En reunión sin precedentes, titulares de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de Morelos, ratificaron el compromiso de mantener la gobernabilidad democrática y anteponer el diálogo para generar acuerdos en beneficio de los morelenses.
En la Residencia Oficial del Poder Ejecutivo, en un ambiente de cordialidad, los tres poderes acordaron mantener la unidad y construir instituciones fuertes.
“De nuestra parte, la mayor disposición para seguir trabajando con el Poder Judicial y con el Congreso del estado, y hacerlo bien no es en beneficio de nosotros, es en beneficio de la gente, en beneficio de todos”, puntualizó Graco Ramírez.
El Gobernador se pronunció porque se detengan, porque no se prolonguen más las confrontaciones que se dan el país, “no queremos que algunos falsos caudillos las quieran hacer suyas para capitalizar sus ambiciones”.
Agregó que las revueltas destruyen a las instituciones y la convivencia, y si estas prosperan devorarán a todos, incluso a los propios autores.
Afirmó que en Morelos se puede dialogar. “Sigamos trabajando juntos, Morelos nos lo exige, nos lo pide y vamos juntos a entregar buenas cuentas. Va a ganar la gente si hacemos las cosas bien, va a ganar Morelos y vamos darle al país un gran ejemplo”, puntualizó.
Participaron el presidente de la Mesa Directiva del Poder Legislativo, diputado Francisco Moreno Merino; la magistrada presidente del TSJ, María del Carmen Verónica Cuevas López; magistrados; integrantes del Gabinete, diputados presidentes de las grupos parlamentarios del PRI, PAN, PRD, Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano, PSD, PT y Encuentro Social.
Francisco Merino señaló que desde el Legislativo se impulsa un clima de amabilidad con el resto de los poderes, por medio de la constante y respetuosa comunicación.
Enfatizó que al interior del recinto legislativo también se pone por delante el diálogo, y con absoluto respeto a las ideologías partidistas, al momento de tomar decisiones, se antepone el apego al marco constitucional.
“De 326 votaciones que hemos tenido, 298 se han alcanzado por unanimidad, en donde hemos puesto por delante la amabilidad para poder escuchar”, afirmó.
El presidente del Congreso, comentó que en Morelos debe continuar privilegiándose el Estado de derecho, y para ello, dijo que las autoridades de los tres poderes deben actuar con estricto apego a la legalidad, sin mezclar los sentimientos y emociones con las decisiones a favor del estado.
“En Morelos los tres poderes estamos mirando lejos, hacia una sola decisión, y estamos empatando nuestros criterios para poder lograr una armoniosa y amable convivencia a favor de los morelenses”, enfatizó Francisco Moreno.
María del Carmen Verónica Cuevas López, presidenta del TSJ de Morelos, reafirmó el compromiso por la unidad y por la cohesión de las instituciones del Estado, siempre en apego a la justicia que conlleva a la convivencia.
“Somos parte del Estado y de la sociedad, haremos lo que a los jueces nos compete. Nos hacemos conscientes y correspondientes de la lucha que libra Morelos y México”.
Agregó que los magistrados y jueces tienen convencimiento pleno de sus responsabilidades y de la ruta trazada: “haremos justicia para todos. Llegó la hora de darnos un rumbo nuevo y promisorio, lo merecen los morelenses, lo merece México”.
Verónica Cuevas aseguró que en el estado de Morelos existe la fuerza, el empuje colectivo, la visión amplia para consolidar el camino hacia la modernización de nuestra entidad, “vemos los desafíos con optimismo y mantenemos la confianza en nosotros mismo, actuando con perseverancia”.
Al final, el gobernador Graco Ramírez señaló que la de hoy fue una reunión sin precedente, donde los poderes mostraron unidad por Morelos: “aquí nadie ha renunciado a sus puntos de vista, aquí venimos con toda la madurez y responsabilidad. Estamos unidos por Morelos”.
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Unidos por Morelos el Ejecutivo, Legislativo y Judicial
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Total respeto a los Poderes: Matías Quiroz
“El gobierno del estado, respeta y respetará en todo momento la autonomía de los poderes”, afirmó Matías Quiroz Medina, secretario de Gobierno, tras reunirse con la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), María del Carmen Verónica Cuevas López.
Acompañado de Lucio Hernández Gutiérrez, Coordinador Estatal de Reinserción Social, Matías Quiroz reiteró a la titular del Poder Judicial que en el gobierno hay voluntad para trabajar de manera coordinada y lograr acuerdos que garanticen la paz y la justicia que los morelenses necesitan.
