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Etiqueta: ejecutivo

  • PVEM busca eliminar veto presidencial

    El diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) , Juan Carlos Natale López, propuso eliminar el veto presidencial a leyes o decretos que el Congreso de la Unión envía al Ejecutivo para su publicación.

    Ante la posibilidad de que el titular del Ejecutivo vete una reducción del IVA para 2011, si así lo aprobarán los diputados en la Ley de Ingresos, el legislador consideró que esa atribución ‘se ha desvirtuado para la práctica de políticas dictatoriales’.

    Expuso que ‘esa norma jurídica no debe sujetarse a constantes transgresiones basadas en argumentos que no responden a la realidad del país, y que tampoco contribuyen a la solución de los problemas nacionales’. Por ello, al presentar la iniciativa de reforma al Artículo 72 de la Constitución, Natale López detalló que lo que se busca es ‘brindar la claridad necesaria en la esfera del universo de limitaciones a las facultades del presidente de la República’.

    El diputado ecologista recordó que en el año 2005 se presentó una controversia constitucional para objetar ciertas modificaciones contenidas en el decreto de presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados aludiendo la invasión de competencias.

    Indicó que después de cinco meses la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló a favor del Ejecutivo federal para darle plena validez al presupuesto como un acto administrativo y no como una norma general.

    ‘Y también validó la facultad del Ejecutivo federal para ejercer un veto parcial a pesar de que dicha facultad no existe explícitamente en la Constitución’, subrayó.

    Por lo que, planteó reformar el Artículo 72 que establece que ‘aprobado un proyecto en su Cámara de origen, pasará para su discusión a la otra, si ésta lo aprueba, se remitirá al Ejecutivo, quien, si no tiene observaciones, lo publicará inmediatamente’.

  • Viene Microsoft al mercado de tablets

    El presidente ejecutivo de Microsoft, Steve Ballmer, anunció hoy que antes de final de año llegarán al mercado tabletas con el sistema operativo Windows destinadas a competir con el iPad de Apple, según informó The Wall Street Journal.

    Ballmer, no obstante, evitó dar más detalles sobre las prestaciones o el precio del producto, así como cuáles serán los fabricantes con los que se asociará Microsoft para el lanzamiento de estos dispositivos.

    La empresa creadora de Windows aún no ha plantado cara a la hegemonía de Apple en el emergente mercado de las tabletas informáticas dominado por el iPad y donde las compañías de electrónica se afanan en presentar nuevas ofertas, muchas de ellas con el sistema operativo Android de Google.

    El último en desvelar sus cartas fue Research In Motion (RIM), la empresa canadiense de los teléfonos BlackBerry, que a finales de septiembre dio a conocer su tableta PlayBook pensada para llamar la atención de los hombres de negocios.

    En enero, Ballmer se anticipó a la salida del iPad dando a conocer un prototipo de tableta de Hewlett-Packard (HP) con Windows 7 de la que no se ha sabido nada oficialmente en todos estos meses y todo apunta a que HP habría descartado esa línea de producto para sacar otra tableta con sistema operativo WebOS de Palm, empresa que adquirió en abril.

    Tras el anuncio hecho hoy por Ballmer, webs tecnológicas estadounidenses como CNET no tardaron en poner en duda la capacidad de Microsoft para sacar al mercado próximamente un dispositivo que pueda ensombrecer al iPad.

    «Para alcanzar a Apple, las máquinas que operan con Windows necesitarán una batería mucho mejor y algo que se aproxime a la experiencia que aporta el iPad. Eso requiere cambios de software y hardware, ninguno de los cuales se verá» este año, dijo Ina Fried, especialista en Microsoft de CNET.

  • Punto de acuerdo para sacar a Mexico de las negociaciones de ACTA (proyecto)

    Punto de acuerdo, mediante el cual se instruye enviar atento y respetuoso oficio al C. Titular del Poder Ejecutivo Federal, para solicitarle que el Estado Mexicano se retire de las negociaciones que actualmente se llevan a cabo, para suscribir el Acuerdo Comercial Anti-Falsificación (ACTA, por sus siglas en inglés), así­ como para hacer un exhorto a las Cámaras que conforman el H. Congreso de la Unión, a fin de que convoquen a una convención nacional cuyo tema sea la propiedad intelectual, en el que se analicen modelos alternativos de protección de propiedad intelectual.

