El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que hay avances importantes en la política de estado en materia de Derechos Humanos, sin embargo también reconoció que hay que acelerar las acciones para que la sociedad ejerza plenamente sus derechos.
En el marco de la presentación del diagnostico sobre la implementación de la reforma constitucional de Derechos Humanos del 2011, el encargado de la política interior del país señaló que el Gobierno de la República está trabajando para cerrar la brecha entre la legislación y la realidad en el ejercicio de los derechos.
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Avances en política de Derechos Humanos en México
Avances en política de Derechos Humanos en México -
Perciben avance significativo en protección de derechos humanos en México
México registra un avance significativo en materia de protección a los derechos humanos gracias a la cooperación internacional y al reconocimiento de los tratados internacionales que ha suscrito, afirmó el magistrado Manuel González Oropeza.
Al clausurar los trabajos del Congreso Internacional de Derecho Electoral, recordó que la reforma constitucional del 10 de junio de 2011 modificó el alcance de la protección a las libertades de los individuos, al ampliar el ámbito de tutela de los derechos humanos incluyendo a los que son reconocidos en dichos tratados.
Perciben avance significativo en protección de derechos humanos en México -
Tercera Jornada sobre Derechos Humanos «Los grupos de población en situación de vulnerabilidad»
En México hay que tener muy en cuenta de que sigue habiendo carencias de todos los tipos.
Entendamos de que entre más programas y esfuerzos interinstitucionales haya habrá menos grupos excluidos y discriminados, la inversión en educación y en infraestructura son lo mejor para acabar con rezago e pobreza y marginación, pero también se necesitan planes asistencialistas en lo que educación e infraestructura hacen lo propio.
Para que puedan hacer efectivos sus derechos a la salud, vivienda y educación, entre otros, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, participa en la Tercera Jornada sobre Derechos Humanos «Los grupos de población en situación de vulnerabilidad».
En esta jornada se analiza una serie de cuestiones para apoyo de los grupos vulnerables; más adelante les estaremos contando el papel y conclusiones que salieron de la CNDH y este evento.
Tercera Jornada sobre Derechos Humanos «Los grupos de población en situación de vulnerabilidad» -
México debe cumplir con urgencia las recomendaciones emitidas por el Comité contra la Tortura
México debe cumplir con urgencia las recomendaciones emitidas por el Comité contra la Tortura
El Comité contra la Tortura expresó hoy su preocupación por el “alarmante aumento del uso de la tortura” al revisar el cumplimiento de México de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Las autoridades de México no pueden continuar ignorando que el uso de la tortura y malos tratos por parte de las fuerzas de seguridad y la policía se han vuelto rutinarios. En sus Observaciones finales el Comité señala claramente que la impunidad es la norma y las medidas actuales para prevenir, investigar y sancionar el uso de la tortura son totalmente ineficaces.
El Presidente Calderón y su gobierno han invertido esfuerzos para ignorar y minimizar esta realidad. Es esencial que el gobierno de Enrique Peña Nieto, quien asumirá la presidencia el 1 de diciembre, se comprometa de forma pública y explícita a cumplir con todas las recomendaciones señaladas por el Comité dentro de un periodo definido.
El Comité contra la tortura ha dado un año para que el gobierno de México facilite información sobre el seguimiento que hará a ciertas recomendaciones. En particular, el fortalecimiento de las salvaguardias legales de los detenidos, las investigaciones prontas y eficaces de cualquier denuncia de tortura y el enjuiciamiento de los responsables. Además el Comité solicita un seguimiento especial a las medidas para proteger a defensores y defensoras de derechos humanos y periodistas.
Es imprescindible que el presidente electo demuestre que entiende la gravedad de la situación y la necesidad de realizar un programa de acciones concretas para terminar con la tortura y los malos tratos. Enrique Peña Nieto informó a Amnistía Internacional en una carta durante las pasadas elecciones que “asumo el pleno compromiso de implementar políticas y acciones que erradiquen cualquier acto de tortura”. Es hora de empezar a dar contenido a ese compromiso.
