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El escándalo por las escuchas ilegales que tuvieron lugar en Colombia durante el anterior gobierno de ílvaro Uribe parecerí­a crecer como espuma, después de que se conoció que el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), la policí­a secreta, instaló micrófonos en la Corte Suprema de Justicia e interceptó comunicaciones del hoy presidente Juan Manuel Santos, cuando era ministro.

El DAS elaboró perfiles polí­ticos de Santos y de su actual ministro de Interior y Justicia, Germán Vargas â??miembro de la coalición que apoyaba a Uribeâ??, donde se analizan sus fortalezas y debilidades.

Los detalles de las escuchas, confesados por ex funcionarios del DAS que están siendo procesados y que han pedido perdón a sus victimas, han generado malestar polí­tico, seis semanas después de que Uribe dejó el poder.

Todo ocurre cuando cuatro altos ex consejeros de Uribe han sido llamados a declarar ante la Fiscalí­a en el mismo caso.

En diálogo con medios de comunicacion, el historiador Juan Carlos Flórez, quien fue concejal de Bogotá, define el caso como «una conspiración con enormes tentáculos» y se queja de que en Colombia «parte de la inteligencia del Estado ha sido usada con fines criminales».

«Estos son procedimientos de regí­menes autoritarios, que a veces una parte de la sociedad suele perdonar cuando un gobierno dispone de gran popularidad y confronta a adversarios que deben ser eliminados, como ocurrió en Perú en la época de Alberto Fujimori«, agrega Flórez.

Hace poco se conoció la confesión de Alba Luz Flórez, una ex detective del DAS, que se infiltró en la Corte Suprema y que empezó a ser llamada la «Mata Hari» colombiana.

La mujer relató qué hizo para escuchar y grabar sesiones de la Corte, y sacar copias de expedientes de algunos congresistas amigos de Uribe que estaban siendo investigados por relaciones con los paramilitares de derecha, en lo que ha sido llamado el escándalo de la «parapolí­tica».

Cuando se reveló la declaración de la «Mata Hari», el presidente de ese tribunal, Jaime Arrubla, calificó el hecho como «aterrador».

El magistrado cree que cuando la Corte inició la investigación por la «parapolí­tica» â??donde casi un centenar de congresistas y ex congresistas están siendo procesadosâ??, empezaron «todos estos montajes, infiltraciones y, fuera de eso, amenazas, esto ha sido un calvario que todaví­a no termina»

Otra de las victimas de los seguimientos e interceptaciones telefónicas, conocidas en Colombia como las «chuzadas», es el columnista Ramiro Bejarano, un duro opositor de Uribe, quien dirigió la policí­a secreta entre 1994 y 1995.

El abogado dijo que cree que comenzó a ser blanco de interceptaciones en 2006, cuando Uribe fue reelegido para un segundo mandato.

Según Bejarano, un gobierno como el de Uribe, «que está en ese nivel de paranoia y de abuso, comienza chuzando a los opositores, a los enemigos, a los crí­ticos, pero después se vuelve insaciable y termina chuzando inclusive a los mismos amigos. Eso obedece a una cultura de desconfianza»

Uribe siempre ha negado que patrocinara las escuchas. A fines de abril, cuando un estudiante universitario le preguntó enla ciudad de Cali por el escándalo, respondió que «si el gobierno ordenara espionajes ilegales, tendrí­a que ir a la cárcel, empezando por el presidente».

Y el entonces mandatario se quejó: «Yo también he sido interceptado, el vicepresidente ha sido interceptado y el comandante de la policí­a ha sido interceptado».

En esa misma oportunidad, Uribe rechazó que desde la misma Corte Suprema se estuviera comparando el escándalo de las escuchas ilegales con lo que ocurrió con el de Watergate, que le costó la presidencia de Estados Unidos a Richard Nixon, a comienzos de los años 70.

El filósofo Andrés Mejí­a, quien trabaja para el conservador Instituto de Ciencia Polí­tica en Bogotá, considera que hasta ahora no hay pruebas que involucren a Uribe.

«Hasta el momento no hay un solo hecho, un solo elemento probatorio que muestre responsabilidad alguna del presidente de la República. Y en cuanto a sus funcionarios subordinados, hay algunos indicios que podrí­an indicar algún grado de responsabilidad», aseguró Mejí­a en una entrevista con BBC Mundo.

Mejí­a y Flórez coinciden en que el escándalo le causa mucho daño al sistema democrático colombiano.

El presidente Santos, quien ratificó al director del DAS que estaba al final del gobierno de Uribe, ha guardado silencio sobre las revelaciones de que él también fue interceptado.

Pero su ministro de Interior y de Justicia, Germán Vargas, ha sugerido que el gobierno desclasifique los archivos de inteligencia.

Aún no se sabe hasta dónde llegará la investigación y la Fiscalí­a está a punto de tomar decisiones judiciales sobre al menos una ex directora del DAS, Marí­a del Pilar Hurtado