Las empresas del sector tecnológico – desde las proveedoras de acceso a la internet a las de contactos sociales y las que compartes los videos – se preparan para el proyecto de ley que será difundido esta semana sobre un acuerdo comercial que podría minar todo tipo de actividades en la web.
El acuerdo, negociado por Estados Unidos y más de una decena de socios comerciales, tiene como fin crear un marco internacional para combatir las falsificaciones, violar los derechos reservados y otros delitos contra la propiedad intelectual. Empero, los escépticos advirtieron que podría perjudicar la libertad de expresión al hacer responsables a las compañías de alta tecnología por las transgresiones de sus usuarios.
«Si las empresas de la web son responsabilizadas de una forma muy general, esas empresas comenzarán a examinar y censurar o reducir su apertura a los usuarios», opinó David Sohn, asesor del Centro para la Democracia y la Tecnología, un grupo de interés que defiende las libertades civiles en la web. «tendrán que ejercer un control verdaderamente rígido».
El gobierno del presidente George W. Bush comenzó a negociar el Acuerdo Comercial contra las Falsificaciones, ACTA por sus siglas en inglés, en el tercer trimestre del 2007 a fin de armonizar la protección a la propiedad intelectual en las naciones. El acuerdo cubriría desde los productos farmacéuticos falsificados a los bolsos falsos de Prada al robo en la web de música y videos. Una vez ratificado, el acuerdo comercial entraría en vigencia y cada país podría encarar denuncias por su incumplimiento.
Desde el primer momento, las negociaciones han sido muy polémicas. Para empezar, los países considerados la mayor fuente del robo de la propiedad intelectual – como China e Indonesia – no participan. Entre las naciones participantes figuran los estados miembros de la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, Canadá, México, Marruecos, Nueva Zelanda, Singapur, Suiza y Australia.