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  • Cae otro lider de los carteles en Mexico

    inteligencia en seguridad publica ayuda a detencion de capos

    Era de esperarse que existieran nuevos lí­deres del narcotráfico en México si los antiguos jefes de carteles o células de ellos en el paí­s, eran abatidos o capturados.

    Una detención que la gente recuerda mucho es la del Barbie en el Estado de México. José Efraí­n Zarco Cárdenas o José Villalobos (a) â??el villaâ? ha sido detenido y se sabe que era el heredero de Valdez Villarreal en Morelos.

    De hecho trabajo de inteligencia de la SSP informa que â??el villaâ? ya estaba en contactos con los carteles del golfo y de la familia michoacana para encontrar una tregua.

    La Subprocuradurí­a de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada está enterada y recabando cada vez mas información para combatir a los carteles de la droga en México.

  • Que declara Jacobo Tagle Dobin

    La Procuradurí­a del Estado de México presentó ante los medios de comunicación a Jacobo Tagle Dobin, quien confesó su participación en el secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace.

    La dependencia mexiquense anunció también la entrega del plagiario a la Subprocuradurí­a de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) para que continúe el proceso legal en su contra.

    A través de un video previo a su presentación en persona, el presunto delincuente aseguró que el empresario falleció de un paro cardiaco, a causa de la violencia que sus secuestradores ejercieron, y añadió que compraron una sierra eléctrica para descuartizar el cadáver.

    En el video, Jacobo Tagle aseguró que él fue quien cargó el cuerpo y mencionó que lo pusieron en el canal de Cuemanco.

    El hombre era buscado desde el 11 de julio de 2005 por el delito de secuestro y homicidio del empresario de 30 años, aunque confesó también su participación en otros dos secuestros.

    Manifestó dedicarse a la compra y venta de vehí­culos usados en el municipio mexiquense de Cuautitlán Izcalli, donde se cambió siete veces de domicilio.

    La conferencia de prensa estuvo encabezada por el procurador Alberto Castillo y la activista Isabel Miranda de Wallace, quien aseguró haber entablado una primera diligencia con Tagle, y donde el delincuente le pidió perdón y dijo que su intención nunca era matar a su hijo

    â??Dijo que él no querí­a hacerle daño y que fueron las circunstancias y la violencia que se escaló durante el secuestro lo que propició su muerteâ?, señaló la madre de la ví­ctima secuestrada.

    El procurador Alberto Castillo confirmó que Jacobo Tagle mencionó el lugar preciso donde dejaron los restos de Hugo Wallace.

    Al finalizar la conferencia, y a petición de Isabel Miranda de Wallace, el personal de la Procuradurí­a del Estado de México, levantó la camisa de Jacobo Tagle, a fin de mostrar que el presunto delincuente no habí­a sufrido ninguna clase de tortura durante su proceso.

    La desaparición de Hugo Wallace se hizo de conocimiento público después de que su madre emprendiera una búsqueda intensa en el paí­s a lo largo de los años, incluso ofreciendo recompensas que llevaran a la captura de los plagiarios o a encontrar el cuerpo de su hijo.

    La insistencia hacia las autoridades y la investigación privada que abrió Isabel Miranda llevó a la captura del grupo de secuestradores conformado por Juana Hilda González, Alberto y Tony Castillo Cruz, César Freyre Morales, ex comandante de la Policí­a Judicial del estado de Morelos, y Brenda Quevedo Cruz, capturada en Louisville Kentucky con ayuda del FBI.

  • Algo que casi nadie sabe de Sergio Villarreal, El Grande

    Desde su arresto, la dependencia le dio un trato preferencial. Una orden presuntamente girada por el procurador Arturo Chávez sentó a Villarreal Barragán en la mesa de negociaciones con la titular de la Subprocuradurí­a de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), Marisela Morales Ibáñez.

    Hoy, El Grande goza de privilegios. Además de tener un sueldo mensual generoso, las autoridades se comprometieron a cancelar varias de las averiguaciones previas en su contra y a no decomisarle ninguno de los bienes que adquirió cuando fue operador de la célula de los hermanos Beltrán Leyva.
    A cambio de ello, él debí­a declarar todo lo que sabe sobre las redes de corrupción en las corporaciones policiacas y proporcionar los nombres de los presuntos funcionarios y agentes vinculados con las organizaciones criminales.