    CIUDADANOS SECRETARIOS DE LA CíMARA

    DE DIPUTADOS DE LA LXI LEGISLATURA DEL

    HONORABLE CONGRESO DE LA UNIí?N

    P R E S E N T E

    El suscrito, Diputado Salvador Caro Cabrera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, de conformidad con los artí­culos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento punto de acuerdo mediante el cual se instruye enviar atento y respetuoso oficio al C. Titular del Poder Ejecutivo Federal, para solicitarle que el Estado Mexicano se retire de las negociaciones que actualmente se llevan a cabo, para suscribir el Acuerdo Comercial Anti-Falsificación (ACTA, por sus siglas en inglés), así­ como para hacer un exhorto a las Cámaras que conforman el H. Congreso de la Unión, a fin de que convoquen a una convención nacional cuyo tema sea la propiedad intelectual, en el que se analicen modelos alternativos de protección de propiedad intelectual.

    Exposición de motivos

    1. La Constitución Polí­tica de los Estados Unidos Mexicanos señala en su artí­culo 76, párrafo II, que el Senado, tiene, entre otras atribuciones, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba, así­ como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos.

    2. Asimismo, la máxima norma de referencia señala en su artí­culo 89 fracción X que el Presidente de la República tiene como obligación, el dirigir la polí­tica exterior y celebrar tratados internacionales, así­ como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal polí­tica, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pací­fica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurí­dica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; y la lucha por la paz y la seguridad internacionales.

    3. Por otra parte, la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica señala en su artí­culo 3 fracciones I y VI que para la aprobación de un tratado se observarán entre otros objetivos generales, el contribuir a mejorar la calidad de vida y el nivel de bienestar de la población mexicana, así­ como promover la transparencia en las relaciones comerciales internacionales y el pleno respeto a los principios de polí­tica exterior de la fracción X del artí­culo 89 de la Constitución Polí­tica de los Estados Unidos Mexicanos.

    4. En este orden de ideas, el Ejecutivo Federal anunció el 23 de octubre del 2007 que, derivado del compromiso del Gobierno de México sobre la protección de los derechos de propiedad intelectual, nuestro paí­s participarí­a en discusiones preliminares conjuntas con Canadá, Estados Unidos de América, Japón, Unión Europea, Suiza, Nueva Zelanda y otros paí­ses en una propuesta de un Acuerdo Comercial Anti-Falsificación (ACTA, por sus siglas en inglés).[1]

    5. El Gobierno Federal, a través del portal oficial del Instituto Mexicano de la Propiedad industrial, (IMPI) señala que el Acuerdo Comercial Anti-Falsificación (ACTA) propuesto pretende establecer nuevos estándares para la observancia de los derechos de propiedad intelectual (DPI) para combatir de manera eficiente el crecimiento prolí­fico del comercio de bienes piratas y falsificados. ACTA versa de 3 áreas: a) incrementar la cooperación internacional, b) establecer mejores prácticas para la observancia; y, c) proporcionar un marco legal más efectivo para combatir la piraterí­a y falsificación.[2]

    6. De igual manera, se indica que algunas posibles disposiciones en esta área pueden incluir: Cooperación internacional entre autoridades encargadas de la observancia; capacitación y apoyo técnico para el mejoramiento de la observancia, así­ como mejores prácticas, al expresar que los impulsadores del ACTA creen que es crucial establecer mejores prácticas de observancia que promuevan una fuerte protección conjuntamente con los socios comerciales y los titulares de los derechos. Estas prácticas deberán de apoyar la aplicación de las herramientas legales relevantes. Los áreas para posibles disposiciones incluyen: Grupos de asesorí­a formal o informal público/privada sobre piraterí­a y falsificación; fomentar la existencia de peritos/expertos en propiedad intelectual, dentro de las estructuras de observancia de la ley para asegurar un adecuado trato a los casos que se presenten en materia de propiedad intelectual; medidas para el aumento de la concientización pública sobre la importancia de la protección de los derechos de propiedad intelectual, así­ como también mostrar los efectos del detrimento causados por infracciones de DPI.

