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  • CIDE medira la transparencia del gubernamental

    El Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) medirá el avance de la transparencia que han tenido todas las instituciones del gobierno e incluirá a los órganos Legislativo, Judicial y autónomos.

    Por segunda ocasión, se evaluará la rendición de cuentas que hay en el ejercicio de la función pública, a través del estudio «Métrica de la Transparencia en México: Diagnóstico del Acceso a la Información Pública», encargado por la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública (COMAIP), que aglutina a los 33 organismos garantes del derecho de acceso a la información existentes en el país.

    La medición contempla analizar las páginas de internet de cada dependencia y su «facilidad para acceder» a la información y las Leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública de cada entidad.

    De acuerdo con el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), el estudio se desarrollará a lo largo de 133 días y concluirá el 16 de agosto próximo, cuando el CIDE dé a conocer los resultados a la COMAIP.

    Esta evaluación, inicialmente estaba programada para desarrollarse entre noviembre de 2009 y marzo de 2010; sin embargo, debido a que un análisis de las páginas de internet de las entidades federativas reveló la necesidad de realizar ajustes en la metodología, y fue necesario reformularla y recalendarizar el estudio.

    Ahora, la nueva metodología asegurará la validez y comparabilidad de los datos, por lo que se contará con resultados más sólidos y confiables.

    Entre otros puntos, se contempla la evaluación de cada entidad federativa y de la Federación tomando como base los criterios contenidos en sus propias leyes de transparencia, lo que permitirá eliminar probables desventajas que pudieran tener algunas entidades sobre otras.

    La COMAIP contempló entre las reformulación de la metodología algunas consideraciones relevantes como:

    – La medición de los demás sujetos obligados se realizará conforme a las bases que definió la COMAIP.

    – Se evaluarán las páginas de los tres municipios con mayor población de cada entidad federativa.

    – La comparabilidad con el primer estudio de la métrica efectuado en 2007 será acorde a la normatividad de cada órgano garante.

    En caso de que no se especifiquen criterios en alguna norma, el CIDE utilizará estándares generalmente aceptados.

    Por ejemplo, para evaluar la «facilidad de acceso», se utilizará como criterio que el usuario pueda acceder a la información en no más de 5 «clics». Además se elaborará una matriz que identifique las variables y criterios contenidos en su respectiva ley.

    Este segundo Estudio de la Métrica de la Transparencia también analizará la calidad de cada una de las leyes con base en el Código de Buenas Prácticas y Alternativas para el Diseño de Leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que permitirá determinar el grado de desarrollo normativo que presentan

  • Los sidicatos frenan, casi todo

    Expertos advirtieron que el sistema de salud mexicano requiere una â??reforma integralâ?, pero reconocieron que los sindicatos serí­an â??los grandes perdedoresâ?.

    John Scott, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), expresó que la población ganarí­a con una reforma integral, â??pero habrí­a algunos perdedores, sobre todo los sindicatos, porque varios de los privilegios que tienen serí­an difí­ciles de sostener con las eventuales modificacionesâ?.

    Nuria Homedes, de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Texas, cuestiona por qué la instauración del Seguro Popular, en 2004, no se dio sobre la infraestructura del Instituto Mexicano del Seguro Social. Especialistas en el tema responden a la investigadora: no se utilizó el andamiaje del IMSS porque las autoridades no quisieron enfrentar al sindicato.

    Homedes aseguró que la aparición del Seguro Popular vino a fragmentar más el acceso a los servicios de salud y a ocasionar una ineficiencia en el uso de los recursos públicos destinados al sector: â??El sistema mexicano ya tení­a al IMSS, al ISSSTE y a la Secretarí­a de Salud, que atendí­a a toda la población abierta. Pero con el Seguro Popular, ahora se suma otra segmentación más: las personas que tienen Seguro Popular y las que noâ?

    Gustavo Leal Fernández, investigador de la UAM, señala que el Seguro Popular duplicó las estructuras de las secretarí­as de salud estatales, lo que complicó el control de los recursos: â??Los estados reciben el dinero del Seguro Popular y lo usan como quierenâ?, mencionó.

    Salomón Chertorivski, titular de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, instancia que administra los recursos del Seguro Popular, reconoce que los estados desarrollan diferentes modelos de atención, por lo que se impulsa una â??segunda generación de reformasâ? para unificar las prácticas estatales.

    En la Cámara, legisladores de PRI, PVEM y PT exigieron una auditorí­a al gasto del Seguro Popular que se ha triplicado desde 2006. Como una muestra del â??desastreâ?, expusieron que millones de credenciales de afiliados fueron producidas y almacenadas, y sólo tienen como destino la incineración.

    En León, Guanajuato, el secretario de Salud, José íngel Córdova Villalobos, rechazó el fracaso del Seguro Popular. â??A veces los programas que son exitosos tratamos de demeritarlosâ?, dijo.

    Afirmó que de acuerdo con encuestas realizadas por terceros, los í­ndices de satisfacción de los usuarios están por encima de 95%.

    Diarios mexicanos publicaron ayer que esos resultados fueron puestos en duda por Investigación en Salud y Demografí­a, ya que únicamente se preguntó a afiliados atendidos