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Saint-Soi Souverin se sentó en un banco para tomar un descanso y reflexionar sobre su situación tras haber sido desalojado de la que era su vivienda desde hace años al otro lado de la frontera, en República Dominicana, lejos del refugio haitiano donde vive ahora.
Las autoridades dominicanas deportaron al agricultor de 35 años, junto a su esposa y sus cuatro hijos, a principios de esta semana y ahora piensa en qué hará en Haití – un país con una pobreza extrema del que salió a los 17 años para buscar empleo en la relativamente más prospera República Dominicana.
«No me estoy tomando esto muy bien «, dijo el jueves a la a AP en español, mientras su hija pequeña dormía en el suelo de concreto del refugio. «Me enviaron aquí con las manos vacías. Todo lo que tengo quedó atrás».
República Dominicana mantenía desde hace tiempo relaciones tensas con los trabajadores migrantes como Souverin pero ahora se está convirtiendo en un país decididamente más hostil hacia ellos.
Activistas de derechos humanos temen de decenas de miles de personas se enfrenten la difícil situación que vive ahora Souverin en las próximas semanas y meses dado que el gobierno dominicano prometió deportar a quienes no tengan la nacionalidad. Los afectados, en su mayoría procedentes de la vecina Haití o descendientes de haitianos, podían remitir solicitudes para establecer su residencia legal allí hasta el miércoles por la noche, cuando expiraba el plazo.
Se estima que unos 460.000 migrantes haitianos viven en República Dominicana, que comparte el territorio de la isla la Española con Haití. Funcionarios dijeron que casi 290.000 personas se apuntaron en el programa de registro de inmigrantes, pero solo unos 10.000 proporcionaron los documentos exigidos.
Muchos esperaban que las autoridades comenzasen las deportaciones de inmediato tras el final del plazo, pero el gobierno dijo que sería un proceso lento.
Las repatriaciones no serán «una caza de brujas», dijo el ministro del Interior, Ramón Fadul. «Será un proceso gradual, como debe ser, sin sorpresas repentinas».
Pero funcionarios dominicanos advirtieron también que la gente debería empezar a portar su documentación para demostrar que son residentes legales y evitar la deportación en el caso de que las autoridades les detengan.
Defensores de los inmigrantes criticaron el plan de registros calificándolo de discriminatorio, con independencia del ritmo al que se ejecuten las deportaciones.
Funcionarios militares y agentes de inmigración dominicanos han registrado constantemente comunidades con una alta concentración de haitianos y detuvieron a personas en base a su aspecto, dijo Wade McMullen, abogado del centro Robert F. Kennedy Center para la Justicia y los Derechos Humanos en Washington.
«República Dominicana se está disparando en el pie, y esto parece estar motivado por un beneficio político en el corto plazo», dijo en una entrevista telefónica. «En el largo plazo, van a darse cuenta de que no solo va a tener un significativo impacto económico, sino que el coste humano va a ser incluso mayor».
Una de las personas preocupadas por lo que puede pasar es Julio Mato, un conductor de moto-taxi de 27 años que dice que nació en el país de madre haitiana y padre dominicano.
Durante una entrevista telefónica, Mato dijo que muchas personas que conoce temen ser deportadas, y agregó que no entiende por qué República Dominicana quiere ahuyentar a los haitianos, que fundamentalmente ocupan trabajos con salarios bajos, normalmente en construcción y agricultura o como empleadas domésticas y jardineros.
«Vivimos de los haitianos y los haitianos viven de nosotros», dijo.
Fadul se mostró sorprendido por el número de personas que buscaba obtener la residencia legal, con decenas quejándose de haber sido rechazados tras el fin del plazo legal a medianoche del miércoles tras hacer fila durante más de 24 horas.
«No sé por qué han llegado miles de personas en los últimos días», dijo destacando que los registros comenzaron hace un año. «¿Quién los ha traído? ¿Por qué no vivieron antes?».
El programa comenzó el pasado junio luego de que trabas legales demoraran su inicio, previsto para 2004. Quienes no son ciudadanos pueden obtener la residencia legal si demuestran haber llegado a República Dominicana antes de octubre de 2011.
Souverin dijo que vivía en el país desde hacía casi dos décadas y que hace dos años obtuvo un documento oficial con ayuda de una organización sin ánimo de lucro, pero que le fue confiscado en la frontera a la vuelta de un breve viaje a Haití.
Acusó también a responsables escolares de incautar los papeles de sus hijos, nacidos en República Dominicana, obligándoles a dejar la escuela. Esta es una queja habitual entre los migrantes.
«Esto no me gusta nada», dijo. «¿Por qué me tratan así?»
El gobierno implementó el programa de registros en medio de críticas internacionales por la decisión de la Corte Suprema dominicana de 2013 que decía que, según la constitución, los nacidos en República Dominicana de padres no nacionales no estaban calificados para obtener la nacionalidad, a menos que uno de los progenitores fuese dominicano o tuviese la residencia legal. El falló convirtió a miles de personas en apátridas. Funcionarios dijeron que concederían la nacionalidad a unos 50.000 en esta situación.
Souverin es ahora uno de los casi 50 migrantes deportados que viven en un refugio en Haití, incluyendo una mujer que amamantaba a sus bebés.
El agricultor dijo que no sabe qué hará ni como mantendrá a su familia.
«No tengo casa», lamentó Souverin. «Perdí todos mis recursos».