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  • Un año ya de la masacre de metro balderas

    A un año de la balacera en la estación del metro Balderas, en la que perdieron la vida el policí­a bancario e industrial Ví­ctor Manuel Miranda Martí­nez y el civil Esteban Cervantes Barrera, el Sistema de Transporte Colectivo Metro entregó la medalla al mérito ciudadano â??Esteban Cervantes Barreraâ? a los que participaron en el arresto del homicida.

    Los elementos policiacos condecorados con la presea fueron los policí­as de investigación Juan Manuel Velázquez Ruiz, Rogelio Rodrí­guez Hernández y Humberto Garrido Rojas por el valor demostrado en el cumplimiento de su deber y tanto a ellos como a las esposas de los fallecidos se les entregó también un estí­mulo económico de 50 mil pesos.

    Francisco Bojórquez Hernández, director general del Metro, aseguró que tras los hechos ocurridos el pasado 18 de septiembre de 2009 la seguridad del Sistema de Transporte Colectivo se ha reforzado con mil 500 cámaras para el sistemas de videovigilancia en todas la estaciones y con la incorporación de 200 policí­as más, además de la implementación de la policí­a de tren. Con estos hechos, dijo, se ha registrado un descenso dentro de las instalaciones de más de 70% en los delitos más comunes como el robo con y sin violencia.

    El policí­a Juan Manuel Velázquez Ruiz, quien finalmente detuvo al homicida Luis Felipe Hernández, aseguró que después de los hechos del metro Balderas su vida cambió radicalmente.

    â??Mi vida a cambiado totalmente, por completo; ahora soy una persona con mayor capacitación y es un orgullo porque a pesar de que ha pasado un año, la gente me ve trabajar y recuerda que soy el policí­a del metro Balderas. Es un orgullo que confí­en en nosotros y que cambiemos la mala imagen de la policí­aâ?.

    A pesar de que ya pasó un año, Juan Manuel Velázquez asegura que él sigue desempeñándose en su puesto habitual como coordinador de policí­a de investigación en Cuauhtémoc 6 y de algún ascenso no hay nada.

    Viridiana Rangel, esposa del policí­a bancario e industrial Victor Manuel Miranda, dijo que este reconocimiento a la memoria de su esposo le llena de orgullo.

    â??Me da gusto porque están reconociendo que mi esposo fue una persona muy valiente y que quiso detener al agresor y defender a toda la ciudadaní­aâ?

  • Punto de acuerdo para sacar a Mexico de las negociaciones de ACTA (proyecto)

    Punto de acuerdo, mediante el cual se instruye enviar atento y respetuoso oficio al C. Titular del Poder Ejecutivo Federal, para solicitarle que el Estado Mexicano se retire de las negociaciones que actualmente se llevan a cabo, para suscribir el Acuerdo Comercial Anti-Falsificación (ACTA, por sus siglas en inglés), así­ como para hacer un exhorto a las Cámaras que conforman el H. Congreso de la Unión, a fin de que convoquen a una convención nacional cuyo tema sea la propiedad intelectual, en el que se analicen modelos alternativos de protección de propiedad intelectual.

    CIUDADANOS SECRETARIOS DE LA CíMARA

    DE DIPUTADOS DE LA LXI LEGISLATURA DEL

    HONORABLE CONGRESO DE LA UNIí?N

    P R E S E N T E

    El suscrito, Diputado Salvador Caro Cabrera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, de conformidad con los artí­culos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento punto de acuerdo mediante el cual se instruye enviar atento y respetuoso oficio al C. Titular del Poder Ejecutivo Federal, para solicitarle que el Estado Mexicano se retire de las negociaciones que actualmente se llevan a cabo, para suscribir el Acuerdo Comercial Anti-Falsificación (ACTA, por sus siglas en inglés), así­ como para hacer un exhorto a las Cámaras que conforman el H. Congreso de la Unión, a fin de que convoquen a una convención nacional cuyo tema sea la propiedad intelectual, en el que se analicen modelos alternativos de protección de propiedad intelectual.

    Exposición de motivos

    1. La Constitución Polí­tica de los Estados Unidos Mexicanos señala en su artí­culo 76, párrafo II, que el Senado, tiene, entre otras atribuciones, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba, así­ como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos.

    2. Asimismo, la máxima norma de referencia señala en su artí­culo 89 fracción X que el Presidente de la República tiene como obligación, el dirigir la polí­tica exterior y celebrar tratados internacionales, así­ como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal polí­tica, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pací­fica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurí­dica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; y la lucha por la paz y la seguridad internacionales.

