Por segunda vez en poco tiempo, el primer ministro británico, David Cameron, generó polémica al referirse despectivamente a los inmigrantes durante un debate parlamentario el martes.
Cameron habló de una «banda» al referirse a los miles de refugiados e inmigrantes hacinados en malas condiciones en el norte de Francia con la esperanza de dar el salto al Reino Unido, a los que visitó recientemente el líder laborista, Jeremy Corbyn.
El primer ministro usó el término «bunch», que en inglés se usa como sustituto de ‘grupo’ cuando se trata de personas indeseables, como ladrones, por ejemplo. Corbyn, dijo Cameron, «se reunió con una banda de inmigrantes en Calais y les dijo que pueden venir todos al Reino Unido».
El primer ministro acusó además a Corbyn de querer reunirse con los argentinos para «devolverles las Malvinas», en alusión a la propuesta del laborista de negociar con Buenos Aires.
En julio, Cameron ya fue criticado al referirse a los refugiados como una «marabunta».
«Divisivo, impropio de un hombre de Estado», le reprochó la diputada laborista Yvette Cooper, que le pidió que retirara las palabras.
Al igual que la mayoría de quienes se indignaron, Cooper le recordó a Cameron que es un día de recuerdo a las víctimas del Holocausto.
«Una de las lecciones del Holocausto», afirmó Jonathan Freedland, columnista de The Guardian, «es que es demasiado fácil deshumanizar a otra gente, convertirlos de seres humanos con vidas y esperanzas y necesidades, en un problema a repeler».
Los refugiados de Calais y el norte de Francia «han escapado de horrores inenarrables», le recordó en Twitter otro diputado laborista, Imran Hussein.
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Cameron levanta polémica al referirse despectivamente a inmigrantes
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Estados Unidos no apelara suspensión migratoria
El gobierno federal de Estados Unidos no someterá a revisión de la Corte Suprema la decisión de un juez que dejó en suspenso la medida ejecutiva del presidente Barack Obama que protegería de la deportación a millones de inmigrantes, anunció el Departamento de Justicia el miércoles.
La víspera, un tribunal federal de apelaciones rechazó un recurso del gobierno de los Estados Unidos contra la orden de un juez de Texas que impide la aplicación del plan.
El juez federal Andrew Hanen emitió un interdicto preliminar el 16 de febrero que bloqueó la medida ejecutiva de Barack Obama, que pretende proteger de la deportación a hasta 5 millones de inmigrantes en situación irregular. Una veintena de estados pidieron el interdicto con el argumento de inconstitucionalidad de la medida.
El gobierno pidió el 23 de febrero a Hanen que levantara el interdicto mientras apelaba a la Corte Federal de Apelaciones del 5to Circuito con sede en Nueva Orleans. Hanen denegó el pedido, el gobierno apeló y ése fue el recurso rechazado el martes.
El vocero Patrick Rodenbush dijo que el Departamento de Justicia optó por concentrarse en la apelación que oirá el 6 de julio la Corte Federal de Apelaciones del 5to Circuito.
«El Departamento de Justicia se compromete a tomar medidas que resuelvan el litigio por inmigración lo antes posible (…) al priorizar la deportación de los infractores más graves, no a la gente que tiene fuertes vínculos con Estados Unidos y está criando niños estadounidenses», dijo Rodenbush en un comunicado. «El departamento cree que la mejor manera de lograr ese objetivo es concentrarse en la apelación en curso sobre los méritos del interdicto preliminar en sí».
Los republicanos han criticado el plan de Obama y lo consideran un ejemplo de extralimitación del poder ejecutivo en sus funciones. Obama sostiene que la medida es necesaria debido a la falta de acción por el Congreso.
La medida anunciada en noviembre sigue en suspenso desde que un panel de la corte de apelaciones se negó a permitir que entre en vigencia inmediatamente.
