Etiqueta: inconstitucionalidad

  • SCJN da revez a congreso Oaxacaqueño

    La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó un decreto mediante el cual se reformaron y derogaron diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Oaxaca y del Reglamento Interior del Congreso de ese estado.

    Los ministros del alto tribunal invalidaron las modificaciones que entraron en vigor el 23 de julio de 2010, respecto a la integración y competencia de la Junta de Coordinación Política.

    El argumento para tomar esa decisión es que se encontró una violación «trascendente» durante el proceso legislativo, «con relevancia invalidatoria».

    En la resolución señalaron diversas irregularidades durante la votación, que dio como resultado la falta de certeza en el número de votos de los legisladores en detrimento de la seguridad jurídica indispensable para conocer con certeza la voluntad del órgano legislativo, recalcaron.

    La resolución surtirá efectos a partir de la notificación al Poder Legislativo de la entidad, que se emitió debido a que los legisladores que aprobaron las reformas violaron el procedimiento, pues en un solo día presentaron la iniciativa y la votaron bajo el argumento de ser «urgente y de obvia resolución».

    Durante la sesión se detalló que para la aprobación de las modificaciones no existió dictamen y por lo tanto, la minoría no conoció el proyecto, por lo que algunos ministros calificaron el procedimiento de «desaseado».

    De esta manera, la SCJN resolvió una acción de inconstitucionalidad que promovieron diputados de la 60 Legislatura de Oaxaca, por considerar que las reformas a la ley y el reglamento citado eran contrarias a la Constitución federal.

  • Mexico «contento» con demanda a la ley SB1070

    El gobierno de México expresó su beneplácito por la decisión de su similar en Estados Unidos de interponer acciones legales para impedir la entrada en vigor de la ley SB 1070 en el estado de Arizona y declarar su inconstitucionalidad.

    En un comunicado, la Secretarí­a de Relaciones Exteriores (SRE) informó que esta decisión del Ejecutivo estadounidense se suma a las acciones ya presentadas en contra de la Ley SB 1070.

    Entre estas, la demanda presentada por un grupo de organizaciones civiles y a la que el gobierno de México apoyó bajo la figura de â??Amigo de la Corteâ? o Amicus Curiae el pasado 22 de junio.

    Reiteró el reconocimiento del gobierno de México al derecho soberano de todos los paí­ses para adoptar leyes y polí­ticas públicas que deban aplicarse en su territorio.

    â??Sin embargo, cuando una medida como la SB 1070 afecta potencialmente los derechos civiles y humanos de miles de mexicanos, el gobierno de México tiene la obligación de proteger los derechos y la dignidad de sus nacionalesâ?, sostuvo.

    Apuntó que el gobierno de México continuará dando seguimiento puntual a este proceso y ratifica su firme compromiso con la protección y los derechos de los mexicanos en el extranjero

  • PGR quiere no ser transparente

    La PGR no sólo apoya la acción de inconstitucionalidad que restringe las facultades de órgano local de transparencia de Campeche, también ha iniciado una serie de juicios ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para no cumplir diversas órdenes que le ha dado el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI).

    Como parte de su estrategia para no dar a conocer información pública o retrasar su entrega, aunque no exista una reforma que lo autorice explícitamente, la PGR ha optado por impugnar las decisiones del IFAI.

    Uno de los juicios que ha impulsado el procurador es el que promovió para no dar a conocer el expediente sobre las personas desaparecidas durante la llamada guerra sucia, relacionado con el caso Rosendo Radilla, y que el IFAI ordenó se le entregara a la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.

    A la par, el titular de la PGR y la administración calderonista litigan ante la Corte para que declare infundados dos juicios que inició desde el año pasado en su contra la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por haber impulsado y avalado la aprobación de una reforma que prohibió el acceso a las averiguaciones previas de la PGR