Un total de mil 200 menores mexicanos han muerto desde 2006 por acciones del crimen organizado, denunció hoy un grupo de organizaciones civiles que claman por el cese de la violencia en el norte del país, donde este fin de semana dos masacres dejaron veintisiete muertos, muchos de ellos jóvenes.
La noche del viernes, un comando armado irrumpió en una fiesta en Ciudad Juárez (Chihuahua) y asesinó a catorce adolescentes, mientras que anoche un grupo de sicarios mató a trece internos de un centro de rehabilitación en Tijuana (Baja California), cuyas edades oscilaban entre los 19 y los 56 años.
En rueda de prensa, este conjunto de organizaciones civiles estimó que de las más de 28 mil muertes atribuidas al narcotráfico por las cifras oficiales en los primeros cuatro años de mandato de Felipe Calderón, mil 200 son de niños, niñas y adolescentes.
Sólo para Ciudad Juárez, considerada la urbe más violenta de México, el cálculo es de 138 menores de edad asesinados desde diciembre de 2006 a la fecha.
Durante la conferencia se conectó por videollamada con Ciudad Juárez, desde donde intervinieron las asociaciones Frente Plural Ciudadano, Consejo Ciudadano para el Desarrollo Social, Comité Médico Ciudadano, Red Mesa de Mujeres y Red por la Infancia en Juárez.
Julián Contreras, del Frente Plural Ciudadano, lamentó que el mensaje oficial sea el de que los jóvenes de Juárez son delincuentes y «se están matando entre ellos», «una lógica perversa», dijo, «que incrusta en la población la idea de que no hay nada de qué preocuparse porque quienes mueren son criminales».
Con él coincidieron los demás miembros de las asociaciones, que afirmaron que a los jóvenes de Juárez, además de estigmatizarlos, se le está negando la posibilidad de participar e interactuar entre ellos.
«Como adultos no estamos cumpliendo con nuestra función de proporcionarles autonomía. Allí no se pueden hacer fiestas porque te matan», aseguró Nashiely Ramírez, de Ririki Intervención Social, que añadió que en la urbe norteña «miles de adolescentes están encerrados en sus casas».
Esas organizaciones han constituido una «mesa permanente contra la violencia contra niños y jóvenes» junto con otras del Distrito Federal: Cauce Ciudadano, Incide Social, Marabunta, Fray Francisco de Vitoria, la Red de Cultura de Paz y Servicios y Asesorías por la Paz.
Todas ellas firman un boletín titulado «¡Basta ya… ni uno más!», en el que denuncian «la catástrofe humana en la que están sumidas la totalidad de las ciudades de la frontera norte del país».
La representante de Incide Social, Clara Jusidman, aseguró durante la conferencia que se está cumpliendo la profecía de Ciudad Juárez, cuyos altos niveles de violencia e impunidad se percibían hace años como «un emblema de lo que le iba a suceder al resto del país».
«Es lo que está sucediendo en ciudades como Torreón y Monterrey», sentenció.
Ciudad Juárez, apuntó Jusidman, «se está vaciando de actividad económica y social». Indicó que «cerca de 230.000 personas han huido de la urbe» y se han marchado a Estados Unidos o a sus comunidades de origen.
Este grupo de asociaciones pide a los recién elegidos gobernador de Chihuahua (César Duarte) y alcalde de Ciudad Juárez (Héctor Murguía), así como al Gobierno federal de Felipe Calderón, un replanteamiento de la estrategia de seguridad basado en el respeto a los derechos humanos, y reclamaron su «derecho a un Estado», algo que no creen que exista en Ciudad Juárez.
Las autoridades federales aseguran que las víctimas de esta «guerra» son en su mayoría sicarios (un 90%), un cinco por ciento policías, militares o funcionarios de seguridad, y menos de un cinco por ciento civiles inocentes.