    3. Por otra parte, la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica señala en su artí­culo 3 fracciones I y VI que para la aprobación de un tratado se observarán entre otros objetivos generales, el contribuir a mejorar la calidad de vida y el nivel de bienestar de la población mexicana, así­ como promover la transparencia en las relaciones comerciales internacionales y el pleno respeto a los principios de polí­tica exterior de la fracción X del artí­culo 89 de la Constitución Polí­tica de los Estados Unidos Mexicanos.

    4. En este orden de ideas, el Ejecutivo Federal anunció el 23 de octubre del 2007 que, derivado del compromiso del Gobierno de México sobre la protección de los derechos de propiedad intelectual, nuestro paí­s participarí­a en discusiones preliminares conjuntas con Canadá, Estados Unidos de América, Japón, Unión Europea, Suiza, Nueva Zelanda y otros paí­ses en una propuesta de un Acuerdo Comercial Anti-Falsificación (ACTA, por sus siglas en inglés).[1]

    5. El Gobierno Federal, a través del portal oficial del Instituto Mexicano de la Propiedad industrial, (IMPI) señala que el Acuerdo Comercial Anti-Falsificación (ACTA) propuesto pretende establecer nuevos estándares para la observancia de los derechos de propiedad intelectual (DPI) para combatir de manera eficiente el crecimiento prolí­fico del comercio de bienes piratas y falsificados. ACTA versa de 3 áreas: a) incrementar la cooperación internacional, b) establecer mejores prácticas para la observancia; y, c) proporcionar un marco legal más efectivo para combatir la piraterí­a y falsificación.[2]

    6. De igual manera, se indica que algunas posibles disposiciones en esta área pueden incluir: Cooperación internacional entre autoridades encargadas de la observancia; capacitación y apoyo técnico para el mejoramiento de la observancia, así­ como mejores prácticas, al expresar que los impulsadores del ACTA creen que es crucial establecer mejores prácticas de observancia que promuevan una fuerte protección conjuntamente con los socios comerciales y los titulares de los derechos. Estas prácticas deberán de apoyar la aplicación de las herramientas legales relevantes. Los áreas para posibles disposiciones incluyen: Grupos de asesorí­a formal o informal público/privada sobre piraterí­a y falsificación; fomentar la existencia de peritos/expertos en propiedad intelectual, dentro de las estructuras de observancia de la ley para asegurar un adecuado trato a los casos que se presenten en materia de propiedad intelectual; medidas para el aumento de la concientización pública sobre la importancia de la protección de los derechos de propiedad intelectual, así­ como también mostrar los efectos del detrimento causados por infracciones de DPI.

    7. Uno de los puntos nodales a negociar, lo constituye el tema del marco legal. Al respecto, el Gobierno Federal, a través del IMPI, señala que el último pilar del ACTA versa en proveer a los ciudadanos, autoridades encargadas de la observancia y el poder judicial, con las herramientas apropiadas para tratar de manera efectiva con la falsificación y piraterí­a a través de un fuerte y moderno marco legal. Las áreas para posibles disposiciones incluyen: Observancia en materia penal: medidas en frontera; observancia en materia civil; piraterí­a de discos ópticos; y distribución ví­a internet e información tecnológica.[3]

    8. Es de destacarse que desde el inicio de las rondas de negociación entre los paí­ses interesados en suscribir ACTA, éstas se habí­an manejado con secrecí­a, y no fueron auspiciadas por ningún órgano internacional, por lo que trascendió por medio de información filtrada y no confirmada el momento en que éstas comenzaron a llevarse a cabo; posteriormente, se confirmó que desde el 2 de junio de 2008 hasta el 16 abril de 2010, se habí­an realizado ocho rondas de negociación, celebradas sucesivamente en Ginebra, Suiza; Washington D.C., U.S.A.; Tokio, Japón; Parí­s, Francia; Rabat, Marruecos; Seúl, Corea; Guadalajara, México, y Wellington, Nueva Zelanda.