Los estados que quieren bloquear la medida de Obama, además de Texas, son Alabama, Arizona, Arkansas, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Kansas, Louisiana, Maine, Michigan, Mississippi, Montana, Nebraska, Nevada, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Ohio, Oklahoma, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee, Utah, Virginia Occidental y Wisconsin. -
Ordenes de deportación a migrantes siguen suspendidas
Una corte federal se negó el martes a levantar temporalmente la suspensión que pesa sobre programas del gobierno para proteger de la deportación a cerca de cinco millones de inmigrantes que viven ilegalmente en el país, lo que provocó decepción entre activistas y satisfacción entre algunos legisladores republicanos.
«Las consecuencias de este retraso, de esta decisión, son devastadoras», dijo Marielena Hincapié, del National Immigration Law Center, una organización que informa sobre los derechos de los inmigrantes.
Hincapié señaló durante una conferencia telefónica con periodistas que el fallo del martes causará confusión y miedo entre las comunidades inmigrantes.
La decisión judicial, sin embargo, no representa el final de los programas, ya que el caso seguirá siendo discutido en la Corte Federal de Apelaciones del Quinto Circuito en julio.
El Departamento de Justicia había solicitado a esta corte que revirtiera la decisión de un juez de Texas, quien había accedido temporalmente a bloquear los programas, anunciados por el presidente Barack Obama en noviembre.
El juez de Texas, Andrew Hanen, había estado de acuerdo con gobernadores de 26 estados que entablaron una demanda alegando que la acción de Obama era anticonstitucional. El martes, dos de los tres jueces en un panel de la corte del Quinto Circuito votaron en contra de la solicitud gubernamental.
No quedó esclarecido de inmediato si el gobierno apelaría ya sea ante el pleno de la Corte de Apelaciones en Nueva Orleans o ante la Corte Suprema federal.
La portavoz de la Casa Blanca Brandi Hoffine dijo que los jueces de la corte del Quinto Circuito «escogieron interpretar mal los hechos y la ley».
Por su parte, la legisladora republicana Diane Black, representante de Tennessee en la cámara baja, celebró el fallo de la corte de apelaciones.
«Esta decisión es una importante victoria para un sistema en el que se cumplen las leyes y para cada inmigrante legal al que se le ha faltado al respeto por la amnistía inconstitucional del presidente», dijo Black en un comunicado.
Un programa que ha sido paralizado temporalmente y que hubiera entrado en vigor el 19 de mayo hubiera protegido de la deportación y otorgado permisos de trabajo a padres de ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes. El otro es una ampliación de un programa existente que protege de la deportación a jóvenes inmigrantes traídos ilegalmente a Estados Unidos cuando eran niños. La ampliación de este último hubiera entrado en vigor el 18 de febrero.
A pesar de expresar decepción, activistas y abogados de inmigración dijeron que confían en que los programas serán aprobados en los próximos meses y quedarán activados eventualmente.
Los estados que demandaron para bloquear los programas, liderados por Texas, argumentaron que Obama actuó fuera de su autoridad y que los cambios los obligarían a invertir más en actividades policiales, servicios de salud y educación. La Casa Blanca alega que el mandatario actuó dentro de su autoridad para arreglar «un sistema migratorio descompuesto».
Hanen, desde su corte en Brownsville, Texas, emitió una suspensión temporal el 16 de febrero para impedir que los planes de Obama entraran en vigor mientras la demanda se abría paso en el sistema judicial.
Abogados del Departamento de Justicia solicitaron que no se aplicara la suspensión mientras la apelaban. Argumentaron que las políticas migratorias son dominio del gobierno federal, no estatal.
En el decreto del martes, los jueces del Quinto Circuito Jerry Smith y Jennifer Walker Elrod denegaron levantar la suspensión, y señalaron en una opinión escrita por Smith, que los abogados del gobierno tenían pocas posibilidades de tener éxito en sus solicitudes por medio de esa apelación, que se debatirá en julio. El juez Stephen Higginson no estuvo de acuerdo.