    7. Uno de los puntos nodales a negociar, lo constituye el tema del marco legal. Al respecto, el Gobierno Federal, a través del IMPI, señala que el último pilar del ACTA versa en proveer a los ciudadanos, autoridades encargadas de la observancia y el poder judicial, con las herramientas apropiadas para tratar de manera efectiva con la falsificación y piraterí­a a través de un fuerte y moderno marco legal. Las áreas para posibles disposiciones incluyen: Observancia en materia penal: medidas en frontera; observancia en materia civil; piraterí­a de discos ópticos; y distribución ví­a internet e información tecnológica.[3]

    8. Es de destacarse que desde el inicio de las rondas de negociación entre los paí­ses interesados en suscribir ACTA, éstas se habí­an manejado con secrecí­a, y no fueron auspiciadas por ningún órgano internacional, por lo que trascendió por medio de información filtrada y no confirmada el momento en que éstas comenzaron a llevarse a cabo; posteriormente, se confirmó que desde el 2 de junio de 2008 hasta el 16 abril de 2010, se habí­an realizado ocho rondas de negociación, celebradas sucesivamente en Ginebra, Suiza; Washington D.C., U.S.A.; Tokio, Japón; Parí­s, Francia; Rabat, Marruecos; Seúl, Corea; Guadalajara, México, y Wellington, Nueva Zelanda.

    Hasta la octava reunión de negociación de ACTA, el Ejecutivo Federal no habí­a proporcionado información alguna al Senado de la República de los pormenores y avances en la negociación de dicho Acuerdo, irregularidad que motivó que la Cámara Alta aprobara, el 27 de abril de 2010, el dictamen con punto de acuerdo presentado por la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, por medio del cual se solicitó a la Secretarí­a de Economí­a y al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial se remitiera a dicha Soberaní­a un informe completo sobre el Acuerdo Comercial Anti-Falsificación (ACTA, por sus siglas en inglés) en los términos del artí­culo 5 de la Ley Sobre Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica, que contuviera por lo menos los siguientes aspectos: I. Las razones para negociar así­ como las consecuencias de no hacerlo; II. Los beneficios y ventajas que se espera obtener de la negociación y la expectativa de cumplir con los objetivos de esta ley que correspondan conforme al tratado que se pretende celebrar, y III. Un programa del proceso de negociación calendarizado.

    9. En este orden de ideas, la Subsecretarí­a de Enlace Legislativo de la Secretarí­a de Gobernación, mediante oficio No. SEL/UEL/311/1677/10 de fecha 2 de junio de 2010, remitió a los Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, contestación al punto de acuerdo de referencia aprobado por el Senado, la cual consistió en el oficio 100.2010.DGE.0483 suscrito por el Director General de Enlace de la Secretarí­a de Economí­a, en el que remite, la respuesta del Lic. Jorge Amigo Castañeda, Director General del Instituto Mexicano de la Propiedad industrial (IMPI).

    10. En el documento suscrito por el Director General del IMPI, se señala que aunque los paí­ses signatarios reconocen la importancia de responder efectivamente al reto de la piraterí­a en internet, confirmaron que ninguno está proponiendo en el referido Acuerdo, requerir a su gobierno un mandato de la llamada regla de las ¨tres notificacionesâ? (graduate response o three strikes) sobre infracción al derecho de autor en internet. Por lo tanto, mediante el acuerdo de referencia, se respecta la privacidad de los ciudadanos respecto a su derecho de libertad de expresión, ya que no se contempla monitorear la información que se distribuya a través de Internet.

    11. De igual manera, indica: sin embargo, si contempla, que los paí­ses signatarios en su legislación nacional implementen una polí­tica interna para los proveedores de servicios de Internet puedan regular su uso a partir de notificaciones a los usuarios, en relación a aquellos portales con los cuales se realicen actividades de comercio ilegal o piraterí­a, es decir, México llevarí­a a cabo el registro de los proveedores de servicio de Internet, con los requisitos necesarios para tales fines. Adicionalmente, se advierte que el ACTA será consistente con el Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo los ADPIC) de la OMC.

