El pleno extraordinario del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidió este viernes por unanimidad suspender cautelarmente en sus funciones al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, después de que el juez del Tribunal Supremo Luciano Varela acordara el miércoles la apertura de juicio oral por la investigación de los crímenes del franquismo.
La suspensión estará vigente al menos hasta que el Tribunal Supremo, en el que Garzón tiene abiertas contra él otras dos causas, decida sobre la culpabilidad o la inocencia del juez, a quien se acusa de prevaricación.
La decisión del CGPJ fue adoptada por unanimidad de los 17 vocales y el presidente, Carlos Dívar, que convocó para esta tarde a la Comisión Permanente del CGPJ para estudiar la solicitud de una comisión de servicios especiales presentada por Garzón para trasladarse al Tribunal Penal Internacional de La Haya como asesor de la Fiscalía. Tras reunirse durante una hora y media, dicha comisión acordó aplazar sine die su decisión sobre el traslado, para pedir nuevos informes sobre el asunto.
Al ser suspendido, Garzón cobrará su sueldo base (unos 2.000 euros mensuales), sin los complementos que habitualmente cobran estos magistrados (peligrosidad, disponibilidad…). En el caso de que fuese declarado absuelto, recuperaría su plaza en la Audiencia Nacional y se le reintegraría la parte de sueldo que hubiera dejado de cobrar durante la suspensión cautelar.
Una vez conocida la decisión del CGPJ, que le pilló en su despacho mientras tomaba declaración a uno de los imputados en la «operación Pretoria», Garzón abandonó la Audiencia nacional, en la que ha trabajado los últimos 22 años de su vida
Visiblemente emocionado, salió por las puertas poco antes de las 14.00 dedicando sonrisas de agradecimiento a sus compañeros, que le ovacionaban con aplausos, entre ellos los magistrados Fernando Andreu y Santiago Pedraz. Después de hacer un breve gesto de despedida con la mano, el juez bordeó su vehículo y los abrazó efusivamente, con lágrimas en los ojos.
Después se metióen el coche, aunque se detuvo a tan sólo unos metros, cuando salió para abrazar al grupo de simpatizantes -entre ellos, Cristina Almeida- «consternados» por la suspensión del juez, «el único que había tenido en cuenta a las víctimas».
La acusación
A Garzón se le acusa, en esta causa, de iniciar diligencias sobre desapariciones del franquismo atribuyendo a personas fallecidas delitos que habrían prescrito o estarían amnistiados por la Ley de Amnistía de 1977. Delitos además que, según la acusacion, no eran competencia de la Audiencia Nacional.
La querella está promovida por el pseudosindicato Manos Limpias, dirigido por un responsable del partido ultraderechista Fuerza Nueva. Posteriormente presentaron querellas la asociación Libertad e Identidad y el partido Falange Española, pero el pasado 23 de abril, el juez Luciano Varela expulsó a Falange del proceso por presentar fuera de plazo el escrito de acusación
