Siendo las 20:30 horas aproximadamente del día 03 de actual, fue privado de su libertad el activista Gustavo Alejandro Salgado Delgado, en una parada de trasporte público de la Colonia Emiliano Zapata, de Moyotepec, Municipio de Ayala, por lo que al no llegar a su domicilio la señora Rosa ”N” presento denuncia el día 04 del mismo mes y año, por la desaparición de Gustavo, su esposo; por lo que una vez que se recibió la denuncia la fiscalía Oriente y el Personal de la Policía de Investigación Criminal se avocaron a la investigación del hecho denunciado, trasladándose al lugar donde presumiblemente fue cometido el delito; realizando investigación de campo, logrando obtener información de algunos lugares en los que pudiera encontrarse el líder activista, siendo corroborado cada uno de ellos.
Siendo aproximadamente las 16:00 horas se localizó el cuerpo sin vida y decapitado el Activista Salgado Delgado, localizando la cabeza a unos veinte metros del cuerpo.
Con los datos obtenidos en la denuncia de la esposa, al primer contacto con el cuerpo se tuvo la presunción de que se tratara del cuerpo de quien en vida se llamara GUSTAVO ALEJANDRO SALGADO DELGADO, toda vez que coincidían los datos de la vestimenta que se había manifestado, siendo corroborado más tarde por familiares que se trataba de la misma persona.
Al lugar arribaron perito de la fiscalía Regional Zona Oriente y Agente del Ministerio Púbico para el levantamiento del cuerpo.
La policía de investigación criminal continúo con la investigación del homicidio, logrando recabar testimonios en los que se logró identificar y ubicar a los probables responsables de tales hechos; en consecuencia la Fiscalía de la Zona Oriente solicitó orden de cateo para dar con indicios y los probables responsables.
Por lo que en cumplimiento a la orden de aprehensión otorgada por la autoridad judicial, personal dela Policía de Investigación Criminal, en coordinación con Personal Militar de la 24 zona militar y con apoyo de la Policía Municipal de Ayala (Mando Único), se cumplimentó a las 04:00 horas culminando a las 16:00 horas, dicho cateo en el domicilio ubicado en Calle Feliciano Domínguez sin número, Colonia Emiliano Zapata, del Municipio de Ayala, logrando asegurar a HECTOR “N” de 35 años de edad, ELIDIO “N” de 35 años de edad, VICTOR “N” de 25 años de edad y VICTORINO “N” de 50 años de edad, así como un vehículo de la marca Nissan tipo Platina, color blanco, placas HAG1665, una motocicleta y un machete con el que presuntamente fue separada la cabeza del cuerpo del activista social; así como una computadora laptop, marca Dell, de uso persona, propiedad del occiso; así como dos vehículos con reporte de robo.
Se desprende de la investigación realizada que el móvil del crimen fue por la asignación y repartición de terrenos de la reserva ecológica conocida como “EL CHIVATERO”, de la localidad de Moyotepec, Municipio de Ayala, por parte del ahora occiso y de lo cual estaban inconformes lo imputados, agregando rencillas personales entre ambas partes.
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Asegura Policía de Investigación Criminal de Morelos a presuntos asesinos de Gustavo Salgado
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El PRI ya ve temas para su proximo sexenio
Mucho llama la atención el que el PRI este viendo ahora cuestiones como las pensiones del Instituto Mexicano del Seguridad Social o por ejemplo, focos rojos en materia de seguridad.
¿A qué se debe esto?
Mucho tiene que ver que el Partido Revolucionario Institucional esta en el gusto de la gente a 2 x 1 por encima de cualquier otro partido político rumbo a los pinos. Ya hay diversas figuras del partido tricolor que están viendo diversas agendas como la procuraduría, hacienda, gobernación, etc. ya sea en el equipo de Beltrones o en el equipo de Peña Nieto, aun no se sabe quién será el candidato del PRI para el 2012 pero a la vez, son los dos que tienen opciones de ganar.
¿Es correcto ya vean esto como un triunfo seguro?, no puedo decir correcto o incorrecto lo que si es que me llama la atención se estén creando ya planes programas señalamientos de atención etc. a temas que tendrán que ser a todas luces, atendidos pero, hay que tener en cuenta también que del plato a la boca en ocasiones, se cae la sopa.
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FEPADE reporta 194 quejas
La única autoridad para poder ver y analizar así como investigar denuncias electorales en México es la FEPADE.
