El Director de la Oficina Federal de Investigaciones, James Comey y el Director de la Agencia Nacional de Inteligencia, Mike Rogers, negaron que el expresidente Barack Obama haya ordenado espiar a Donald Trump durante la campaña presidencial
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La Policía Federal no ha adquirido sistema, paquete o software para espiar
Antes de que crezca el tema sobre que la Policía Federal adquirio el software DaVinci, autoridades de la propia Policía Federal han decidido salir a los medios de comunicación para desmentir esto.
En lo que va de la presente administración, la Policía Federal no ha adquirido ningún sistema, paquete o software para espiar a ninguna empresa, reveló el comisionado general de la Policía Federal, Enrique Galindo Cevallos.
Durante la inauguración del Quinto Congreso Latinoamericano de Seguridad, ASSIS México 2015, Galindo Cevallos rechazó categóricamente que la Policía Federal esté utilizando programas de espionaje para vigilar activistas, periodistas y ciudadanos.
Ante las revelaciones que se dieron a conocer el fin de semana y el hackeo de la empresa Hacking Team, donde se revelaron que los gobiernos de Durango, Querétaro, Puebla, Campeche Tamaulipas, Yucatán y Baja California; además de la Secretaria de la Defensa, la Marina Armada de México, el CISEN, Policía Federal y la Procuraduría del Estado de México, habían comprado este tipo de programas de espionaje a la empresa italiana.
«La Policía Federal, en lo que va de esta gestión, podría decirles y estoy totalmente seguro que no hemos tenido este tipo de adquisiciones, utilizamos las herramientas que el marco de nuestras facultades nos permite, si no nos lo permite, tengan la seguridad, lo rechazo categóricamente, que no las estamos usando», aseguró Galindo Cevallos.
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EU pidió a diplomáticos, espiar.
Los 250 mil documentos filtrados hoy por la web Wikileaks revelan que el gobierno de Estados Unidos dio instrucciones a sus diplomáticos para que espiasen a políticos extranjeros y altos funcionarios de la ONU, entre ellos el secretario general de ese organismo, Ban Ki-moon.
El Departamento de Estado, bajo el mandato de Hillary Clinton, pidió a su personal en el extranjero que recopilara información como las tarjetas de crédito, horarios de trabajo y en algunos casos hasta datos biométricos de candidatos latinoamericanos.
Esta información forma parte de la filtración masiva de documentos diplomáticos que la web Wikileaks ha entregado a cinco publicaciones en todo el mundo y que pretendía dar a conocer hoy a través de su propia web.
Sin embargo, esta misma mañana, Wikileaks denunció que su servidor había sido atacado y que no iba a estar operativo, por lo que la única manera de acceder a la información que ha recabado es a través de las cinco publicaciones que tuvieron los documentos previamente, El País (España), The New York Times (EU), The Guardian (Reino Unido), Der Spiegel (Alemania) y Le Monde (Francia).
Según la información publicada hoy por estos diarios, EU quería tener casi una ficha policial de las actividades que desarrollaban algunos políticos y altos funcionarios.
Especialmente llamativo es el caso de los aspirantes a la presidencia de Paraguay en las elecciones de abril de 2008.
Según explica El País, un despacho nombra a la entonces ministra de Educación, Blanca Ovelar, al ex vicepresidente Luis Alberto Castiglioni, al ex general Lino Oviedo y a Fernando Lugo, actual presidente.
En el despacho el Departamento de Estado pide que de los cuatro aspirantes se recaben datos biométricos, huellas dactilares, fotografías, escáneres del iris, DNA «y otras singularidades».
El Departamento de Estado pide además a sus diplomáticos que recaben información sobre la corrupción oficial, el lavado de dinero, las relaciones de Paraguay con Cuba, Venezuela, China, Taiwán y Rusia, y la existencia de yacimientos de hidrocarburos en la región del Chaco paraguayo.
También pide datos sobre el narcotráfico y la construcción de mezquitas en el país latinoamericano, limítrofe con Argentina, Brasil y Bolivia.
El espionaje que se pide a los empleados de las embajadas y misiones abarca desde las gestiones y apariencia física de los diplomáticos iraníes y norcoreanos en Nueva York hasta los planes e intenciones del secretario general de la ONU, el surcoreano Ban Ki-moon.
Uno de los aspectos que llama más la atención es el espionaje a que se somete a Ban, algo que según establece la normativa de la Organización de Naciones Unidas (ONU) es ilegal, tal y como explica The Guardian.
De Ban Ki-moon se solicita información biométrica detallada, al igual que de otros altos representantes de la organización, de los que se pide detalles sobre la toma de decisiones en torno a los grandes asuntos que tienen sobre la mesa.
Washington, en general, pidió a sus diplomáticos que consiguiesen información como los números de las tarjetas de crédito, direcciones de correo, teléfonos y faxes de todos estos funcionarios.
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Colombia sí investigará a Alvaro Uribe
Una comisión del Congreso de Colombia aprobó el martes investigar al ex presidente Alvaro Uribe para determinar su posible responsabilidad penal en las interceptaciones telefónicas ilegales a magistrados, periodistas y políticos, informaron fuentes legislativas.
Los seguimientos e interceptaciones telefónicas fueron uno de los principales escándalos que sacudieron el segundo período de Uribe junto con las ejecuciones extrajudiciales de civiles cometidas por algunos efectivos del ejército y la adjudicación irregular de subsidios agrícolas.
El ex mandatario será investigado por su presunta responsabilidad por acción u omisión en el caso de las interceptaciones telefónicas que se realizaron desde la sede del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), la central de inteligencia de Colombia, que depende directamente de la presidencia.
Los presidentes en ejercicio y los retirados gozan en Colombia de un fuero especial y solo pueden ser investigados por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.
Si la comisión establece que hubo responsabilidad del Uribe deberá acusarlo ante el Senado, que en una sesión plenaria decidirá si lo absuelve o le impone una sanción que podría ser a perdida de la libertad.
Pero la comisión tiene un histórico récord de ineficiencia y es controlada por parlamentarios de partidos que hacen parte de la coalición que respaldó a Uribe en sus dos períodos de Gobierno y apoya al actual mandatario Juan Manuel Santos.
Uribe, quien tuvo fuertes enfrentamientos con la Corte Suprema de Justicia, negó recientemente haber ordenado los seguimientos e interceptaciones, pese a que las investigaciones de la Procuraduría General han implicado a varios de sus cercanos colaboradores.
La semana pasada la Procuraduría General destituyó e inhabilitó por 18 años para ejercer cargos públicos al ex secretario general de la presidencia Bernardo Moreno, una persona cercana a Uribe, por su responsabilidad en el escándalo de espionaje.
El mismo organismo de control también destituyó e inhabilitó a otros siete antiguos funcionarios del Gobierno de Uribe, incluidos tres ex directores de la central de inteligencia.
