La comunidad internacional presiona a las autoridades de Honduras para que restituyan el orden constitucional, pero éstas siguen persuadidas de que la expulsión de Manuel Zelaya era la única forma de impedir que se perpetuara en el poder, en el marco de una situación compleja de difícil salida, estiman analistas.
La única solución a este complejo problema, que ha polarizado como pocas veces antes en la historia a la sociedad hondureña, pasa por un «pacto de garantías constitucionales», con la reintegración de Zelaya en el poder «al menos desde el punto de vista formal», dijo Francisco Rojas, secretario general de la Facultad Lationamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), a la AFP.
Este acuerdo, agregó, también exigiría un cambio en la cúpula de todas las instituciones -incluida la militar- que contribuyeron al golpe de Estado que depuso a Zelaya el 28 de junio, antes de que pudiera realizar una consulta popular -prohibida por la justicia- cuyo fin último era permitir la reelección.
Este pacto permitiría preparar las elecciones del 29 de noviembre y garantizar que se realicen con transparencia para dejar atrás uno de los momentos más críticos de la joven democracia hondureña.
Pero ¿quién le pone el cascabel al gato? La clase política, la justicia, la fiscalía y el estamento militar han hecho piña en torno al presidente designado por el Congreso, Roberto Micheletti, al igual que buena parte de la sociedad hondureña, harta de la crispación política de los últimos meses y de los flirteos políticos de Zelaya con la izquierda más recalcitrante latinoamericana.
La comunidad internacional con una sola voz ha defendido la constitucionalidad en Honduras, en un intento de sentar un precedente.
Y han sido precisamente los presidentes de los países de la Alianza Bolivariana de las Américas (ALBA), con el venezolano Hugo Chávez a la cabeza, los más vociferantes en la OEA para pedir la restitución de Zelaya, pese a que siempre habían sido los más críticos con el sistema de integración americano.
«Esto (el golpe) es un llamado de atención muy duro para los países del ALBA», dijo Rojas, que propone al secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, como el más indicado para iniciar el diálogo con las diferentes partes en el conflicto hondureño.
El gobierno de Micheletti, quien a juzgar por sus declaraciones no da un paso sin consensuar con el resto de los poderes del Estado, rompió el domingo su intransigencia proponiendo a la OEA entablar un diálogo, tras haber propuesto adelantar las elecciones previstas para el 29 de noviembre para desbloquear la situación.
Pero para ello, la comunidad internacional tendrá que sentarse a negociar con un gobierno al que formalmente no reconoce.
Mientras, algunos piden una intervención más activa de Estados Unidos, que llamó este lunes «al régimen de facto y a todos los actores en Honduras a contenerse de todo acto de violencia». El domingo se produjeron las dos primeras muertes en una manifestación pro Zelaya.
«La diplomacia norteamericana tiene que ser muchísimo más vigorosa que lo que ha sido hasta ahora y tiene que dejarse de tantas sutilezas», dijo Kevin Casas, ex vicepresidente de Costa Rica.
«Sin esa intervención, una solución negociada no va a suceder», advirtió, proponiendo que a la mediación se sumen países como Brasil y México.
Además, otros consultados advierten Zelaya no puede ser restituido sin más. En la situación de polarización máxima que vive la sociedad hondureña, restituir a Zelaya y defenestrar a Micheletti podría llevar a «una crisis de gobernabilidad acompañada de violencia social», advirtió un diplomático en la región que pidió el anonimato.
Esto «convertiría a Honduras en el plato de una fiesta geopolítica de suya compleja y de perspectivas insospechadas para el conjunto de la región», agregó.
Para el diplomático, la comunidad internacional también debe tener en cuenta la extrema vulnerabilidad de Honduras a la hora de imponerle sanciones económicas y comerciales.
Estas sanciones son «lo único que podría complicarle la vida verdaderamente al gobierno golpista en los próximos cinco meses», pero tendría un resultado social y político «catastrófico», predijo. Por tanto, la negociación con las partes en conflicto parece la única solución razonable y posible
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