El gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez, duda del propio dictamen de la Fiscalía de su estado, que confirma que los 4 cuerpos encontrados el fin de semana en la comunidad serrana de Santa Bárbara sí corresponden a los tres médicos y un abogado que desaparecieron la semana pasada.
Así lo aseguró Guadalupe Reséndiz, esposa de Raymundo Tepeque Cuevas, uno de los médicos desaparecidos, quien aseguró que el propio mandatario dijo a los familiares que él mismo continuará la búsqueda.
Exactamente, porque al otro día (de que se dio el dictamen) nos entrevistamos nosotros con el gobernador, le hicimos ver toda la serie de irregularidades que han pasado a raíz de este suceso. Él como gobernador nos respaldó y nos está brindando todo el apoyo; incluso estamos continuamente en contacto con él para hacerle saber precisamente toda la serie de irregularidades y todos los avances que hasta el momento se han tenido”, dijo.
La psicóloga Guadalupe Reséndiz enumeró algunas de las irregularidades que se han dado durante las investigaciones del caso por parte de la Fiscalía General de Guerrero, y que a los familiares de las personas desaparecidas les hacen dudar de los resultados oficiales.
Por principio de cuentas, aseguró que el vehículo en el que viajaban los médicos y el abogado desaparecidos fue movido de la escena del crimen y manipulado
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Rogelio Ortega no confia en su fiscal
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El incomodo silencio militar sobre los 43 de Ayotzinapa
Los investigadores independientes que trabajan en el caso de los 43 de Ayotzinapa, los estudiantes desaparecidos en el sur de México dijeron el lunes que aún esperan la autorización del gobierno para entrevistar a los soldados de servicio aquella noche.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo en conferencia de prensa que aún no ha recibido autorización del gobierno para entrevistar a los 36 soldados del batallón con sede en la ciudad de Iguala que estaban de servicio y salieron a las calles la noche del 26 de septiembre en la que desaparecieron los 43 de Ayotzinapa.
Los investigadores, que llevan cuatro meses desarrollando sus actividades, son críticos con la falta de colaboración por parte de las autoridades. En un comunicado afirmaron que sólo han recibido respuesta en el 54% de las peticiones de acceso a la información pública realizadas y el 25% de las respuestas están incompletas.
«La única respuesta oficial que hemos recibido es que aún no hay respuesta», dijo Francisco Cox, uno de los investigadores.
La versión oficial de lo sucedido es que los estudiantes fueron atacados por la policía municipal de Iguala al mando del alcalde José Luis Abarca. Abarca y su esposa se encuentran en prisión.
Luego los policías entregaron a los estudiantes a un grupo de sicarios de la organización Guerreros Unidos que los asesinaron, quemaron y tiraron a un río. Sólo uno de los restos encontrados ha sido identificado como de uno de los estudiantes desaparecidos.
La región ha sufrido las consecuencias de una guerra entre los Guerreros Unidos, que controlan la ciudad de Iguala, y un grupo llamado Los Rojos que controla el lugar donde se encuentra la escuela.
Ambos bandos se disputan el control de las rutas de transporte de heroína con destino a Estados Unidos y en la zona hay cientos de desaparecidos de los que sólo se ha tenido noticia a raíz de los reclamos de algunos de los familiares y las organizaciones políticas que se han sumado a su causa.
Los familiares y grupos civiles que los apoyan, que se niegan a aceptar la versión oficial de los hechos y cuestionan los avances de la investigación realizada por las autoridades, han organizado masivas movilizaciones por todo el país.
El día de su desaparición los estudiantes recaudaban dinero para acudir a una manifestación cuando la policía, vinculada al narcotráfico, intervino. Tanto investigadores cercanos a familiares como los propios familiares han pedido con insistencia que se abran nuevas hipótesis de investigación, en especial aquellas que vincularían a más autoridades con los hechos de aquella noche. -
Unión Nacional de Empresarios de Farmacias denuncian perdidas
La Unión Nacional de Empresarios de Farmacias (Unefarm) denunció que tras el proceso electoral la violencia e inseguridad que golpea al sector farmacéutico ha regresado a Guerrero, de manera especifica a Chilapa.
