En materia económica, la primera década del siglo XXI exhibió la serie de problemas estructurales que colocan al país como el de menor dinamismo en América Latina, rebasado por naciones como Brasil, Chile e incluso Perú.
De confirmarse el desplome de 7% en la producción interna bruta este 2009, la economía mexicana habría registrado un crecimiento anual promedio de apenas 1.6% en los últimos 10 años, el más bajo del que se tenga registro desde los años 20 del siglo pasado.
Analistas coinciden en que México habría pagado en esta década la factura de sus problemas estructurales, dentro de los que destaca la elevada dependencia del ciclo económico de Estados Unidos, el peso de los ingresos petroleros en el presupuesto (cerca de 40%) que lo hace más vulnerable a los vaivenes del mercado, y la falta de mayores incentivos para la adopción de tecnologías de punta y de prácticas de trabajo más eficientes.
También el hecho de que a lo largo de los últimos 10 años México no logró avanzar de manera significativa en una serie de reformas económicas (fiscal, energética, laboral y de telecomunicaciones, entre otras) que le permitiera mantener y elevar su competitividad a nivel internacional. De 2007 a la fecha se retrocedió 12 lugares en la materia al pasar del escaño 48 al 60 en 2009 de un total de 132 países considerados en el Reporte Anual sobre Competitividad del Foro Económico Mundial.
Durante la mayor parte de la década México obtuvo ingresos extraordinarios por los elevados precios internacionales del petróleo, pero el gobierno fue incapaz de implementar un generoso programa de estímulos fiscales y gasto público contracíclico, de la magnitud que lo hicieron otros países.
Con el fin de contener los impactos de la crisis, el gobierno mexicano puso en marcha un plan de estímulos de aproximadamente 1.1% del PIB, tasa muy inferior al 2.2% del programa de estímulos fiscales que instrumentó Chile, el más elevado de América Latina.
Si bien la actual crisis no se originó en México, sino en su principal socio comercial, Estados Unidos, el nivel de la carga tributaria dificultó la aplicación de medidas fiscales significativas orientadas a reducir los efectos de la recesión.
Además, al privilegiar la estabilidad nominal sobre la real, tampoco se aprovechó la posición favorable de la deuda pública para contratar préstamos que habrían facilitado la aplicación de una política anticíclica de mayor impacto