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Etiqueta: explotacion

  • El Tren Maya no implicará desplazamiento, explotación ni colonización

    La construcción del Tren Maya no implicará desplazamiento, explotación ni mucho menos se pretende la colonización de los pueblos y comunidades indígenas, afirmó Adelfo Regino Montes, propuesto titular del Consejo Nacional de los Pueblos Indígenas.
    El Tren Maya no implicará desplazamiento, explotación ni colonización

  • Explotacón infantil. Por Priscila Montano Torres

    Todas las personas tenemos derecho a gozar de una infancia alegre y sana, sin embargo, en la actualidad muchos niños no cuentan con esta posibilidad. Debido a la pobreza que existe en varios paí­ses, según la OIT, se estima que alrededor de 400 millones de infantes, entre 5 y 14 años, sufren de explotación laboral en todo el mundo, pues se ven en la necesidad de trabajar para poder sobrevivir.

    Dichos niños trabajan largas jornadas a un salario mí­nimo y mucho menor que el de un adulto. Por esta razón las empresas prefieren contratar a niños, ya que los costos de producción se ven disminuidos. Sin embargo la falta de ética es evidente en estas organizaciones, ya que no buscan el bienestar social, sino el bien propio, el cual es incrementar sus ganancias y reducir costos, sin importarles las consecuencias secundarias ni las personas afectadas por dichas acciones.

    Los sectores en donde existe un mayor número de niños explotados son en el agrí­cola, servicio doméstico, minerí­a, pesca, construcción, pirotecnia, carbón vegetal, cerámica, material deportivo y calzado, entre otros. Muchos de estos trabajos ponen en riesgo la vida de los niños, ya que son labores altamente peligrosos. Sin embargo, la pobreza en la que viven estos infantes, los obliga a participar en dichas actividades a costa de su vida y salud.

    Está comprobado que el trabajo infantil afecta y genera una gran cantidad de desventajas en los niños, ya que las largas jornadas laborales les limitan el acceso a la educación, los agota fí­sicamente e intelectualmente y les impide jugar y gozar de su infancia. Dichas razones repercuten altamente en su salud, dignidad humana y autoestima. Por otro lado, el trabajo infantil provoca graves efectos socioeconómicos, como el aumento del desempleo en la población activa, pues estos menores ocupan el puesto de trabajo de la población adulta.

    La relación entre los niños y la fuerza de trabajo lleva consigo una alta tasa de mortalidad, incentiva una mayor natalidad y alimenta la pobreza. Por otro lado, las naciones heredan una nueva generación de trabajadores con bajos ingresos, sin especialización, analfabetos, tal vez enfermos o inválidos. Por lo que es fácil darnos cuenta que la explotación infantil no es una actividad viable que beneficie la economí­a de los paí­ses, sino al contrario, en vez de conseguir reducir la pobreza la agrava.

    Las organizaciones deben tener y seguir un código de ética que guie y oriente su conducta, para evitar que situaciones como estas sigan incrementando, pues las repercusiones que tiene el contratar a niños menores de edad en nuestra sociedad son muy graves. Hay que recodar la filosofí­a de la â??persona prudenteâ?, la cual dice que es prudente aquel que no sólo piensa en los resultados del momento sino en los del futuro. El permitir contratar a infantes para reducir costos de producción en una empresa, a la alarga nos afectará a todos, pues dichos niños crecerán sin una educación, con muy baja autoestima y tendrán un envejecimiento precoz.

    Es necesaria la movilización para promover nuevas actitudes sociales orientadas a presionar a los gobiernos para cumplir con los derechos y las leyes que regulan el trabajo infantil. La presión comunitaria deberí­a ser utilizada para provocar la defensa de los derechos y el respeto de las leyes de protección de los niños. Debemos de tomar conciencia y velar por el bienestar de los niños que sufren dicha explotación, ya que ellos son el futuro de nuestra sociedad, y si no les permitimos una adecuada educación y desarrollo, las repercusiones que habrá en nuestra sociedad se harán notar en poco tiempo.

    bibliografí­a:

    http://www.ilo.org/global/What_we_do/Statistics/lang–es/index.htm

  • La democracia en riesgo por crimen organizado

    El crimen organizado «socava las bases de la democracia» y debe ser combatido con cooperación y rigor, dijo el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, en un mensaje leído hoy ante la VIII Reunión de Ministros de Justicia de las Américas.