    Hasta la octava reunión de negociación de ACTA, el Ejecutivo Federal no habí­a proporcionado información alguna al Senado de la República de los pormenores y avances en la negociación de dicho Acuerdo, irregularidad que motivó que la Cámara Alta aprobara, el 27 de abril de 2010, el dictamen con punto de acuerdo presentado por la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, por medio del cual se solicitó a la Secretarí­a de Economí­a y al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial se remitiera a dicha Soberaní­a un informe completo sobre el Acuerdo Comercial Anti-Falsificación (ACTA, por sus siglas en inglés) en los términos del artí­culo 5 de la Ley Sobre Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica, que contuviera por lo menos los siguientes aspectos: I. Las razones para negociar así­ como las consecuencias de no hacerlo; II. Los beneficios y ventajas que se espera obtener de la negociación y la expectativa de cumplir con los objetivos de esta ley que correspondan conforme al tratado que se pretende celebrar, y III. Un programa del proceso de negociación calendarizado.

    9. En este orden de ideas, la Subsecretarí­a de Enlace Legislativo de la Secretarí­a de Gobernación, mediante oficio No. SEL/UEL/311/1677/10 de fecha 2 de junio de 2010, remitió a los Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, contestación al punto de acuerdo de referencia aprobado por el Senado, la cual consistió en el oficio 100.2010.DGE.0483 suscrito por el Director General de Enlace de la Secretarí­a de Economí­a, en el que remite, la respuesta del Lic. Jorge Amigo Castañeda, Director General del Instituto Mexicano de la Propiedad industrial (IMPI).

    10. En el documento suscrito por el Director General del IMPI, se señala que aunque los paí­ses signatarios reconocen la importancia de responder efectivamente al reto de la piraterí­a en internet, confirmaron que ninguno está proponiendo en el referido Acuerdo, requerir a su gobierno un mandato de la llamada regla de las ¨tres notificacionesâ? (graduate response o three strikes) sobre infracción al derecho de autor en internet. Por lo tanto, mediante el acuerdo de referencia, se respecta la privacidad de los ciudadanos respecto a su derecho de libertad de expresión, ya que no se contempla monitorear la información que se distribuya a través de Internet.

    11. De igual manera, indica: sin embargo, si contempla, que los paí­ses signatarios en su legislación nacional implementen una polí­tica interna para los proveedores de servicios de Internet puedan regular su uso a partir de notificaciones a los usuarios, en relación a aquellos portales con los cuales se realicen actividades de comercio ilegal o piraterí­a, es decir, México llevarí­a a cabo el registro de los proveedores de servicio de Internet, con los requisitos necesarios para tales fines. Adicionalmente, se advierte que el ACTA será consistente con el Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo los ADPIC) de la OMC.

    12. Desde el inicio de las negociaciones de ACTA, representantes populares de paí­ses europeos involucrados, han manifestado su oposición a la totalidad del Acuerdo o al menos a varios puntos del mismo; en este sentido, el Parlamento Europeo rechazó en marzo pasado, por una votación de más de 600 votos contra 13 votos, el enfoque de ACTA; por otra parte el European Data Protection Supervisor emitió una opinión de más de 20 páginas detallando cómo ACTA amenaza la privacidad. En abril pasado, grupos de negocios y consumidores de Nueva Zelanda, publicaron la Declaración Wellington, que expresa gran preocupación por ACTA; dicho pronunciamiento, en menos de 24 horas de haberse dado a conocer en lí­nea, habí­a ya sido firmado por miles de personas. Cabe señalar que asimismo, organizaciones representativas a nivel internacional como Reporteros sin Fronteras, NetCoaltion, y Senadores de varios paí­ses involucrados entre otros actores polí­ticos y sociales, se han pronunciado firmemente contra el Acuerdo de referencia.[4]

    En este sentido, expertos en entorno digital y de empresas generadoras de contenidos y proveedoras de servicios en lí­nea en México, así­ como la generalidad de los usuarios de redes sociales e Internet, han expresado su temor y escepticismo en cuanto a los verdaderos alcances del Acuerdo Comercial Anti-Falsificación y su repercusión tanto en los derechos de usuarios de Internet como en los esfuerzos por impulsar polí­ticas que faciliten la posibilidad de acceso a Internet a todos los mexicanos. Dichas preocupaciones han sido manifestadas en diversos foros como el organizado por el Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados el pasado 28 de abril denominado ACTA: repercusiones legislativas para las empresas proveedoras de servicios de internet y sus usuarios.

