En declaraciones hechas a la prensa en Managua, Zelaya dijo que en la denuncia incluirá, además, a los comandantes de las fuerzas armadas, a la cúpula del Congreso, y a un fiscal y un juez que, según él, emitieron «todo tipo de resoluciones a espaldas de todo procedimiento jurídico» para facilitar su derrocamiento.
«El fiscal de la Corte Penal Internacional va a recibir esta demanda que está claramente orientada a que se abra un juicio con todos los fundamentos de ley y se proceda a hacer una investigación», afirmó el mandatario depuesto.
Y detalló que la acusación es por violación de sus derechos individuales y los derechos colectivos del pueblo hondureño.
Zelaya hizo el anuncio tras reunirse con el embajador de Estados Unidos en Tegucigalpa, Hugo Llorens, en la sede diplomática de Honduras en Managua.
Durante el encuentro, el presidente depuesto le pidió a Washington «recrudecer de forma más enérgica, más fuerte y con mayor decisión» sus medidas contra las nuevas autoridades de su país.
«Lo que está pasando en Honduras es una burla para el propio Estados Unidos. Es un reto y un desafío para la comunidad internacional», aseguró.
Zelaya le hizo la misma petición a los países de América Latina y a la Unión Europea, así como a las Naciones Unidas y a la Organización de Estados Americanos (OEA), entre otros organismos.
Por su parte, Micheletti acusó a Estados Unidos de «intromisión» por la reunión que su embajador en Tegucigalpa mantuvo con el mandatario depuesto de Honduras.
La Casa Blanca anunció esta semana la suspensión de las visas diplomáticas a cuatro funcionarios del gobierno encabezado por Micheletti, quien sustituyó a Zelaya en la presidencia tras el golpe de Estado del 28 de junio y no es reconocido por la comunidad internacional.
La OEA, que a principios de julio suspendió a Honduras, tiene previsto mantener este viernes una serie de reuniones para discutir la crisis política en el país centroamericano.
Roberto Micheletti, presidente interino de Honduras
El organismo respalda la propuesta del presidente de Costa Rica, í?scar Arias, quien ha actuado de mediador entre Zelaya y el gobierno de facto.
Arias propone un acuerdo que incluye el retorno al poder del mandatario depuesto, una amnistía y el adelanto de las elecciones previstas para noviembre. La administración de Micheletti aún no se ha manifestado al respecto.
El gobierno interino ha propuesto, en cambio, una nueva misión internacional para ayudar a resolver la crisis tras el golpe de Estado.
Sin embargo, un asesor de Micheletti, Enrique Ortez Colindres, dijo a BBC Mundo que «no hay la más mínima posibilidad de que Zelaya regrese a Honduras»
Entre tanto, la presencia de Zelaya en Managua, donde se ha instalado con la esperanza de poder regresar a Honduras, ha generado polémica en Nicaragua.
El vicepresidente nicaragí¼ense, Jaime Morales, dijo que el mandatario depuesto debería asumir con «pragmatismo» que ya no es el jefe de Estado hondureño.
Morales también criticó los llamados a la insurrección realizados por Zelaya desde Managua, a los que calificó de «imprudentes», fundamentalmente porque fueron efectuados desde la zona fronteriza que es «explosiva y peligrosa».
Por su parte, la oposición nicaragí¼ense le pidió al presidente depuesto que abandone cuanto antes el país.
El Partido Liberal Constitucionalista (PLC), liderado por el ex presidente Arnoldo Alemán, le exigió a Zelaya que «ante su conducta irrespetuosa de nuestra soberanía, su lenguaje guerrerista y la utilización de nuestro territorio nacional para organizar milicias populares de resistencia para atacar a su propio país, abandone Nicaragua de inmediato»