    «La defensa de la democracia supone también el combate al crimen organizado trasnacional en todas sus formas», pues se trata de un fenómeno que «afecta directamente la vida de los ciudadanos» y, por tanto, «socava las bases» de la confianza, dice el mensaje enviado por Insulza al encuentro ministerial que se celebra en Brasilia.

    Según el programa oficial del encuentro, Insulza participaría hoy y mañana en la reunión de autoridades de Justicia, pero fuentes de la OEA explicaron que debió cancelar su asistencia por problemas de agenda.

    En su mensaje, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), instó además a las autoridades reunidas en Brasilia a reforzar los mecanismos de combate a la corrupción, que también afecta la confianza de los ciudadanos en la democracia.

    Según Insulza, «no basta con aprobar y legislar sobre derechos», sino que también es necesario «velar por su efectiva y correcta aplicación».

    La búsqueda de mecanismos de cooperación que permitan un mejor combate al crimen organizado en el ámbito interamericano es uno de los principales objetivos de la VIII Reunión de Ministros de Justicia, Procuradores y Fiscales Generales de las Américas.

    Documentos difundidos este miércoles en la apertura de la cita atribuyen la mayoría de los 27 homicidios por cada 100.000 habitantes que se registran anualmente en América Latina a personas vinculadas a las bandas del crimen trasnacional.

    También sostienen que el tráfico de drogas es una de las mayores amenazas a la seguridad ciudadana, y moviliza en la región unos 320.000 millones de dólares al año, una cifra que supera el Producto Interno Bruto (PIB) de muchos países latinoamericanos

  • Se castigara todo lo referente al secuestro

    Las cifras del secuestro han escalado de manera alarmante al registrar cinco mil casos al año en el país, de los cuales se denuncia una cuarta parte, ante este problema la Cámara de Diputados tiene listo el predictamen de la Ley General contra el Secuestro.

    El documento establece incluir, por primera vez, la figura del «secuestro extorsivo político», así como federalizar este delito. De esta manera, las autoridades federales serían las encargadas de investigar y penalizar los secuestros de alto impacto o realizados por la delincuencia organizada.

    Mientras que los estados tendrían a su cargo los llamados secuestros exprés y virtuales, destaca el proyecto de dictamen en poder, mismo que se prevé discutir y aprobar entre los diputados que integran la Comisión de Justicia en las próximas semanas.

    Los diputados señalan en el predictamen que por primera vez se incluiría en la legislación mexicana el «secuestro extorsivo político», que sancionará a las personas o grupos de ciudadanos que retengan por horas o días a funcionarios o policías para presionar a favor de demandas sociales o ciudadanas.

    México ocupa el primer lugar a nivel mundial en materia de secuestros y extorsiones telefónicas reales y virtuales, destacó el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados en su informe Secuestro, Actualización y Marco Jurídico.

    El estudio legislativo, elaborado el año pasado, sostiene que muchas bandas de secuestradores se han ligado a las grandes mafias del narcotráfico.

    Entre 2007 y mayo de 2008, indica, la PGR logró obtener auto de formal prisión contra 273 presuntos integrantes de bandas de secuestradores, 64 de ellos estaban ligados al cártel del Golfo, y 40 más al cártel de Tijuana. Es decir, cuatro de cada 10 tenían vínculos con alguno de estos grandes grupos delictivos.

    El diputado federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y encargado de la redacción del dictamen, Josué Valdés Huezo, dijo en entrevista que el secuestro «político» será equiparado con la privación ilegal de la libertad y tendrá penalidades menores al secuestro tradicional y exprés.

    La llamada Ley General contra el Secuestro incluye temas como el plagio o robo de niños con fines de venta y explotación, así como la creación del fondo económico para la atención a víctimas del secuestro.

    La base del dictamen es la iniciativa del ex diputado del PRI, César Camacho, en conjunto con el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Carlos Alberto Pérez Cuevas, algunas ideas de la iniciativa del PVEM, y de las propuestas de Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la agrupación «Alto al Secuestro».

