el poder judicial, en los tribunales y que â??movióâ? al congreso a pedir se profesionalice la carrera en tribunales y que nos dio coraje a la ciudadanía, ojo como recomendación, si ya se les olvido a finales de mes la pasan por televisión abierta; entiendo respingue el poder judicial pero también no pueden decir que están libres de culpa y que quede claro, tan sabe el presidente de la republica no todos los jueces son sospechosos o hacen cosas raras, que dijo que algunos casos extraños, como para que magistrados jueces y demás, estén rasgándose las vestiduras, ¿ya se les olvido que Felipe Calderón, también es abogado?
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La verguenza del caso Rubi
María Elena Morera, presidente de Causa Común consideró que el proceso por el asesinato de Rubí Marisol Frayre revela que hay fallas en la procuración de Justicia de Chihuahua y centrarse en la actuación de los jueces que liberaron a Sergio Barraza, señalado como el probable asesino, hace que se pierda de vista el interior del aparato de justicia, en este caso el ministerio público, cuya falla debería ser asumida por la procuradora Patricia González, porque no entregaron un expediente completo.
En entrevista con Adela Micha para la segunda emisión de Imagen Informativa, Morera defendió el nuevo sistema de juicios orales que permite a ambas partes estar frente al juez «es bueno, ahora podemos ver un video completo, incluso asistir a los juicios, sin embargo también puede haber errores y quien los cometa tiene que pagar por ello».
En este sentido consideró que los jueces que tuvieron a su cargo el juicio de Rubí Marisol tuvieron responsabilidad pues si no tenían los elementos suficientes para condenar a Sergio Barraza debieron pedir más pruebas.
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Ya saben quien mato a Marisela Escobedo Ortiz
La Fiscalía General de Chihuahua reveló ayer que el homicidio de la activista Marisela Escobedo Ortiz está relacionado con Sergio Rafael Barraza, asesino confeso de Rubí Marisol Frayre Escobedo.
Marisela Escobedo fue asesinada la noche del jueves en esta capital, a escasos metros de la puerta principal del Palacio de Gobierno, por un hombre que la siguió varios metros y le disparó en una ocasión a la cabeza con una pistola calibre 9 milímetros.
En entrevistas anteriores, ella mismo reveló que había sido amenazada de muerte por familiares del asesino de su hija. â??Si me van a matar que sea enfrente del Palacio de Gobierno, para que les dé vergí¼enzaâ?, dijo horas antes de ser asesinada.
Escobedo Ortiz se encontraba en plantón permanente en la Plaza Hidalgo, justo en frente de las oficinas del gobernador César Duarte Jáquez.
A pesar que este edificio es el más vigilado y junto a él se encuentran las oficinas de la Fiscalía Estatal, ambos resguardados por al menos seis policías, no se detuvo al asesino y a sus cómplices, pese a los gritos de auxilio que la mujer y sus acompañantes hicieron durante la agresión.
El fiscal de Investigación y Persecución del Delito, Jorge González Nicolás, y su homólogo de la Zona Centro, Carlos Mario Jiménez, dieron a conocer anoche el retrato hablado del homicida y resaltaron que las investigaciones para esclarecer el caso siguen diversas líneas de investigación, a cargo de un grupo especial integrado por agentes del Ministerio Público, policías y otros peritos.
Las investigaciones incluyen a los tres jueces que liberaron el año pasado al homicida de Rubí Marisol Frayre, así como a policías y ministerios públicos que tuvieron a cargo la indagación.
Las cámaras de vigilancia del Palacio de Gobierno captaron el momento del asesinato. Se ve que son tres hombres que descienden de un vehículo de color blanco y se acercan a Marisela Escobedo, la cual colocaba en esos momentos una manta con mensajes de protesta.
La mujer, al ver a los sujetos, intentó huir, pero uno de ellos la alcanzó en la banqueta del Palacio de Gobierno y le disparó a la cabeza. Luego, de manera tranquila, sin prisas, el asesino subió al auto y se alejó del lugar.
