Etiqueta: fiscalia

  • Belgica tiene pruebas de pederastas

    La Fiscalía bruselense encontró durante los registros en el arzobispado de Bruselas-Malinas realizados en junio material relacionado con el pederasta y asesino de jóvenes y niñas Marc Dutroux, condenado a cadena perpetua, según informa hoy el periódico «Het Laatste Nieuws».

    El diario flamenco destaca que se hallaron documentos procedentes de ese caso, como «decenas de fotografías» de la exhumación de los cadáveres de las niñas Julie y Melissa (ambas de ocho años), que Dutroux enterró en el jardín de su casa tras haberlas violado en repetidas ocasiones y dejado morir de inanición.

    Dutroux fue detenido en 1996 y condenado en 2004 por el secuestro y violación de nueve jóvenes y niñas, así como por el asesinato de cuatro de ellas y de un cómplice.

    La Fiscalía incautó asimismo «documentos relacionados con la pederastia, que estaban destinados a la Justicia»; informes entre magistrados centrados en la investigación que «ciertamente no estaban dedicados a la Iglesia», precisa el diario.

    Según el rotativo, esas «piezas judiciales confidenciales» se encontraron durante los registros llevados a cabo el pasado 24 de junio en el palacio episcopal de Malinas, dentro de la investigación de un caso de abuso sexual de menores por parte de miembros de la Iglesia católica, una operación que fue calificada de «deplorable y sorprendente» por el papa Benedicto XVI.

    El portavoz de los obispos belgas, Eric de Beukelaer, ha solicitado «prudencia» ante la revelación de «Het Laatste Nieuws».

    «No sabemos nada de esos archivos. Nos preguntamos de dónde vienen esas informaciones», indicó a la agencia de noticias Belga, y agregó que en las audiencias que siguieron a los registros «nadie hizo mención de esos documentos».

    Aseguró que a él mismo nadie le interrogó sobre esos informes.

    «El arzobispado es enorme», comentó, y afirmó no saber nada sobre esos papeles, a la vez que pidió ser «muy prudente».

    Por otro lado, el anterior arzobispo, el cardenal Godfried Danneels -quien ocupó el puesto hasta enero pasado-, presta hoy declaración ante la Policía Judicial Federal después de que su domicilio también fuera registrado en la misma operación

  • Nace la Fiscalia Especial para la Atencion de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresion

    La Procuraduría General de la República (PGR) divulgó el acuerdo por el que se crea la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, a fin de proteger la seguridad de los periodistas y comunicadores.

    El documento, publicado este lunes en el Diario Oficial de la Federación (DOF) , establece que la fiscalía deberá dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones y, en su caso, la persecución de los delitos cometidos contra quienes ejerzan la actividad periodística.

    El convenio indica que será responsabilidad del titular de esa institución promover la cultura de la prevención del delito, el respeto y la difusión de los derechos relacionados con la libertad de expresión y la información, a fin de proteger la seguridad de los comunicadores.

    También dará seguimiento a acciones relacionadas con la protección al ejercicio del periodismo, e informará de ello al procurador y a las asociaciones profesionales mundiales y nacionales de periodistas a través de mecanismos de concertación que se establezcan para tal efecto.

    El acuerdo, que entrará en vigor el 6 de julio, indica que a partir de esa fecha los asuntos que se encuentren en trámite a cargo de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra Periodistas, averiguaciones previas y procesos penales pasarán al conocimiento de la recién creada institución.

    Por lo anterior, queda sin efecto el acuerdo A/031/06 del titular de la PGR por el que se crea la Fiscalía para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de febrero de 2006, precisa el acuerdo

  • ¿Reculara fiscalia en caso Garzon?

    La Fiscalía reclamó hoy al Tribunal Supremo español la absolución del juez Baltasar Garzón en la causa por prevaricación que le fue abierta por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo (1936-1975) y que el pasado viernes llevó a su suspensión cautelar.

    Garzón, artífice de la detención del ex dictador Augusto Pinochet, dejó el pasado viernes su puesto en la Audiencia Nacional de España, tras ser suspendido cautelarmente en relación con el juicio oral que afronta por investigar los crímenes del franquismo.

    El pleno del órgano de Gobierno de los jueces españoles, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), acordó ese día la suspensión cautelar de sus funciones.

    El juez Garzón aparece imputado en tres querellas ante la justicia española, una de ellas la de presunta prevaricación al ordenar investigar los crímenes cometidos por el franquismo, ignorando la Ley de Amnistía de 1977 que se declaró sobre esos y otros delitos de origen político al retornar España a la democracia.

    En el escrito de calificación provisional que la Fiscalía remitió hoy a la sala de lo penal del Supremo, el Ministerio Público afirma que los hechos de los que se acusa al juez no son constitutivos de delito.