Por ello, ofreció un diálogo permanente.
“En la Secretaría de Gobierno siempre tendrán las puertas abiertas para trabajar de manera transparente y responsable para construir un Morelos más digno y en paz”, mencionó.
Asimismo dijo que hoy más que nunca es importante y necesario anteponer la correcta impartición de justicia, para que se actúe de manera pronta y expedita.
Por su parte, la titular del TSJ expresó la voluntad para garantizar el estado de derecho a través de una correcta impartición de justicia y se sumó al trabajo conjunto para encontrar coincidencias en favor de Morelos y las familias que más lo necesitan.
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Sustituyen policia en el DF
Con 93 votos a favor y una abstención, el Senado aprobó expedir la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, que incluye crear la Policía Investigadora, en sustitución de la Policía Judicial.
La legislación contempla que la nueva policía actúe bajo el mando del Ministerio Público y realizará ‘indagaciones, citaciones, cateos, notificaciones, detenciones y presentaciones que se le ordenen’.
La nueva policía también podrá ejecutar órdenes de aprehensión y otros mandamientos que emitan los órganos jurisdiccionales.
Además deberá poner en práctica métodos basados en la investigación científica, con apego y respeto a los derechos humanos.
Asimismo se establece el Ministerio Público en el Distrito Federal a cargo del procurador General de Justicia, que ejercerá ‘por sí, por los agentes de la Policía de Investigación bajo su conducción y mando, así como por conducto de sus auxiliares’
El Ministerio Público también tendrá atribuciones para otorgar órdenes de aprehensión, comparecencias y autos de formal prisión por parte de los jueces competentes, para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas u ofendidos del delito.
Por su parte, la Dirección General de Asuntos Internos dependerá de la oficina del Procurador, que realizará la investigación previa que servirá de base para instrumentar el procedimiento contra investigadores que comentan alguna irregularidad.
La Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal fue enviada a la Cámara de Diputados
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Laonardo Valdés acatara la Ley en caso Sandoval Iñiguez
El presidente del IFE, Leonardo Valdés, confirmó que ya recibió la notificación del Tribunal Electoral que le ordena ir a fondo en la denuncia del PRD contra el cardenal Juan Sandoval y el vocero de la Arquidiócesis de México, Hugo Valdemar.
En la víspera, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al IFE reponer el procedimiento del caso y emplazar a los denunciados, para determinar si se actualiza o no alguna infracción a la normativa electoral atribuida.
En entrevista, el consejero presidente aseguró que al Instituto Federal Electoral (IFE) ‘no le tiembla nunca nada y siempre trabaja de acuerdo con la ley para cumplir con los ordenamientos de las sentencias’ del máximo tribunal electoral.
Por ello, dijo, se hará el análisis jurídico del caso, y si es procedente se llevará a cabo el procedimiento especial sancionador en los términos que establece el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe).
Agregó que en este marco se convocará a las partes involucradas, pues se trata de una queja contra ministros de culto presentada por el PRD, el cual tendrá que comparecer, y en su caso también lo tendrán que hacer el cardenal Sandoval Iñiguez y Hugo Valdemar.
Según la queja del Partido de la Revolución Democrática (PRD), el cardenal Sandoval Iñiguez y el vocero de la Arquidiócesis de México, Hugo Valdemar, llamaron a los mexicanos a no votar por el partido del sol azteca.
La entrevista con el consejero presidente del IFE se llevó a cabo en el marco de la firma de un convenio entre el Sistema de Transporte Colectivo Metro y el órgano electoral, tendiente a llamar a cerca de 800 mil ciudadanos a renovar su credencial de elector con terminación 03
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Organismos electorales listos
La Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore) acordó reconocer la importancia de establecer límites a los gastos de las campañas comiciales y que se regulen las contribuciones privadas a las mismas.
Los representantes de los entes electorales de los 22 países que participaron en la 10 Conferencia de la Uniore manifestaron que también se debe considerar el establecimiento de medidas coercitivas en caso de que no se cumpla lo estipulado por la ley.
Al suscribir el acta de este organismo no gubernamental, de la que forman parte el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y el Instituto Federal Electoral (IFE), las naciones firmantes se pronunciaron por el uso de soluciones tecnológicas en todo el proceso.
Asimismo, acordaron solidarizarse con los países afectados por el paso del Huracán Tomas, en especial Santa Lucía, Haití y Costa Rica, donde los efectos de este fenómeno natural fueron devastadores.
Del mismo modo calificaron como positiva la tendencia generalizada en la gran mayoría de los países del continente hacia el fortalecimiento del financiamiento público en la política.