    Empresas como Alestra, han señalado que si bien la piraterí­a daña a los detentadores de derechos de la propiedad industrial al establecer barreras al crecimiento económico y afectar a la innovación y la calidad creativa y que la falsificación debe ser evitada, tanto en lo que corresponde a bienes intangibles, como en el ámbito digital, los términos de ACTA, especí­ficamente en su sección 4, que obligan a los proveedores de servicios en Internet (ISP´s) a limitar o suspender el acceso de terceros (clientes) a material en lí­nea que viole los derechos de terceros o del cual existan indicios de ello, y la obligación a los proveedores de servicios en Internet de implantar sistemas y polí­ticas de monitoreo de tráfico, incluyendo comunicaciones, mensajes, gráficos, datos y archivos, además de ser técnicamente inviable, implica una clara violación a las garantí­as individuales, consagradas en el artí­culo 14 y 16 constitucionales, los cuales otorgan certeza jurí­dica a los particulares, al disponer que nadie puede ser molestado sin una orden judicial provista por autoridad competente, y que las comunicaciones privadas son inviolables, respectivamente. [5]

    Las anteriores acciones colocarí­an asimismo a los ISP´s en el supuesto violatorio del artí­culo 177 del Código Penal Federal, el cual establece como un delito, la intervención de comunicaciones privadas sin mandato de la autoridad judicial Así­, las empresas proveedoras de servicios serí­an orilladas a realizar actos contrarios a la ley y realizar acciones que en sentido estricto, corresponden al Estado.

    En este sentido, los expertos consideran que ya existe en nuestra legislación un amplio marco jurí­dico para la protección de los derechos de autor y de propiedad industrial, que encuentra su base en el artí­culo 28 constitucional, el cual sustenta la Ley Federal de Derechos de Autor y la Ley de la Propiedad Industrial. De igual manera, México ha suscrito el Convenio de Berna y el Tratado sobre Derecho de Autor (WCT) y el Tratado sobre Interpretación y Ejecución de Fonogramas (WPPT), estos dos últimos, auspiciados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

    Por otra parte, la restricción del libre acceso a usuarios a Internet de parte de los proveedores de servicios en lí­nea por la simple sospecha de violación de los derechos de autor, implicarí­a una clara contradicción de los esfuerzos en materia regulatoria de promoción cultural digital. Es de destacar que, de acuerdo con datos dados a conocer por la Asociación Mexicana de Internet, existen 27.6 millones de usuarios de internet en México, con una tasa de penetración del 28%. De igual manera, se calcula que existen en nuestro paí­s 18 millones de computadoras, de las cuales, 11 millones se encuentran conectadas a Internet. Sin embargo, se considera que nuestro paí­s sufre una amplia brecha digital, en que la mayor parte de sus habitantes aún no tiene acceso al Internet.

    18. ACTA no considera las especificidades y necesidades económicas, sociales y legales de nuestro paí­s. En dicho Acuerdo, se importan dos conceptos del modelo norteamericano que se refieren básicamente a el safe harbor y las infracciones y responsabilidades secundarias, para el que induce o contribuye a la comisión de un delito. La Asociación Mexicana de Internet, ha señalado que no existen datos duros o cifras que demuestren la necesidad y/o los beneficios de adoptar este modelo importado y aplicarlo en nuestro paí­s.

    19. En este orden de ideas, el Gobierno de Brasil ha impulsado la implementación del software libre, así­ como sistemas de código abierto en las computadoras de las dependencias de gobierno, lo que en el año 2008 le proveyó ahorros por 167.8 millones de dólares; asimismo, ha desarrollado el proyecto PC Conectado, que ofrece a las familias de baja renta la posibilidad de adquirir computadoras con precios y condiciones favorables[6], acciones para disminuir la brecha digital en la población.

    En este sentido, existen modelos alternativos de protección de los derechos de autor más adecuados para las particularidades del entorno digital en México, caracterizados por su novedad, eficacia y que fueron diseñados para ser aplicados en Internet. Entre éstos se encuentran las licencias copyleft, que son aquellas que, permitiendo un mayor control de los creadores de sus obras, investigaciones y proyectos y una remuneración compensatoria más razonable por su trabajo, también permiten a los usuarios finales un mejor acceso y disfrute de los bienes, bajo este tipo de licencias no restrictivas[7]. Por otra parte, el modelo creative commons, define un espacio que se encuentra en el espectro de la protección absoluta de los derechos de autor (todos los derechos reservados) y le dominio público (ningún derecho reservado). Las licencias ayudan a conservar los derechos autorales invitando a usar su obra bajo el esquema de ¨algunos derechos reservados¨.[8]

    21. Los términos y forma en la que el Ejecutivo Federal negocia ACTA, van en franca contradicción con los principios que, según nuestra Constitución y leyes señalan, deben observar los tratados internacionales en materia económica suscritos por nuestro paí­s, como la contribución a mejorar la calidad de vida y el nivel de bienestar de la población mexicana, así­ como promover la transparencia en las relaciones comerciales internacionales con el pleno respeto a los principios de polí­tica exterior de la fracción X del artí­culo 89 de la Constitución Polí­tica de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, los términos en que se está planteando ACTA son violatorios de las garantí­as individuales, expresadas en los artí­culos 14 y 16 constitucionales, así­ como el derecho a la protección de la privacidad de las comunicaciones entre particulares.

    Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artí­culo 71, fracción I de la Constitución Polí­tica de los Estados Unidos Mexicanos me permito someter a la elevada consideración de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el siguiente:

    PUNTO DE ACUERDO

    PRIMERO. Enví­ese atento y respetuoso oficio al C. Titular del Poder Ejecutivo Federal, para solicitarle que el Estado Mexicano se retire de las negociaciones que actualmente se llevan a cabo con otros paí­ses, para suscribir el Acuerdo Comercial Anti-Falsificación (ACTA, por sus siglas en inglés).

    SEGUNDO. Se aprueba hacer un exhorto a las Cámaras que conforman el H. Congreso de la Unión, a fin de que convoquen a una convención nacional cuyo tema sea la propiedad intelectual, en el que se analicen modelos alternativos de protección de propiedad intelectual que sean propicios para nuestro paí­s.

    Palacio Legislativo de San Lázaro, a 01 de septiembre de 2010.

    DIP. SALVADOR CARO CABRERA

    ⁠

    [1] Fuente: http://www.impi.gob.mx/wb/IMPI/acuerdo_comercial_antifalsificacion. Dí­a de cosulta 03/08/2010, 10:44 hrs.

    [2] ídem.

    [3] Ibí­dem.

    [4] Información dada a conocer por Manuel Tamez, representante de negocios para México y CentroAmérica de Google, Inc., el 28 de abril de 2010.

    [5]

    [6] http://www.softwarelibre.cl/drupal//?q=node/81

    [7] http://fundacioncopyleft.org/

    [8] http://creativecommons.org.mx/

    Publicado por Chavacaro.org en 09:45

  • Brasil quiere hablar con Cuba

    El canciller de Brasil, Celso Amorim, se encuentra de visita en Cuba para discutir con las autoridades de la isla diversos aspectos de las relaciones bilaterales y regionales, según fuentes diplomáticas brasileñas.

    Sin embargo, la presencia del ministro brasileño en la isla, donde permanecerá hasta mañana domingo, no ha sido informada todavía por la prensa oficial cubana.

    Según un comunicado de la cancillería brasileña, Amorim visitará Cuba en viaje hacia Nueva York, donde inaugurará la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU).

    Amorim abrirá la Asamblea General de la ONU en lugar del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien canceló su asistencia para dedicarse a asuntos internos, de acuerdo con una nota del gobierno brasileño

  • PVEM con propuesta contra el bullying

    El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) presentó una iniciativa para reformar la Ley General de Educación y fomentar una cultura de no violencia y de respeto a las nuevas generaciones, para que las autoridades educativas frenen la violencia intraescolar y no solamente se quede en campañas para prevenir estos abusos.

    De acuerdo con cifras de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el 70% de los estudiantes de primaria y secundaria en nuestro país, han padecido en algún momento de su carrera académica del -bullying-, es decir, de abusos, maltratos psicológicos, verbales o físicos por parte de sus compañeros.

    Esta problemática, se ha agudizado y va a la alza, por lo que es necesario prevenir, detectar y corregir estas conductas para atender casos de cualquier tipo de abuso entre los estudiantes, evitando el acoso y la discriminación escolar, aseguró el vocero del PVEM, Jesús Sesma.

    Sesma Suárez, reveló que las causas de esta problemática (bullying) suelen ser multifactoriales, sin embargo, principalmente se debe a la situación de violencia creciente en nuestra sociedad en los últimos años.

    La iniciativa presentada en la Cámara de Diputados, plantea reformar los artículos 7, 8 y 49 de la Ley General de Educación para promover una convivencia de respeto y de armonía en condiciones de igualdad y libre de cualquier forma de maltrato físico, verbal o psicológico.

    Así como difundir los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes y las formas de protección con que cuentan para ejercerlos; desarrollar de manera permanente programas especializados, a fin de prevenir y atender casos de cualquier tipo de abuso entre los estudiantes, evitando el acoso y la discriminación escolar.