En el marco del Séptimo Congreso de la Unefarm, el presidente de la organización Juvenal Becerra Orozco, afirmó que la violencia es tal que ha originado el desplazamiento de algunos de sus agremiados.
“En Chilapa en el sector de la farmacia independiente que representa Unefarm tuvimos tres casos específicos en donde el farmacéutico salió con un mano adelante y otra atrás para huir de este tema de violencia e inseguridad en Chilapa y lo más complicado es comentarles que tenemos un compañero farmacéutico Unefarm desaparecido (levantado) y todavía no sabemos nada de su paradero”, dijo.
De acuerdo con Becerra Orozco de 2010 a la fecha 600 farmacias han cerrado en el país a causa de la inseguridad, lo que implica pérdidas de alrededor de 500 millones de pesos. En ese mismo periodo aseguró que la Unefarm tiene registro de 30 farmacéuticos que han fallecido por causas de la inseguridad en diversos estados de la República.
Los estados más golpeados por la inseguridad además de Guerrero, especificó, han sido Michoacán, Tamaulipas y Jalisco. Tan sólo en los últimos 8 meses en Guerrero se han registrado pérdidas por 100 millones de pesos, una quinta parte de las pérdidas de los últimos cinco años.
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Acapulco cierra su puerto a la navegación menor
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal (SCT), a través de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, informó que debido a la depresión tropical 2-E, que se localiza al sur-suroeste del estado de Guerrero, se cierran los puertos a la navegación menor, con la finalidad de salvaguardar la seguridad de los pescadores y de quienes hacen uso de las embarcaciones de pequeñas dimensiones.
Ante las condiciones climáticas que se registran en la entidad, las aguas de Acapulco, Pie de la Cuesta y Puerto Marqués se mantendrán cerradas a la navegación menor hasta nuevo aviso, mientras que las capitanías de Puerto en los municipios de Zihuatanejo de Azueta en la Costa Grande y Lázaro Cárdenas, Michoacán, mantienen izada la bandera amarilla como precaución a las embarcaciones.
Por lo anterior, la Secretaría de Protección Civil del estado pone a disposición de la población el número 066 ante cualquier emergencia y recomienda mantenerse informados a través de los medios de comunicación, páginas web y redes sociales oficiales de las distintas dependencias del gobierno de Guerrero.
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Familiares de Chilapa encaran al fiscal de Guerrero
Ante la falta de resultados en la investigación de la Fiscalía General de Guerrero para localizar a las 16 personas desaparecidas de este municipio de Chilapa, su titular, Miguel Ángel Godínez Muñoz, ofreció disculpas a familiares de los desaparecidos.
El funcionario estatal reiteró la figura jurídica de “retención”, aseverando que hasta el momento no se tienen indicios de que las personas estén desaparecidas en Chilapa por mano del crimen organizado.
Luego de reunirse con autoridades de la Secretaría de Gobernación (Segob), Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y Procuraduría General de la República (PGR) en este municipio, Godínez Muñoz fue interceptado por una decena de padres de los jóvenes levantados, la mayoría el pasado 9 de mayo.
En una charla de más de 30 minutos, el fiscal escuchó el reclamo de padres de familia, quienes le señalaron que hasta ahora los agentes del MP estatal no han dado la instrucción a la Policía Ministerial para que se inicien las primeras investigaciones.
Godínez Muñoz dijo que “la desaparición de personas son hechos extraordinarios, que se viven tiempos extraordinarios y se está tratando de procurar la justicia de una manera extraordinaria, de una manera que no se ha hecho”.
Nervioso por la confrontación con familiares de los desaparecidos y con voz entrecortada, el fiscal de Guerrero extendió una disculpa por la falta de actuación de los funcionarios de esa dependencia. -
Morelos y Guerrero acuerdan apoyos a jornaleros
Con el objetivo de mejorar la atención de jornaleros agrícolas de Morelos y Guerrero, la secretaría de Desarrollo Social en Morelos (Sedeso) Blanca Almazo Rogel se reunió con Netzahualcóyotl Bustamante Santín, titular de la Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales del Estado de Guerrero (SEMAI).