Ello como medida de equidad y transparencia en la igualdad de oportunidades ciudadanas y eficaz mecanismo contra la injerencia de la delincuencia organizada en la selección de las autoridades nacionales y locales a través de las urnas.
La ceremonia de clausura fue encabezada por la presidenta del TEPJF, María del Carmen Alanís; por el consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita; y por el director del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), Roberto Cuéllar.
Como parte de los acuerdos alcanzados durante los tres días de trabajos de la Conferencia se convino celebrar una reunión extraordinaria de la Uniore en México, la cual se efectuará en el segundo semestre de 2011, para conmemorar su 20 aniversario.
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FEPADE tendra cuidado con narcocandidatos
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) tiene listo un candado de â??tercera generaciónâ? para evitar que candidatos o gobernantes involucrados al narcotráfico rindan protesta como representantes populares.
El titular de la Fepade, José Luis Vargas Valdez, indicó que el objetivo es atacar â??desde todos los frentesâ? este flagelo para atenuar el peligro que representa la amenaza del narcotráfico en los comicios de 2011 y los presidenciales de 2012.
â??Creo que estamos todavía en una fase digamos previa, donde tenemos capacidad de evitar que lleguen a existir gobernantes o representantes populares claramente involucrados con ese tipo de actividades ilícitasâ?, comentó.
Refirió que â??blindarâ? las campañas y precampañas requiere la aprobación en el Congreso de la Unión de una reforma penal electoral que permita sancionar el uso de recursos de origen ilícito, públicos o de cualquier índole.
Otro objetivo, detalló el funcionario, es penalizar la desviación de programas sociales para apoyar actos político-electorales y sancionar la comercialización de la información contenida en el padrón electoral.
Vargas Valdez adelantó que con ese objetivo, durante el primer bimestre de 2011 el gobierno federal enviará la iniciativa de reforma al Congreso, a fin de que sea discutida y, en su caso, aprobada por el Poder Legislativo.
Se trata, explicó, de hacer énfasis con las fuerzas políticas en las reglas del juego con las que querrán jugar en el próximo proceso electoral federal en los temas más sensibles y delicados para ganar una contienda, como preservar la equidad y el buen clima electoral.
El titular de la Fepade aclaró que si los partidos no aprueban las nuevas reglas del juego, â??tendrán que asumir la responsabilidad de que quieren seguir con normas que son imperfectas, son obsoletas, superan la realidad que hoy nos preocupan a todosâ?.
De tal suerte que ellos â??tienen la última palabra, son el poder que les toca decidir la aprobación de leyes (â?¦) y en caso de que no se quieran, también tendrán que asumir la responsabilidad de que esas son las reglas del juego con las que se quiere ir al próximo proceso electoral federal que sin duda va a ser muy competidoâ?, expresó.
A juicio del fiscal, el narcotráfico y el crimen organizado â??están trastocando el principio que deben tener los procesos electorales, que debe de ser el concepto de una fiesta cívicaâ?.
Para nadie es ajeno que en ciertas regiones del país â??hay preocupación por la presencia cada vez más activa e intimidatoria de estos grupos armados y de estos grupos delictivos, y eso creo que es algo que afecta mucho a la sociedad y tenemos que atacarloâ?, puntualizó.
Vargas Valdez insistió en que â??estas cuestiones que estamos mencionando (narcotráfico) a todos afecta. Hay una conciencia de que constituyen afectaciones al proceso electoral y hoy puede ser la víctima un partido y el día de mañana, el otroâ?
Explicó que el objetivo de las reforma es que la Fepade conozca la eventual participación de la delincuencia organizada durante cualquier etapa de los procesos electorales locales y federales, así como contemplar el periodo de precampañas y ampliar penas y agravantes.
â??Se trata de reformar el Artículo 24 del Código Penal Federal relativo a los delitos electoralesâ?, expuso al mencionar que la revisión al marco legal vigente busca â??actualizarâ? el catálogo de delitos electorales contemplados en dicho Código, que data de 1996.
Ello, precisó, porque â??ha habido una sofisticación en la capacidad de delinquir en materia electoral; los partidos son cada vez entidades más complejas, más plurales y tienen prácticas mucho más complejas de lo que en ese entonces existía, esto es, de coacción de votoâ?.
Resaltó que ahora existen nuevos fenómenos que antes no estaban previstos y que amenazan los procesos electorales y sobre todo que generan también desequilibrios â??tanto por miedo, como es el crimen organizado, como también que generan desequilibrios por apoyos indebidos que afectan la equidad en la contienda electoralâ?.