    Paralelamente, se sugiere que el Estado realice programas asistenciales, ayudas alimenticias, campañas de salubridad y demás medidas para contrarrestar las condiciones sociales que inciden en la efectiva igualdad de oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos.

    Para esto, el Partido Verde consideró fundamental dotar de instrumentos a los padres de familia e instituciones educativas para eliminar en todas las escuelas este fenómeno.

    «También es necesario enseñar a nuestros niños a resolver conflictos de forma constructiva por medio de programas de prevención de violencia escolar que incluya la mediación y la negociación como métodos de resolución de conflictos sin violencia», señaló.

  • Michelle Bachelet con trabajo en Naciones Unidas

    El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, nombró hoy a la ex presidenta de Chile Michelle Bachelet como la responsable de la nueva agencia especializada en la mujer (ONU Mujer) del organismo mundial.

    «Quiero anunciar el nombramiento de Michelle Bachelet, la ex presidenta de Chile, como la nueva responsable de la recién creada ONU Mujer», dijo en una conferencia de prensa el máximo responsable de Naciones Unidas.

    Ban resaltó que la ex mandataria chilena (2006-2010) aportará a este nuevo cargo «su historial de liderazgo dinámico y global, habilidades polí­ticas probadas y una capacidad poco común de crear consenso».

    «Tengo la confianza de que bajo su firme liderazgo podemos mejorar las vidas de millones de mujeres y niñas en todo el mundo», afirmó.

    Ban resaltó que la creación de la agencia culmina cuatro años de trabajo y responde a una de sus prioridades personales, al unir en una sola entidad los cuatro fondos y programas del organismo dedicadas a la mujer.

    «ONU Mujer defenderá los intereses de las mujeres y las niñas en todo el globo», afirmó.

    Asimismo, explicó que el proceso de selección de la responsable de ONU Mujer empezó poco después de que la Asamblea General del organismo diera en julio de 2009 el visto bueno a la creación de la nueva agencia.

    Diversos gobiernos y ONGâ??s le hicieron llegar a un comité de selección un total de 26 nombres para a dirigir esta nueva institución, de los que salieron tres candidatas que Ban entrevistó en persona la semana pasada.

    Explicó que la elección de Bachelet contó con la aprobación unánime del comité.

    «Estoy encantado con el liderazgo global, la estatura internacional y la experiencia que aportará la ex presidenta Bachelet», indicó el secretario general.

    Ban recordó que la primera responsabilidad de la ex mandataria será poner en marcha la agencia, que será una entidad equiparable al Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF) y su responsable ocupa el rango de subsecretario general, el más alto dentro de la jerarquí­a administrativa del organismo mundial tras el de secretario general.

    La nueva agencia integrará bajo un mismo paraguas al Fondo de la ONU para el Desarrollo de la Mujer (Unifem), la División de la ONU para el Avance de la Mujer y el Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para la Promoción de la Mujer (Instraw), así­ como de la Oficina del Asesor Especial en Asuntos de Género (Osagi)

  • PGR no usa 42 helicopteros que le dio SEDENA

    De 50 helicópteros que en 2007 transfirió la Procuradurí­a General de la República (PGR) a la Secretarí­a de la Defensa Nacional (Sedena) para la erradicación de cultivos ilí­citos, en los últimos tres años sólo se han utilizado ocho.

    Además, únicamente se han empleado para destruir cultivos en el norte del paí­s, dejando desprotegidas las zonas centro y sur de la República, lo que ha permitido a los sembradores de enervantes aumentar su producción en 200 por ciento, denunciaron â??en su demanda de reinstalación en el empleo y en una carta dirigida al presidente Felipe Calderónâ?? cinco civiles que fueron contratados por el Ejército para que lo apoyaran en la reparación de las naves destinadas a la erradicación de cultivos de mariguana y amapola mediante fumigación.

    Los cinco civiles que han presentado denuncias laborales para que se les reinstale en su trabajo formaron parte de la PGR, donde laboraron en la Dirección General de Servicios Aéreos, especí­ficamente en el área de erradicación de cultivos ilí­citos, pero desde 2006 el Ministerio Público Federal comenzó la suspensión de actividades de fumigación de plantí­os, y en 2007 las naves, instalaciones y el herbicida (Paraquat) que poseí­a fue transferido a la milicia.