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales tiene de la jornada de ayer, 194 denuncias de posibles delitos electorales que tiene que investigar y con ello pasar información para posibles sanciones y quizá pueda verse si hay castigos que puedan modificar las cifras en las urnas.
Para esto pasaran días. Además y sin ánimo de hacer polémica, mucha gente denuncia posibles delitos electorales que no lo son o desea que de manera ipsofacto se modifiquen los resultados quizá, invalidando elecciones enteras, algo que si bien es cierto si se puede, no es muy común.
De las 194 denuncias 117 corresponden al Estado de México, 25 a Coahuila, 23 a Hidalgo y 29 a Nayarit.
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Juez es buscado
La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia de Morelos, ordenó a la Policía Ministerial la búsqueda, localización y comparecencia del ex presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Rosas Pérez.
Ello, con el propósito de que comparezca junto con su defensor particular -en su carácter de probable responsable- para responder una denuncia por delitos contra la administración de justicia, presentada el año pasado, por el actual magistrado presidente Miguel íngel Falcón Vega.
La orden de búsqueda, localización y comparecencia fue girada por dicha Fiscalía Especial, luego de que dos organizaciones de abogados revelaron presunta corrupción en el manejo de juicios, nombramiento de jueces y la designación de funcionarios administrativos.
A esta serie de acusaciones, que provocaron la destitución del ex magistrado Rosas Pérez, la acompaña el resultado de una auditoria que revela el desvió de 13 millones de pesos en préstamos y otros gastos los cuales no fueron comprobados, así como la designación de cargos claves para el manejo del tribunal de familiares en primer grado.
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Descartan vinculo en incendio
El portavoz de la Fiscalía General del estado de Chihuahua, Carlos González Estrada, explicó que la primera línea de investigación del incendio y secuestro de Manuel Monje apunta a un posible caso de â??extorsión más que relacionarlo con la muerte de Marisela (Escobedo)â?.
Insistió que por el modus operandi se podría tratar de un caso de extorsión más. Sin embargo, agregó, se están tomando varias hipótesis para lograr más avances en la investigación.
El Partido Acción Nacional (PAN) reprobó ayer el asesinato de Marisela Escobedo y reclamó a las autoridades estatales y locales de Chihuahua proporcionar seguridad a los familiares de la activista fallecida.
En comunicado, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Gustavo Madero, manifestó su indignación ante la falta de garantías de seguridad que padecen los ciudadanos.
El senador Madero Muñoz reclamó efectividad de las autoridades del gobierno de Chihua-
hua para investigar los hechos y exigió medidas para detener la ola de violencia que se vive en esa entidad federativa.
Asimismo reprobó la actuación de los jueces del Poder Judicial de ese estado que emitieron la sentencia que puso en libertad al presunto homicida de la hija de Escobedo Ortiz, Rubí Frayre, pese a su confesión de haber cometido el crimen.
El dirigente de Acción Nacional se refirió además al hecho de que un grupo armado roció con gasolina la maderería de José Monge, pareja sentimental de la activista asesinada en Chihuahua, además de que levantaron a su hermano y socio, Manuel Monge.
Gustavo Madero calificó de inapropiada la declaración del fiscal estatal, Carlos González Estrada, en el sentido de que no puede asegurarse que el incendio y el levantón tienen relación con la muerte de Marisela Escobedo.
Advirtió que Acción Nacional estará al pendiente de que las investigaciones que realicen las autoridades de Chihuahua del caso a fin de que se realicen con profesionalismo, transparencia y efectividad.
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FEPADE tendra cuidado con narcocandidatos
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) tiene listo un candado de â??tercera generaciónâ? para evitar que candidatos o gobernantes involucrados al narcotráfico rindan protesta como representantes populares.
El titular de la Fepade, José Luis Vargas Valdez, indicó que el objetivo es atacar â??desde todos los frentesâ? este flagelo para atenuar el peligro que representa la amenaza del narcotráfico en los comicios de 2011 y los presidenciales de 2012.
â??Creo que estamos todavía en una fase digamos previa, donde tenemos capacidad de evitar que lleguen a existir gobernantes o representantes populares claramente involucrados con ese tipo de actividades ilícitasâ?, comentó.
Refirió que â??blindarâ? las campañas y precampañas requiere la aprobación en el Congreso de la Unión de una reforma penal electoral que permita sancionar el uso de recursos de origen ilícito, públicos o de cualquier índole.