    12. Desde el inicio de las negociaciones de ACTA, representantes populares de paí­ses europeos involucrados, han manifestado su oposición a la totalidad del Acuerdo o al menos a varios puntos del mismo; en este sentido, el Parlamento Europeo rechazó en marzo pasado, por una votación de más de 600 votos contra 13 votos, el enfoque de ACTA; por otra parte el European Data Protection Supervisor emitió una opinión de más de 20 páginas detallando cómo ACTA amenaza la privacidad. En abril pasado, grupos de negocios y consumidores de Nueva Zelanda, publicaron la Declaración Wellington, que expresa gran preocupación por ACTA; dicho pronunciamiento, en menos de 24 horas de haberse dado a conocer en lí­nea, habí­a ya sido firmado por miles de personas. Cabe señalar que asimismo, organizaciones representativas a nivel internacional como Reporteros sin Fronteras, NetCoaltion, y Senadores de varios paí­ses involucrados entre otros actores polí­ticos y sociales, se han pronunciado firmemente contra el Acuerdo de referencia.[4]

    En este sentido, expertos en entorno digital y de empresas generadoras de contenidos y proveedoras de servicios en lí­nea en México, así­ como la generalidad de los usuarios de redes sociales e Internet, han expresado su temor y escepticismo en cuanto a los verdaderos alcances del Acuerdo Comercial Anti-Falsificación y su repercusión tanto en los derechos de usuarios de Internet como en los esfuerzos por impulsar polí­ticas que faciliten la posibilidad de acceso a Internet a todos los mexicanos. Dichas preocupaciones han sido manifestadas en diversos foros como el organizado por el Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados el pasado 28 de abril denominado ACTA: repercusiones legislativas para las empresas proveedoras de servicios de internet y sus usuarios.

    Empresas como Alestra, han señalado que si bien la piraterí­a daña a los detentadores de derechos de la propiedad industrial al establecer barreras al crecimiento económico y afectar a la innovación y la calidad creativa y que la falsificación debe ser evitada, tanto en lo que corresponde a bienes intangibles, como en el ámbito digital, los términos de ACTA, especí­ficamente en su sección 4, que obligan a los proveedores de servicios en Internet (ISP´s) a limitar o suspender el acceso de terceros (clientes) a material en lí­nea que viole los derechos de terceros o del cual existan indicios de ello, y la obligación a los proveedores de servicios en Internet de implantar sistemas y polí­ticas de monitoreo de tráfico, incluyendo comunicaciones, mensajes, gráficos, datos y archivos, además de ser técnicamente inviable, implica una clara violación a las garantí­as individuales, consagradas en el artí­culo 14 y 16 constitucionales, los cuales otorgan certeza jurí­dica a los particulares, al disponer que nadie puede ser molestado sin una orden judicial provista por autoridad competente, y que las comunicaciones privadas son inviolables, respectivamente. [5]

    Las anteriores acciones colocarí­an asimismo a los ISP´s en el supuesto violatorio del artí­culo 177 del Código Penal Federal, el cual establece como un delito, la intervención de comunicaciones privadas sin mandato de la autoridad judicial Así­, las empresas proveedoras de servicios serí­an orilladas a realizar actos contrarios a la ley y realizar acciones que en sentido estricto, corresponden al Estado.

    En este sentido, los expertos consideran que ya existe en nuestra legislación un amplio marco jurí­dico para la protección de los derechos de autor y de propiedad industrial, que encuentra su base en el artí­culo 28 constitucional, el cual sustenta la Ley Federal de Derechos de Autor y la Ley de la Propiedad Industrial. De igual manera, México ha suscrito el Convenio de Berna y el Tratado sobre Derecho de Autor (WCT) y el Tratado sobre Interpretación y Ejecución de Fonogramas (WPPT), estos dos últimos, auspiciados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

    Por otra parte, la restricción del libre acceso a usuarios a Internet de parte de los proveedores de servicios en lí­nea por la simple sospecha de violación de los derechos de autor, implicarí­a una clara contradicción de los esfuerzos en materia regulatoria de promoción cultural digital. Es de destacar que, de acuerdo con datos dados a conocer por la Asociación Mexicana de Internet, existen 27.6 millones de usuarios de internet en México, con una tasa de penetración del 28%. De igual manera, se calcula que existen en nuestro paí­s 18 millones de computadoras, de las cuales, 11 millones se encuentran conectadas a Internet. Sin embargo, se considera que nuestro paí­s sufre una amplia brecha digital, en que la mayor parte de sus habitantes aún no tiene acceso al Internet.

    18. ACTA no considera las especificidades y necesidades económicas, sociales y legales de nuestro paí­s. En dicho Acuerdo, se importan dos conceptos del modelo norteamericano que se refieren básicamente a el safe harbor y las infracciones y responsabilidades secundarias, para el que induce o contribuye a la comisión de un delito. La Asociación Mexicana de Internet, ha señalado que no existen datos duros o cifras que demuestren la necesidad y/o los beneficios de adoptar este modelo importado y aplicarlo en nuestro paí­s.