    En ese contexto, 140 técnicos en distintas ramas aeronáuticas, así­ como pilotos, fueron contratados por la Sedena â??según los escritos que fueron entregados a varios legisladoresâ?? por periodos anuales, mediante un sistema de honorarios. Sin embargo, luego de más de dos años y seis meses de servicio, comenzó el recorte de los ex trabajadores de la PGR.

    Los afectados indicaron que la Sedena los despidió sin liquidación y sin darles la posibilidad de convertirse en empleados civiles con derecho a ser trabajadores de base.

    Según los escritos de los afectados, quienes solicitaron el anonimato para no ser objeto de represalias, al paso de los meses detectaron â??anomalí­as en la operación de los equipos y situaciones que no comprendí­amos, como el hecho de que se designaran más de 15 helicópteros Bell-206-BIII para uso exclusivo de entrenamiento y capacitación de pilotos militares en actividades de erradicación, cuando esas naves eran empleadas al ciento por ciento para trabajo de campo

  • Mayor seguridad en zonas comerciales nocturnas

    La Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) reforzó a partir de este fin de semana la vigilancia que realiza en corredores de la ciudad donde se encuentran la mayoría de centros nocturnos como bares y discotecas.

    Sin precisar el número de elementos o patrullas, la subsecretaria de Prevención del Delito y Participación Ciudadana de la SSPDF, Nora Frías Melgoza, indicó que se están fortaleciendo los esquemas de seguridad así como de prevención.

    ‘Obedeciendo una instrucción del Secretario de Seguridad Pública, Manuel Mondragón y Kalb, estamos reforzando la vigilancia en donde hay más giros como Polanco, San Angel y la Condesa; esto es con personal de los mismos sectores’, apuntó.

    A lo anterior se suma la instalación de puntos de revisión del Programa Conduce Sin Alcohol en estas áreas durante los fines de semana, y en los cuales además de pruebas también se reparte información de carácter preventivo.

    Esto se suma a la estrategia conjunta que acordaron la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) con la Asociación Nacional de la Industria de Discotecas, Bares y Centros de Espectáculos para establecer cordones de seguridad en torno a los locales.

    Cabe señalar que apenas ayer se presentó un nuevo caso de violencia en un centro nocturno, después de que el empresario Oscar Paredes Echegaray fue asesinado por sujetos armados que irrumpieron en un bar ubicado en el perímetro de las colonias Roma y Condesa.

    Frías Melgoza fue entrevistada durante un recorrido por espacios urbanos recuperados en calles de la delegación Iztacalco

  • ONU inspiro casa del senado

    Con un asta bandera como punto central de la composición arquitectónica como símbolo de la unidad nacional la nueva sede del Senado mostrará un salón de plenos inspirado en la monumental sala de sesiones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

    El salón de plenos se ubicará en avenida Reforma y está construido en posición descendente. Al frente, abajo del Escudo Nacional, se ubicará la Mesa Directiva, y el primero en sentarse ahí será el priista Manlio Fabio Beltrones Rivera.

    La zona de la Mesa Directiva contará con dos filas de asientos y en cada costado habrá una tribuna para los secretarios de la misma, y al centro de todo el salón, en un atril de madera, se ubicará la tribuna para la participación de los legisladores.

    Al fondo del salón habrá dos pisos para los invitados: el primero con tres hileras de asientos y el segundo con cuatro.

    Al centro del techo del salón hay una abertura cubierta por un cristal, por la cual se observará el cielo y la monumental asta bandera, que nacerá justo detrás del segundo piso del área de invitados.

    Entre el edificio del salón de plenos y el que albergará las oficinas de los senadores, se ubica un andador peatonal circular. Desde ese punto se podrá ver la terraza de la sala de sesiones.

    El edificio de oficinas será de cuatro pisos. En la torre, que también es similar al edificio de oficinas de la ONU, estarán las comisiones de trabajo y las salas de sesión más pequeñas, junto con auditorios y espacios para el trabajo legislativo.

    De acuerdo con la explicación arquitectónica, «el conjunto estará formado por tres cuerpos que, dispuestos sobre un basamento que contiene el estacionamiento, distinguen cada uno de los componentes del programa.

    «El primer cuerpo es un volumen horizontal curvo en el que se ubicarán las oficinas de los senadores y servirá como fondo de los otros dos; el segundo es una torre vertical de planta cuadrangular que albergará las áreas para el trabajo de las diversas comisiones, así como las salas de reunión; el tercero, ubicado entre los dos primeros, es un volumen de planta elíptica que albergará el pleno. En la plaza, entre estos dos volúmenes, se ubicará un asta bandera con el lábaro patrio, símbolo de la unidad nacional, como punto central de la construcción», se añade

  • Que importante es la informatica forense

    Ante el aumento de fraudes en línea, la informática forense ha adquirido en la actualidad mayor importancia a escala mundial, señaló el especialista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) , Rubén Aquino Luna.