Otro objetivo, detalló el funcionario, es penalizar la desviación de programas sociales para apoyar actos político-electorales y sancionar la comercialización de la información contenida en el padrón electoral.
Vargas Valdez adelantó que con ese objetivo, durante el primer bimestre de 2011 el gobierno federal enviará la iniciativa de reforma al Congreso, a fin de que sea discutida y, en su caso, aprobada por el Poder Legislativo.
Se trata, explicó, de hacer énfasis con las fuerzas políticas en las reglas del juego con las que querrán jugar en el próximo proceso electoral federal en los temas más sensibles y delicados para ganar una contienda, como preservar la equidad y el buen clima electoral.
El titular de la Fepade aclaró que si los partidos no aprueban las nuevas reglas del juego, â??tendrán que asumir la responsabilidad de que quieren seguir con normas que son imperfectas, son obsoletas, superan la realidad que hoy nos preocupan a todosâ?.
De tal suerte que ellos â??tienen la última palabra, son el poder que les toca decidir la aprobación de leyes (â?¦) y en caso de que no se quieran, también tendrán que asumir la responsabilidad de que esas son las reglas del juego con las que se quiere ir al próximo proceso electoral federal que sin duda va a ser muy competidoâ?, expresó.
A juicio del fiscal, el narcotráfico y el crimen organizado â??están trastocando el principio que deben tener los procesos electorales, que debe de ser el concepto de una fiesta cívicaâ?.
Para nadie es ajeno que en ciertas regiones del país â??hay preocupación por la presencia cada vez más activa e intimidatoria de estos grupos armados y de estos grupos delictivos, y eso creo que es algo que afecta mucho a la sociedad y tenemos que atacarloâ?, puntualizó.
Vargas Valdez insistió en que â??estas cuestiones que estamos mencionando (narcotráfico) a todos afecta. Hay una conciencia de que constituyen afectaciones al proceso electoral y hoy puede ser la víctima un partido y el día de mañana, el otroâ?
Explicó que el objetivo de las reforma es que la Fepade conozca la eventual participación de la delincuencia organizada durante cualquier etapa de los procesos electorales locales y federales, así como contemplar el periodo de precampañas y ampliar penas y agravantes.
â??Se trata de reformar el Artículo 24 del Código Penal Federal relativo a los delitos electoralesâ?, expuso al mencionar que la revisión al marco legal vigente busca â??actualizarâ? el catálogo de delitos electorales contemplados en dicho Código, que data de 1996.
Ello, precisó, porque â??ha habido una sofisticación en la capacidad de delinquir en materia electoral; los partidos son cada vez entidades más complejas, más plurales y tienen prácticas mucho más complejas de lo que en ese entonces existía, esto es, de coacción de votoâ?.
Resaltó que ahora existen nuevos fenómenos que antes no estaban previstos y que amenazan los procesos electorales y sobre todo que generan también desequilibrios â??tanto por miedo, como es el crimen organizado, como también que generan desequilibrios por apoyos indebidos que afectan la equidad en la contienda electoralâ?.
A pregunta expresa, José Luis Vargas comentó que durante el proceso electoral de 2010 fueron reportados 159 delitos y se presentaron 155 denuncias, de las cuales sólo dos fueron consignadas y 104, es decir 67%, están en proceso de integración de la averiguación previa.
En tanto, de los 159 delitos electorales registrados, 54% corresponden a conductas relacionadas con sanciones a situaciones de compra y coacción del voto.
El funcionario de la PGR mencionó que 235 personas fueron denunciadas y de ellas 52 % corresponden a servidores públicos, 13% a funcionarios de partidos políticos, 18% a particulares y 17 % a quien resulte responsable.
En su opinión se requiere de hacer un cambio â??con lo que hoy está en nuestras posibilidades hacer respecto al marco legal que tenemos para actuarâ?.
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25 cuerpos en fosa común
De nueva cuenta y por cuarta vez en lo que va del año, la Fiscalía del Estado de Chihuahua sepultará en la fosa común este viernes, 25 cuerpos de hombres y mujeres que en su mayoría fueron ejecutados en Ciudad Juárez.
La Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la Fiscalía General de Justicia del Estado, informó que se llevarán a cabo la inhumación de 25 cuerpos de personas que fueron privadas de la vida en hechos violentos.