    A la PGR le urgí­a incorporar a El Grande al programa de testigos luego de que el 29 de octubre último un tribunal de alzada concedió la libertad a Jorge Alberto Zavala Segovia, un exagente federal de la SIEDO que estuvo dos años en prisión. El fallo puso en riesgo la Operación Limpieza, encaminada a sanear a la procuradurí­a.

    Para evitar que esa investigación fracasara y que otros coacusados fueran liberados por falta de pruebas, El Grande aportó datos que comprometí­an a Zavala Segovia, por lo que el exagente fue reaprehendido. En su testimonio, El Grande aseguró que vio a Zavala Segovia con maletas repletas de billetes de 100 dólares con los que presuntamente â??salpicabaâ? a funcionarios de la SIEDO para que brindaran protección a su jefe Arturo Beltrán Leyva.

    Villarreal Barragán comenzó a rendir testimonios sobre la vinculación de funcionarios con los cárteles de la droga luego de su detención. Algunos agentes de la PGR señalan incluso que él fue quien solicitó ser incorporado al programa de testigos protegidos y que Marisela Morales aceptó la propuesta del detenido, a quien se le asignó el nombre clave de Mateo. Morales Ibáñez declaró que El Grande fue incorporado a ese programa por una orden dictada â??desde arribaâ?.

    En sus declaraciones a la agente del Ministerio Público federal Angélica Herrera Rivero y en presencia de sus defensores, el testigo comenzó a hablar de las redes que tejió Arturo Beltrán Leyva con altos funcionarios federales.

    De acuerdo con la averiguación previa
    PGR/SIEDO/UEITMIO/0992010 /2010, Mateo reveló que en septiembre de 2006 conoció a Felipe Calderón, cuando ya era presidente electo. Ese dí­a, durante el bautizo de Elsa Anaya, hija del senador panista Guillermo Anaya Llamas, el anfitrión los presentó.
    Según el testigo protegido, Anaya Llamas y Calderón son compadres y durante ese convivio el senador le comentó a Calderón durante la presentación: â??Cualquier cosa que se ofrezca, queda a sus órdenesâ?. El presidente contestó: â??Igualmenteâ?.

    Además, señaló que entre 2003 y 2005, cuando fue presidente municipal de Torreón, Coahuila, Anaya Llamas le asignó una escolta personal, así­ como agentes para que custodiaran el traslado de cargamentos de cocaí­na y dinero.

    Mateo también habló de las lí­neas de parentesco que unen a su familia con la de Anaya Llamas. Dijo que su hermano Adolfo Villarreal estuvo casado con Elsa Marí­a Anaya Llamas, hermana del polí­tico panista, y que las familias â??siempre han mantenido relación de amistad y de negociosâ?, a pesar de que Elsa Marí­a y Adolfo llevan años separados.

    En su edición 1614, Proceso informó sobre el bautizo de la hija del senador, quien incluso fue entrevistado. En esa ocasión Anaya Llamas aseguró que Sergio Villarreal no estuvo en esa fiesta que se realizó en Torreón, y aclaró que su hermana Elsa Marí­a se divorció de Adolfo Villarreal en 2005; también respondió que desde hace 10 años él no tiene contacto con la familia Villarreal.

    Sin embargo, Mateo cobró confianza y en sus declaraciones comenzó a desmenuzar la trama de complicidades entre la célula de los hermanos Beltrán Leyva y funcionarios de la SIEDO y de la Secretarí­a de Seguridad Pública federal (SSP).

    Mencionó que desde su residencia en Morelos, donde viví­a protegido por funcionarios del gobierno de ese estado, Arturo Beltrán ordenó varios asesinatos y que el secretario de Seguridad Pública, Luis íngel Cabeza de Vaca Rodrí­guez, le proporcionaba aeronaves oficiales al capo para sus traslados.
    El testigo dijo también que Arturo Beltrán le ordenó hacerse cargo de la logí­stica para ejecutar al comisionado de la Policí­a Federal Preventiva í?dgar Millán Gómez, quien fue asesinado en su departamento por un sicario enviado por Arturo Beltrán el 8 de mayo de 2008.

    En ese crimen, expuso, colaboró también un comandante del grupo Yaqui de la PGR apodado El Perro, quien era escolta de Millán Gómez. Ese agente, según Mateo, tiene contactos con drogadictos del barrio de Tepito, en la Ciudad de México. Cuando él le comentó que la idea era presentar el crimen de Millán como algo pasional o como un asalto, El Perro le proporcionó las llaves de la casa de Millán Gómez, ubicada en la colonia Morelos.