Obama dijo en noviembre que la falta de acción del Congreso lo obligó a realizar por sí mismo cambios radicales a las normas de inmigración. Los republicanos acusan a Obama de exceder su autoridad presidencial. -
La UE no sabe que hacer con 40 mil migrantes
La Unión Europea, a fin de aliviar a Italia y Grecia del peso de la migración, trasladará a 40.000 buscadores de asilo a otros países del bloque, de acuerdo con un borrador de documento al que tuvo acceso la Associated Press. La propuesta, que la Comisión Ejecutiva de la UE dará a conocer el miércoles, incluye el envío de solicitantes de asilo sirios y eritreos a 23 de los 28 países miembros en los próximos dos años. Gran Bretaña, Dinamarca e Irlanda no participarán.
El número de migrantes desesperados que cruzan el Mediterráneo para llegar a Europa sigue aumentando, y son más de 80.000 en lo que va del año. La Organización Internacional de Migración calcula que otros 1.820 migrantes han muerto o desaparecido durante la travesía. El mayor peso del ingreso ha recaído sobre Italia, Grecia, Malta, Alemania y Suecia.
Bajo el plan de reubicación de emergencia, que debe ser aprobado por los países miembros y el Parlamento Europeo, los países «recibirán 6.000 euros (6.531 dólares) por cada persona instalada en su territorio» de las arcas de la UE, dice el documento. Alemania recibiría la cifra mayor a lo largo de dos años -8.763 en total- y Francia 6.752. España aceptaría a 4.288 personas necesitadas de protección internacional, una cifra importante para un país que tiene sus propios problemas con migrantes.
La comisión se apresta a anunciar una propuesta para reubicar a 20.000 extracomunitarios que requieren protección internacional. Se les repartiría entre los 28 estados miembros de acuerdo con un índice de distribución. Previamente, la OIM había exhortado a Europa a recibir mucho más de 20.000 buscadores de asilo.
«La cuota de 20.000 es digna de elogio. Nos alegra», dijo el director general de la OIM, William Lacy Swing, a los legisladores europeos, pero añadió que Europa «debe hacer mucho, mucho más». Swing dijo que los factores «impulsores de la migración son tales que la migración en gran escala seguirá siendo una megatendencia de nuestro siglo». Dijo que la cifra de 20.000 debe servir de punto de partida para «tratar de generar un nivel de confianza» que permita avanzar.
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Crece el temor de buques llenos de emigrantes asiaticos
Abandonados en el mar, miles de desplazados de Bangladesh y miembros de la perseguida minoría musulmana rohingya de Mianmar parecieron quedarse el miércoles sin sitio a donde ir después de que dos naciones del sureste asiático rechazaran ofrecer refugio a emigrantes asiaticos a las embarcaciones llenas de hambrientos hombres, mujeres y niños.
Los contrabandistas abandonaron en los últimos días varios barcos de madera, atemorizados por una operación masiva en la zona contra las organizaciones de tráfico de personas, y abandonaron a los emigrantes asiaticos a su suerte.
Naciones Unidas pidió a los países en la región que mantuvieran sus fronteras abiertas y ayudaran a rescatar a las personas varadas, mientras que algunos parlamentarios adoptaron una posición de «no en mi patio».
«No dejaremos entrar a ningún barco extranjero», afirmó el martes Tan Kok Kwee, primer almirante de la agencia de seguridad marítima malasia.
A menos que los buques se estén hundiendo y no sean aptos para navegar, añadió, la marina proporcionará «provisiones y los enviará de vuelta».
Unas horas antes, Indonesia rechazó un barco lleno de cientos de emigrantes asiaticos de Bangladesh y de la comunidad rohingya, señalando que se había proporcionado a los pasajeros alimentos, agua e instrucciones de cómo llegar a Malasia, su destino original.
El sureste asiático está al borde de una crisis humanitaria, con unos 1.600 migrantes desembarcados en las costas de los dos países de mayoría musulmana que en el pasado han mostrado más empatía por el sufrimiento de los rohingya.
Se cree que hay otros miles de personas en las transitadas aguas del estrecho de Malacca y alrededores. Algunos llevan más de dos meses allí, y los activistas creen que más barcos tratarán de llegar a tierra en los próximos días y semanas.
