Tres jóvenes fueron aparentemente secuestrados en la ciudad de Veracruz. Hasta ayer, los familiares desconocen su paradero. En redes sociales, sus amigos han subido peticiones para aportar información o datos que ayuden a localizarlos.
Los hechos ocurrieron la noche del sábado cuando los jóvenes Génesis Deyanira Urrutia Ramírez, originaria de Jáltipan y estudiante de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación estaba acompañada por Alan Arroyo Prado y Octavio García Baruch.
Los amigos de la joven han pedido en redes sociales acciones para localizarla, otros han pedido elevar oraciones para que pronto regrese a su casa. De Octavio García Baruch aseguran que las autoridades lo relacionaron con una banda de jóvenes secuestradores y que fue detenido en 2012, pero lo liberaron por falta de pruebas.
Sobre Alan Arroyo sólo hay menciones de que es buscado, pero no dan más información sobre su paradero.
Hay versiones de que los jóvenes fueron subidos violentamente a un vehículo, supuestamente a un taxi, pero hasta el momento no hay noticias más que una llamada telefónica a la familia de Génesis en la que confirmaban que había sido plagiada.
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Veracruz sigue siendo numero uno en desapariciones
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México padece desapariciones generalizadas
Un comité de las Naciones Unidas advirtió el viernes que México padece una situación de «desapariciones generalizadas» en buena parte de su territorio y que en varios casos podrían estar involucradas las autoridades.
En sus conclusiones sobre una revisión de la situación en el país, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU lamentó la impunidad que rodea a los casos denunciados y llamó a las autoridades mexicanas a avanzar a la brevedad en la aprobación de normas que permitan prevenirlos y castigarlos. Por ello mismo la sentencia de que en nuestro país hay un fuerte casod e desapariciones generalizadas.
«La información recibida por el Comité ilustra un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio del Estado parte, muchas de las cuales podrían calificarse como desapariciones forzadas», señaló el organismo.
Añadió que la desaparición a manos de policías de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en septiembre es una muestra de «los serios desafíos» que enfrenta México para resolver ese tipo de casos. Pero no solo es Ayotzinapa lo que lleva a la ONU a decir que hay desapariciones generalizadas en México sino tambien casos en Tamaulipas, Chihuahua y otros estados.
A su vez llamó al país a aprobar lo antes posible una ley general contra la desaparición forzada y que se tipifique específicamente ese delito en las normas locales.
El gobierno ha dicho que espera que el Congreso apruebe esa ley antes de junio.
México reconoce que hay 23.271 personas desaparecidas o no localizadas, aunque no tiene datos específicos sobre cuántos serían casos de desaparición forzada, es decir, que involucren a autoridades.
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AI y Mexico
Se da el informe anual de situación en derechos humanos de parte de Amnistía Internacional.
En México, la situación se ha ido evidenciando que no es nada halagadora puesto que indígenas que defienden sus comunidades así como también, libertad a presos inocentes, sistemas judicial y policiaco deficiente, desapariciones forzadas y claro, narcofosas, muestran una realidad que da miedo.
Y es que si bien la cifra de muertos en este combate frontal al crimen organizado en México ya es de más de 40 mil personas, estamos en condiciones de que la cifra se eleve muchísimo más puesto que no hemos visto más que la punta del iceberg. Y que quede claro, nadie ha hablado de tortura.
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En 10 años, 34 mujeres periodistas agraviadas
De los 77 asesinatos y desapariciones de periodistas ocurridos en la década reciente, 34 ocurrieron a mujeres, aseguró la coordinadora general de Comunicación e Información para la Mujer (CIMAC), Lucía Lagunes Huerta.
Entre las agresiones, dijo, se contabilizaron cinco asesinatos y una desaparición.
En la lista de las víctimas están las indígenas triquis Felicita Martínez y Teresa Bautista, locutoras de la emisora comunitaria â??La voz que rompe el silencioâ?? y cinco agresiones a reporteras oaxaqueñas, incluido el caso de Ixtli Martínez Jiménez.
Detalló que del total de las agresiones contabilizadas por CIMAC del año 2000 a la fecha, el 20 por ciento ocurrió en el estado de Oaxaca.
Lagunes Huerta lamentó que las reporteras mexicanas se desistan de la denuncia, en la mayoría de los casos retiraron la denuncia porque fueron amenazadas con agredir a su familia, descalificaciones públicas y cuestionamientos.
Debido a esto, las reporteras han optado por estar al margen del seguimiento de temas de seguridad pública, crimen organizado, corrupción.
Conforme al diagnóstico se ubicó que principalmente los agentes agresores son servidores públicos (gobernadores, policías, alcaldes) y dirigentes locales.
Destacó que la situación de riesgo en las entidades es superior al de una reportera en la capital del país, en el DF es poco probable que el funcionario sea tú vecino, en Oaxaca, ocurre lo contrario, refirió.
Comunicación e Información para la Mujer ofreció este fin de semana un taller dirigido a periodistas locales, afines al tema de derechos sexuales y reproductivos, a partir del inicio de la campaña nacional «Por una Maternidad Libre y voluntaria».
