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  • Inseguridad afecta competitividad de ciudades mexicanas

    La inseguridad es un factor que ha pesado bastante en la competitividad de las ciudades mexicanas, pues no sólo aleja las inversiones sino que también propicia la huida de talento y del turismo, alertó el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).

    Al presentar el Reporte de Competitividad Urbana 2010, la especialista del Imco, Gabriela Alarcón, alertó que de continuar la inseguridad podrí­a costarle al paí­s, por lo menos, un par de posiciones menos en el í­ndice de competitividad mundial dentro de los próximos años.

    Destacó que Monterrey se ubicó como la ciudad más competitiva de México, y dijo que la mayorí­a de las urbes del paí­s se estancaron en este rubro, ya que se carece de visión metropolitana de largo plazo, son poco profesionales y manejadas con criterios polí­ticos, además de que las autoridades no rinden cuentas a la ciudadaní­a.

    Uno de los grandes problemas actuales de las ciudades mexicanas es la falta de certidumbre y seguridad jurí­dica para las empresas y personas.

    El crimen, continuó, tiene importantes costos económicos que no sólo afectan las decisiones de las empresas para establecerse e invertir, sino también de las personas más preparadas y, a la vez, de las menos favorecidas.

    Puso como ejemplo a Ciudad Juárez, que cayó en el í­ndice de competitividad de una posición â??adecuadaâ? a â??mediaâ?, toda vez que el año pasado cerraron 30 por ciento de los negocios y aumentó 575 por ciento la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes.

    La especialista del Imco destacó que el Valle de México -que comprende el Distrito Federal y su zona conurbada- retrocedió también en competitividad debido a la violencia, ya que se registraron resultados negativos en robo de vehí­culos y en la calidad institucional de la justicia.

    La inseguridad también empieza a golpear los niveles de competitividad de la ciudad de Monterrey, por lo que Alarcón hizo un llamado urgente a rediseñar a las fuerzas encargadas de la seguridad pública.

    Propuso retirar a las policí­as municipales de las responsabilidades de seguridad e implentar una corporación nacional única, o de lo contrario, estatales.

    Para mejorar la competitividad de las ciudades mexicanas, propuso incrementar sus facultades tributarias, ya que los municipios sólo recaudan 30 por ciento de lo que gastan, porcentaje menor no sólo respecto a los paí­ses de la OCDE, sino incluso de naciones como Brasil y Colombia.

    Recomendó la reelección de alcaldes y diputados locales, como sucede en Brasil, en donde se logró un mayor nivel de servicios públicos y menor corrupción.

    En su oportunidad, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Armando Paredes, coincidió en la necesidad de la reelección, lo que abonarí­a mucho en la productividad de los municipios y permitirí­a que las autoridades tomen decisiones en la dirección correcta

  • Urge trabajen en Mexico los legisladores

    Si alguna crí­tica puede hacérsele a los congresos mexicanos, en la Unión y en los estados, es su baja capacidad de parlamentar, su falta de calidad en sus tareas. Se debe en parte a que no existen reglas que los hagan responsables, ante el público, de hacer lo fundamental y sólo después dedicarse a lo secundario. Lo primero es atender la estructura jurí­dica del paí­s. Son el Poder Legislativo (muchos no se han enterado). El principal cometido de ese poder es emitir, transformar o innovar el marco legislativo de la Federación o de los estados con sentido de Estado, es decir, con sentido de responsabilidad ante la sociedad como miembros que son de la clase dirigente. Dan prelación a lo secundario: intereses de facción polí­tica o grupo de interés. Basta observar a la telebancada o a los antiabortistas prianistas en las legislaturas locales para darse cuenta de la obscenidad en que se puede caer.

    En el próximo periodo de sesiones el Congreso de la Unión tiene la oportunidad y la responsabilidad de parlamentar sobre la primera iniciativa de reforma polí­tica de gran calado y visión de largo plazo que se ha presentado a los recintos legislativos desde que se produjo la alternancia de partidos en la Presidencia de la República. El gobierno del presidente Fox se arredró frente al reto de la reforma del Estado. Las consecuencias están a la vista: deterioro progresivo de la polí­tica, desprestigio de la democracia y disminución de la capacidad para mantener la gobernabilidad.

    El presidente Felipe ha tenido el valor de retomar la iniciativa para la reforma del Estado en medio de una situación muy difí­cil: narcoviolencia limí­trofe, crisis económica profunda, minorí­a de su partido en diputados y mayorí­a sólo relativa en senadores. Los 10 puntos que contiene su propuesta pueden resultar para algunos incompletos, para otros excesivos y para otros más indiferentes o nocivos. Pero no puede regatearse que es una iniciativa de gran alcance.

    Algunos factota de la clase polí­tica ya se han pronunciado, lanzando consigna para neutralizar la iniciativa. Continúan sustituyendo el debate parlamentario de altura por el chantaje polí­tico encaminado a ganar ventaja â??a la malaâ? hacia los próximos comicios. El sistema polí­tico lo permite, ni modo, se vale aunque no nos guste. Lo paradójico es que si la iniciativa llega a comisiones y al pleno del Congreso, como debiera ocurrir, habrá que vigilar con cuidado la conducta de los legisladores de todos los partidos. Deberemos distinguir los argumentos de los pretextos, la inteligencia de la negligencia fundada en las â??historiasâ? que se quieren perpetuar, el peso muerto del pasado de la capacidad de avizorar el futuro para un México bien situado en el siglo XXI.

    Las propuestas del Presidente contribuirí­an a desmontar vicios del sistema polí­tico. Devolver a las legislaturas estatales el poder en materia de reelección consecutiva de alcaldes y legisladores introducirí­a un nuevo balance de poder entre órdenes de gobierno y acotarí­a el poder desmesurado de los gobernadores. La elección consecutiva de diputados y senadores de la Unión aumentarí­a el poder de los ciudadanos, pues los que quieran ser reelectos tendrán que rendirnos cuentas en sus campañas y en su ejercicio. El lí­mite autoimpuesto: 12 años. Es un lí­mite artificial que solamente se entiende como concesión a la pusilanimidad de los que reivindican la historia de la no reelección como medalla de la Revolución. Pero es mejor que nada.

    El derecho a iniciativa ciudadana de ley también ampliarí­a la capacidad de la sociedad para organizarse en torno a intereses no recogidos por la clase polí­tica y acercarí­a a la ciudadaní­a al principio de legalidad como herramienta de cambio y mejorí­a y no como obstáculo a vencer. Las candidaturas independientes serí­an también un factor de empoderamiento ciudadano frente a los partidos que hoy tienen su monopolio. Bien reglamentadas pueden representar un arma para defendernos del mal desempeño de los partidos y los caprichos de sus lí­deres.

    La segunda vuelta, en la que tanto hemos insistido, darí­a legitimidad incontestable al mandato presidencial. No es lo mismo ganar por 36% que ganar por más de la mitad de los votos emitidos. Con ella se desvanecerí­a el reclamo complotista que embarga a muchas almas en pena.

    La iniciativa preferente y la facultad del Ejecutivo de hacer observaciones a leyes y al presupuesto harí­an menos intransitable la relación con el Congreso y obligarí­a a que éste se conduzca con la responsabilidad de la que hasta ahora no ha hecho gala.

    En la próxima entrega referiré mis observaciones a dos iniciativas: la expansión del principio de mayorí­a sobre el de proporcionalidad en el Congreso y la elevación del porcentaje de votos para la conservación del registro de los partidos.

    En cualquier caso ahora sí­, parlamentarios, a ver si ejercen su oficio

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