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  • PGR sorprendida ante la evolucion criminal

    La evolución de la delincuencia organizada y la modificación de sus formas de operación sorprendió a las estructuras institucionales y a las autoridades, que no estaban preparadas, ni operativa ni logísticamente, para responder a ese nuevo fenómeno delincuencial, afirmó el procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez.

    En el acto inaugural de la Segunda Sesión de la Conferencia de Procuradores Generales de Justicia de la Zona Sur-Sureste, y en el contexto del combate al crimen organizado, el funcionario federal llamó a que las estrategias emprendidas contra la criminalidad, «fundamentalmente aquellas que tienen el objetivo de combatir a la delincuencia organizada deben surgir atendiendo las condiciones particulares de cada entidad federativa».

    Dijo que en el caso de ellos, como procuradores, tienen «la oportunidad de impulsar proyectos e iniciativas que enriquezcan y concreten el esfuerzo federal y el trabajo conjunto que estamos desarrollando para combatir a las organizaciones criminales».

    Dijo que el reto es de todos, y nos demanda trabajar de manera conjunta y corresponsable a fin de restituir la seguridad, que es la esencia que justifica la existencia del Estado».

    Chávez Chávez urgió a agilizar el paso en la construcción de instituciones ministeriales y policiales, tanto federales como locales, sólidas y plenamente acreditadas frente a la ciudadanía y enfatizó la importancia de que los órdenes de gobierno pongan en práctica estrategias coordinadas, articuladas y específicas frente a los delitos de alto impacto social.

    Asimismo, dijo que los procuradores generales de justicia de la zona sureste y las autoridades federales están construyendo los consensos que permitan consolidar ese frente común contra la criminalidad y la violencia.

    Este encuentro permite seguir avanzando en el fortalecimiento de las acciones que están atendiendo expresiones delictivas tan delicadas como el narcomenudeo, el secuestro y la trata de personas, explicó el funcionario.

    «Temas que , sin duda, son de la preocupación e interés de los ciudadanos, pero muy particularmente de la atención de las autoridades de la zona sureste.»

    La actividad se llevó a cabo en el hotel Pierre Marqués, donde los asistentes contaron con estrictas medidas de seguridad que implementaron efectivos de la Marina, Policía Estatal Preventiva y personal de Bomberos.

    El procurador también informó sobre los avances que ha tenido la dependencia en este año en algunos estados del país, avances como la creación de las Unidades Especializadas contra el Delito de Secuestro (USDS) y las iniciativas enviadas para reformar el castigo a los narcomenudistas.

    Por su parte, el gobernador de Guerrero, Zeferino Torreblanca Galindo, dijo que la realidad de lo que pasa en Guerrero rebasa en mucho a lo que se encuentra plasmado en las leyes y eso obliga a la coordinación cotidiana entre las autoridades de los diferentes niveles.

    Aseguro que a él le queda muy claro que lo que pasa en Guerrero es responsabilidad del gobernador, sea leyes federales, estatales las que se aplican

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  • Narcotraficante dio 25 millones de pesos a narcodiputado

    En el expediente que envió la Procuraduría General de la República (PGR) a la Cámara de Diputados para pedir el desafuero de Julio César Godoy Toscano al imputársele además del delito de delincuencia organizada, el de lavado de dinero, se incluyen pruebas que destacan depósitos bancarios por 24 millones 759 mil 948 pesos, de los cuales se desconoce su procedencia y no se puede explicar su origen.

    En el juicio de procedencia que la dependencia federal instruyó contra el diputado Julio César Godoy Toscano y que entregó el pasado 8 de octubre de 2010, se incluyeron diversas pruebas como son conversaciones telefónicas, testimoniales, fotografías, narconóminas, domicilios de reuniones con miembros de la organización delictiva de La Familia y las pruebas de que Servando Gómez Martínez La Tuta, es presuntamente su compadre.

