Justificación Teórica de los Órganos Constitucionales Autónomos
La creación de órganos constitucionales autónomos en México se basa en dos premisas fundamentales:
Eficiencia y Efectividad Gubernamental: La dotación de autonomía constitucional a instituciones especializadas mejora el desarrollo de sus tareas. Esta práctica es reconocida a nivel internacional y se aplica a una amplia variedad de temas y funciones gubernamentales.
Independencia de las Funciones Estatales: Aislar ciertas funciones estatales de las intervenciones del Ejecutivo y las presiones políticas garantiza la independencia de decisiones cruciales.
Iniciativa Presidencial de Simplificación Administrativa
La iniciativa presidencial de “simplificación administrativa” propone eliminar cuatro órganos constitucionales autónomos y tres descentralizados, regresando sus atribuciones a las dependencias del Ejecutivo Federal. Estos órganos incluyen:
Comisión Federal de Competencia Económica
Instituto Federal de Telecomunicaciones
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI)
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
Comisión Reguladora de Energía
Comisión Nacional de Hidrocarburos
Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación
Análisis del Impacto en el INAI
El análisis se centrará en el caso específico del INAI. A continuación, se presentan algunos puntos clave:
Presupuesto y Austeridad Republicana: El presupuesto del INAI representa solo el 0.01% del gasto total del gobierno federal y ha disminuido un 24.4% desde 2018.
Percepción Pública sobre el Derecho a la Información: Según una encuesta del INEGI, el 72.3% de la población considera que todos tienen derecho a conocer la información generada por el gobierno. Sin embargo, el 66.6% de quienes consultaron páginas gubernamentales no encontraron la información deseada.
Aumento de Recursos de Revisión: Ha habido un aumento constante de recursos de revisión por la negativa o entrega incompleta de información. La Secretaría de la Función Pública, que asumiría las funciones del INAI, estuvo entre los cinco sujetos con más recursos de revisión en 2023.
Relevancia de la Autonomía del INAI
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos subraya la necesidad de una institución independiente que centralice y canalice las solicitudes de información, protegiendo el derecho a saber de la población. El Acuerdo de Escazú también resalta la importancia de fortalecer las capacidades para garantizar el acceso a la información y la participación pública en asuntos ambientales.
Conclusión: La Necesidad de Preservar la Autonomía
La autonomía de órganos como el INAI es crucial para evitar que el gobierno sea juez y parte en la entrega de información. La Secretaría de la Función Pública no puede exigirse a sí misma transparencia, por lo que la independencia del INAI debe preservarse para garantizar el acceso a la información pública.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) aseguró que analizará la reforma constitucional presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados, que busca desaparecer a los órganos autónomos.
“Referente a la iniciativa de reforma presentada por el Titular del Ejecutivo, el INAI hace del conocimiento público que analizará detalladamente su contenido, así como las acciones a emprender, conforme a sus atribuciones”, dijo el organismo en una comunicación publicada en redes sociales.
El INAI aseguró que actuará apegado a la legalidad y de acuerdo con las facultades con las que cuenta para dar cumplimiento a su mandato constitucional, por lo que vigilará que sean respetados los derechos fundamentales que tutela, es decir, el acceso a la información pública y la protección de datos personales.
Nada desnuda con mayor claridad la verdadera identidad del actual régimen, que el aviso del presidente López Obrador de que el próximo año enviará al Congreso una iniciativa para desaparecer a los organismos autónomos, -principalmente el INAI-, que tiene como objetivo transparentar ante los ciudadanos toda la información de cualquier nivel de gobierno, así como el TRIFE, que es el tribunal electoral que definirá jurídicamente las controversias que surjan después de la elección del 2024.
Es evidente que en el centro de esta iniciativa está la aversión que este gobierno tiene a ser fiscalizado en el manejo de los presupuestos y su obsesión por retener el poder absoluto controlando los resultados electorales. Hoy vemos que los recursos económicos que opera el gobierno federal se gastan con total opacidad, evitando rendir cuentas, -tanto de la entrega de las licitaciones-, como del uso final del presupuesto.