Tras cuatro días sin recibir agua ni comida, los emigrantes asiaticos a bordo de un barco a varios kilómetros (millas) de la isla malasia de Langkawi pidieron ser rescatados. Dijeron haber visto una patrullera que se les acercó con las luces encendidas el martes por la noche, y después se alejó despacio.
Chris Lewa, directora de la organización sin ánimo de lucro Arakan Project, hablaba por teléfono con gente en el barco cuando eso ocurrió, y dijo que primero escuchó vítores esperanzados, que dieron paso a sollozos y gritos.
Considerada por Naciones Unidas como una de las minorías más perseguidas del mundo, la comunidad rohingya ha sufrido décadas de discriminación autorizada por el estado en Mianmar, de mayoría budista. Estos musulmanes, a los que la ley de su país deniega la ciudadanía, son apátridas en la práctica. Su acceso a educación y atención sanitaria es limitado, y su libertad de movimiento se ve muy restringida.
En los últimos tres años han muerto 280 personas en ataques contra esta población, y 140.000 rohingya se han visto desplazados en abarrotados campos a las afueras de Sittwe, la capital del estado de Rajine, en Mianmar, donde viven en condiciones lamentables similares a un apartheid, con poca o ninguna oportunidad de trabajo.
Eso ha provocado uno de los mayores éxodos por mar que ha visto la región desde la guerra de Vietnam. Se calcula que unos 100.000 hombres, mujeres y niños se han embarcado en busca de una vida mejor en otros países desde junio de 2012, según la agencia de la ONU para los refugiados.
La primera parada hasta ahora era Tailandia, donde los emigrantes asiaticos eran retenidos en campamentos en la jungla hasta que sus familias lograban reunir cuantiosos rescates para que pudieran seguir adelante, por lo general hasta Malasia. Pero recientes operaciones policiales obligaron a los traficantes a cambiar de táctica, y optaron por encerrar a la gente en barcos pequeños y grandes, que quedaban fondeados cerca de la costa hasta haber recibido unos 2.000 dólares por persona.
Asustados por las últimas operaciones, negociadores y contrabandistas han dejado de llevar los barcos a la costa. Y en los últimos tres o cuatro días, capitanes y contrabandistas han huido de las embarcaciones, algunos en lancha, y dejado a los migrantes sin combustible, comida o agua, dijeron sobrevivientes.
En algunos casos, los migrantes lograron acercar los barcos a la costa y después nadaron el resto del camino.
Mientras tanto, algunos parlamentarios del sureste asiático publicaron un comunicado describiendo como «inhumano» el rechazo a aceptar a los refugiados.
«Remolcar a los migrantes al mar y declarar que ya no son nuestro problema no es una solución para la crisis regional en general», afirmó Charles Santiago, parlamentario malasio. «Cualquier solución debe incluir asegurar compromisos vinculantes de Mianmar para poner fin a la persecución a los rohingya que impulsa su éxodo».
«Como mínimo, deben recibir al menos acceso al proceso de filtrado de refugiados de la ONU y ser gestionados de acuerdo a eso», afirmó.
Más de 1.100 personas rohingya y de Bangladesh han aterrizado en la isla malasia de Langkawi desde el domingo, según el Ministerio del Interior del país. De ellos, 486 eran de Mianmar y 682 de Bangladesh.
Los sobrevivientes retenidos en refugios temporales en la isla fueron traslados el miércoles en abarrotados furgones policiales, algunos haciendo gestos de adiós a la prensa, camino de un centro de detención en el territorio continental malasio. -
Mississipi contra migrantes
El senado de Misisipí aprobó el martes una iniciativa de ley para permitir que las autoridades verifiquen el estatus de ciertas personas si consideran que hay motivos para pensar que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos.
El proyecto de ley fue aprobado por 34-15 después de un debate de más de cuatro horas. Varios simpatizantes de la medida, incluidos miembros del «Tea Party», presenciaron la sesión desde la galería del Senado.