    Además, dijo, fue él quien le indicó la hora exacta de la llegada del funcionario a su domicilio para que los sicarios que contrató esperaran el arribo de Millán para ejecutarlo.

    Mateo expuso: … que el crimen de Millán fue bien planeado, que cuando se corrompe a las personas indicadas no hay errores y todo sale bien. Que a Millán se le ejecutó porque (a pesar de que) ya tení­a más de seis meses apoyando con información al cártel, dos meses antes de su ejecución apagó sus teléfonos y los miembros del cártel no pudieron localizarlo para que les diera su apoyo en información de operativos, y que esto fue lo que detonó que su jefe Arturo Beltrán Leyva ordenara su ejecución.
    Que esta misma suerte iba a correr también Luis Cárdenas Palominos (coordinador de Seguridad Regional de la Policí­a Federal), a quien Arturo (Beltrán) le habí­a hecho llegar una fuerte cantidad de dinero y éste sólo la recibió pero nunca se comunicó con el cártel… Por ese motivo Arturo Beltrán me ordenó planear y ejecutar a Cárdenas Palominos.

    En otro apartado señaló que otro funcionario que tení­a que ser ejecutado de forma inmediata era (Armando) Espinoza de Benito (coordinador de Inteligencia de la Policí­a Federal), ya que este comandante, según le comentó Arturo Beltrán, lo querí­a chingar porque recibí­a dinero por parte de El Chapo Guzmán. Que tras recibir la orden se abocó a su cacerí­a y que luego Arturo Beltrán les dijo que ya no anduvieran matando a gente del gobierno sólo porque sí­, que a los del gobierno que fueran a matar sólo serí­a porque se les pagara y aún así­ lastimaran los intereses de la organización.

    Los pasos de â??El Grandeâ?

    Sergio Villarreal Barragán relató que en su natal Coahuila fue agente ministerial y que era cliente asiduo de los bares Flamingos y La Masacuata, donde los integrantes del grupo musical La Banda de San Jacinto le compusieron incluso un corrido.

    En sus declaraciones, mencionó también que tení­a contactos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y habló sobre la forma en que solí­a pasar los cargamentos de droga, así­ como de las personas que asesinó, todas ellas de la Administración General de Aduanas.

    Según él, por fallarle en la recepción de un cargamento de media tonelada de cocaí­na, la cual debió llegar al AICM a través de la empresa Jet Service, levantó, torturó y descuartizó a tres aduaneros:
    El primero fue Carlos Alberto Tapia. Su cuerpo fue encontrado con la cabeza desprendida el 16 de diciembre de 2007 en Tlalnepantla, Estado de México; era agente de aduanas del Aeropuerto Internacional, y con quien me arreglé para que recibiera la droga; el segundo fue José Villegas Valdivia, también agente de aduanas del aeropuerto, quien fue hallado con el cuerpo descuartizado en la carretera México-Tuxpan, y el tercer cuerpo descuartizado fue el del gerente de la empresa Jet Service de nombre Francisco Gerardo Santos Iglesias.

    La PGR inició las averiguaciones previas TLA/I/7422/2007/12-T y OTU/II/1950/2007 para indagar sobre las tres ejecuciones.
    Según Villarreal Barragán, en la célula de los hermanos Beltrán Leyva habí­a traiciones y muertes. En una de esas pugnas, dijo, torturó y asesinó a Mario Pineda Villa, conocido como El MP, por órdenes de Arturo Beltrán:

    A ese marrano yo mismo lo levanté. Se creí­a muy sanguinario y además no era de mi agrado. Lo amarré y le di de patadas hasta que perdió el conocimiento. Le dije: â??Ya ves pinche marrano, no que muy cabrónâ?, posteriormente ordené que lo subieran a un vehí­culo y que fuera trasladado por la carretera vieja que lleva a Cuernavaca y a la altura del poblado de Huitzilac, Morelos, ordené que lo bajaran y descargué una ráfaga de cuerno de chivo en contra de él estando amarrado.

