Ambientalistas argentinos rechazaron el jueves el acuerdo entre los presidentes de Argentina y Uruguay para controlar de forma conjunta una fábrica de celulosa, que generó un diferendo entre ambos países.
«Está muy lejos de lo que nosotros pretendíamos y que se nos había anunciado», dijo a la radio Mega 98.3 Luis Leiva, representante de los ambientalistas de la localidad de Gualeguaychú que consideran que la planta de celulosa de la empresa finlandesa UPM es contaminante.
La presidenta Cristina Fernández y su par uruguayo José Mujica, anunciaron el miércoles en Buenos Aires que llegaron a un acuerdo para un monitoreo conjunto con científicos de ambos países de «todos los establecimientos industriales y agrícolas y centros urbanos» que están sobre los márgenes del limítrofe río Uruguay, entre ellos la planta de celulosa.
Pero los ambientalistas argentinos afirman que el acuerdo no contempla un seguimiento permanente de las actividades de la fábrica instalada en la orilla uruguaya del río y tampoco incluye mecanismos suficientemente rigurosos para el monitoreo de la planta.
Leiva señaló que seguirán sus protestas para denunciar lo que consideran un acuerdo inapropiado. Por lo pronto, en las próximas horas tienen previsto manifestarse ante la embajada de Finlandia en esta capital.
Los ambientalistas de Gualeguaychú, población situada frente a la localidad uruguaya donde se encuentra la planta, mantuvieron cortado un puente fronterizo sobre el río Uruguay durante más de tres años en protesta por la celulosa. Finalmente accedieron a despejarlo a mediados de junio, pero con la amenaza de que podrían retomar la protesta si sus peticiones no eran atendidas.
«Vamos a reclamar, no podemos permanecer impávidos», dijo Leiva, quien no se pronunció sobre un nuevo corte del puente, pero puntualizó que se ha solicitado una reunión con el canciller argentino Héctor Timerman.
Cuestionó que el acuerdo establezca un monitoreo en UPM «de hasta doce veces por año», al señalar que «eso está lejos de lo que significa un seguimiento permanente, como dijo la Corte Internacional de Justicia de la Haya» en el fallo sobre este diferendo que emitió en abril.
Además criticó que «las acciones de control en la planta» estén a cargo de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA) de Uruguay, y no de «un comité científico imparcial».
El acuerdo «dice que las acciones están a cargo de la DINAMA; lo único que hay es un acompañamiento absolutamente pacífico de un comité científico (binacional) de la CARU (Comisión Administradora del Río Uruguay)».
Según los ambientalistas de Gualeguaychú, otro punto inaceptable del acuerdo es que para los controles de medioambiente se vayan a utilizar las normativas de la CARU.
«La CARU y Uruguay modificaron los estándares ambientales» con el fin de «facilitar la instalación» de la planta de celulosa en la orilla uruguaya del río, dijo.
«Eso va en contra de un control riguroso que tenga que ver con la ciencia», aseguró