    El subdirector de Seguridad en Información de la Dirección General de Servicios de Cómputo Académico (DGSCA) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) resaltó que la informática forense ayuda a investigar amenazas, fraudes o robo de datos.

    Comentó que el mayor uso de medios electrónicos para guardar información personal, realizar trámites o transacciones bancarias ha propiciado el aumento de fraudes y amenazas en línea.
    Sin embargo, dijo que para evitar amenazas, fraudes o robo de datos, es indispensable que la gente no caiga en engaños al momento de leer correos electrónicos o navegar en Internet, porque no todo lo que se publica en este medio es verídico, indicó.

    Aquino Luna detalló que la aplicación de técnicas computacionales permite la recolección, conservación y análisis de evidencias digitales que ayudan a resolver investigaciones legales relacionadas con los medios electrónicos.

    Aquino Luna precisó en un comunicado que el principal objetivo de las técnicas computacionales es colaborar en procesos legales de denuncias, juicios mercantiles, penales o civiles.

    «Se analizan los datos que están almacenados en un sistema, computadora o dispositivo electrónico, para saber si a través de ese medio se hicieron este tipo de acciones; luego se realiza un reporte donde se detallan las operaciones efectuadas’, indicó.

    El especialista de la casa máxima de estudios subrayó que cuando haya una sospecha de que hubo un uso no autorizado de su cuenta personal o se ejecutó una transacción que no aceptó, puede denunciarlo ante las instancias adecuadas.

    De esta manera, se da seguimiento y se investigan los sistemas electrónicos para apoyar el deslinde de responsabilidades.

    La informática forense, dijo, también se puede emplear para determinar qué ocurrió en algún sistema donde fue violada alguna medida de seguridad

  • SCJN avala matrimonios gay en el DF

    La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con ocho votos a favor y dos en contra avaló los matrimonios entre personas del mismo sexo en el Distrito Federal.

    Los ministros José Ramón Cossio, José Fernando Franco González Salas, Arturo Saldí­var Lelo de la Rea, Luis Marí­a Aguilar Morales, Sergio Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero, Juan Silva Meza y José Gudiño determinaron que la reforma aprobada por la Asamblea Legisltiva capitalina no viola la Constitución.

    Los ministros que votaron en contra son Guillermo Ortiz Mayagoitia y Sergio Salvador Aguirre Anguiano, mientras que Margarita Beatriz Luna Ramos estuvo ausente en la sesión de este jueves, al igual que en la del pasado martes.

    Pese a que declararon la constitucionalidad de las bodas entre personas del mismo sexo, los ministros no llegaron a un acuerdo sobre cuáles son las razones por las cuales se debe avalar la constitucionalidad de la reforma planteada al Código Civil del Distrito Federal.

    Durante la sesión se realizó una segunda votación, en la que tomaron parte los ocho ministros que se manifestaron a favor de las bodas gays.

    En esta ronda, seis votaron a favor del proyecto de Sergio Valls, mientras que José Ramón Cossio y Gudiño Pelayo efectuaron votos concurrentes para posteriormente argumentar los motivos por los que no aceptan el proyecto original.

    Durante la sesión también se tocó el tema sobre el alcance que tendrá el aval a los matrimonios entre parejas del mismo sexo en todo el paí­s y en este sentido, Olga Sánchez Cordero señaló que esta decisión no impacta por lo menos en un primer momento en forma directa en las demás demarcaciones estatales.

    â??La decisión de avalar la constitucionalidad del texto del artí­culo 146 del Código Civil capitalino, no obliga a los estados a adoptar una medida legislativa idéntica o similarâ?.

    En la sesión del próximo lunes los ministros retomarán el debate sobre este caso y comenzarán a analizar el tema de las adopciones y de la validez de los matrimonios gays en el resto del paí­s.

    La Procuradurí­a General de la República (PGR), el pasado 29 de enero, promovió la acción de inconstitucionalidad contra los matrimonios de personas del mismo sexo y la adopción de menores por esas parejas en la capital del paí­s.

    Este recurso fue admitido por el alto tribunal, en virtud de que la PGR tiene la facultad de impugnar leyes que considere violan la Carta Magna