    La Fiscalía indica que «sin delito y sin autor no es posible solicitar la imposición de pena alguna»

  • Niña indigena violada o puede abortar

    Una niña indígena maya de 10 años embarazada tras ser violada al parecer por su padrastro, enfrenta un dilema en México debido a que las leyes locales le impiden abortar por lo avanzado de la gestación, informó hoy la Procuraduría General de Justicia del estado de Quintana Roo.

    El caso fue denunciado ante las autoridades el pasado 23 de marzo por la propia madre de la pequeña después de llevar a su hija a una revisión médica y acreditar que estaba embarazada.

    El médico que atendió a la menor, natural de la comunidad La Rovirosa, en el sur de Quintana Roo, confirmó que tenía casi cuatro meses de gestación.

    La Fiscalía estatal no ha proporcionado el nombre de la menor ni el de la madre.

    Inicialmente la niña dijo que al ir a la escuela un sujeto la «jaló» hacia el monte y abusó de ella, pero en el transcurso de las investigaciones y al quedar bajo el resguardo de instancias que protegen a menores víctimas de delitos, la menor terminó por confesar que su padrastro era el autor de la agresión, detallaron fuentes de la fiscalía.

    El varón, identificado como Isaac Santiago Martínez, alias «El Brujo», fue localizado y detenido ante la policía el pasado 27 de marzo, inicialmente bajo los cargos de resistencia a la autoridad e intento de fuga y por presunta violación.

    Desde el 30 de marzo «El Brujo» está encarcelado en Chetumal, la capital de Quintana Roo, en el Caribe mexicano.

    Las autoridades tienen previsto practicar estudios genéticos para demostrar la presunta responsabilidad de Martínez en la violación, algo que inicialmente aceptó, pero de lo cual más tarde se desdijo argumentando que había sido obligado a declararse culpable.

    De acuerdo con datos proporcionados por personal de la fiscalía, la legislación vigente en Quintana Roo ofrece a una mujer violada la posibilidad de abortar nada más en los primeros tres meses de embarazo, un plazo que ha sido rebasado en el caso de la pequeña indígena maya.

    Su situación recuerda a la de la joven Paulina Ramírez Jacinto, quien en 1999, cuando tenía 13 años, fue violada por un drogadicto que entró a robar a su casa y la atacó mientras dormía.

    Semanas después de la agresión Paulina conoció que estaba embarazada y su familia inició los trámites legales para solicitar la interrupción del embarazo al ser resultado de una violación.

    Sin embargo, los médicos del Hospital General de Mexicali, en el estado de Baja California, noroeste de México, se negaron a practicarle el aborto ordenado por un juez y la canalizaron con grupos religiosos y antiaborto.

    El aborto finalmente no se consumó porque funcionarios del sector Salud lograron disuadirla y el 14 de abril de 2000 Paulina dio a luz a un hijo varón.

    El caso fue tan prominente que terminó en manos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en 2005 ordenó al Estado mexicano indemnizar a la joven, hoy mayor de edad, con la cobertura de los gastos de manutención de su hijo hasta los 18 años por no haber permitido en el caso la aplicación de la ley

  • ¿Carcel a caricaturista español?

    La fiscalía española pidió sendas penas de 18 meses de cárcel para un caricaturista español y un ciudadano marroquí por enaltecer el terrorismo islamista a través de dibujos y vídeos difundidos en Internet, informó la Audiencia Nacional el martes.

    Una de las caricaturas por las que se juzga al español Gonzalo López Royo muestra el derrumbe de unos edificios similares a las Torres Gemelas de Nueva York y miles de personas vestidas con el traje típico blanco y rojo de los encierros de toros de Pamplona huyendo despavoridas.

    La fiscal Teresa Sandoval dijo en su escrito que el acusado redactó al menos 1.500 comentarios desde el 2006 en foros restringidos de Internet en los que elogiaba a al-Qaida y a su líder en Iraq Abu Musab al-Zarqawi, muerto tras el ataque de un misil estadounidense en 2006.

    López Royo, quien regenta un librería de cómics en la ciudad de Zaragoza, negó el enaltecimiento del terrorismo – considerado un delito en España – y dijo que no pretendía ofender a nadie con su trabajo.
    «Sólo quería comentar las noticias de forma positiva y no pretendía ensalzar a los malos», señaló.

    El marroquí Fath Allah Sadaq está procesado en el caso por usar los dibujos y caricaturas de López Royo en vídeos de ataques terroristas islamistas que colgaba en Internet.

    El veredicto se espera para las próximas semanas, según precisó la Audiencia Nacional.