    19. En este orden de ideas, el Gobierno de Brasil ha impulsado la implementación del software libre, así­ como sistemas de código abierto en las computadoras de las dependencias de gobierno, lo que en el año 2008 le proveyó ahorros por 167.8 millones de dólares; asimismo, ha desarrollado el proyecto PC Conectado, que ofrece a las familias de baja renta la posibilidad de adquirir computadoras con precios y condiciones favorables[6], acciones para disminuir la brecha digital en la población.

    En este sentido, existen modelos alternativos de protección de los derechos de autor más adecuados para las particularidades del entorno digital en México, caracterizados por su novedad, eficacia y que fueron diseñados para ser aplicados en Internet. Entre éstos se encuentran las licencias copyleft, que son aquellas que, permitiendo un mayor control de los creadores de sus obras, investigaciones y proyectos y una remuneración compensatoria más razonable por su trabajo, también permiten a los usuarios finales un mejor acceso y disfrute de los bienes, bajo este tipo de licencias no restrictivas[7]. Por otra parte, el modelo creative commons, define un espacio que se encuentra en el espectro de la protección absoluta de los derechos de autor (todos los derechos reservados) y le dominio público (ningún derecho reservado). Las licencias ayudan a conservar los derechos autorales invitando a usar su obra bajo el esquema de ¨algunos derechos reservados¨.[8]

    21. Los términos y forma en la que el Ejecutivo Federal negocia ACTA, van en franca contradicción con los principios que, según nuestra Constitución y leyes señalan, deben observar los tratados internacionales en materia económica suscritos por nuestro paí­s, como la contribución a mejorar la calidad de vida y el nivel de bienestar de la población mexicana, así­ como promover la transparencia en las relaciones comerciales internacionales con el pleno respeto a los principios de polí­tica exterior de la fracción X del artí­culo 89 de la Constitución Polí­tica de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, los términos en que se está planteando ACTA son violatorios de las garantí­as individuales, expresadas en los artí­culos 14 y 16 constitucionales, así­ como el derecho a la protección de la privacidad de las comunicaciones entre particulares.

    Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artí­culo 71, fracción I de la Constitución Polí­tica de los Estados Unidos Mexicanos me permito someter a la elevada consideración de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el siguiente:

    PUNTO DE ACUERDO

    PRIMERO. Enví­ese atento y respetuoso oficio al C. Titular del Poder Ejecutivo Federal, para solicitarle que el Estado Mexicano se retire de las negociaciones que actualmente se llevan a cabo con otros paí­ses, para suscribir el Acuerdo Comercial Anti-Falsificación (ACTA, por sus siglas en inglés).

    SEGUNDO. Se aprueba hacer un exhorto a las Cámaras que conforman el H. Congreso de la Unión, a fin de que convoquen a una convención nacional cuyo tema sea la propiedad intelectual, en el que se analicen modelos alternativos de protección de propiedad intelectual que sean propicios para nuestro paí­s.

    Palacio Legislativo de San Lázaro, a 01 de septiembre de 2010.

    DIP. SALVADOR CARO CABRERA

    ⁠

    [1] Fuente: http://www.impi.gob.mx/wb/IMPI/acuerdo_comercial_antifalsificacion. Dí­a de cosulta 03/08/2010, 10:44 hrs.

    [2] ídem.

    [3] Ibí­dem.

    [4] Información dada a conocer por Manuel Tamez, representante de negocios para México y CentroAmérica de Google, Inc., el 28 de abril de 2010.

    [5]