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Tarde pero llega la justicia en Argentina, dictador condenado
El ex dictador Reynaldo Atilio Bignone, el que entregara el gobierno a Raúl Alfonsín el 10 de diciembre de 1983, fue condenado ayer a 25 años de prisión en una cárcel común, al ser hallado culpable de crímenes de lesa humanidad cometidos en la unidad militar de campo de Mayo, durante la última dictadura militar (1976-1983).
Bignone, quien reemplazó en la Presidencia de facto a Leopoldo Galtieri tras la derrota en la guerra de Malvinas, fue hallado culpable en 56 casos de allanamiento ilegal, robo agravado, privación ilegal de la libertad e imposición de tormentos cometidos en el campo de concentración y de exterminio que funcionó en el complejo militar.
El fallo, aplaudido por familiares de las víctimas que asistieron a la lectura, contempla el traslado de Bignone, de 82 años, a una cárcel común, en vez de prisión domiliciliaria, como se encontraba hasta ahora.
A la hora de hacer uso de la palabra, Bignone argumentó que en Argentina hubo una â??guerra irregularâ? en la que las Fuerzas Armadas â??tuvieron que intervenir para derrocar al terrorismoâ?.
â??Existían organizaciones terroristas clandestinas que no eran demasiado jóvenes ni idealistas; su ideal era la toma del poder por la fuerza subversiva. Tenían combatientes… fabricaban bombas, cargamento. Mataban indiscriminadamente y a traición. Asaltaban y cambiaban su identidadâ?, insistió.
Además, puso en duda la cantidad de desaparecidos durante el régimen militar. â??Se machaca con que hay 30 mil desaparecidos. Jamás se mostró la veracidad de la cifraâ?.
Los delitos por los que fue condenado ocurrieron en la guarnición de Ejército en Campo de Mayo, el destacamento militar más grande e importante del país, durante 1976 y 1978, cuando Bignone fungía como director de ese centro. Fue reconocido como torturador por los 130 testigos que declararon en el proceso
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Baltazar Garzon al estrado, como acusado
El juez Baltasar Garzón será juzgado por un presunto delito de prevaricación por haberse declarado competente para investigar las desapariciones ocurridas durante la Guerra Civil española (1936-1939) y la posterior dictadura del general Francisco Franco.
El magistrado del Tribunal Supremo de España Luciano Varela notificará hoy el auto judicial en el que acuerda juzgar a Baltasar Garzón, informaron a Efe fuentes jurídicas.
La decisión del juez del Tribunal Supremo llevará previsiblemente a la suspensión cautelar de Garzón, magistrado de la Audiencia Nacional española que cobró gran notoriedad internacional al procesar en 1998 al dictador chileno Augusto Pinochet.
Los hechos por los que está encausado se remontan a 2008 cuando Garzón se declaró competente para juzgar las desapariciones ocurridas durante la Guerra Civil y en la dictadura franquista, para lo que llegó a ordenar la apertura de algunas fosas donde se sospecha que pueden haber sido enterradas personas desaparecidas durante esa época.
Contra la resolución del magistrado del Tribunal Supremo cabe interponer recurso de apelación, según han informado fuentes del Alto Tribunal.
En la misma, el juez Varela deniega las pruebas que había reclamado Garzón y emplaza a las partes -la defensa, la Fiscalía y los querellantes: el sindicato ultraderechista Manos Limpias, la asociación Libertad e Identidad y Falange Española de las JONS (de ultraderecha)- a que presenten sus escritos de acusación o de petición de archivo.
El juez Baltasar Garzón había reclamado que se citara antes a declarar como testigos a varias personalidades jurídicas y expertos internacionales que han intervenido en asuntos de crímenes contra la humanidad, pero el instructor no lo considera procedente.
Entre los testigos solicitados por el magistrado figuraban la ex fiscal del Tribunal Penal Internacional Carla del Ponte, el juez chileno Juan Guzmán -que en 1999 procesó a Augusto Pinochet- y el magistrado argentino Eugenio Raúl Zaffaroni, uno de los que anuló las leyes de Punto Final y Obediencia Debida
Meses después de declararse competente para investigar, Garzón se inhibió en favor de los juzgados locales donde están ubicadas las fosas.
El juez explicó en ese momento que dejó de instruir la causa porque ya no hay responsables directos vivos contra los que dirigir la acción penal, aunque considera que los delitos «permanecen» y no prescribieron.
Baltasar Garzón había autorizado la apertura de una veintena de fosas a petición de familiares de desaparecidos y asociaciones que reclaman la recuperación de la memoria histórica.
El juez Varela sostiene que Garzón sabía que carecía de competencia para investigar esos hechos y que «actuó con la finalidad de eludir la decisión del legislador sobre el régimen de localización y exhumación de víctimas de los horrendos crímenes del franquismo (…) sabiendo que éstos habían sido objeto de amnistía por las Cortes democráticas de España»