Almazo y Bustamante visitaron los ocho albergues de familias de jornaleros de Totolapan, Atlatlahucan, Cuautla, Yautepec, Ayala, Tlaltizapán, Jojutla y Puente de Ixtla , donde viven trabajadores originarios de las comunidades guerrerenses de Tlapa, Acatepec y Atlixtac.
La responsable de la Sedeso informó que esta visita es para vincularse con la SEMAI a fin de generar mecanismos de apoyo a los jornaleros agrícolas y sus familias de los dos estados, quienes se desplazan entre los meses de noviembre a mayo, para el cultivo de jitomate, pepino y caña.
A través del Programa de Atención a Jornalero Agrícolas, en Morelos se han realizado obras en los albergues para dignificar las condiciones de vida de mil 312 trabajadores temporales, además de acciones de salud, seguridad alimentaria y educación.
Por su parte Netzahualcóyotl Bustamante manifestó la disposición para entablar una alianza estratégica, entre los dos gobiernos que permitan acciones para la atención de migrantes morelenses y guerrerenses.
Reconoció el esfuerzo realizado en Morelos para la atención de jornaleros agrícolas que tiene como principal objetivo, garantizar los derechos humanos de quienes realizan la labor del campo, así como de sus familias. -
El problema que hay en Chilapa Guerrero
El hallazgo de tres cadáveres desmembrados y las denuncias de secuestros y desapariciones ocurridos justo después de que un grupo de policías comunitarios tomaran una ciudad, ha hecho crecer la confusión y el miedo en un pueblo del sureño estado de Guerrero.
Los cuerpos localizados en un cementerio cercano a la localidad de Chilapa y que todavía no han sido identificados no son algo nuevo en el lugar, donde en noviembre fueron hallados 11 cadáveres decapitados y amontonados a la vera de una carretera.
Desde entonces no han parado de aparecer cuerpos desmembrados, quemados o sin cabeza.
La situación se tensó después de que entre el 9 y el 14 de mayo más de 250 policías comunitarios tomaron la ciudad y muchos de sus habitantes comenzaron a denunciar secuestros y desapariciones.
Chilapa es una localidad de Guerrero donde la violencia se ha incrementado en los últimos meses por la rivalidad de dos grupos, Los Rojos y Los Ardillos, que se disputan la zona.
Alegando que iban a terminar con la violencia y que algunos funcionarios de seguridad trabajaban para Los Rojos, los policías comunitarios -que algunos habitantes vinculan con el crimen organizado- tomaron el municipio, desarmaron a los agentes municipales y forzaron la renuncia del jefe de la policía local.
Posteriormente los comunitarios devolvieron las armas a los municipales, se nombró un nuevo jefe y policía estatal y federal fue enviada a la zona para asumir las labores de seguridad.
Pero cuando los comunitarios se fueron, pobladores de Chilapa comenzaron a acusarlos de haber secuestrado a familiares suyos con el argumento de que trabajaban para Los Ardillos.
En un principio se habló de 16 desaparecidos, pero el jefe de la policía federal Enrique Galindo, que acudió el miércoles a la localidad para reunirse con las familias que aseguran no poder localizar a alguno de sus miembros, dijo luego que 10 casos se produjeron entre las fechas en las que estuvieron presentes los policías comunitarios y que otros seis son anteriores.
Autoridades federales llegaron esta semana a buscar a los desaparecidos. Un funcionario federal no autorizado a hablar con la prensa dijo que el gobierno decidió actuar con «prudencia» y «privilegiar el diálogo» con los policías comunitarios «para evitar un derramamiento de sangre».
De forma paralela, mientras los pobladores de esta ciudad de 35.000 habitantes denunciaban casos de violencia, las autoridades de Guerrero mantuvieron encuentros con los líderes de la policía comunitaria, informó el gobierno estatal.
En un canal de televisión el procurador de Guerrero, Miguel Ángel Godínez, no quiso hablar de desaparecidos sino de 15 personas «retenidas por los comunitarios» pero dijo desconocer dónde se encuentran y aseguró que son los líderes comunitarios los que «tienen que determinar dónde están» y «hacerse responsables» de su destino.