    Se buscan definir los tipos penales, «se pretende una sanción de 20 a 45 años a los secuestradores y que se acumulen las penas si la víctima es menor de edad, si es mujer, si hay mutilación u homicidio, si se trata de delincuencia organizada o son reincidentes», dijo Valdés Huezo.

    En el proyecto de dictamen se plantea que el secuestro exprés, que ha crecido exponencialmente en el país y que actualmente se sanciona hasta con 20 años de cárcel en casi todos los códigos, se incremente a 30 o 35 años de prisión.

    Respecto al «secuestro virtual» como no hay daño, habría sólo una tentativa fraudulenta, por lo que se equipara con el delito de fraude y tendría una penalidad menor a los 20 años de prisión, ya que dependerá también del daño económico en que incurra.

    Valdés Huezo dijo a Notimex que se retomará el «modelo italiano» de combate al secuestro, que ha dado buenos resultados en esa nación y en donde se pretende evitar el pago de rescate para con ello desalentar este delito donde México es ya primer lugar mundial con más de cinco mil casos anuales, de los cuales sólo se denuncia una
    cuarta parte.

    De acuerdo con los últimos informes del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados se planteó prohibir la posibilidad de que existan negociadores, profesionales o intermediarios ajenos a las corporaciones policíacas.

    Por esa razón, se rechazó la propuesta de Isabel Miranda de Wallace, quien diseño un subsidio fiscal para quienes paguen los rescates.

    En este sentido, se prevé por todos los medios que se evite el pago de los rescates, y para ello se pretende solicitar la
    colaboración de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para inmovilizar las cuentas bancarias de los familiares y del secuestrado.

    Sin embargo, se retoma de las propuestas de Miranda de Wallace el tema de la protección a las víctimas, en especial la ampliación de sus derechos tanto en el ámbito de la averiguación previa como del proceso penal, así como la reparación del daño.

    Respecto a la iniciativa del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), se rechazó la posibilidad de incluir la pena de muerte para los secuestradores, pero se retomaron varias propuestas en materia de protección a las víctimas de plagio.

    «Queremos una Ley General contra el Secuestro que unifique criterios, que evite que un estado sancione con cinco años el secuestro y otros tengan penas de 40 años, así como frenar a las bandas que operan en varios estados», dijo el diputado del PRI, Arturo Zamora.

    Expuso que la nueva ley que alista la Cámara de Diputados prevé también la creación de cuerpos policiacos federales y agentes ministeriales especializados en materia de secuestro, así como la federalización del delito para evitar la impunidad con la operación de cientos de bandas.

    A su vez, el diputado federal del PAN, Oscar Martín Paniagua, dijo que la nueva ley debe incluir el tema de castigo con cárcel a los familiares de los secuestradores que los encubran o «laven» dinero de esos ilícitos.

    Dijo que si bien se trabaja en la redacción final del dictamen, aún se puede enriquecer con temas como agravantes si el secuestrado es mujer, si está embarazada, si es menor de edad, si es periodista, o si quienes participen sean funcionarios públicos.

  • Rusia y Japon crean empresa petrolera, ¿Y Mexico?

    Un ejemplo mas de que el ostracismo o mejor dicho, el querer mantenerse cerrados a lo nacional, quizá y no sea lo mejor.
    Japón y Rusia han formado de manera conjunta, una empresa a través del esquema de sociedad, para proyectos petroleros en Siberia.
    Las empresas Japan Oil, Gas and Metals National Corporation y la rusa United Oil Group, se están finiquitando para crear una tercera de nombre aun no conocida, pero Japón tendrá el 49 por ciento y el resto, Rusia por estar en sus yacimientos no comprobados aun.
    Y si usted cree que son empresas privadas apoyadas por el estado, déjenme decirle que esta empresa Nipona, se encuentra afiliada al Ministerio de Economía, Comercio e Industria y fue establecida en 2004 para asegurar una fuente estable de recursos energéticos para Japón.
    Los yacimientos se sabe existen pero hay que ver la viabilidad de exploración y comercialización aunque sea, que sin embargo se sabe por lo avanzado de las charlas que para finales de año, se tendrán plenos derechos para perforación en la región de Irkutsk, el territorio de Krasnoyarsk y el de la república de Sakha.
    Bien, ¿no?
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