    La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) envió a la Cámara de Diputados un expediente donde se señala en la pagina 187 que Julio César Godoy Toscano, con el propósito de impedir que se conociera el origen de los recursos de procedencia ilícita obtenidos a través de su relación con la organización delictiva conocida como La Familia Michoacana, en el periodo comprendido de enero de 2006 a junio de 2009, realizó diversas operaciones bancarias o financieras depositando en cuentas abiertas a su nombre el importe de 24 millones 759 mil 948 pesos.

    Las cuentas bancarias en las que fueron depositados los recursos son 9003468358, así como 9053395827, y la 9087303099 en diversas instituciones crediticias. La PGR establece que la imputación de lavado de dinero se afirma aún más a la falta de rendición de declaraciones de impuestos de enero de 2005 por parte de Godoy Toscano.

    La PGR indica en el expediente enviado a la Cámara de Diputados que «Godoy Toscano es miembro de la organización delictiva conocida como La Familia Michoacana, y que, incluso, tiene estrecha amistad con uno de los líderes de tal empresa criminal, precisamente con Servando Gómez La Tuta, estableciéndose además que Godoy Toscano, por la ayuda económica recibida de parte del grupo delictivo para su campaña como candidato a diputado federal, proporcionaría todo tipo de información en beneficio de tal organización».

    La dependencia federal que encabeza Arturo Chávez, precisa en su página 188 que la vinculación entre el diputado federal perredista y La Familia Michoacana se corrobora todavía más a través del «dictamen pericial en análisis de voz emitido por un perito de la PGR, quien concluyó que las voces analizadas corresponden al propio Godoy Toscano y a la de Servando Gómez Martínez».

    En el expediente, además de señalar que se tienen como pruebas los depósitos bancarios sin origen de procedencia, las conversaciones telefónicas, la pericial que establece la identificación de voz del diputado federal, también incluye el testimonio de un «testigo colaborador», de nombre «Carlos», al que presuntamente le consta que Servando Gómez Martínez La Tuta no sólo es amigo de Godoy Toscano, sino tambien su compadre.

    En la página 189 del expediente se precisa que «Godoy Toscano es padrino de la hija de aquel y cuando estaba en campaña como candidato a diputado federal se reunió con Gómez Martínez, y se habló del apoyo que La Familia Michoacana proporcionaría para que quedara como diputado y que una vez hecho lo anterior pudiera pasar información y arreglarse con servidores públicos para beneficiar a la organización».

    La SIEDO expone en el expediente, que derivado de la detención del hijo de La Tuta, Luis Servando Gómez Patiño pudo decomisar diversos elementos de prueba que revelan las percepciones económicas que recibían diversos funcionarios de Michoacán para proteger y favorecer a la organización delictiva.

    Se precisa que en la detención del hijo de La Tuta se decomisaron dos vehículos tipo Hummer, con facturas a nombre de la pareja sentimental del operador de La Familia Michocana, que responden al nombre de Ana Patiño López, madre de Luis Servando Gómez Patiño; además en los vehículos en los que viajaba se encontraron diversas armas de fuego, una computadora personal y una narconómina con el titulo de «Nómina de Leyenda/Pago Compartido con el tío Dionicio y Kike Plancarte, Sol y Nacho el Cenizo» y que es el pago número 12.

    En el ddocumento se mencionan a 128 personas a las que se les pagaban de cinco mil hasta 350 mil pesos. En esa lista destaca el nombre de Julio César Godoy Toscano, a quien se le cataloga como enlace de la presidencia municipal de Lázaro Cárdenas y que recibía un sueldo mensual de 40 mil pesos para informar, operar y ser enlace con el gobierno estatal.

    Destaca los nombres de Genaro Guízar Valencia, quien cobraba 200 mil pesos al mes; Jairo Rivas Paramo, presidente de Arteaga con 150 mil; Ignacio Mendoza Jiménez, subprocurador de Justicia con 40 mil; el presidente municipal de Lázaro Cárdenas, Mariano Ortega Sánchez, con 200 mil, se menciona también al diputado federal Miguel Ángel Arellano Pulido, que se le señala con 30 mil pesos mensuales como informante; Adán Tafolla Ortiz, presidente municipal de Tumbiscatío, con 250 mil pesos, y el presidente municipal de Zitácuaro, Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela, con 300 mil al mes.

