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Cinco años después del comienzo de la revolución contra Hosni Mubarak, Egipto vive bajo un régimen autoritario que ha diezmado a la oposición, con una amenaza yihadista omnipresente y una economía alicaída.
Con la excepción de los Hermanos Musulmanes, ninguna formación política ha anunciado su intención de manifestarse el lunes con motivo del aniversario de la revuelta. La policía ha reforzado su dispositivo de seguridad en El Cairo, sobre todo en el centro de la ciudad, y la plaza Tahrir, eje neurálgico de las protestas de 2011, está acordonada.
El 25 de enero de 2011, estallaron unas manifestacion es gigantescas para pedir la dimisión de Mubarak, que se vio obligado a dejar el poder el 11 de febrero, en la estela de la Primavera árabe desencadenada en Túnez. Los egipcios pedían pan, justicia y dignidad y rebosaban de esperanza.
Unas expectativas que no se han cumplido. El entusiasmo se ha convertido en desilusión tras cinco años convulsos.
A comienzos de 2012, los Hermanos Musulmanes ganaron las elecciones legislativas y, uno de ellos, Mohamed Mursi, se convertiría en junio en el primer presidente elegido democráticamente en el país. Un año más tarde, el jefe de las fuerzas armadas de entonces y actual presidente, Abdel Fatah Al Sisi, lo derrocó en nombre de las manifestaciones multitudinarias que pedían su dimisión.
En el verano de 2013, comenzó una represión despiadada contra la oposición islamista, que se extendió luego a los movimientos laicos y de izquierdas.
Para Karim Bitar, investigador del Instituto de relaciones internacionales en París, «hoy está claro que la contrarrevolución ha triunfado y que las esperanzas se han visto frustradas». «La revolución fue confiscada y luego enterrada», afirma este investigador, que asegura que las nuevas autoridades han «logrado domesticar a todos los contrapoderes tradicionales» (justicia, medios de comunicación, Parlamento).
Al menos 1.400 manifestantes islamistas murieron en la dispersión violenta de sus concentraciones. Más de 15.000 Hermanos Musulmanes -un movimiento declarado «terrorista»- y sus simpatizantes están encarcelados y centenares, condenados a muerte en juicios sumarios denunciados por la ONU.
La oposición laica y de izquierda no se ha quedado atrás, como el Movimiento del 6 de Abril, punta de lanza de la revolución y actualmente prohibido. Varios de sus dirigentes están entre rejas, acusados de incitación a la violencia.
Mustafá Maher, de 28 años, uno de los fundadores de esta agrupación, ya no duerme en casa y restringe al máximo sus movimientos. Teme -cuenta a la AFP- «que lo acusen de algo y lo encarcelen».
El poder quiere «apropiarse del espacio público», lamenta Mohamed Hachem, de la editorial Merit, cerca de Tahrir. El mes pasado, la policía llevó a cabo una redada en su sede antes de un acto de firma de libros del autor de una obra sobre la corrupción.
Para Gamal Eid, director de la red árabe de derechos humanos, radicada en El Cairo, el estado de los derechos humanos «es peor de lo que era bajo Mubarak o los Hermanos Musulmanes».
«Los egipcios asisten, forzados, al regreso de su país a un Estado policial», lamenta Said Bumeduha, de Amnistía Internacional.
Harta de los años de inestabilidad posteriores a la revolución, la población apoyó inicialmente a Sisi, convencida de que no había una alternativa. Pero, en la actualidad, los egipcios están «furiosos. Su situación económica y social empeora cada día», afirma Hazem Hosni, profesor de ciencias políticas de El Cairo.
El sector turístico, un pilar de la economía, sufrió de lleno las consecuencias de la inestabilidad política y, a partir de 2013, de la violencia yihadista. El atentado en el Sinaí (este) contra un avión ruso que transportaba a turistas, reivindicado por el grupo yihadista Estado Islámico (EI), acabó de rematarlo en 2015.
La violencia yihadista va dirigida principalmente contra las fuerzas de seguridad, en cuyas filas ha causado cientos de bajas.
En este contexto, los egipcios casi ni se acuerdan de Mubarak, que dirigió el país durante casi 30 años. Tiene 87 años y desde 2011 ha pasado la mayor parte del tiempo detenido en un hospital militar de El Cairo. Su juicio por el presunto asesinato de manifestantes no ha concluido.