El pleno del Senado de la República ratificó y tomó la protesta de ley a Arely Gómez González como nueva titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP).
El dictamen por el que se ratificó el nombramiento propuesto por el presidente Enrique Peña Nieto fue aprobado por 95 votos a favor y tres en contra, durante la sesión ordinaria de este jueves en la Cámara de Senadores.
De inmediato el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Pablo Escudero Morales, llamó a la funcionaria al pleno legislativo para tomarle la protesta de ley.
En tribuna la legisladora Dolores Padierna Luna, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), manifestó su respaldo a la nueva titular de la Función Pública y argumentó que su trayectoria puede ayudar a mejorar la situación del país en el terreno del combate a la corrupción.
Su homóloga María Marcela Torres Peimbert, del Partido Acción Nacional (PAN), expresó que los varios retos de la nueva secretaria deben de ser atendidos para dar certeza y transparencia a las acciones desde la Función Pública.
Entre ellos mencionó el acercamiento a la ciudadanía con las acciones para combatir la corrupción y así atender el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción.
Héctor Yunes Landa, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), valoró este nombramiento y expuso la necesidad de tener instituciones afines al combate a la corrupción y a la atención a las demandas de la ciudadanía, para tener un mejor ejercicio del poder público.
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Arely Gómez rinde protesta como secretaria de la Función Pública
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Llega nuevo titular de la Función Pública
La Secretaría de la Función Pública (SFP) se abocará a concretar las acciones propuestas por el presidente Enrique Peña Nieto para combatir la corrupción y lograr un gobierno eficaz, apegado a la legalidad y transparente, afirmó su titular Virgilio Andrade Martínez. De esta manera es como hoy el presidente Enrique Peña Nieto le dio la bienvenida a Virgilio Andrade Martínez como nuevo titular de la Función Pública
Luego de rendir protesta como nuevo titular de la Secretaría de la Función Pública Andrade Martínez se dijo consiente de que la ciudadanía demanda de manera intensa acciones para cerrar espacios a la corrupción en el ejercicio administrativo y público, por ello trabajará para fortalecer la transparencia. Cuentan organizaciones no gubernamentales de que la corrupción en México cuesta entre 1 a 3 puntos del producto interno bruto, lo que se traduce en unos 600 mil millones de pesos.
“Frenar los espacios a la corrupción es una condición indispensable para otorgar confianza, así como para garantizar la inversión y por ende mejorar las condiciones de la economía”, afirmó el nuevo secretario de la Función Pública.
En su discurso mencionó los señalamientos a posibles conflictos de interés, refiriéndose a la compra de casas a empresas que han sido contratistas de su gobierno.
La constructora Grupo Higa, integrante del consorcio constructor que había ganado la licitación para el tren México-Querétaro, vendió casas a Angélica Rivera y al secretario Luis Videgaray, y según una nota del diario The Wall Street Journal, el presidente compró una casa a la Constructora y Urbanizadora Ixtapan de la Sal cuando era gobernador del Estado de México. La empresa ha obtenido contratos en el gobierno federal y el Estado de México.
Peña Nieto insistió en que no existe conflicto de interés en su caso. «El Presidente no otorga contratos, no adjudica compras ni obras, ni participa en ningún comité de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Y no obstante estas aclaraciones, soy consciente de que los señalamientos realizados generaron la apariencia de algo indebido, algo que en realidad no ocurrió. Esta percepción se explica, en gran medida, porque en México no tenemos los instrumentos para determinar cómo aclarar posibles conflictos de interés”, dijo.
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Salvador Vega Casillas ya se olvido de la Función Pública
Salvador Vega Casillas ya se olvido de la Función Pública.
Que sorpresas da la vida ¿verdad? Ahora resulta que el senador Salvador Vega Casillas que usted y yo conocemos por su paso a través de la Secretaría de la Función Pública, está dejando a todos con el ojo cuadrado ya que desde el senado, pide que la nueva secretaria contra la corrupción (que nos e sabe si esta propuesta del presidente Enrique Peña Nieto viene a ser un Instituto, Secretaria, Dirección, etc.) tenga la facultad para investigar, perseguir y sancionar ilícitos.