    Un psicólogo del tribunal dijo durante el juicio que López Royo sufre un trastorno de personalidad propio de una persona que padece una carencia de autoestima, aunque precisó que entendía perfectamente las posibles consecuencias de sus comentarios y dibujos

  • 7 militares detenidos en Colombia

    La Fiscalía informó el lunes de la captura de siete militares por su presunta responsabilidad en el homicidio de tres jóvenes en una región del noroeste del país, en una nueva denuncia de ejecuciones extrajudiciales.

    Los militares — un teniente, un cabo y cinco soldados profesionales del ejército –, fueron señalados de dar muerte a tres muchachos el 26 de abril del 2006 en una zona del municipio de Abriaquí, en el departamento de Antioquia y a unos 310 kilómetros al noroeste de Bogotá, indicó la Fiscalía en un comunicado en su sitio de internet.

    Según el informe presentado por las autoridades castrenses en aquella época, los tres hombres portaban al menos una pistola y tres granadas y eran unos presuntos extorsionistas abatidos en combate, pero la Fiscalía constató que al menos dos de las víctimas eran solo vendedores informales de la ciudad de Medellín, capital de Antioquia, aseguró la Fiscalía.

    Los siete militares serán investigados por el delito de homicidio agravado, agregó el ente investigador.

    Hasta febrero pasado, la Fiscalía llevaba al menos 1.200 investigaciones por las presuntas ejecuciones extrajudiciales de unas 2.300 personas a manos de militares en los últimos años. La justicia ha condenado a por lo menos 187 militares por esos casos, según datos de la Fiscalía.

  • La gigantesca multa a Credit Suisse

    El banco suizo Credit Suisse aceptó pagar una multa de US$536 millones por haber violado las sanciones de Estados Unidos contra Irán.

    La institución financiera reconoció haber ocultado sistemáticamente a las autoridades estadounidenses la identidad de clientes iraníes de los que habría gestionado fondos en EE.UU.

    La fiscalía de Manhattan también acusó a Creditt Suisse de haber ayudado a clientes de Libia, Sudán y Birmania a saltarse las sanciones que pesan contra sus países.

    El banco aseguró tomarse este asunto muy en serio y estar comprometido con los mayores niveles de integridad y con el cumplimiento de la regulación.

    Según informa el periodista de la BBC Mark Gregory, Credit Suisse es el segundo banco que se ve obligado a pagar cientos de millones de dólares por ayudar a clientes provenientes de naciones que afrontan sanciones a saltarse las leyes de EE.UU.

    En enero, el británico LLoyds-TSB pagó una multa de US$350 millones a las autoridades estadounidenses después de que la fiscalía le acusara de falsificar registros de clientes de Irán, Sudán y otras partes para que estos pudieran hacer negocios con instituciones de EE.UU

    Además, este es el segundo acuerdo del año entre un banco suizo y las autoridades estadounidenses. En febrero, UBS aceptó el pago de US$780 millones para evitar cargos criminales por ayudar a evadir impuestos a sus clientes.

    El gobierno de EE.UU. tiene la potestad de iniciar procedimientos contra instituciones financieras extranjeras, incluso en operaciones relacionadas con terceros países, si éstas tienen parte sus negocios en EE.UU.

    Según la Fiscalía de Manhattan, desde mediados de los 90 hasta 2006, Credit Suisse violó las leyes estadounidenses al mover cientos de millones de dólares de forma ilegal en nombre de clientes sometidos al régimen de sanciones.

    Las transacciones de Credit Suisse de clientes iraníes en dólares estadounidenses se cuadriplicaron entre 2002 y 2005 -pasando de 50.000 a unas 200.000- después de que Lloyds-TSB dejara de participar en este tipo de operaciones

  • Condenan por delitos electorales a quien tenia multiples credenciales del IFE

    Y se me hace poco.
    Pero fíjense que hace unas semanas se dio la información gracias a la pista de un reportero de un medio de comunicación, que hay gente que tiene no una ni dos sino hasta nueve identidades con papeles oficiales sacados impunemente como lo es, una credencial de elector con fotografía.
    Se evidencio así ciertos detalles que no debían ocurrir, por ejemplo, que funcionarios del Instituto Federal Electoral podían expedir credenciales si la persona presentaba dos testigos argumentando ser nuevo en la localidad y no tener documentos que avalaran su domicilio o demás.
    Así, se detuvieron algunas personas, pero entre ellas Sergio Rodrigo Elizondo Urbi que obtuvo 16, si 16 credenciales de elector con fotografía y realizo diferentes fraudes bancarios (especialmente) con tarjetas de crédito.
    Bueno, en la primera parte de su juicio, se le dieron 48 años de cárcel por delitos electorales, y es que se desea dejar claro de acuerdo a lo que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (conocida por las siglas Fepade) que en estas cuestión no se puede tener consideración o tolerancia alguna.
    ¿Estamos?
    Ahora le corresponde hablar a las instituciones crediticias y bancarias por si desean además, abrir juicios contra de el.
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