    [6] http://www.softwarelibre.cl/drupal//?q=node/81

    [7] http://fundacioncopyleft.org/

    [8] http://creativecommons.org.mx/

    Publicado por Chavacaro.org en 09:45

  • Echaron a Reynoso Femat del PAN

    En una sesión que duró aproximadamente dos horas, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Acción Nacional (PAN) determinó, por unanimidad, expulsar al gobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, de las filas panistas.
    Con esta decisión, los más de 40 integrantes del CEN del PAN concluyeron en menos de 15 dí­as el proceso de expulsión que se inició el pasado 17 de agosto contra el mandatario estatal.
    Los argumentos para separarlo del padrón de militantes de Acción Nacional fueron, de acuerdo con el Reglamento sobre Aplicación de Sanciones del PAN, â??participar con otro partido polí­ticoâ?, â??realizar acciones encaminadas al beneficio de otro partidoâ? y â??otorgar apoyos económicos o de cualquier naturaleza a otro partido polí­ticoâ?.
    En el PAN se le acusó de apoyar al candidato del PRI al gobierno del estado, Carlos Lozano, en las pasadas elecciones del 4 de julio, y hacer todo lo posible para que el PAN no retuviera la gubernatura con Martí­n Orozco.
    Reynoso Femat fue prií­sta en sus orí­genes polí­ticos, y desde 1995 se afilió al PAN. A través del blanquiazul se convirtió en gobernador.

  • Sepa de la llegada de los escoltas de FEMSA en Mty Nuevo Leon

    Una fuerte movilización del grupo de operaciones mixtas se generó cerca de las 4:00 de la mañana en esta ciudad debido al pedido de apoyo del servicio médico forense al interior de empresas Titán, de Grupo Femsa, debido a que al lugar arribaron en un auto dos escoltas heridos junto con los cuerpos de dos más.

    Los guardias mencionaron que fueron privados de su libertad y luego liberados con la consigna de dirigirse a la sede de su empresa.

    En el cruce de las calles Miguel Barragán y Alfonso Reyes se reportó el arribo de un vehículo Ford Fusion, utilizado por quienes se presume son custodios de un directivo de la empresa regiomontana.

    En el automóvil estaban dos guardaespaldas heridos y en la cajuela se localizaron a las dos víctimas, lo que provocó una amplia movilización de autoridades policiales que mantiene resguardado el sector, mientras inician las indagatorias.

    Estos guardias estuvieron presentes el día de ayer en la balacera y fallido levantón de dos hijos de un alto funcionario de FEMSA, que se registraron en el municipio de Santa Catarina, frente al Colegio Americano.

    Las víctimas fueron identificadas como Felipe Mares Flores y Arsenio Martín Chávez Morales, ambos de 35 años de edad, y fueron trasladados al anfiteatro del Hospital Universitario.

    Los otros dos escoltas heridos fueron trasladados para su atención a un nosocomio local, sin que se proporcionaran datos personales de estos.

    El grupo de Operaciones Mixtas que conforma el Ejército Mexicano, fuerzas federales y también la Agencia Estatal de Investigaciones llegaron a resguardar el lugar y a iniciar con las pesquizas correspondientes.

    De acuerdo a las primeras indagatorias, el vehículo fue llevado por delincuentes hasta la misma empresa Titán, para que desde ahí se reportaran los hechos a autoridades

  • Comisión de Agricultura y Ganadería quiere que Mexico deje de importar comida

    La Comisión de Agricultura y Ganaderí­a pidió al Ejecutivo Federal a elaborar un programa nacional de sustitución de importaciones alimentarias.

    En un documento, el presidente de del organismo Cruz López Aguilar señala que el mayor déficit de la balanza comercial corresponde a cereales o granos básicos â??maí­z, trigo, sorgo y arrozâ??pues fue de dos mil 306 millones de dólares, a pesar de que las importaciones de éstos se redujeron casi 32 por ciento.

    Ante la desproporcionada balanza comercial de estos productos, concluye, es urgente cambiar la polí­tica de compra de productos agropecuarios al extranjero por un modelo que reactive la producción nacional y garantice la autonomí­a y
    sustentabilidad agropecuaria.

    Señala que en la generación de alimentos existen serias fallas estructurales, pues más de la mitad de los alimentos que consume el paí­s son de importación, lo cual â??se debe en gran medida a la mala planificación y a que las polí­ticas públicas en materia alimentaria no subsanan las deficiencias.

    Se explica que a pesar de que en 2009, año de la crisis económica, se redujeron las importaciones de alimentos, el paí­s mantuvo un saldo negativo de más de dos mil 306 millones de dólares en la balanza comercial de granos básicos; la
    introducción de productos alimentarios cayó 25 por ciento y las exportaciones se redujeron 10 por ciento.

    â??Sin embargo, estas disminuciones no son suficientes para eliminar el déficit en la balanza comercial de alimentosâ?, por lo que es importante contar con mecanismos y programas que reduzcan la dependencia alimentaria del exterior y brinden alternativas que otorguen la posibilidad de ser autosuficientes en materia alimentaria.