    Posteriormente Arturo (Beltrán) me ordenó que se ejecutara a todos los que tení­an relación con El MP o sencillamente quien fuera su amigo, aunque no tuviera que ver con el negocio de las drogas, y así­ se procedió en esos dí­as, levantando más o menos a 90 personas, mismas que eran golpeadas y ejecutadasâ?¦ Que posteriormente a esos hechos mantuvo una relación sentimental con la esposa de Mario Pineda, alias El MP, de nombre Clarisa.

    Con relación a la ruptura de Arturo Beltrán y La Barbie, por una supuesta traición de éste a su jefe, Villarreal asegura que él mismo ejecutó a más de 150 personas en Morelos y Guerrero. Una de las primeras fue un colaborador de La Barbie.

    En su relató ministerial, el testigo aseguró que esa persona fue torturada y degollada; además, se grabó un video para subirlo a las redes sociales con amenazas a La Barbie, quien era aficionado a ver los videos relacionados con el crimen organizado.

    Información clasificada

    Cuando Villarreal Barragán rindió su testimonio ante la PGR, la titular de la SIEDO, Marisela Morales Ibáñez, ordenó que los pasajes relativos al presidente Felipe Calderón y a los funcionarios de su gabinete no se consignaran, por lo que esos fragmentos quedaron archivados.

    Según averiguó el reportero, durante las negociaciones Morales Ibáñez le comentó a Villarreal Barragán que era muy importante para la PGR saber qué funcionarios estaban implicados en la llamada Operación Limpieza, pues estaban en puerta las primeras libertades de varios de los exagentes procesados, por lo que le pidió que se enfocara sólo en ese aspecto.

    Según el acuerdo, Villarreal Barragán debí­a declarar que él personalmente entregaba dinero a los funcionarios de la SIEDO para que le proporcionaran información que beneficiara al cártel de los hermanos Beltrán Leyva. La PGR incluso le ofreció seguridad para él y su familia, escuela para sus hijos y la cobertura de los costos que ello generara; un pago mensual decoroso por su colaboración y gastos de manutención.

    La funcionaria también le comentó que por â??órdenes superioresâ?, no se tocarí­a su patrimonio ni el de su familia, que incluyen ranchos, coches, camiones, aviones y negocios diversos.
    Durante su etapa de esplendor en la Comarca Lagunera, tierra de narcos y de grandes fortunas amasadas con el lavado de dinero y el narcotráfico, Villarreal Barragán vivió en el municipio de Lerdo, Durango, al amparo de la alcaldesa panista Rosario Castro Lozano (2004-2007), hermana del actual subprocurador de Derechos Humanos, Atención a Ví­ctimas y Servicios a la Comunidad de la PGR, Juan de Dios Castro Lozano (Proceso 1614).

    En una residencia que por un tiempo habitó Arturo González Hernández, El Chaky, gatillero de Vicente Carrillo, Sergio Villarreal estuvo a punto de ser detenido en una ocasión. El general Eduardo Miranda, entonces jefe de la base militar conocida como La Joya, montó un operativo y se trasladó con sus hombres a la residencia de Lerdo. En el momento en que iba a entrar, apareció la alcaldesa Rosario Castro.

    Iba acompañada de Raúl Villegas Morales, director de Seguridad Pública, y de Isaí­as Castillo Luna, un policí­a ampliamente conocido por la protección que brindó a El Chaky (Proceso 1496).

    Testigos de los hechos relatan que Rosario Castro impidió la detención de Villarreal Barragán. Le exigió al general Miranda la orden de cateo y el permiso para entrar a su municipio. Tan fuerte fue la arremetida de la alcaldesa, que el militar tuvo que soltar a los detenidos y retirarse del lugar.

    Hoy, aun cuando lleva más de dos meses detenido, el capo sigue teniendo buenas relaciones con funcionarios. Además, como testigo estelar de la PGR, goza de protección e impunidad del gobierno que lo atrapó el 12 de septiembre pasado en la ciudad de Puebla

  • FEPADE tendra cuidado con narcocandidatos

    La Fiscalí­a Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) tiene listo un candado de â??tercera generaciónâ? para evitar que candidatos o gobernantes involucrados al narcotráfico rindan protesta como representantes populares.

    El titular de la Fepade, José Luis Vargas Valdez, indicó que el objetivo es atacar â??desde todos los frentesâ? este flagelo para atenuar el peligro que representa la amenaza del narcotráfico en los comicios de 2011 y los presidenciales de 2012.

    â??Creo que estamos todaví­a en una fase digamos previa, donde tenemos capacidad de evitar que lleguen a existir gobernantes o representantes populares claramente involucrados con ese tipo de actividades ilí­citasâ?, comentó.