¿Le parece viable?
Digamos que sí, es interesante que se fortalezca a una entidad que estará combatiendo la corrupción en el país, lo que saca y mucho de onda es que el senador Salvador Vega Casillas cuando fue el titular de la Secretaría de la Función Pública, hizo caso omiso a una serie de denuncias que se le hicieron llegar entorno a problemas con funcionarios así como también, sus actos de corrupción en diversas dependencias.
De hecho, la Secretaría de la Función Pública está bastante mal parada ante los ojos de muchos gracias al ahora senador Salvador Vega Casillas, puesto que hay quienes dicen que la institución quedo casi desmantelada por el que ahora pide se persiga con todos los medios y recursos los actos de corrupción.
¿Qué paso senador Salvador Vega Casillas? Hasta parece que es candil de la calle…
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Mas de extorsion a gasolineros
Dice la Procuraduría General de la Republica que no hay problema, que el Partido Acción Nacional esta deslindado de toda responsabilidad en el caso de las extorciones a gasolineros.
Lo que sucede es que el día de ayer dimos a conocer aquí una nota que venía a través de un diario de circulación nacional, donde gasolineros hablan de que la esposa del secretario de la función pública, a través de PROFECO estaba extorsionando a gasolineros para recabar dinero y usara el PAN en campañas políticas.
De esta forma el día de hoy sale la PGR y dice que es mentira ya que a) son ex empleados de Profeco y están acusados de soborno en contra de un grupo de gasolineros y b) no hay prueba de que sea la esposa del secretario de la función pública además de que el dinero vaya a las arcas del PAN.
De todos modos hay que irle dando seguimiento.
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Detectan fraude en Pemex
La Secretaría de la Función Pública (SFP) presentó dos denuncias penales ante la PGR contra la ex subdirectora comercial de Destilados Intermedios de PMI Comercio Internacional, María Karen Miyasaki Hara, tras detectar un presunto fraude por 13 millones de dólares contra una empresa de Pemex.
En conferencia de prensa, el titular de la dependencia, Salvador Vega, explicó que esa servidora pública podría ser la única responsable de operaciones de compra y venta fraudulenta a nombre de la paraestatal en la que, al parecer, benefició a su cónyuge.
Explicó que el modus operandi de la suspendida subdirectora era a través de operaciones comerciales de diésel de ultra bajo azufre a empresas internacionales, una de ellas denominada Blu Trading S.R.L de C.V. en donde su esposo Max Miles Beckett fungía como socio y gerente general.
Vega Casillas detalló que hasta ahora han sido detectadas operaciones comerciales irregulares de la funcionaria en cuatro cargamento comercializados de agosto a diciembre de 2008, y que fue en 2009 cuando iniciaron las investigaciones sobre esa ex funcionaria.
Indicó que además de las dos denuncias penales a partir de las cuales la Procuraduría General de la República (PGR) inició dos averiguaciones previas, se han iniciado dos denuncias administrativas que están en curso.
Las investigaciones de la procuraduría y de la SFP continúan para determinar si existen más servidores públicos involucrados u otras personas, así como para determinar si hubo otros cargamentos con malos manejos, abundó el secretario.
De las investigaciones hechas, en las cuales hubo coordinación con la PGR y la Secretaría de Hacienda, se detectaron 13 cuentas bancarias de esta mujer con una suma total de 16 millones de pesos, cuyo origen lícito no pudo acreditar, además de varias propiedades.
A su vez, el visitador de la PGR, César Chávez, explicó que Miyasaki Hara podría ser responsable de los delitos de enriquecimiento ilícito y administración fraudulenta; el primero por el cual podría alcanzar hasta 12 años de prisión y una indemnización para la reparación del daño por 13 millones de dólares