La Fiscalía no dio a conocer mayores datos.
Sin embargo, horas después del homicidio y aun cuando dijo que desconocía si la mujer tenía amenazas de muerte, el fiscal Carlos Mario Jiménez reconoció que Marisela tenía una vigilancia â??discretaâ? por parte de policías estatales, pero éstos en el video no aparecieron o se acercaron antes o después de la agresión.
El retrato hablado del homicida fue difundido desde la noche de ayer en los medios de información. Se solicitó a la ciudadanía su apoyo para identificarlo y detenerlo. Hasta el momento no se ha ofrecido ninguna recompensa por el sujeto, como sí la hay por Barraza.
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ONU pide revisar sistema legal a Mexico
La ONU recomendó hoy a México profundos cambios en su sistema de justicia, en especial en materia de combate al crimen organizado, protección de la independencia judicial, reforma al fuero militar y acceso de los ciudadanos.
El aumento «exponencial» de la violencia ha hecho que tanto jueces como otros profesionales de la justicia «en muchas ocasiones no puedan actuar con libertad», dijo hoy Gabriela Knaul, relatora especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados.
í?stos se encuentran sujetos a «amenazas, intimidaciones, hostigamientos y otras presiones indebidas», explicó sobre su visita a México durante quince días, y en la que ha tomado contacto con instituciones de Gobierno, civiles y profesionales.
«El crimen, particularmente el de carácter organizado, busca infiltrarse e interferir de manera creciente en las instituciones de justicia a través de la corrupción y amenazas», apuntó Knaul, que presentará un informe completo en junio de 2011.
Elogió los controles de confianza instaurados para verificar la lealtad de los agentes para con la ley, pero esa y algunas otras medidas adoptadas, a su juicio, «no han sido suficientes».
Knaul se refirió también a la figura judicial del arraigo, empleada habitualmente por el Gobierno para retener a presuntos narcotraficantes por un periodo de hasta seis meses mientras construye un caso contra ellos.
Tanto la ONU como otros organismos ya habían aconsejado a México que prescindiera de esta figura, por violentar la presunción de inocencia, algo de lo que el país ha hecho caso omiso, resaltó.
«Lo apropiado es investigar para detener y no detener para investigar», explicó.
También debería prescindirse de las presentaciones de presuntos criminales ante los medios antes de que sean sometidos a proceso judicial (la Policía federal difunde a menudo interrogatorios grabados en vídeo, por ejemplo).
Los supuestos delincuentes son exhibidos ante los medios frecuentemente, en ocasiones con señales visibles de haber sido golpeados.
Debe ampliarse, asimismo, el acceso al amparo ante una acusación, ya que ahora es «inaccesible, lento y costoso», evitar el trato discriminatorio a algunos grupos (mujeres e indígenas, por ejemplo).
«La gran mayoría de los delitos quedan en la impunidad», expresó Knaul, con una petición de capacitación y dotación de recursos a cuerpos policiales y judiciales.
Finalmente, recomendó a los magistrados «razonar sus gastos» -los de la Suprema Corte cobran casi 50 mil dólares mensuales- y emplazó a todas las instituciones a empezar «ya» a implementar la reforma de justicia acordada en 2008 y que ha de estar en vigor para 2016.
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El encierro de Manfred Reyes Villa
Un fallo judicial que impide salir del país a Manfred Reyes Villa, principal rival del presidente Evo Morales para las presidenciales del 6 de diciembre, fue duramente criticado por la oposición, que lo considera una estrategia del gobierno para perjudicar su candidatura.
La jueza Mirtha Montaño acusa a Reyes Villa de «incumplimiento de deberes y conducta antieconómica» en el ejercicio de sus funciones en la prefectura de Cochabamba (centro de Bolivia), de la cual fue revocado por un referendo en julio de 2008.