    Refirió que â??blindarâ? las campañas y precampañas requiere la aprobación en el Congreso de la Unión de una reforma penal electoral que permita sancionar el uso de recursos de origen ilí­cito, públicos o de cualquier í­ndole.

    Otro objetivo, detalló el funcionario, es penalizar la desviación de programas sociales para apoyar actos polí­tico-electorales y sancionar la comercialización de la información contenida en el padrón electoral.

    Vargas Valdez adelantó que con ese objetivo, durante el primer bimestre de 2011 el gobierno federal enviará la iniciativa de reforma al Congreso, a fin de que sea discutida y, en su caso, aprobada por el Poder Legislativo.

    Se trata, explicó, de hacer énfasis con las fuerzas polí­ticas en las reglas del juego con las que querrán jugar en el próximo proceso electoral federal en los temas más sensibles y delicados para ganar una contienda, como preservar la equidad y el buen clima electoral.

    El titular de la Fepade aclaró que si los partidos no aprueban las nuevas reglas del juego, â??tendrán que asumir la responsabilidad de que quieren seguir con normas que son imperfectas, son obsoletas, superan la realidad que hoy nos preocupan a todosâ?.

    De tal suerte que ellos â??tienen la última palabra, son el poder que les toca decidir la aprobación de leyes (â?¦) y en caso de que no se quieran, también tendrán que asumir la responsabilidad de que esas son las reglas del juego con las que se quiere ir al próximo proceso electoral federal que sin duda va a ser muy competidoâ?, expresó.

    A juicio del fiscal, el narcotráfico y el crimen organizado â??están trastocando el principio que deben tener los procesos electorales, que debe de ser el concepto de una fiesta cí­vicaâ?.

    Para nadie es ajeno que en ciertas regiones del paí­s â??hay preocupación por la presencia cada vez más activa e intimidatoria de estos grupos armados y de estos grupos delictivos, y eso creo que es algo que afecta mucho a la sociedad y tenemos que atacarloâ?, puntualizó.

    Vargas Valdez insistió en que â??estas cuestiones que estamos mencionando (narcotráfico) a todos afecta. Hay una conciencia de que constituyen afectaciones al proceso electoral y hoy puede ser la ví­ctima un partido y el dí­a de mañana, el otroâ?

    Explicó que el objetivo de las reforma es que la Fepade conozca la eventual participación de la delincuencia organizada durante cualquier etapa de los procesos electorales locales y federales, así­ como contemplar el periodo de precampañas y ampliar penas y agravantes.

    â??Se trata de reformar el Artí­culo 24 del Código Penal Federal relativo a los delitos electoralesâ?, expuso al mencionar que la revisión al marco legal vigente busca â??actualizarâ? el catálogo de delitos electorales contemplados en dicho Código, que data de 1996.

    Ello, precisó, porque â??ha habido una sofisticación en la capacidad de delinquir en materia electoral; los partidos son cada vez entidades más complejas, más plurales y tienen prácticas mucho más complejas de lo que en ese entonces existí­a, esto es, de coacción de votoâ?.

    Resaltó que ahora existen nuevos fenómenos que antes no estaban previstos y que amenazan los procesos electorales y sobre todo que generan también desequilibrios â??tanto por miedo, como es el crimen organizado, como también que generan desequilibrios por apoyos indebidos que afectan la equidad en la contienda electoralâ?.

    A pregunta expresa, José Luis Vargas comentó que durante el proceso electoral de 2010 fueron reportados 159 delitos y se presentaron 155 denuncias, de las cuales sólo dos fueron consignadas y 104, es decir 67%, están en proceso de integración de la averiguación previa.

    En tanto, de los 159 delitos electorales registrados, 54% corresponden a conductas relacionadas con sanciones a situaciones de compra y coacción del voto.

    El funcionario de la PGR mencionó que 235 personas fueron denunciadas y de ellas 52 % corresponden a servidores públicos, 13% a funcionarios de partidos polí­ticos, 18% a particulares y 17 % a quien resulte responsable.

    En su opinión se requiere de hacer un cambio â??con lo que hoy está en nuestras posibilidades hacer respecto al marco legal que tenemos para actuarâ?.

