El pasado miércoles 14 de septiembre el juez Samuel Ventura Ramos del Juzgado Tercero de Distrito en Procesos Penales Federales con sede en Matamoros, Tamaulipas, absolvió al ex edil José Luis Abarca y a su esposa María de los Ángeles Pineda Villa de su presunta responsabilidad en el caso Ayotzinapa.
Esto después de encontrar irregularidades en el proceso que presentó Gualberto Rámirez, ex titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada en el 2014, quién no tipificó correctamente el delito, nombrandolo como “secuestro” en lugar de “desaparición forzada” y por argumentos de la defensa del matrimonio Abarca que sostienen que el ex gobernador del municipio de Iguala, Guerrero y su esposa sufrieron de tortura policiaca.
Sin embargo, no quitando el dedo del renglón dos días después, el viernes 16 de septiembre, la Fiscalía General de la República (FGR) por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), giró tres nuevas órdenes de aprehensión contra el matrimonio y el exsecretario de Seguridad Pública local, Felipe Flores Velázquez.
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Esto significa que José Luis Abarca no saldrá de la prisión del Altiplano y aunque no se le puede volver a juzgar por el mismo delito, ahora él y su esposa, enfrentan cargos de narcotráfico que los ligan con el grupo organizado “Guerreros Unidos” y los homicidios de dos activistas.
A casi ocho años del suceso, la Comisión de Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa no ha podido cumplir con su promesa, que llevó a la presidencia a AMLO, de aclarar el caso de la desaparición de 43 normalistas y sobre todo darles paz a las familias.
MGG