En el paquete destructivo también se englobará a la COFECE, y la COFETEL, entre otros organismos autónomos.
Sin embargo, para desaparecer estos organismos, -hasta hoy independientes-, es necesario hacer cambios en la Constitución y para ello se requiere contar con el número de votos de una mayoría calificada, que seguramente MORENA y sus aliados no lograrán sumar, y eso lo sabe el presidente.
La pregunta que surge obligadamente es… ¿Qué pretende el presidente al enviar al Congreso una iniciativa que será rechazada?
Seguramente ese rechazo le permitirá crear una narrativa victimizadora que hable de la pretensión de sus adversarios políticos de conservar privilegios, -y con ello-, él justifique la ofensiva final en contra de los organismos autónomos, destrozando su credibilidad y el respeto que hasta hoy tienen por parte de la ciudadanía. Lo más probable es que el tema del combate a la corrupción sea el eje de esta campaña desestabilizadora.
Sin embargo, -dando por sentado que él está seguro de que Claudia Sheinbaum ganará la elección-, este será el argumento que justificará la necesidad de que el próximo gobierno cuente con el apoyo de un Congreso dominado por MORENA y que la 4T tenga el número de escaños que le permitan alcanzar la mayoría calificada, para realizar todos los cambios constitucionales que siempre ha deseado. De este modo construirá para su sucesor un poder absoluto que garantice la permanencia indefinida de los gobiernos de la Cuarta Transformación, en los cuales él será el “poder detrás del trono”.
Por tanto, esta iniciativa y su posible rechazo por parte de la actual legislatura, marcará el inicio de su propia campaña electoral para el 2024 en busca del voto ciudadano, -no solo para su candidata a la presidencia de la república-, sino para el control del Congreso, -o sea-, el Poder Legislativo.
La campaña por el control del Congreso en el 2024 será la “madre de todas las batallas” electorales y en ello debe fijar su atención la oposición.
El presidente López Obrador por fin ha desnudado su aversión al modelo de gobierno democrático, sustentado en la separación de poderes constitucionales y el respeto que entre ellos debe existir.
¿Cómo se denomina un gobierno opaco… al que no le gusta transparentar sus decisiones ni tolera contrapesos?… Seguramente usted ya tiene la respuesta.
¿QUIÉN ES RESPONSABLE DE LA SEGURIDAD? Después del enfrentamiento entre agricultores de Texcaltitlán e integrantes del Cártel de la Familia Michoacana, quienes se rebelaron violentamente en contra de este grupo delincuencial -que costó la vida de once delincuentes y tres agricultores-, el presidente López Obrador sólo acertó a decir que «la extorsión se combate entre todos».
Utilizar los recursos del Estado Mexicano para pacificar al país es una obligación del gobierno y no una decisión a criterio de quien gobierna. Por tanto, no puede renunciar a esta obligación. «Abrazos … no balazos» como política de estado, es una violación flagrante de nuestra Constitución.
Ha sido imposible frenar el crecimiento de los grupos delincuenciales, que se encuentran plenamente identificados por los pobladores de cada zona del país.
Detrás de cada muerte violenta -así como de cada desaparición forzada- hay una tragedia familiar, frente a la cual se da una ofensiva insensibilidad gubernamental. ¿A Usted qué le parece?
La pretensión del presidente, -de decretar que los cargos de ministro de la SCJN estén sujetos a designación electoral popular-, no tiene sustento.
Lo mismo ha manifestado respecto al INE y el INAI.
Su enojo y deseo de venganza se derivan del veredicto de la corte respecto a la primera parte del “Plan B”, promovido personalmente por él en el Senado.
Sin embargo, lo único que evidenció la SCJN fue la forma en que se llevó a cabo el procedimiento legislativo, -desaseado, inequitativo con los partidos minoritarios y generando conflicto-, y no el contenido del “Plan B”.