  • Narcotraficante dio 25 millones de pesos a narcodiputado

    En el expediente que envió la Procuraduría General de la República (PGR) a la Cámara de Diputados para pedir el desafuero de Julio César Godoy Toscano al imputársele además del delito de delincuencia organizada, el de lavado de dinero, se incluyen pruebas que destacan depósitos bancarios por 24 millones 759 mil 948 pesos, de los cuales se desconoce su procedencia y no se puede explicar su origen.

    En el juicio de procedencia que la dependencia federal instruyó contra el diputado Julio César Godoy Toscano y que entregó el pasado 8 de octubre de 2010, se incluyeron diversas pruebas como son conversaciones telefónicas, testimoniales, fotografías, narconóminas, domicilios de reuniones con miembros de la organización delictiva de La Familia y las pruebas de que Servando Gómez Martínez La Tuta, es presuntamente su compadre.

    La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) envió a la Cámara de Diputados un expediente donde se señala en la pagina 187 que Julio César Godoy Toscano, con el propósito de impedir que se conociera el origen de los recursos de procedencia ilícita obtenidos a través de su relación con la organización delictiva conocida como La Familia Michoacana, en el periodo comprendido de enero de 2006 a junio de 2009, realizó diversas operaciones bancarias o financieras depositando en cuentas abiertas a su nombre el importe de 24 millones 759 mil 948 pesos.

    Las cuentas bancarias en las que fueron depositados los recursos son 9003468358, así como 9053395827, y la 9087303099 en diversas instituciones crediticias. La PGR establece que la imputación de lavado de dinero se afirma aún más a la falta de rendición de declaraciones de impuestos de enero de 2005 por parte de Godoy Toscano.

    La PGR indica en el expediente enviado a la Cámara de Diputados que «Godoy Toscano es miembro de la organización delictiva conocida como La Familia Michoacana, y que, incluso, tiene estrecha amistad con uno de los líderes de tal empresa criminal, precisamente con Servando Gómez La Tuta, estableciéndose además que Godoy Toscano, por la ayuda económica recibida de parte del grupo delictivo para su campaña como candidato a diputado federal, proporcionaría todo tipo de información en beneficio de tal organización».

    La dependencia federal que encabeza Arturo Chávez, precisa en su página 188 que la vinculación entre el diputado federal perredista y La Familia Michoacana se corrobora todavía más a través del «dictamen pericial en análisis de voz emitido por un perito de la PGR, quien concluyó que las voces analizadas corresponden al propio Godoy Toscano y a la de Servando Gómez Martínez».

    En el expediente, además de señalar que se tienen como pruebas los depósitos bancarios sin origen de procedencia, las conversaciones telefónicas, la pericial que establece la identificación de voz del diputado federal, también incluye el testimonio de un «testigo colaborador», de nombre «Carlos», al que presuntamente le consta que Servando Gómez Martínez La Tuta no sólo es amigo de Godoy Toscano, sino tambien su compadre.

    En la página 189 del expediente se precisa que «Godoy Toscano es padrino de la hija de aquel y cuando estaba en campaña como candidato a diputado federal se reunió con Gómez Martínez, y se habló del apoyo que La Familia Michoacana proporcionaría para que quedara como diputado y que una vez hecho lo anterior pudiera pasar información y arreglarse con servidores públicos para beneficiar a la organización».

    La SIEDO expone en el expediente, que derivado de la detención del hijo de La Tuta, Luis Servando Gómez Patiño pudo decomisar diversos elementos de prueba que revelan las percepciones económicas que recibían diversos funcionarios de Michoacán para proteger y favorecer a la organización delictiva.

    Se precisa que en la detención del hijo de La Tuta se decomisaron dos vehículos tipo Hummer, con facturas a nombre de la pareja sentimental del operador de La Familia Michocana, que responden al nombre de Ana Patiño López, madre de Luis Servando Gómez Patiño; además en los vehículos en los que viajaba se encontraron diversas armas de fuego, una computadora personal y una narconómina con el titulo de «Nómina de Leyenda/Pago Compartido con el tío Dionicio y Kike Plancarte, Sol y Nacho el Cenizo» y que es el pago número 12.

    En el ddocumento se mencionan a 128 personas a las que se les pagaban de cinco mil hasta 350 mil pesos. En esa lista destaca el nombre de Julio César Godoy Toscano, a quien se le cataloga como enlace de la presidencia municipal de Lázaro Cárdenas y que recibía un sueldo mensual de 40 mil pesos para informar, operar y ser enlace con el gobierno estatal.