Algunos de los cadáveres son de personas que fallecieron en accidentes o por causas naturales en esta ciudad, pero la mayoría, cuatro mujeres y 21 hombres, murieron ejecutados a tiros.
Ya que los cuerpos no fueron identificados ni reclamados por sus familiares, por lo cual serán colocados en fosas individuales en los terrenos del Panteón Municipal San Rafael.
De los 25 cuerpos, 21 cadáveres corresponden a personas del sexo masculino y los restantes al sexo femenino.
Doce de los cuerpos, incluidas dos mujeres, fueron clasificadas por los tatuajes que presentaban en diversas partes del cuerpo, algunos de ellos de ídolos o imágenes aztecas, distintivo de una de las bandas más feroces de Ciudad Juárez, ligada a las actividades criminales del Cártel de Vicente Carrillo.
Las autoridades obtuvieron el perfil genético de todos los cuerpos, que permitirá a futuro la identificación de los cadáveres por algún familiar.
Con esta inhumación son cuatro las que se realizan bajo las mismas condiciones en Ciudad Juárez, de cerca de 100 cadáveres asesinados a tiros que no fueron ni identificados, ni reclamados por algún pariente o amistad.
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Colombia sí investigará a Alvaro Uribe
Una comisión del Congreso de Colombia aprobó el martes investigar al ex presidente Alvaro Uribe para determinar su posible responsabilidad penal en las interceptaciones telefónicas ilegales a magistrados, periodistas y políticos, informaron fuentes legislativas.
Los seguimientos e interceptaciones telefónicas fueron uno de los principales escándalos que sacudieron el segundo período de Uribe junto con las ejecuciones extrajudiciales de civiles cometidas por algunos efectivos del ejército y la adjudicación irregular de subsidios agrícolas.
El ex mandatario será investigado por su presunta responsabilidad por acción u omisión en el caso de las interceptaciones telefónicas que se realizaron desde la sede del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), la central de inteligencia de Colombia, que depende directamente de la presidencia.
Los presidentes en ejercicio y los retirados gozan en Colombia de un fuero especial y solo pueden ser investigados por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.
Si la comisión establece que hubo responsabilidad del Uribe deberá acusarlo ante el Senado, que en una sesión plenaria decidirá si lo absuelve o le impone una sanción que podría ser a perdida de la libertad.
Pero la comisión tiene un histórico récord de ineficiencia y es controlada por parlamentarios de partidos que hacen parte de la coalición que respaldó a Uribe en sus dos períodos de Gobierno y apoya al actual mandatario Juan Manuel Santos.
Uribe, quien tuvo fuertes enfrentamientos con la Corte Suprema de Justicia, negó recientemente haber ordenado los seguimientos e interceptaciones, pese a que las investigaciones de la Procuraduría General han implicado a varios de sus cercanos colaboradores.
La semana pasada la Procuraduría General destituyó e inhabilitó por 18 años para ejercer cargos públicos al ex secretario general de la presidencia Bernardo Moreno, una persona cercana a Uribe, por su responsabilidad en el escándalo de espionaje.
El mismo organismo de control también destituyó e inhabilitó a otros siete antiguos funcionarios del Gobierno de Uribe, incluidos tres ex directores de la central de inteligencia.
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Berlusconi y la mafia, ¿ya lo sabiamos?
Silvio Berlusconi no mantuvo ningún contacto con Vito Ciancimino, ex alcalde de Palermo, Sicilia, conocido por sus vínculos con la mafia, aseguró hoy el abogado del primer ministro italiano, Niccoló Ghedini.
«Berlusconi no mantuvo nunca ningún tipo de contacto con Vito Ciancimino, ni mucho menos una relación económica», dijo Ghedini luego de que la prensa publicara declaraciones de la viuda y del hijo del ex alcalde en las que narran encuentros entre éste y el actual primer ministro italiano en las décadas de 1970 y 1980.
«Las noticias aparecidas hoy en (el diario) Il Fatto Quotidiano y ayer en La Stampa en relación a nuevas presuntas revelaciones de los Ciancimino son absoluta y totalmente carentes de fundamento y de toda lógica», declaró Ghedini en una nota de prensa.
Informó que pedirá a la fiscalía de Palermo copias de las declaraciones y de los documentos sobre los contactos entre Berlusconi y Ciancimino para llevar a cabo, «si efectivamente existen», una acción judicial.
«De cualquier modo es intolerable que noticias sobre indagaciones en curso continúen apareciendo de manera incontrolada en la prensa en grave violación de la ley», añadió.