    Durante una reunión, esta comisión también aprobó un punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal para que, a través de la Sagarpa, detenga el aumento de precios de los insumos de gas y transporte, fertilizantes para la producción
    agropecuaria e instrumentar programas de apoyo a los productores agropecuarios nacionales.

    Además, que la Sagarpa informe a la Cámara de Diputados sobre las acciones para detener el aumento de los precios de insumos para la producción agropecuaria e instrumentar programas de apoyo a productores nacionales.

    Se expresa la oposición de los diputados a la polí­tica de incrementar los costos pues impactan los precios de fertilizantes, semillas, agroquí­micos, transporte de alimentos y materias primas, que sacan de competitividad a los productores nacionales, en aras de un incremento mí­nimo de los ingresos fiscales.

    El documento señala que la decisión de incrementar el costo de combustibles aumenta el precio de producción â??además de permitir la entrada de materias primas y bienes intermedios de consumo, con menores tasas arancelarias, con el supuesto interés de reducir los precios al consumidor finalâ?

  • Un manual de riesgo hecho por universidades

    Ante la inseguridad que se está viviendo en el país, las diferentes universidades de México aportaran sus experiencias para la elaboración de un manual de riesgo que ayude a superar estos problemas de en las universidades, aseguro el Secretario General Ejecutivo de la ANUIES Dr. Rafael López Castañeda.

    Entrevistado después de la inauguración de la reunión de las Universidades de la región centro sur que se lleva a cabo en Acapulco y que reúne a 25 rectores, López Castañeda dio a conocer que todas las Universidades del país están aportando las medidas de seguridad que están implementando en el interior de sus campus para resguardar la seguridad de su gente.

    Indico que algunas han implementado el contratar compañías de seguridad externas, otros contratan más personal interno, algunos instalan cámaras de seguridad, otros bardean las instalaciones, etc., cada quien de acuerdo a sus presupuestos y necesidades.

    Inclusive , dijo, algunas instituciones como la UNAM o el Politécnico o la misma Universidad de Tamaulipas ya tienen sus manuales de seguridad, pues la mayoría de las personas saben que hacer en caso de un temblor o de un incendio, pero muy poca gente sabe que hacer ante una situación de violencia.

    Puso como ejemplo que en el caso del TEC de Monterrey al escuchar los balazos los alumnos salieron corriendo, cuando lo que se recomienda es tirarse al suelo y permanecer ahí. En ese sentido va la realización de este manual para prevenir este tipo de contingencias y saber cómo enfrentarlas.

    Finalmente El Secretario General Ejecutivo de la ANUIES aseguro que el principal problema que enfrentan las Universidades en México es el presupuesto, la cobertura y la equidad, pues en este momento solo se cubre un 29.1% de la demanda que hay en el país y si la federación diera los presupuestos multianuales en pocos años se podría llegar a una cobertura del 49 %, como la que se da en varios países de Europa.

  • Chavez hace cambios de gabinete

    El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, realizó nuevos cambios en su gabinete ejecutivo a raíz de la nominación de varios de sus ministros como candidatos por lista al Congreso que se elegirá el próximo 26 de septiembre.

    En la lista de cambios, la Gaceta Oficial incluye a Tania Díaz, ministra de Comunicación e Información, nombrada el mes pasado, y a Diosdado Cabello en el Ministerio de Obras Públicas y Vivienda.

    La periodista Tania Díaz, será sustituida por Mauricio Rodríguez Gelfenstein, tercero en ocupar este año el Ministerio de Comunicación e Información (Minci), luego de Díaz y de Blanca Eeckout.

    La Gaceta Oficial reseñó la sustitución del ministro de Educación, Héctor Navarro, por Jennifer Gil y la ministra del Deporte, Victoria Mata, por Héctor Rodríguez Castro.

    Otras sustituciones fueron las de la ministra para la Mujer, María León, a quien suple Nancy Pérez Siera, la titular del Ministerio de Comunas, Erika Farías, por Isis Ochoa, y el de Agricultura y Tierra, Elías Jaua, por Juan Carlos Loyo.

    El ministro de la Presidencia, Luis Reyes fue cambiado por María Isabel Godoy, mientras que el Ministerio de Obras Públicas y Vivienda (hasta hoy a cargo de Cabello) se dividió en Transporte, a cargo de Francisco Garcés y el de Vivienda, con Ricardo Molina.