    De acuerdo con los documentos presentados, La Familia Michoacana pagaba mensualmente la cantidad de cuatro millones 248 mil pesos a presidentes municipales, policías ministeriales y de tránsito, subprocuradores, comandantes, al jefe de gobernación del estado, en cargados de las comisarias, entre otros funcionarios mencionados.

    En la página 26 del expediente se dan a conocer las declaraciones del hijo de La Tuta, Luis Servando Gómez Patiño, quien reconoce que su padre se dedica al narcotráfico.

  • Jalisco entrega otro cheque a Universidad de Guadalajara

    El secretario de Educación de Jalisco, José Antonio Gloria Morales, entregó hoy en las instalaciones de la Rectoría General de la Universidad de Guadalajara (UdeG) un cheque por 245 millones 374 mil pesos.

    El titular de la SEJ manifestó que estos recursos forman parte de las entregas del subsidio estatal que realiza el gobierno de Jalisco a la institución educativa.

    El documento fue recibido por las autoridades universitarias, en este caso, por parte del director de Finanzas de la UdeG, Gustavo Cárdenas Cutiño.

    En la entrega del cheque también estuvo presente la coordinadora de Planeación de la UdeG, María del Carmen Rodríguez Armenta

  • Narcodiputado respondera por esceito

    El legislador perredista Julio César Godoy Toscano compareció ante la Sección Instructora de la Cámara de Diputados para conocer el expediente de la Procuradurí­a General de la República para solicitar su desafuero.

    Godoy Toscano llegó a las oficinas del órgano jurisdiccional al mediodí­a e ingresó de inmediato para ser notificado de la demanda de juicio de procedencia en su contra.

    Al concluir la comparecencia, de casi cuatro horas el presidente de la Sección Instructora, César Augusto Santiago, precisó que Godoy Toscano tendrá un plazo de siete dí­as para responder personalmente o por escrito a las imputaciones del Ministerio Público Federal.

    â??í?l ha conocido todas las constancias y sus anexos, y ha solicitado comparecer por escrito, aún cuando hizo algunas reflexiones en relación con el texto del expediente. í?l nos ha pedido dar un plazo para que pueda comparecer por escrito haciendo sus observaciones en relación con la acusación de que está siendo ví­ctimaâ?.

    El polí­tico chiapaneco aseveró que la resolución final de la Sección Instructora se realizará con toda seriedad y seguridad tal y como requiere el caso se ajuste estrictamente a los principios jurí­dicos y a lo que dice la ley.

    En entrevista, el diputado perredista Julio César Godoy Toscano dijo que el expediente que envió la PGR es incompleto. Expresó su confianza en la imparcialidad con que se maneje la Sección Instructora.

    Anunció que agotará los siete dí­as para responder por escrito las acusaciones del que ha sido objeto .

    Confió en ganará el caso por la ví­a legal y jurí­dica, y aseguró que demostrará su inocencia por ser «una persona de bien»

  • PGR busca en lugares equivocados, segun Murillo Karam

    El secretario general del PRI, Jesús Murillo Karam, exigió que la PGR busque los peligros para México en otro lado, al criticar que el presidente Felipe Calderón ha caí­do en el autoritarismo al insistir en que Andrés Manuel López Obrador es un peligro para el paí­s.

    En entrevista, el también senador priista sostuvo que el PRI ha cometido errores, pero no ha caí­do en los autoritarismos y ha sido tolerante incluso cuando también el PRD ha criticado al gobernador Enrique Peña Nieto como un peligro.

    â??Nosotros tratamos de ser muy serios. Me preguntan si cometimos errores, naturalmente los pagamos caros: perdimos la presidencia de la República. En consecuencia estamos tratando de componer aquello que nosotros pensamos que fue nuestro error y precisamente por ello somos muy tolerantesâ?.