Se desconoce si la iniciativa sobrevivirá en la Cámara de Representantes. El presidente de una comisión decidirá si permite el debate en ese grupo.
Si la iniciativa es aprobada el presidente de la comisión decidiría después si la lleva a debate ante el pleno de la cámara baja.
Según el proyecto, los agentes del orden podrán examinar la situación de inmigración de una persona si el agente sospecha que dicha persona se encuentra ilegalmente en Estados Unidos. Esas indagatorias podrían ocurrir, por ejemplo, durante un control del tránsito rodado u otras gestiones policiales.
Los partidarios de la medida sostienen que el proyecto ayudará a impedir que residan personas que viven o trabajan en Estados Unidos sin la debida documentación.
Los detractores sostienen que el proyecto equivale a la xenofobia y un brindis al sol en año de elecciones.
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Sin esperanzas en 2011 la reforma migratoria
El Año Nuevo traerá un vuelco de control en la Cámara Baja, que pasará de los demócratas a los republicanos, y con ello el enfoque del Congreso ante la inmigración: En cosa de semanas, el Congreso de Estados Unidos pasará de tratar de permitir la legalización de indocumentados jóvenes a intentar negarle la ciudadanía automática a los hijos de padres que están ilegalmente en el país.
Este severo cambio de postura -y la retórica evidente que lo acompaña- ha de repercutir entre los miembros más conservadores del Partido Republicano que contribuyeron al giro en la Cámara de Representantes.
Pero también podría alejar aún más al Partido Republicano del propósito de ampliar su presencia entre el creciente número de votantes latinos para ganar la Casa Blanca y la mayoría del Senado en 2012.
Una legislación destinada a analizar las interpretaciones de la 14ª Enmienda en cuanto a conceder la ciudadanía a hijos de indocumentados será presentada al principio de la próxima sesión. Es posible que sea seguida por la intención de obligar a los empleadores a utilizar el sistema informático aún en desarrollo, llamado E-Verify, para verificar que todos sus empleados están trabajando legalmente en Estados Unidos.
También es posible que se analicen medidas para reducir el monto de las partidas federales a las ciudades que no realizan acciones suficientes para identificar a las personas que están sin papeles en el país y que surjan intentos incluso por reducir el número de los inmigrantes legales.
Los demócratas terminaron el año con un segundo fracaso en sus intentos por aprobarle al presidente la iniciativa de ley llamada Dream, que habría otorgado a cientos de miles de indocumentados jóvenes la posibilidad de legalizar su situación migratoria. Dream son las siglas en inglés del proyecto de ley de Desarrollo, Ayuda y Educación para Menores Extranjeros.
Los republicanos en la Cámara de Representantes intentarán llenar el vacío en la reforma migratoria dejado por los demócratas con una legislación que obligaría a los indocumentados a hacer maletas y disuadiría a otros a evitar ingresar ilegalmente a Estados Unidos.
Aunque los demócratas seguirán controlando el Senado, tomarán básicamente una postura defensiva y buscarán impedir el endurecimiento de las medidas contra los indocumentados, teniendo también presente la necesidad de preservar una buena presencia entre los electores hispanos.
Pero una mayoría disminuida y la perspectiva de las elecciones de 2012 evitarán que los demócratas propongan algo parecido a proyectos drásticos sobre la inmigración, junto con cualquier otra legislación que insinúe siquiera la legalización de los indocumentados.
En todo esto, el presidente Barack Obama podría surgir como un comodín. El mandatario ha recibido un mayor apoyo de los electores hispanos que de los votantes blancos no latinos, pero sabe que la relación es frágil si no puede mostrar una labor sustancial para mejorar la vida de los latinos en Estados Unidos.
Este año recibió varios golpes duros en los medios de comunicación en español vinculados con la comunidad hispana por incumplir la promesa de resolver el problema de la inmigración en su mandato y por retirar el tema de la agenda a mediados de año. Las deportaciones persistentes de inmigrantes en su gobierno -un récord de 393 mil en el año fiscal 2010- han desgastado la relación.