Por tanto, la SCJN no calificó el qué, sino el cómo actuaron los legisladores, pues se ejerció violencia innecesaria.
Esta conducta de la bancada de MORENA en el Senado llama la atención, pues teniendo este partido junto con sus aliados la mayoría legislativa simple, -suficiente para lograr su propósito-, era innecesario romper las reglas y agredir los derechos de los partidos minoritarios, que fueron los que acudieron ante la Suprema Corte.
Por tanto, esto parece ser una provocación planeada por el presidente para generar una reacción que conduzca a un conflicto, ya que la provocación le permite victimizarse argumentando un complot de los conservadores en contra de la “transformación de México”.
Esto le ofrece la oportunidad de construir una narrativa de alto impacto para hacer campaña y así convencer a la ciudadanía de que necesita tener mayoría legislativa calificada, -o sea 75% de legisladores afines a su proyecto-, para hacer cambios constitucionales drásticos. Sustentado en estos argumentos solicitará a la ciudadanía su voto en las próximas elecciones.
Es inconcebible que el presidente intente deslegitimar a la SCJN, al INAI al INE y al TEPJF, argumentando que sus miembros no provienen de una elección popular.
Esto evidentemente responde a una venganza porque sus ministros y consejeros no se dejan influir o dominar a favor de los intereses de la 4T.
Hay cargos muy técnicos como estos, que requieren conocimientos y experiencia que no se deriva del simple sentido común, sino del conocimiento preciso de las leyes. Por ello es que otro poder, -el Legislativo-, los designa después de un proceso de selección donde se evalúa su currícula.
En contraste, cualquier mexicano por nacimiento, -mayor de 35 años-, puede asumir el cargo de presidente de la república, siempre y cuando sea elegido por la mayoría simple de votantes, independientemente de sus capacidades y experiencia.
Consideremos que el peso de la operación del Gobierno Federal recae en la institución del Poder ejecutivo y en una estructura funcional y el presidente asume el rol de líder supremo, lo que no sucede en la SCJN, el INE y el INAI, donde ministros y consejeros son los responsables de sustentar los proyectos asignados.
Estas son las reglas impuestas por nuestra Constitución y por lo tanto, los unos y el otro son legítimos.
Sin embargo, cuando el sentimiento popular es azuzado para deslegitimar, se está actuando en contra del Estado de Derecho, pues se está saboteando al orden constitucional.
Esta propuesta presidencial de modificar la Constitución para que los candidatos a estos cargos sean elegidos por votación popular, responde a una visión populista.
Es urgente entender qué es el “populismo”, como corriente política. Es la manipulación del ánimo colectivo exacerbando las emociones de la ciudadanía, para controlarlas y dirigirlas hacia donde están los intereses de quien se erige como caudillo, disfrazando de democráticas las decisiones personales que pretende imponer.
Disparate
La amenaza de Ricardo Monreal de someter a juicio político a los ministros de la SCJN por ejercer la función y las responsabilidades y atribuciones que la Constitución les asigna es un disparate inentendible en boca de quien hasta ahora había sido una de las poquísimas mentes lúcidas de la 4T, caracterizada esta corriente política, por la ignorancia y la soberbia.
El Poder Legislativo no tiene control sobre la actuación del otro poder, que junto con el Ejecutivo y el Legislativo, conforman los Tres Poderes de la Unión. Este equilibrio entre los poderes es lo que legitima la democracia
Que constitucionalmente tenga el Senado la atribución de seleccionar a los ministros de la SCJN no significa que tenga también control sobre su actuación.
Ricardo Monreal no se está dando cuenta del impacto que una declaración incendiaria como esta tiene en su reputación, hasta hoy percibido como político instruido, mesurado y abierto a la conciliación. Hasta hoy ha sido una garantía de equilibrio político, pero con esta amenaza pone en evidencia su sometimiento a las órdenes del presidente, lo cual denigra a la independencia que debe tener el Poder Legislativo.