    Los ahora ex ministros son candidatos por lista a las elecciones legislativas del 26 de septiembre, que dejaron de participar en los comicios primarios realizados por el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), que preside el mandatario Hugo Chávez

  • Que diga FCH cuanto gasto en publicidad

    La Comisión Permanente del Congreso solicitó al Ejecutivo federal que informe, a través de la Secretaría de Hacienda, del gasto en publicidad gubernamental ejercido del 1 de diciembre de 2006 al 20 de mayo de 2010.

    Según el dictamen aprobado y de acuerdo a la Auditoria Superior de la Federación, algunas dependencias federales aumentaron su presupuesto en materia de comunicación social sin contar con la autorización de la Secretaría de Gobernación.

    En ese sentido, el senador del PRI, Renán Cleominio Zoreda dijo que en 10 años de gobierno del Partido Acción Nacional (PAN), se han gastado más de 32 mil millones de pesos en publicidad gubernamental, lo cual se debe aclarar.

    Precisó que cuando se tomó la determinación de reducir el gasto del gobierno federal, el área donde no se tomó esa medida de manera sustancial fue comunicación social, que debió haber sido la primera en adoptarla, sin embargo no ha sido así.

    A su vez, el diputado del PRI, David Penchyna afirmó que hay un aumento del 500 por ciento en el gasto de publicidad del gobierno federal, a pesar de la política de austeridad que aplica el Ejecutivo federal.

    En tanto, el senador del PAN, Eduardo Nava sostuvo que la mayoría de la publicidad gubernamental se ha transmitido usando los tiempos oficiales y demandó que la petición se haga extensiva a los 31 estados del país para saber cómo ejercen el gasto en la materia

  • Barack Obama beneficia parejas homosexuales

    En un nuevo impulso a su agenda en materia de derechos civiles, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, decidió ampliar los beneficios de las parejas gay y firmó un memorándum ejecutivo que obliga al sistema hospitalario que recibe fondos federales a poner fin a cualquier tipo de trato discriminatorio contra parejas del mismo sexo.

    La decisión de Obama, un nuevo gesto en favor de la comunidad gay en Estados Unidos, supone un nuevo intento por recuperar el apoyo de un electorado que le impulsó a la Casa Blanca y por terminar con la humillación y marginación de miles de parejas del mismo sexo que no son aceptadas legalmente como matrimonios y que suelen ser excluidas de las salas de cuidados intensivos o de los trámites para dar cumplimiento a la última voluntad de sus seres queridos.

    â??A menudo se impide a estas personas estar junto al lecho de sus parejas, con las cuales han compartido décadas de sus vidas, y tampoco pueden actuar como representantes legales si sus parejas han quedado incapacitadasâ?, dijo sin mayores rodeos el presidente de EU en un documento que fue distribuido por la Casa Blanca.

    Eso no es justo, añadió Obama, ya que â??pocos momentos hay en nuestra vida que exigen mayor compasión y compañí­a que cuando un ser querido es ingresado en un hospitalâ?.

    La sola emisión de este memorándum ejecutivo obligó a la secretaria de Salud, Kathleen Sebelius, a emitir nuevas reglas para corregir las prácticas discriminatorias de los centros hospitalarios por cuestiones de sexo o preferencias sexuales.

    Esta nueva polí­tica también aplicará a parejas heterosexuales que nunca se hayan unido legalmente en matrimonio. Las normas serán de obligado cumplimiento en aquellas instituciones hospitalarias que reciban fondos públicos de Medicaid y Medicare y que tendrán que respetar la voluntad de los pacientes a la hora de confeccionar las listas de las visitas que están autorizadas a visitarles y, en de ser necesario, a hacerse cargo de su última voluntad. Obama dijo que su decisión se inspiró en casos como el de Janice Langbehn, quien no pudo visitar o asistir a su pareja, Lisa Pond, fallecida en el hospital en septiembre pasado.

    Pero grupos conservadores manifestaron su rechazo por considerar que esta disposición presidencial amenaza con socavar â??la sacrosanta instituciónâ? del matrimonio entre hombre y mujer. â??Este memorándum supone además una intromisión inaceptable del gobierno en los más mí­nimos detalles del sistema sanitarioâ?, dijo Peter Sprigg, del Family Research Council