Los electores hispanos y sus aliados acudirán al presidente para gestionar un acuerdo sobre la inmigración, como Obama lo hizo en las deducciones fiscales y el sistema de salud.
Luego que la Dream Act no pasó en el Senado durante una rara votación en sábado, Obama dijo que su gobierno no cedería en esa medida o «en el asunto de arreglar nuestro estropeado sistema de inmigración».
«El pueblo estadunidense merece un debate serio sobre la inmigración y es el momento de eliminar la retórica polarizante de nuestro escenario nacional«, dijo.
El mandatario tendrá a disposición su poder de veto si llega a su despacho una iniciativa que niegue la ciudadanía a los hijos de indocumentados, pero debido a que ha estado haciendo de la presión sobre los empleadores un elemento clave de las tácticas migratorias de su gobierno, es improbable que intente anular el proyecto.
John Morton, quien supervisa al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), dijo en una conferencia de prensa reciente que no hay planes para modificar las tácticas de esa institución federal enfocadas en los inmigrantes que han delinquido, pero que han llevado también a la detención y deportación de decenas de miles de indocumentados que no han cometido delitos.
La institución continuará ampliando el programa Comunidades Seguras, que permite a los agentes migratorios verificar las huellas dactilares de todas las personas actualmente tras las rejas para ver si están ilegalmente en el país o si son residentes legales que podrían ser deportados. El Departamento de Seguridad Nacional espera que el programa tenga alcance nacional para 2013.
Un número considerable de las personas que acudieron a una reunión reciente de hispanos conservadores en Washington DC advirtió que otra serie de leyes duras seguida por agrias discusiones antiinmigrantes podría empañar las posibilidades republicanas para 2012.
El ex presidente de la cámara baja Newt Gingrich, considerado un posible candidato para 2012, citó el fracaso de la candidatura a gobernadora de Meg Whitman pese a un elevado gasto en la campaña.
Cuando el 22% del electorado es latino, no se puede ganar sin una presencia vigorosa en la comunidad y sin un «mensaje de que se es comprensible y supone respeto», dijo Gingrich.
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Migra ahorca a México
Las dificultades derivadas de la migración estrangulan al país desde el norte y el sur, consideran legisladores mexicanos.
De hecho, los diputados temen que â??el grave problemaâ? de los centroamericanos secuestrados en México distraiga la atención de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y se abandone el seguimiento de los paisanos que viven en Estados Unidos o son deportados.
Mientras en el frente sur ya tres cancillerías â??las de Honduras, Guatemala y El Salvadorâ?? han exigido a México que tome cartas sobre el rapto de migrantes en nuestro territorio â??55 al díaâ??, desde la Unión Americana fueron expulsados 752 mil 398 indocumentados entre enero y septiembre de 2010, mientras que en 2009 fueron 590 mil 88.
â??México debe pedir a Estados Unidos que cumpla acuerdos bilaterales sobre migraciónâ?, aseguró el priista Humberto Lepe, quien anunció que promoverá un punto de acuerdo para que la SRE exhorte a EU a cumplir los acuerdos bilaterales.
â??Los migrantes no son delincuentes. Son seres humanos que tienen la urgencia de proveerse a sí mismos y a su familiaâ?, dijo
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Una migra para México?
En un trabajo conjunto pocas veces visto antes del proceso legislativo oficial, senadores del PAN, PRI y PRD construyeron con el gobierno federal la Ley de Migración, que obligará a la Secretaría de Gobernación a determinar las rutas seguras para los migrantes en tierra, mar y aire.
La iniciativa de ley, que está a discusión en las comisiones del Senado desde el 9 de diciembre, busca dar un seguimiento al ingreso, permanencia y salida de los migrantes en territorio nacional, a fin de evitar el abuso en contra de ellos y erradicar la corrupción del Instituto Nacional de Migración (INM), a partir de medidas como la creación de la Policía Migratoria.
