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La cantidad de delitos sexuales en las comunidades militares estadounidenses es mucho mayor de lo que ha admitido públicamente el Departamento de Defensa, afirmó el lunes una senadora, en un duro informe que asegura que el Pentágono se negó a dar información sobre agresiones sexuales en varias bases importantes.
Las esposas de los miembros del servicio y mujeres civiles que viven o trabajan cerca de instalaciones militares son especialmente vulnerables a las agresiones sexuales, señaló la demócrata Kirsten Gillibrand en un informe. Sin embargo, estos casos «siguen en las sombras», explicó la senadora por Nueva York, porque no se cuentan en los estudios del Departamento de Defensa para analizar la prevalencia de agresiones sexuales en el ejército.
«No creo que el ejército esté siendo franco sobre este problema», dijo Gillibrand en una entrevista.
La senadora indicó que su análisis de 107 casos de agresión sexual halló castigos demasiado suaves, y que era más probable que se creyera al supuesto agresor que a la víctima. Menos de un cuarto de los casos fueron a juicio, y apenas 11 terminaron con una condena por un delito sexual. Las mujeres civiles eran las víctimas en más de la mitad de los casos. Señaló la senadora, una gran defensora de que se reforme el sistema de justicia militar.
En su informe anual sobre agresiones sexuales en el ejército, publicado el sábado, el Departamento de Defensa indicó progresos para combatir la epidemia de agresiones sexuales. El Departamento indicó que los delitos se habían reducido y cada vez más víctimas optaban por denunciar, un indicio de que hay más confianza en que los agresores responderán por sus actos.
Laura Seal, portavoz del Departamento de Defensa, señaló que el organismo no tiene autoridad para incluir a los civiles en sus estudios.
En uno de los casos analizados por Gillibrand, un miembro de la Fuerza Aérea fue acusado de derribar a su ex novia, sujetarla en el suelo y violarla. Durante la investigación, otras dos víctimas civiles acusaron al mismo hombre de agresión sexual. Una de ellas, esposa de otro militar, se despertó de noche y encontró al hombre en la cama con ella. Tenía dos dedos dentro de su vagina. El oficial que lo investigó recomendó que el hombre fuera sometido a un consejo de guerra. De ser condenado, se hubiera enfrentado a una larga pena de cárcel.
Pero los superiores del investigador decidieron no celebrar un juicio y emplearon un proceso administrativo para licenciar al acusado bajo «condiciones diferentes a honorables». La Fuerza Aérea dijo que las víctimas habían preferido ese resultado. Dos de ellas decidieron que «no querían participar en el caso», según el ejército, mientras que la tercera dijo que no quería testificar.
Ese resultado es sospechoso, señaló la senadora, y las víctimas podrían haberse visto intimidadas.
«Es frustrante porque miras los hechos en estos casos y ves testigos dispuestas a dar un paso adelante, pasar el examen médico, y o bien terminan retirando las acusaciones o los investigadores deciden que su testimonio no era válido o creíble», señaló.
El informe publicado el lunes afirma que los documentos sobre los casos contradicen la afirmación del Pentágono sobre que los comandantes serán duros con los soldados acusados de delitos sexuales. Gillibrand ha apoyado leyes que apartarían a los comandantes del proceso de decidir si los delitos graves, incluyendo los casos de delitos sexuales, van a juicio. Esa decisión dependería de experimentados abogados militares con experiencia judicial. El Pentágono se opone a ese cambio.
Gillibrand reclamó los archivos sobre casos después de una investigación de Associated Press en febrero de 2014 sobre la gestión que hacía el ejército de casos de agresiones sexuales en Japón, y que reveló un patrón de decisiones aleatorias e inconsistentes en la que la mayoría de los infractores no eran encarcelados. A través de una solicitud amparada por la ley de Libertad de Información, AP tuvo acceso a más de 1.000 informes sobre delitos sexuales relaciones con personal militar destinado en Japón entre 2005 y principios de 2013.
Para determinar si se producía la misma situación en las grandes bases en Estados Unidos, la senadora neoyorquina pidió al entonces secretario de Defensa, Chuck Hagel, detalles sobre casos de agresión sexual investigados y resueltos entre 2009 y 2014 en cuatro grandes bases militares: Fort Hood en Texas, la base naval Norfolk en Virginia, el campamento de marines Pendleton en California y la base aérea Wright-Patterson en Ohio.
Casi 10 meses más tarde, en diciembre, el Pentágono proporcionó sólo los datos de 2013, dijo Gillibrand, y esos 107 casos se entregaron sólo después de la intervención del ex senador Carl Levin, entonces presidente del Comité de Servicios Armados del Senado. En ese momento, Gillibrand dirigía el comité de personal militar del comité.
Esa resistencia a proporcionar los datos, señala el informe de la senadora, «pone en cuestión el compromiso del Departamento con la transparencia y el llegar a la raíz del problema».
Por su parte, Seal señaló que el volumen de la petición de Gillibrand era «extraordinario». La senadora y el Departamento «llegaron a un acuerdo para proporcionar una parte de los documentos solicitados en un principio».
Gillibrand dijo que todavía quiere los archivos de los demás años.
Además, la senadora puso en duda que los 107 casos supongan de verdad el total de esas cuatro bases. Los documentos incluían cuatro incidentes en Wright-Patterson, a pesar de que la base dijo a la AP que su oficina legal había recibido nueve acusaciones de agresiones sexuales en 2013. Hubo 15 casos en 2013 en la base naval de Norfolk, la mayor instalación de una Marina en el mundo con 43.000 efectivos destinados allí.
En otro caso citado por Gillibrand, un sargento de primera de marines, de 34 años, fue degradado y multado con 2.042 dólares de su sueldo tras obligar a una chica de 17 años a tener relaciones sexuales con él.
Los dos se conocieron en una página de contactos llamada Plenty of Fish. Allí, ella dijo que tenía 18 y él 24 años. Tras una cita, ella volvió con él a su habitación y tomó un vaso de vino. Después, él se colocó sobre la joven y preguntó varias veces si ella «quería», según el documento. Ella le insistió que se detuviera y se quitara de encima, pero él la ignoró.
El investigador de la Fuerza Aérea dijo que la víctima no era un testigo creíble porque había grandes contradicciones en su historial. La acusación de agresión sexual se retiró dentro de un acuerdo previo al juicio. El marine se declaró culpable de proporcionar alcohol a una menor, falso testimonio y adulterio.