La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y sus organizaciones en América pidieron hoy al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que interceda para evitar la aplicación de la ley de inmigración de Arizona, porque criminaliza a los indocumentados e instala métodos de control racistas.
«La ley criminaliza al inmigrante indocumentado, lo cual resulta inaceptable y contrario a los estándares internacionales», subrayaron en un comunicado la FIDH y sus asociados, que se quejaron además de que «instaura un método altamente discriminatorio y racista para su aplicación».
Una referencia directa al hecho de que el texto legislativo del estado de Arizona faculta a los policías para detener e interrogar a personas «sospechosas» de carecer de permiso para estar en Estados Unidos sobre la base de su apariencia.
«De esta detención arbitraria (…) se derivarán sin la menor duda mayores vulneraciones de derechos humanos», más allá del «principio penal esencial que es la presunción de inocencia», argumentó la FIDH y sus organismos asociados de México, Guatemala, Argentina, Estados Unidos, Nicaragua, Bolivia, Perú, Ecuador, Canadá y Panamá.
Todas estas organizaciones manifestaron «satisfacción» por el hecho de que las autoridades mexicanas hayan mostrado un «repudio generalizado» por la ley de Arizona, pero esperan que «más allá de las declaraciones tomen medidas eficaces para proteger a sus emigrantes en el exterior».
En esa línea, recordaron que México debe respetar los derechos de los emigrantes en su propio territorio, y pidieron a sus autoridades que desmantelen «lo antes posible las organizaciones criminales que contando con la complicidad de funcionarios públicos, han creado unas redes de secuestros, extorsión, torturas y asesinatos de emigrantes que intentan pasar sus fronteras hacia EEUU».
Los responsables del estado de Arizona han defendido la ley, que debe entrar en vigor en agosto, con el argumento de que es necesaria para proteger la porosidad fronteriza y reducir las tasas de criminalidad.