    Destaca los nombres de Genaro Guízar Valencia, quien cobraba 200 mil pesos al mes; Jairo Rivas Paramo, presidente de Arteaga con 150 mil; Ignacio Mendoza Jiménez, subprocurador de Justicia con 40 mil; el presidente municipal de Lázaro Cárdenas, Mariano Ortega Sánchez, con 200 mil, se menciona también al diputado federal Miguel Ángel Arellano Pulido, que se le señala con 30 mil pesos mensuales como informante; Adán Tafolla Ortiz, presidente municipal de Tumbiscatío, con 250 mil pesos, y el presidente municipal de Zitácuaro, Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela, con 300 mil al mes.

    De acuerdo con los documentos presentados, La Familia Michoacana pagaba mensualmente la cantidad de cuatro millones 248 mil pesos a presidentes municipales, policías ministeriales y de tránsito, subprocuradores, comandantes, al jefe de gobernación del estado, en cargados de las comisarias, entre otros funcionarios mencionados.

    En la página 26 del expediente se dan a conocer las declaraciones del hijo de La Tuta, Luis Servando Gómez Patiño, quien reconoce que su padre se dedica al narcotráfico.

  • BC pondra ejemplo en reformas

    La Comisión de Reforma de Estado del Congreso local instalará este miércoles la Mesa Especializada en reforma social, en la que recibirán propuestas en los temas de educación, salud, desarrollo social y sustentabilidad.

    El presidente de este órgano colegiado, Armando Terán Corella, mencionó que en esta mesa especializada se espera la representación del Poder Ejecutivo y del Judicial del estado, así como de los cinco ayuntamientos de la entidad.

    El legislador bajacaliforniano apuntó que, además, se invitó a representantes de instituciones educativas y organizaciones civiles, para que se cumpla el objetivo de identificar y elaborar un diagnóstico de acciones legislativas en estos temas.

    Dijo que también se convocó al Consejo Estatal de Participación Social en la Educación, además de la Coalición de Participación Social de la Educación Social en Baja California.

    Al mismo tiempo, se extendió una invitación a las dos secciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y al Sistema Educativo Estatal, con la finalidad de analizar las propuestas que se presenten en la mesa de trabajo.

    La intención de esta mesa es recibir las propuestas en los temas mencionados para su posterior estudio legislativo e incorporación a los trabajos de la Comisión de Reforma de Estado, donde serán discutidos por los integrantes de este órgano

  • Cae Roberto Rivero Arana (lider de los Zetas)

    Elementos de la Policí­a Federal Ministerial detuvieron en Tabasco a Roberto Rivero Arana El Bebo, El Felino o El Beto, presunto jefe de Los Zetas en Tabasco, Veracruz, Campeche, Chiapas y Quintana Roo. í?l dijo ser sobrino de Heriberto Lazcano Lazcano El Lazca, el lí­der de dicho cártel.

    De acuerdo con la Procuradurí­a General de la República (PGR), junto con Rivero Arana se logró detener a Daniel Arturo Pérez Rosas, director de Seguridad Pública de Ciudad del Carmen, Campeche, quien le brindaba protección y recibí­a un pago de 200 mil pesos al mes. También fue capturada una mujer que les acompañaba, de nombre Clarissa Yamireth Zeleta Hernández.

    En un comunicado de la dependencia federal se precisó que tras varios meses de investigación se logró detener a las tres personas, quienes al momento de ser capturados tení­an en su poder cinco rifles AK-47, cinco AR-15, una granada, cuatro mil 600 cartuchos útiles de diferentes calibres, 13 cargadores de AR-15, de pistolas 38 Súper y de 9 milí­metros, así­ como 800 bolsas de plástico, en cuyo interior habí­a hierba seca con las caracterí­sticas de la mariguana, de aproximadamente 100 gramos cada una.

    En el operativo realizado por elementos de la Policí­a Federal, en el que no participaron policí­as municipales de Campeche pues se presume que tienen relación con el crimen organizado, se logró también el decomiso de 14 pantalones de diferentes colores tipo comando y de policí­a; 16 overoles naranja con el logotipo de Pemex, un par de botas militares, cartucheras y fornituras para armas largas y cortas, dos computadoras portátiles, nueve equipos de telecomunicaciones y 26 playeras con el logotipo de la Policí­a Federal y de la Policí­a Municipal.