Su imagen personal como un interlocutor conciliador le había generado un respeto construido en toda una carrera política a lo largo de su vida. Para echar abajo ese capital político, basta una amenaza disparatada como esta.
Su trayectoria personal rebasa las veleidades de este gobierno… ojalá recapacite y defina de qué lado de la historia quiere quedar.
Gran… Gran… Gran Bajío
Este proyecto, -denominado Gran Bajío-, representa una gran visión constructiva y de colaboración entre el sector empresarial y las autoridades de los estados que conforman la región geográfica denominada El Bajío.
Este gran proyecto de alcance global nació de la iniciativa del sector empresarial. Está siendo promovido por un líder natural, Julio Di Bella Roldán, apoyado por un gran equipo de colaboradores y socios.
Lo que nos enseña este gran proyecto es que al margen de las veleidades políticas que vivimos hoy, -cuando hay interlocución confiable y un liderazgo visionario-, empresarios y autoridades gubernamentales, -independientemente de las condicionantes ideológicas de sus partidos políticos-, se pueden unir alrededor de la construcción de un gran proyecto como este, que está teniendo repercusión global, participando en ferias internacionales.
Este gran proyecto promueve globalmente la inversión, alianzas estratégicas y sinergias de la iniciativa privada de “El Bajío”, con capitalistas y grandes empresas multinacionales y mexicanas, contando con el apoyo comprometido de autoridades estatales y municipales.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, podría volver a enfrentarse con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la revisión del caso del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
La SCJN admitió un trámite de queja presentado por el INAI después de que la ministra Loretta Ortiz Ahlf negara al órgano sesionar con cuatro integrantes. El ministro Javier Laynez será el encargado de analizar la validez de que la ministra haya negado otorgar la suspensión.
El INAI ha estado sin poder sesionar desde el primero de abril pasado, debido a que no cuenta con el quórum necesario para llevar a cabo reuniones, tras el ‘bloqueo’ de Morena al nombramiento de al menos uno de los comisionados del INAI.
El presidente López Obrador ha criticado previamente a la Suprema Corte por anular la primera parte del ‘Plan B’ de reforma electoral, propuesta desde Palacio Nacional. Además, ha propuesto que las y los ministros sean elegidos por voto popular y ha respaldado la iniciativa de Morena de desaparecer al INAI y transferir sus funciones a la Secretaría de la Función Pública o la Auditoría Superior de la Federación.
El phishing es la técnica utilizada por ciberdelincuentes para obtener información de cuentas bancarias y/o de seguridad social, contraseñas, entre otros datos, enviando mensajes para suplantar a una entidad legítima como puede ser un banco, una red social, un servicio o una entidad pública.
Ante tal situación, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso de la Información y Protección de Datos Personales (Inai) recomienda lo siguiente:
Antes de ingresar los datos personales en un formulario o página web, revisar si cuenta con una política o aviso de privacidad para saber el uso que se dará a la información solicitada. Evitar ingresar a sitios web a través de enlaces que se reciben por correo electrónico, servicios de mensajería o publicaciones en redes sociales. En su lugar, teclear la dirección del sitio directamente en el navegador. Comprobar que la dirección de la página web comience con https:// e incluya un pequeño candado cerrado en la barra de estado del navegador. Establecer filtros de correo no deseado y fraudulento. Prestar atención en la redacción, faltas de ortografía o signos extraños de los sitios y mensajes en línea. Si el mensaje obliga a tomar una decisión de manera inmediata, se recomienda verificar directamente con el servicio que lo solicita para corroborar la autenticidad de la solicitud. Evitar descargar archivos de fuentes no confiables o remitentes desconocidos. Revisar de forma periódica los estados de cuenta bancarios y departamentales, con la finalidad de identificar cualquier transacción o movimiento irregular. Evitar proporcionar datos personales o información confidencial a través de llamadas telefónicas o en sitios que parezcan sospechosos o de los cuales se desconfíe. Cambiar contraseñas frecuentemente. En caso de haber sido víctima de phishing, recopilar toda la información que sea posible: correos, capturas de conversaciones mediante mensajería electrónica, documentación enviada. Van Ibarra Cadena y Guerra Ford por presidencia del INAI
El Instituto señala que otras variedades de phishing son el smishing que consiste en mensajes alertando a la persona de que ha sido ganador de un “premio”, comúnmente la víctima responde con alguna acción como llamar a un número telefónico, hacer clic en un enlace en donde se le solicitarán datos personales, de cuentas bancarias, contraseñas o incluso números de tarjetas; el vishing, práctica que consiste en el uso de la línea telefónica convencional y técnicas sociales para engañar a las personas y obtener información confidencial, datos personales, contraseñas o información útil para el robo o suplantación de identidad.
