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El presidente Barack Obama anunció ayer un paso histórico, que podría definir su legado, al anunciar un plan para evitar la deportación de hasta cinco millones de migrantes.
La medida administrativa, “satisface” a los migrantes y a la mayor parte de la minoría hispánica, pero plantea un choque con los republicanos que bien podría determinar lo que serán los dos últimos años de su régimen.
En un discurso transmitido en vivo sólo por las cadenas de televisión de habla española y algunas estaciones de cable en inglés, Obama anunció un paquete de medidas que concederán estatus legal a casi la mitad de los 11 millones de migrantes no autorizados en su país.
Esta acción ejecutiva permitirá que los migrantes indocumentados que sean padres de ciudadanos estadunidenses o residentes permanentes legales, conocidos como titulares de la tarjeta verde (green card), se registren con el gobierno federal y, de ser aprobados, recibirán protección de tres años contra cualquier deportación.
El plan también ampliará el grupo de migrantes indocumentados traídos al país cuando eran niños (dreamers).
Ninguno de los beneficiarios del plan de Barack Obama sería elegible para la ciudadanía estadunidense o residencia, pero recibirá permisos de trabajo, número de Seguridad Social y la promesa de que no serán deportados a menos que cometan un delito grave.
Quienes deseen beneficiarse debieron haber llegado a la Unión Americana antes del 1 de enero de 2010. También tienen que registrarse, pasar verificaciones de antecedentes de seguridad, pagar multa, e impuestos en el futuro.
Los que resulten amparados por las recientes medidas podrán optar por permisos de trabajo renovables cada dos años por lo que deberán pagar impuestos sobre los ingresos que perciban.
Las medidas “no permiten la naturalización ni dan el derecho a permanecer aquí permanentemente, ni conceden los beneficios que los ciudadanos (estadunidenses) reciben. Sólo el Congreso puede hacer eso. Lo único que estamos diciendo es que no vamos a deportarte”, dijo Barack Obama.
De acuerdo con la Casa Blanca, “las órdenes del Ejecutivo aplican mano dura a la migración ilegal en la frontera, dan prioridad a la deportación de convictos y no de familias, y exige que determinados migrantes indocumentados se sometan a investigación de antecedentes penales y paguen su parte justa de impuestos, ya que se registran para permanecer temporalmente en EU, sin temor a la deportación”.
Advirtió, sin embargo, que “solamente el Congreso puede finalizar esta labor” y ofreció colaborar con el Congreso en un proyecto de ley bipartidista e integral, similar al que el Senado aprobó en 2013 para reemplazar las órdenes presidenciales y arregle todo el sistema.
Obama alegó en su mensaje que no se puede permitir que el sistema migratorio siga como hasta ahora. “Esa sería la verdadera amnistía”, precisó. “La amnistía masiva sería injusta. La deportación masiva sería a la vez imposible y contraria a nuestro carácter como nación.”
El mandatario defendió la medida contra acciones y denuncias de sus críticos que las calificaron como acciones ilegales, autoritarias, y hasta como “imperiales”.