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Cuando está por cumplirse un año del violento desalojo que desplazó a las y los habitantes de Nueva Esperanza, Guatemala, hacia México, organizaciones que conformamos la Misión Civil de Observación en octubre pasado nos convocamos nuevamente para documentar las condiciones en las que se encuentran las familias expulsadas, así como la responsabilidad de los gobiernos de ambos países.
En plena frontera entre Guatemala y México, nos reunimos este fin de semana con el objetivo de actualizar el capítulo sobre desplazados del informe «La Frontera Perdida», que como Misión presentamos conjuntamente en noviembre de 2011, poco después de la visita in situ.
En esta ocasión las organizaciones recorrimos el campamento actual, constatamos que las condiciones, que ya eran críticas en octubre pasado, se han deteriorado aún más ante la escasez de agua y asistencia, y llegamos hasta el lugar donde estuvieron sus casas antes del desalojo, donde todavía son visibles las huellas de la destrucción y donde persiste una ocupación militar del ejército guatemalteco que habita en una de las casas que fueron de las y los desplazados, la única que no ha sido destruida o desmantelada.
El 3 de agosto participamos en una extensa asamblea con la comunidad, en la que escuchamos testimonios, recogimos información, constatamos la crítica emergencia que continúan viviendo ante la criminal indiferencia de los gobiernos de Guatemala y México.
La desatención de los gobiernos ha provocado ya la muerte de una niña, Yorleni Yoret, que falleció en abril pasado. Todas y todos los desplazados, en particular las y los niños, se encuentran en grave riesgo debido a que la vulneración del derecho a la salud y a la alimentación ponen en grave riesgo sus vidas y su integridad.
Refugiados de facto en México desde agosto de 2011, nuestro país les escamoteó la asistencia debida e, incumpliendo las más elementales obligaciones del derecho humanitario, en enero pasado expulsó a su vez a gran parte de las familias bajo la engañosa figura de “repatriación”, que debe ser siempre voluntaria.
Las familias fueron obligadas a moverse unos pocos metros para ubicarse todas en territorio guatemalteco, desde donde mantienen negociaciones con su gobierno en condiciones críticas e inhumanas.
Casi al cumplirse un año del desalojo, las y los habitantes se autodenominan “Campamento Campesino en Resistencia Nueva Esperanza” y representan un reto ubicados en una frontera no sólo olvidada sino, por ratos, inexistente.
Integrantes de organizaciones acudimos a realizar esta documentación con la intención de presentar el 23 de agosto próximo, justo al cumplirse un año del desalojo, la actualización del capítulo sobre desplazados del informe La Frontera Olvidada.
Participó en la Misión “La 72, Hogar Refugio para Personas Migrantes” de Tenosique, Tabasco, quien se ha mantenido atento al caso y asistiendo humanitariamente en la medida de sus posibilidades a las familias guatemaltecas.
En esta visita también participamos Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz) Chiapas, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Comité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada, el Comité de Derechos Humanos de Tabasco (Codehutab), la Escuela de Agricultura Ecológica U Yiits Ka’an y el Equipo Indignación.
Este trabajo de seguimiento tuvo también la atención y respaldo de la Red de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.
La Misión se encuentra sistematizando la información recopilada con miras a presentar una actualización del informe y los detalles de esta observación al cumplirse un año del desplazamiento, el 23 de agosto próximo