Seguir estas recomendaciones contribuirá a evitar ser víctimas de los ciberdelincuentes.
El INAI invita a la sociedad a visitar el micrositio #IdentidadSegura, que proporciona información y herramientas sobre cómo proteger sus datos personales y así reducir el riesgo de que su identidad sea robada y, en caso de haber sido víctimas, conocer qué hacer y ante quién acudir https://micrositios.inai.org.mx/identidadsegura/.
El pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales interpondrá una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra los artículos nueve y 31 de la Ley de Seguridad Interior.
Las comisionadas Ximena Puente de la Mora y Patricia Kurczyn Villalobos, del Inai, coincidieron en la necesidad de superar las desigualdades que existen entre hombres y mujeres en materias educativa y laboral
El ex consejero presidente del otrora Instituto Federal Electoral (IFE), José Woldenberg, encabezó la presentación del Cuaderno de Transparencia «Por una cultura de la transferencia de México», hoy en el Salón Luis Javier Solana de la sede del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai)
México vive proceso profundo en materia de transparencia. México vive un proceso de cambio importante y profundo en materia de transparencia con la reforma estructural a la Constitución Política en este tema, de la que se ha creado una Ley General en la materia, afirmó Ximena Puente de la Mora.
La comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) señaló que en ese proceso las entidades son parte fundamental.
Participante en la reunión de instalación de la Comisión Ejecutiva de Gobiernos Abiertos, Transparencia y Rendición de Cuentas de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), indicó que el INAI ha trabajado con los ejecutivos estatales.
Destacó el impulso al trabajo de fondo con las entidades del país en la armonización de las leyes estatales en materia de transparencia que al cumplirse el plazo constitucional, marcado al 5 de mayo, aprobaron 29 leyes en los estados.
La también presidenta del Sistema Nacional de Transparencia anotó que hay tres entidades pendientes de aprobar la armonización de sus marcos legales de transparencia y se espera que lleven a cabo ese proceso a la brevedad posible.
El reto que enfrentaban el Sistema Nacional de Transparencia y la Conago en la aplicación de las leyes de transparencia se superó con el piso mínimo, ahora el siguiente paso es adaptar esta normatividad, subrayó.
Ante la gobernadora de Sonora y sus homólogos de Oaxaca, Nuevo León, Colima, Aguascalientes, Baja California Sur, Querétaro y Nayarit planteó la necesidad de que las entidades cuenten con leyes fuertes y de vanguardia, así como con organismos autónomos.
Asimismo, planteó, que cuenten con la confianza ciudadana a través de políticas de acceso a la información y de gobierno abierto.
Puente de la Mora consideró que la Comisión Ejecutiva de Gobiernos Abiertos, Transparencia y Rendición de Cuentas de la Conago marca un “antes y después” en el compromiso de los gobiernos estatales en esta materia.
Refrendó el respaldo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y del Sistema Nacional de Transparencia para fortalecer las políticas públicas en la materia en las entidades federativas.