    â??No nos atrevemos a señalar que en el juego democrático alguien sea un peligro; no puede ser, es el principio de un autoritarismo, de la intolerancia, de no entender cuales son las reglas del juego democráticoâ?, dijo.

    Por ello Murillo Karam sostuvo que él no llamarí­a un peligro a nadie dentro del juego democrático. â??Los verdaderos peligros los tienen que señalar la Procuradurí­a general de la Repúblicaâ?, apuntó

  • PGR mueve el juicio de desafuero contra Godoy Toscano

    El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramí­rez Marí­n, turnó a la Comisión Jurisdiccional la solicitud de desafuero presentada por la Procuradurí­a General de la República (PGR), contra el legislador perredista, Julio César Godoy Toscano.

    En la sesión, Ramí­rez Marí­n informó al pleno que la PGR ratificó la solicitud de juicio de procedencia en contra de Godoy Toscano, acusado de tener nexos con el crimen organizado, la cual se enví­o a la Comisión Jurisdiccional encabezada por el priísta, César Augusto Santiago.

    Este grupo de trabajo legislativo, será el encargado de determinar si hay elementos jurí­dicos para crear la Sección Instructora que se encargarí­a de la declaratoria de procedencia.

    Por su parte, Godoy Toscano informó que ha solicitado a la presidencia de la Cámara de Diputados que el juicio de procedencia que dará inicio en los próximos dí­as se traslade justamente a la Sección Instructora, mismo organismo que condujo el desafuero de Andrés Manuel López Obrador.

    Con relación a la solicitud de juicio ratificada por la PGR, el presidente y el secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Juventino Castro y Castro, y Nazario Norberto, respectivamente, consideraron que la insistencia de la dependencia federal «obedece a intereses polí­ticos», para dañar al PRD y al gobierno de Leonel Godoy Rangel, en Michoacán.

    «La insistencia es porque la PGR tiene interés de causar un daño al PRD o al gobernador Godoy.

    â??Después de todo la Cámara de Diputados consideró que estaba obligada a tomarle la protesta, pues quiere decir que todo estaba en orden, por lo que en todo caso que se enojen con la Cámara», expresó el ministro en retiro Castro y Castro.

    Por su parte el también legislador perredista, Nazario Norberto Sánchez manifestó que el juicio de procedencia contra Julio César Godoy Toscano, carece de elementos claros para demostrar jurí­dicamente los delitos de delincuencia organizada y contra la salud.

    «Si se carece de elemento constitutivo del delito y mucho menos se puede acreditar la responsabilidad penal, no va a prosperar el juicio de procedencia, porque si de los 35 inculpados en el mismo caso de Michoacán, 34 obtuvieron su libertad por falta de elementos de prueba con todo y testigos protegidos, tampoco los habrá contra Godoy Toscano», destacó

  • Arranca proceso por consejeros del IFE

    Al iniciarse el proceso de selección de candidatos a ocupar el cargo de consejeros electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE), el ciudadano Arturo Martínez Nateras fue el primero en registrarse, con la presentación en ensayo con 15 propuestas para la transformación del Instituto.

    En entrevista, Martínez Nateras aseguró que el país y el IFE deben contar con un acuerdo político de honestidad electoral, además de destacar que es necesario que el Instituto cambié su sistema de cómputo.

    «Soy una apasionado de la participación ciudadana y quiero creer que en efecto el día de hoy, los tres consejeros que asignarán no serán por cuotas partidistas», señaló.

    «Desgraciadamente el IFE ha caído en un descredito mayúsculo que quedó evidenciado en el 2006, en las elecciones y después en el 2009. Además cumple poco las funciones que tiene asignadas especialmente la de previsión, la de coadyuvar a la educación y a la cultura democrática, el IFE, igual que los partidos políticos hace spots pero no educa, no forma», dijo.