A pregunta expresa, José Luis Vargas comentó que durante el proceso electoral de 2010 fueron reportados 159 delitos y se presentaron 155 denuncias, de las cuales sólo dos fueron consignadas y 104, es decir 67%, están en proceso de integración de la averiguación previa.
En tanto, de los 159 delitos electorales registrados, 54% corresponden a conductas relacionadas con sanciones a situaciones de compra y coacción del voto.
El funcionario de la PGR mencionó que 235 personas fueron denunciadas y de ellas 52 % corresponden a servidores públicos, 13% a funcionarios de partidos políticos, 18% a particulares y 17 % a quien resulte responsable.
En su opinión se requiere de hacer un cambio â??con lo que hoy está en nuestras posibilidades hacer respecto al marco legal que tenemos para actuarâ?.
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Siguen los problemas en el PAN
El presidente del PAN, César Nava, deslindó al partido y sus instancias internas de resolver la impugnación presentada contra el registro de candidatura de Roberto Gil a la dirigencia del blanquiazul, al explicar que no es atribución del Comité Nacional.
«El Comité Nacional ni se ha pronunciado ni deberá pronunciarse al respecto porque no tiene esa prerrogativa, esa atribución, y en todo caso será el Tribunal quien tenga la última palabra», detalló a los medios en conferencia de prensa.
Nava Vázquez indicó que los estatutos del Partido Acción Nacional (PAN) no prevén que sea facultad del Comité Nacional aprobar o rechazar una solicitud de candidatura.
Por ello, la impugnación que la senadora Judith Díaz presentó el jueves contra el registro de Gil Zuarth por no cumplir con mínimo tres años de militancia, corresponderá en exclusiva resolver de forma directa al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), agregó.
Comentó que el partido se limitará a enviar al tribunal electoral la información oficial disponible y a esperar su resolución, en la inteligencia de que el Comité Nacional «ni se ha pronunciado ni se pronunciará al respecto».
El líder panista también señaló que en la sesión extraordinaria del Consejo Nacional se avaló el pronunciamiento que al menos 70 consejeros del partido emitieron para defender la libertad, competencia y unidad de la contienda interna.
Rechazó que contar con cinco abanderados al cargo de presidente del partido represente «una fractura», pues por el contrario representa las prácticas democráticas que acompañan a la fuerza política.
«En Acción Nacional estamos acostumbrados a vivir en contienda democrática. Nosotros disfrutamos lo que a otros les asusta. La competencia nos hace fuertes. Nos hace ser un partido distinto y distinguible, porque distinguimos entre contendientes y adversarios», finalizó.
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Representaran el juicio a Al Capone
Ochenta años después, la justicia recreará el histórico juicio por perjurio al líder de la mafia, Al Capone, en la corte del condado de Miami-Dade para celebrar el Centenario del Onceno Circuito Judicial.
El simulacro del juicio se llevará a cabo el 28 de septiembre con agentes voluntarios en la sala 6.1 del tribunal, la misma en que fue enjuiciado el llamado â??Cara cortadaâ? en 1930, según informó el tribunal.
Los archivos serán â??desempolvadosâ? para la representación del sonado caso que trajo ante la justicia por primera vez al conocido barón de la cerveza.
Capone comenzó su carrera en Brooklyn antes de trasladarse a Chicago y convertirse en la figura del crimen más importante de la ciudad.
Hacia finales de los años 20, Capone ya estaba en la lista de â??más buscadosâ? del FBI. En el juicio de Miami los cargos fueron sobreseídos.
Sin embargo, después fue juzgado por evasión fiscal en 1931, donde recibió una condena de 11 años de prisión. Fue enviado a prisión en Atlanta en 1932 y luego en 1939 a Alcatraz.
Tras cumplir una condena de 11 años, en 1947 murió de sífilis en Miami Beach, Florida.
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Que dicen legisladores si arreglan/mejoran la transparencia
Legisladores federales coincidieron en que se requiere adecuar el marco legal en materia de transparencia y acceso a la información, para ampliar las obligaciones en la rendición de cuentas por parte de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Subrayaron que además de estos poderes públicos, se debería incluir a los organismos que poseen autonomías constitucionales e incluso a los sindicatos, para que sean igualmente sujetos a mayores obligaciones de transparencia y rendición de cuentas.
Al participar los trabajos de la Séptima Semana Nacional de Transparencia, el coordinador de Convergencia en el Senado, Luis Maldonado Venegas, anunció que presentará una iniciativa para eliminar los costos de opacidad e impunidad que hay en los sindicatos mexicanos.