Se trata de un nuevo instrumento que fue construido por el Instituto Nacional de Migración (INM), con el respaldo de organizaciones civiles nacionales e internacionales, que fue presentado oficialmente al Senado en noviembre, pero que los senadores Carlos Jiménez Macías, Humberto Andrade, Rosalinda López y Máximo García Zalvidea decidieron enriquecer antes de su ingreso oficial a las comisiones del Senado.
De esta forma, durante el mes de noviembre los senadores, a quienes se les sumaron Rubén Velázquez, Rubén Camarillo, Martha Sosa, Jesús Garibay y Francisco Herrera León, construyeron con el gobierno federal esta Ley de Migración, con el propósito de que su ruta en las comisiones del Senado sea lo más rápida posible, a fin de que esté en vigor el próximo año.
Esta ley tiene como objeto regular lo relativo al ingreso y salida de mexicanos y extranjeros al territorio mexicano y el tránsito y la estancia de los extranjeros en el mismo, en un marco de respeto, protección y salvaguarda de los derechos humanos, de contribución al desarrollo nacional, así como de preservación de la soberanía y de la seguridad nacionales.
Propone que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal se coordinarán con la Secretaría de Gobernación para el para el diseño, coordinación, ejecución y seguimiento interinstitucional de la Política Migratoria.
De igual manera se promoverá la creación de mecanismos de cooperación con los países de origen, tránsito y destino del flujo migratorio no documentado, buscando establecer una política regional de protección de sus derechos humanos y laborales, y, en su caso, participa en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores en la firma y cumplimiento de los instrumentos que en esas materias son acordados en el ámbito internacional. Corresponderá a la Secretaría de Gobernación, la aplicación de la Ley.
Establece que quedan exceptuados de la inspección migratoria los representantes y funcionarios de gobiernos extranjeros y de organismos internacionales que se internen al país en comisión oficial, sus familiares y los miembros del personal de servicio, así como las personas que, conforme a los tratados y convenios de los cuales sea parte el Estado mexicano, a las leyes y a las prácticas internacionales reconocidas por el Estado mexicano, gocen de inmunidades respecto de la jurisdicción territorial, atendiendo siempre a la reciprocidad internacional.
Será facultad exclusiva de la Secretaría de Gobernación fijar y suprimir los lugares destinados al tránsito internacional de personas por tierra, mar y aire, previa opinión de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público; de Comunicaciones y Transportes; de Salud; de Relaciones Exteriores; de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y, en su caso, de Marina. Asimismo, consultará a las dependencias que juzgue conveniente.
La Secretaría de Gobernación podrá autorizar el ingreso de extranjeros que soliciten el reconocimiento de la condición de refugiado, asilo político, por causas de fuerza mayor o por razones humanitarias, sin cumplir con alguno de los requisitos establecidos.
Propone que los extranjeros podrán permanecer en el territorio nacional en las condiciones de estancia de visitante, residente temporal y residente permanente, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en la Ley.
La situación migratoria de una persona no impedirá el ejercicio de sus derechos y libertades reconocidos en la Constitución, en los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano.
El Estado garantizará el derecho a la seguridad personal de los migrantes, con independencia de su situación migratoria
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Buscan rutas seguras para migrantes
Trazar rutas seguras en tierra, mar y aire para que los indocumentados no sean víctimas de secuestros, extorsiones y otros abusos es el principal objetivo de la Ley Migratoria que desde el pasado 9 de diciembre está en estudio en el Senado.
La iniciativa, que tiene el respaldo de PAN, PRI y PRD y que ha adquirirdo carácter de urgente tras la matanza de 72 inmigrantes en Tamaulipas y la presunta desaparición de otros 50 en Oaxaca, propone dar seguimiento a la entrada, permanencia y salida de ilegales, a través de la creación de la Policía Migratoria.
Respecto al presunto multisecuestro del pasado 16 de diciembre, el gobierno mexicano rechazó las quejas del canciller de El Salvador, quien puso en duda la determinación de las autoridades para investigar la desaparición de medio centenar de indocumentados centroamericanos en el poblado de Chahuites, Oaxaca.
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Secuestran inmigrantes ilegales