    Cabe mencionar que este día se esperaba la presencia de la magistrada de Toluca, Adriana Favela, sin embargo su cita para registrarse a la selección de candidatos a ocupar el cargo de consejeros electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE), será nuevamente programada

  • Por lluvias que se reubiquen familias

    De acuerdo con un censo preliminar, al menos 800 viviendas resultaron seriamente dañadas en la ribera del río La Antigua, por lo que igual número de familias deberán ser reubicadas.

    Reynaldo Escobar Pérez, secretario general de Gobierno, dijo que «tenemos un censo casi concluido de aproximadamente 600 viviendas en la zona de mayor siniestro totalmente perdidas, y unas 200 viviendas más que están en zonas de alto riesgo y tenemos que reubicar».

    Afirmó que en la comunidad de Chichicaxtle, perteneciente al municipio de Puente Nacional, se dispone de un predio de 14 hectáreas, donde se podría disponer de mil 500 lotes para la reubicación de estas familias.

    «Estamos con obras públicas del gobierno del estado, con el instituto de la vivienda del estado, haciendo un proyecto para obtener ahí mil 500 lotes y un financiamiento de pie de casa para reubicar a todas esas familias afectadas», expresó.

    Señaló que esta medida corresponde a las comunidades asentadas a orillas de este afluente entre las que se encuentran Cascajal, San Pancho y La Antigua, zonas altamente afectadas por el desbordamiento del río.

    «Esa sería una solución de fondo a muy corto plazo, ya está autorizado para que Patrimonio del Estado haga la sesión a estas personas, gratuita totalmente», manifestó.

  • Ojala salga Ley General de Protección de Víctimas del Delito

    La bancada del PRI en San Lázaro impulsa la Ley General de Protección de Víctimas del Delito que pretende revertir los niveles de impunidad y garantizar la reparación del daño por secuestro y tráfico de personas, entre otros ilícitos.

    El presidente de la Comisión de Justicia en la Cámara de Diputados Humberto Benítez dijo que la iniciativa de ley está dirigida a las víctimas de delitos como secuestro, homicidio calificado, trata de personas, tráfico de inmigrantes.

    En entrevista en San Lázaro consideró que la ejecución de penas en México es un fracaso, por lo que es necesario crear un sistema de justicia penal moderno que tenga como base la protección de las víctimas y un verdadero sistema de readaptación social.

    En ese sentido reconoció que la comisión a su cargo ha trabajado con pluralidad haciendo a un lado los colores partidistas para tratar de sentar las bases de un nuevo sistema de justicia para México

  • Isabel Miranda de Wallace pide pase la Ley Antisecuestro (ley Wallace)

    La asociación Alto al Secuestro, que preside Isabel Miranda de Wallace, exhortó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados a cumplir la promesa de aprobar el dictamen de Ley General de Combate al Delito de Secuestro que está en comisiones.

    Miranda de Wallace urgió a aprobar dicho proyecto, pues a su juicio el hecho de realizar modificaciones significaría un retraso considerable «y creemos que dadas las circunstancias que estamos viviendo en nuestro país», es apremiante que sea aprobado de inmediato.

    Si bien la ley es perfectible, el dictamen que está en manos de los legisladores contiene «lo más elemental e importante», por lo que «agradeceremos que ya no se realice cambio alguno al dictamen emitido por la Cámara de Senadores«, destacó en un comunicado.

    Consideró sin embargo que se debe encontrar el medio jurídico para que no se apliquen las operaciones encubiertas en el combate del delito de secuestro, pues no se cuenta con policías confiables y se carece de las unidades antisecuestros.

    Tras agradecer al Senado la disposición para aprobar esa iniciativa, también llamó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a que, una vez aprobada la ley, sean etiquetados los recursos económicos para que de inmediato funcione el fondo para víctimas que establece dicha norma.

    El secuestro, delito que ha tocado a todos los estratos sociales, ha tenido un incremento al menos de 200 por ciento en los últimos cuatro años, y el Estado y la sociedad no hemos reaccionado para prevenirlo, combatirlo y castigarlo, enfatizó