La víspera La Stampa informó que una fotocopia de un cheque por 35 millones de liras (equivalentes actualmente a 23 mil dólares) que Berlusconi dio a Ciancimino entre 1979 y 1983 fue recientemente encontrada en un archivo del ex alcalde, encarcelado por corrupción y asociación mafiosa y fallecido en 2002.
Según el diario, esos recursos fueron una contribución electoral de Berlusconi, que en ese entonces no entraba aún en política pero era ya el principal empresario televisivo italiano.
Dijo que fue la viuda de Ciancimino quien entregó la copia del cheque a los fiscales que indagan sobre las relaciones entre la Cosa Nostra, la mafia siciliana, y la política en las décadas de 1970 y 1980.
Por su parte, Il Fatto Quotidiano informó hoy que la viuda de Ciancimino fue interrogada por los fiscales, a quienes confirmó que finales de la década de 1970 Berlusconi y su marido se reunían en Milán para tratar asuntos de negocios.
La señora confirmó las declaraciones de su hijo Massimo, quien ya había hablado a los magistrados sobre los vínculos entre su padre y el actual primer ministro.
En particular, Massimo Ciancimino había asegurado que, a través de su padre, la Cosa Nostra entregó dinero a Berlusconi para la realización de su proyecto inmobiliario Milano Due, con el que consolidó su fortuna.
Según la hipótesis, la mafia siciliana fue una de las fuentes de capitalización del imperio berlusconiano.
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Soldados colombianos acusados por homicidio
La Fiscalía acusó a 29 militares por la ejecución extrajudicial de dos hombres que falsamente fueron reportados como guerrilleros abatidos en combate hace cinco años, se informó el miércoles.
El 14 de mayo de 2005, en una zona rural del municipio de La Paz, departamento de Cesar, a 645 kilómetros al norte de Bogotá, tropas del Ejército dijeron haber abatido a Frank Enrique Martínez y Claudino Manuel Olmedo por ser rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Pero, «de acuerdo con lo establecido por el fiscal instructor, tanto Martínez como Olmedo eran habitantes de Valledupar (capital de Cesar, 665 kilómetros de Bogotá), no pertenecían a las FARC y sus decesos no fueron consecuencia de un enfrentamiento con el Ejército»».
La decisión de un fiscal de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía afecta al subteniente Iván Leonardo Avila, a los suboficiales Luis Fernando Ospitia y Néstor Serrano y a 26 soldados como presuntos responsables del delito de homicidio agravado en persona protegida.
El proceso contra los uniformados quedará ahora en manos de un juez para su etapa de juicio.
También el miércoles, tras una reunión entre el fiscal general, Guillermo Mendoza, y el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, se creó una comisión para fortalecer las investigaciones judiciales por los asesinatos perpetrados por militares y que la integrarán un alto funcionario de la Fiscalía y Rafael Guarín, viceministro de Defensa.
El jefe de la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía, Hernando Castañeda, tras conocer los alcances de la reunión entre el Fiscal y el Ministro de Defensa, precisó en diálogo telefónico que «se necesitan unos 27 fiscales más»» para adelantar todos los procesos por ejecuciones extrajudiciales.
Dijo que actualmente dirige en toda Colombia unos 39 fiscales para estos casos y que al menos 65 nuevos investigadores deben ser contratados para fortalecer las investigaciones.
En concepto del ministro Rivera, «el gobierno tiene un compromiso con la verdad… para que muy prontamente nos digan qué pasó en esos episodios… Que haya condenas para los culpables y absoluciones para los inocentes»».
Hace dos años los medios de comunicación denunciaron que 11 hombres de Soacha, una barriada del sur de Bogotá, fueron asesinados por militares y presentados falsamente como delincuentes abatidos en combate.
El 29 de octubre de 2008, el entonces presidente Alvaro Uribe (2002-2010) destituyó a 27 militares porque por acción u omisión participaron en la ejecución extrajudicial de esos 11 hombres de Soacha.
Entonces, la Fiscalía inició una investigación para establecer la participación de militares en asesinatos de civiles, o «falsos positivos»», como fue denominada en Colombia esa criminal práctica.
A la fecha, según dijo Fiscalía en su último reporte, se investiga la muerte de más de dos mil 400 civiles víctimas de «falsos positivos»» y unos mil 100 militares están siendo investigados por estos hechos.