La decisión de la jueza, que además dispuso el embargo preventivo de 50% de los bienes del político, fue ligada por éste a la «desesperación» del gobierno por impedirle viajes previstos a España y Argentina para hacer proselitismo entre bolivianos que residen allí.
El arraigo no limitará de modo alguno los desplazamientos de Reyes Villa en el país.
«Veo temor (del oficialismo) porque cuando iniciamos la campaña Evo Morales nos llevaba 30 puntos (en las encuestas), hoy son 15, y vamos a seguir subiendo en los 31 días que restan para las elecciones», dijo Reyes Villa. El oficialismo «se pone nervioso y tiene bronca y rabia de que el crecimiento es en una proporción geométrica», agregó.
Pero el fallo, lejos de perjudicar, «va a concentrar el voto de la población que quiere recuperar el estado de derecho, la seguridad jurídica, la libertad de los bolivianos y nos va a unir más a todos los bolivianos», aseguró el candidato, ex militar de derecha.
El analista político independiente Carlos Cordero parece coincidir en ese diagnóstico, al señalar que el fallo «genera la percepción de que Reyes Villa es víctima de la persecución política».
Por su parte, el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, consideró que el fallo judicial confirma «el carácter dictatorial de este gobierno».
Erick Fajardo, vocero de Reyes Villa, anunció que a Argentina y España irá la hija del postulante a vicepresidente, Leopoldo Fernández.
Fernández está preso hace un año acusado de ser autor intelectual de una matanza de campesinos en 2008.
El candidato centroderechista y empresario Samuel Doria Medina también fustigó al gobierno: «¿Por qué 30 días antes (de la fecha de elecciones) lo arraigan?», dijo. «Yo no pondría las manos al fuego por la gestión de Manfred», agregó.
Doria Medina, que marcha tercero en las encuestas, anunció que este fin de semana hará campaña en España y Argentina con los bolivianos que residen allí.
En contraste, el diputado oficialista Gustavo Torrico declaró al diario La Razón que éste es un asunto «estrictamente judicial», y criticó lo que considera un uso político de un fallo de la Justicia, la cual según la oposición es controlada por el Ejecutivo.
Cerca de 200.000 bolivianos radicados en España, Argentina y Estados Unidos sufragarán en diciembre desde allí, por primera vez, en función de la nueva Constitución promulgada este año.
Según los sondeos independientes, el presidente Morales es amplio favorito para un segundo mandato con 52% de las intenciones de voto, seguido de Reyes Villa (21%) y Doria Medina (13%).
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La incretidumbre sobre quien dice la verdad
Que miedo me da, no solo cuando veo que todos por igual, nos hemos encargado de llevarnos hasta donde estamos en materia de seguridad, sino cuando los discursos de los políticos son hechos de facto.
Verbigracia.
Sucede que con la detención del presunto líder de la banda de la flor, los hijos han comenzado a movilizarse, uno vive en Cancún por lo cual lo que puede hacer es poco, pero el otro que es maestro en un colegio privado en el DF, ya mando una misiva a la presidencia pidiéndole al primer mandatario que haga una investigación seria.
Pero sucede que es un hecho del fuero local, es que Marcelo Ebrad no quiso atenderlo, ni tampoco el procurador de justicia del DF.
Y ahora, mas allá de todo el jefe de gobierno al ver que este señor, hijo del presunto jefe de la banda de la flor, esta movilizándose en los medios y presentando pruebas de que no corresponde al platal que muchos dicen que tienen la forma en que vive su papa con su madre en su casa; apareció en medios de comunicación diciendo que «empeña su palabra en la certeza de que son culpables los detenidos».
Caray, si se equivoca, ¿que?; ¿renuncia si se demuestra que no son culpables?
Hay demasiadas cuestiones que me dejan pensativo… entre todo, ¿porque los detenidos no hablan con la comisión estatal o federal de los derechos humanos?, los que hablan son amigos y ex parejas.
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