Con respecto a la resistencia de algunos líderes sindicales a esta reforma legal, el senador advirtió que «invocar la gobernabilidad para provecho de cúpulas facciosas y en perjuicio de millones de trabajadores, es una extorsión inadmisible».
En el evento, que se llevó a cabo en la Cancillería, Maldonado subrayó que los recursos sindicales deben considerarse fondos públicos y eliminar viejas prácticas de poder político con absoluta discrecionalidad y opacidad.
Agregó que además se buscará subsanar la falta de transparencia en el manejo de los fondos o prerrogativas que ejercen los grupos parlamentarios y las Juntas de Coordinación Política en las cámaras del Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados.
En lo que respecta a senadores, diputados federales y locales, indicó, debe hacerse una reforma, ya que «los legisladores no tendremos autoridad moral para exigirle a otras instancias rendir cuentas y transparencia».
A su vez, el presidente del Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información del Senado, Raúl José Mejía González, dio a conocer que en breve se propondrá un nuevo reglamento sobre derechos y obligaciones de los legisladores.
Por su parte, el diputado Agustín Castilla Marroquín, del PAN, informó que su bancada acordó presentar, en el próximo periodo ordinario de sesiones, una segunda generación de reformas constitucionales y legales para el escrutinio social sobre el uso y destino de los recursos públicos.
El grupo parlamentario, dijo, discutió recientemente su agenda legislativa y concluyó que subsisten resquicios en el andamiaje constitucional y legal de la materia, así como resistencias de diversos actores constitucionales para emprender actos públicos totalmente transparentes y sujetos a procesos de revisión y, en su caso, de sanción.
Castilla Marroquín comentó que sobre la mesa de debate está la necesidad de reconocer al IFAI como un órgano constitucional autónomo, a fin de fortalecer sus resoluciones, y el revisar la legislación para darle fuerza legal a sus decisiones.
En su oportunidad, el diputado local del Congreso de Michoacán, Enrique Leopoldo Bautista, aseguró que la transparencia en México ha cambiado de contexto, es decir, pasó de ser un secreto de Estado a formar parte del ciudadano, como principal beneficiario de la misma
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Presidencia enfadada por multa del IFE
La Presidencia de la República impugnó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la resolución del IFE, respecto a que es propaganda gubernamental el mensaje que emitió en cadena nacional el presidente Felipe Calderón en tiempo electoral prohibido.
El recurso de apelación fue presentado la víspera a través de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República ante el Instituto Federal Electoral (IFE), que a su vez lo deberá turnar a la Sala Superior del TEPJF.
En su sesión del 21 de julio, el Instituto Federal Electoral resolvió que el mensaje de Calderón Hinojosa, difundido el 15 de junio, sí era propaganda gubernamental y que se transmitió en tiempo electoral prohibido.
Sin embargo, determinó que no podía sancionar al jefe del Ejecutivo, porque el Artículo 108 Constitucional establece que el presidente sólo podrá ser juzgado por traición a la patria y delitos graves del fuero común.
Un día después de la sesión del órgano electoral, el 22 de julio, la Secretaría de Gobernación (Segob) anunció que impugnaría la resolución y que por primera vez combatiría formalmente ante una instancia jurisdiccional una decisión del IFE.
El subsecretario de Gobierno de la dependencia, Roberto Gil Zuarth, calificó el fallo como una â??censuraâ? que sentaría â??un precedente sumamente graveâ?.
Dijo además que el Instituto Federal Electoral no tiene atribuciones para llamar al gobierno de la República y a su titular a un procedimiento de carácter sancionatorio.
â??La censura acordada ayer del discurso presidencial por parte del IFE es insostenible y es convicción del gobierno federal que con ella se invaden las facultades del presidente de la República y además se soslaya el derecho a la información de los ciudadanosâ?, aseveró el funcionario.
Además â??carece de toda lógica que se exija al presidente, desde el IFE, que guarde silencio frente al tema de la seguridad, cuando en la víspera de su mensaje a la nación se registró uno de los episodios de mayor violencia en el marco del combate a las organizaciones criminalesâ?, añadió en esa ocasión.
Cabe recordar que el 27 de julio pasado el Partido Acción Nacional (PAN), a través de su representante ante el IFE, Guillermo Bustamante, impugnó ante el máximo tribunal electoral la resolución del instituto, y afirmó que éste â??no tiene competencia alguna para instaurar un procedimiento especial sancionador contra el titular del Ejecutivoâ?.