    Además, en el lugar se encontraron dos tablas de madera para castigo, un par de guantes negros y una placa vehicular del estado de Veracruz.

    Roberto Rivero Arana , Daniel Arturo Pérez Rosas, y Clarissa Yamireth Zeleta Hernández fueron trasladados a la Subprocuradurí­a de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, en el DF, donde rendirán su declaración ministerial y se les determinará su situación jurí­dica en las próximas horas

  • Elementos de la SIEDO al servicio de los Beltran Leyva

    Acá entre nos, ¿han visto como en los medios de comunicación, han reducido las citas a los carteles del golfo, milenio, Sinaloa y demásí? por el de los Beltrán Leyva?
    ¿Saben porque es?
    Sucede que los hermanos Beltrán Leyva son los que se encargaban en el cartel de Sinaloa, de ejecutar las ordenes de Joaquí­n Guzmán Loera, alias el í­chapoí® Guzmán, pero que por rencillas y demás, le abandonaron, aliándose con los í­Zetasí®, brazo armado del cartel del golfo, que comandaba Osiel Cárdenas pero que desde que lo mudaron diplomáticamente a una celda en los Estados Unidos, pues no es lo mismo.
    La pinza del norte como se le llama por el momento aunque ya tendrá firma mas adelante o no se haya dado a conocer, es un muy virulento grupo delictivo que debe tener en la mira ya el gobierno federal ya que tanto ex militares como sicarios, gatilleros y demás le componen y no han mostrado sentimiento alguno cuando atacan.
    Bien, pues por ello mismo ahora es que del cartel del Beltrán Leyva se han capturado equis o ye numero de personas, armas, dinero, droga, etc. y ahora, que se les han encontrado que infiltraron a la Procuradurí­a General de la República.
    Si, así­ como lo lee, en un trabajo de inteligencia y una investigación que se esta llevando acabo pero que ya han sido removidos servidores públicos y puestos bajo arraigo, una célula de servidores públicos federales (que hasta el momento lo único que se sabe es que esta compuesta por tres militares y dos funcionarios), filtraban datos, información y reportes a dicho cartel de la droga, desde la Subprocuradura de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada.
    Tanta rabia da saber que comandantes de la policí­a judicial esta liderando bandas de secuestradores o desvalijadores de autosí? ¿Qué podemos esperar de altos mandos militares y de funcionarios públicos que se encargan exactamente a perseguir a la delincuencia organizada?
    No leo opiniones sobre la instauración de la pena de muerte, ante estos hechos.
    Pero ojo, los militares pueden pasar largo tiempo en prisión militar aunque sean juzgados por instancias civiles, así­ que que pena, pero además, ¿Qué hacemos con todos ellos?, digo, no podemos mandarlos a Topo Chico, Puente Grande y La Palma o Cefereso 1, 2 y 3 ya que en su interior hay delincuentes que ellos mismos pusieron a resguardo en dichas instituciones.
    Lamentable, pero que nos indique esto que el poder del narcotráfico, para quienes no lo creí­an, es mucho y llega hasta donde no lo podemos imaginar.
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  • Condenan por delitos electorales a quien tenia multiples credenciales del IFE

    Y se me hace poco.
    Pero fíjense que hace unas semanas se dio la información gracias a la pista de un reportero de un medio de comunicación, que hay gente que tiene no una ni dos sino hasta nueve identidades con papeles oficiales sacados impunemente como lo es, una credencial de elector con fotografía.
    Se evidencio así ciertos detalles que no debían ocurrir, por ejemplo, que funcionarios del Instituto Federal Electoral podían expedir credenciales si la persona presentaba dos testigos argumentando ser nuevo en la localidad y no tener documentos que avalaran su domicilio o demás.
    Así, se detuvieron algunas personas, pero entre ellas Sergio Rodrigo Elizondo Urbi que obtuvo 16, si 16 credenciales de elector con fotografía y realizo diferentes fraudes bancarios (especialmente) con tarjetas de crédito.
    Bueno, en la primera parte de su juicio, se le dieron 48 años de cárcel por delitos electorales, y es que se desea dejar claro de acuerdo a lo que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (conocida por las siglas Fepade) que en estas cuestión no se puede tener consideración o tolerancia alguna.
    ¿Estamos?
    Ahora le corresponde hablar a las instituciones crediticias y bancarias por si desean además, abrir juicios contra de el.
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