Varios municipios de Guerrero cuentan con policía comunitaria, una fuerza de seguridad elegida normalmente en asamblea que sólo puede operar en los límites del municipio. Sus integrantes poseen armas de bajo calibre y suelen ser muy respetados por los pobladores, características que parecen no aplicarse en el caso de Chilapa.
Guerrero es el estado donde en septiembre de 2014 desaparecieron 43 estudiantes. El enorme despliegue de fuerzas militares y federales que provocó ese caso no ha podido evitar que la violencia continúe. -
En Guerrero el modus operandi del crimen organizado parece de guerrilla
En los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), desde hace décadas se tiene registro del cultivo y tráfico de enervantes por grupos subversivos.
Un informe “secreto”, fechado el 2 de julio de 1974 y firmado por el general de brigada Alberto Sánchez López (171577), detalla las actividades ilícitas de la guerrilla en Guerrero.
En este documento se señala que la guerrilla de Lucio Cabañas Barrientos generó los recursos necesarios para la compra de armas y municiones de contrabando, con el propósito de realizar incursiones contra efectivos del Ejército Mexicano o corporaciones policiacas en los años 70.
Según el informe, la guerrilla usaba tres tipos de lugares para establecer sus campamentos: el primero eran los hatos (especie de enramada) para protegerse del sol en las jornadas de siembra.
Luego, los campamentos, ubicados a 150 metros de caminos o corredores naturales, desde donde se vigilaba del movimiento de las tropas o los policías. El tercero eran cuevas, para almacenar víveres.
En su último informe, la Fiscalía Especializada para la Investigación y Combate al Delito del Secuestro de la Fiscalía de Guerrero (FEICDS) destaca una disminución en este delito en la entidad, con 30 averiguaciones previas iniciadas en lo que va del año, 18 consignaciones, 44 detenidos, 32 personas liberadas y cuatro bandas desarticuladas.
Algo que ha llamado la atención de autoridades locales es que el secuestro es uno de los delitos igualmente cometidos por el crimen organizado, la delincuencia común e, incluso, por grupos subversivos que se han ubicado en la entidad, como el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), Ejército Popular Revolucionario (EPR) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP).
Para Luis Alberto Aparicio Gómez, titular de la FEICDS, la privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro de políticos, presidentes y expresidentes municipales en la Montaña y Costa Chica es perpetrada por grupos de la guerrilla.
“Hemos detectado algunos casos de guerrilla, por parte de los grupos subversivos, y sí, se están atendiendo; obviamente ellos secuestran a presidentes municipales, personajes de la política”.
Con este ilícito, los grupos subversivos buscan recursos para la compra de víveres, armamento y tener efectivo para realizar otras actividades. -
Posibles nexos entre guerrilla y narcotráfico en el Pacifico
El termómetro alcanza los 39 grados en la plaza central de este municipio guerrerense. El sol cae a plomo y obliga a los lugareños a buscar sombra bajo los árboles y a ingerir la ansiada agua de coco. Como hace décadas, el mediodía es la hora indicada para llegar a sentarse en el parque central de esta ciudad.
En la plaza ubicada frente al palacio municipal, desde donde despachaba José Luis Abarca —hoy preso en El Altiplano—, los niños corren a saludar a los integrantes de la Gendarmería que patrullan en sus unidades todo el ayuntamiento; los adultos miran con recelo a los uniformados.
Desde el pasado 26 de septiembre, cuando desaparecieron aquí los 43 normalistas de Ayotzinapa, priva la tensión y la desconfianza.
Y no es para menos. Una veintena de grupos criminales se disputan el territorio guerrerense, entre ellos algunos de corte insurgente.
Guerreros Unidos, Templarios, Familia Michoacana, Los Rojos, Los Pelones, Cártel Independiente de Acapulco, La Barredora, La Resistencia, El Vengador del Pueblo, Ejército Libertador del Pueblo, Nuevo Cártel de la Sierra, Comando Negro, Luzbel del Monte, Nueva Alianza de Guerrero, La Tejona, Los Calentanos, Pueblo Pacifista Unido, La Empresa, y el Cártel Jalisco Nueva Generación componen el coctel explosivo en Guerrero, de acuerdo con información de la Fiscalía General del estado.
Uno de ellos ha llamado la atención de autoridades federales y estatales. Se trata de Grupos Autónomos Armados —Guerrillas Negras— que el pasado 14 de noviembre amenazó con perpetrar acciones de sabotaje y homicidios de militares y policías, en lo que definieron como “venganza” contra el Estado por la desaparición de normalistas de Ayotzinapa, entre otros.
De acuerdo con Jorge Fernández Menéndez, experto en temas de seguridad y colaborador de medios de comunicación, y René Jiménez Ornelas, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la dualidad entre grupos subversivos y del crimen organizado siempre ha estado presente en la entidad.
Para Fernández Menéndez, desde hace muchos años en Guerrero grupos armados se fraccionaron, lo que dio origen al Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), Ejército Popular Revolucionario (EPR), las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP) y, más recientemente, los Grupos Autónomos Armados (Guerrillas Negras).
La mayoría de estos grupos tienen conexiones en los estados de Guerrero, Oaxaca, México y el Distrito Federal, detalló Fernández Menéndez, para quien el perfil de estos grupos fluctúa entre la guerrilla y grupos delincuenciales.
Señaló que en la actualidad estos grupos subversivos, autodenominados guerrilleros, tienen fuertes vínculos con el crimen organizado e incluso con la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), que se cuelgan de algunos hechos relevantes, como la muerte de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, para sus propios objetivos.
“Las relaciones existen. Si vemos lo ocurrido en Iguala, es un enfrentamiento entre Los Rojos y Guerreros Unidos. Por supuesto que la enorme mayoría de los chavos que fueron secuestrados y asesinados no tenía nada que ver con Los Rojos; sin embargo, hay denuncias de los mismos Guerreros Unidos que señalan la intromisión de Los Rojos en la Normal Rural”.
René Jiménez Ornelas, también coordinador de la Unidad de Análisis sobre Violencia Social del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM resaltó que la dupla guerrilla-crimen organizado es un peligro constante en Guerrero.
“Existe el peligro de que, como lo vimos en Colombia, muchos de esos grupos guerrilleros, cuando metieron a los paramilitares, se fueron asociando (con el crimen organizado) al grado de que los grupos guerrilleros se convirtieron, con el tiempo, en transportadores de droga. Sí hay ese peligro”.
El investigador de la UNAM refirió que, de acuerdo con las cifras dadas a conocer por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en 56 de los 81 municipios que integran la entidad se localiza el mayor número de sembradíos de amapola, de donde se saca la goma de opio que, al procesarla, se convierte en heroína. -
Matan a Ulises Fabián Quiroz candidato de Chilapa
La tarde de ayer viernes, en la comunidad de Atzacoaloya, municipio de Chilapa, fue asesinado a balazos el candidato de la coalición PRI-PVEM a la alcaldía, Ulises Fabián Quiroz, en el momento en que se dirigía a realizar actos de campaña en varias comunidades.
De acuerdo al reporte policiaco, los hechos ocurrieron aproximadamente a las 6:30 de la tarde, cuando el candidato y su comitiva visitaban algunas comunidades; de repente fue interceptado por un grupo de hombres armados, quienes dispararon directamente al candidato.
El dirigente del PRI en Guerrero, Cuauhtémoc Salgado Romero, confirmó que fue informado de este hecho por el equipo de campaña de Ulises Fabián Quiroz.
El dirigente del partido aseguró que pedirá a la Fiscalia General de Guerrero que se investigue este hecho lamentable, producto de la inseguridad que se vive en el estado.
Las campañas para las 81 alcaldías del estado iniciaron el pasado 25 de abril y el día 27 del mismo mes, los candidatos a las alcaldías del estado se reunieron con el fiscal general de Guerrero.
Ulises Fabián Quiroz, fue secretario de Finanzas de Chilapa, durante la actual administración, por lo que pidió licencia para contender por la presidencia municipal. A penas hace tres días Fabián Quiroz había cumplido 34 años, pues nació el 29 de abril de 1981.