Antecedentes
En octubre Amnistía Internacional publicó un informe “Culpables conocidos, víctimas ignoradas: Tortura y maltrato en México”, AMR 41/063/2012. El informe fue presentado a los miembros del Comité contra la tortura que realizó la revisión de México a principios de noviembre.
El informe de Amnistía Internacional concluyó que el actual gobierno del Presidente Felipe Calderón ha hecho caso omiso a la epidemia de tortura que sufre el país para no tener que revisar su política de seguridad pública y su impacto en el deterioro grave de la situación de derechos humanos en el país.
Lejos de lograr la seguridad, ha permitido que las fuerzas de seguridad y la policía han incorporado en sus prácticas rutinarias el uso de la tortura y malos tratos contra cualquier persona que sea percibida con alguna conexión, cierta o no cierta, con la delincuencia.
La retórica de proteger los derechos humanos ha actuado como cortina de humo detrás de la cual las violaciones de derechos humanos se cometen impunemente. Esto es la herencia que el nuevo gobierno de enfrentarse para asegurar que la protección de los derechos humanos, es más sustancial que cursos de capacitación y promesas vacías.
Las observaciones finales de los informes periódicos quinto y sexto combinados de México, adoptada por el Comité contra la tortura en su 49º periodo de sesiones se puede encontrar en: http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/cats49.htm -
Arranca oficialmente el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas
Se instala la Junta de Gobierno, conformada por sociedad civil y autoridades la cual se encargará de emitir y vigilar medidas de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
Hoy se instaló oficialmente la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. El Mecanismo es resultado de un largo proceso de exigencia y denuncia sobre las condiciones en las que desempeñan sus labores tanto las personas defensoras de derechos humanos como periodistas en México y la falta de protección integral hacia ellas y ellos.
Durante el sexenio de Felipe Calderón no se garantizaron las condiciones de seguridad ni protección a estos gremios faltando a su obligación como Estado de proteger, prevenir y sobre todo de sancionar las violaciones a los derechos humanos, lo que ha devenido en agresiones, amenazas, autocensuras y hasta crueles asesinatos.
La operatividad y efectividad del Mecanismo de Protección deberá llevar como pilares fundamentales para su buen funcionamiento la confianza, la comunicación entre las partes, tanto de quienes integran el Consejo y la Junta de Gobierno como de las y los beneficiarios de dicho sistema. Deberá privar la participación, la escucha de voces expertas y de las poblaciones afectadas, pero sobre todo aceptar las críticas, abrir las puertas al diálogo, a las propuestas y de esa forma cumplir con su objetivo: proteger a las personas defensoras y los periodistas.
Como sociedad civil nos toca iniciar un Mecanismo en un momento sin duda importante y muy complejo; los nuevos funcionarios y servidores públicos tendrán la obligación de informarse, capacitarse, y entender el funcionamiento del Mecanismo, además de analizar a profundidad el diagnóstico que hoy nos obliga a contar con este tipo de instrumentos y pensar en planes de seguridad y medidas de protección eficaces.
Instamos al gobierno federal entrante, en particular al presidente electo Enrique Peña Nieto a retomar las denuncias hechas por las defensoras, los defensores y los periodistas, a no tolerar más abusos y violaciones a los derechos humanos y sobre todo a poner los focos rojos ante un México tan vulnerado que ha dejado Felipe Calderón.
Como Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) nos mantendremos al pendiente de los avances del Mecanismo y su Junta de Gobierno, para que vigile, monitoreé y hagan efectivas las medidas de protección a defensores y periodistas.
La Junta de Gobierno es “la instancia máxima del Mecanismo y principal órgano de toma de decisiones para la prevención y protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”, de acuerdo con lo señalado por la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas recién aprobada. Dicha Junta de Gobierno se encuentra integrada por representación de las Secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores y Seguridad Pública, PGR, CNDH y cuatro representantes del Consejo Consultivo, Michael Chamberlin, Edgar Cortez por Personas Defensoras y Jade Ramírez, Jorge Israel Hernández por parte de los periodistas.
Atentamente,
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos conformada por 73 organizaciones en 21 estados de la República.
Para más información
Fernando Hernández Banda
Encargado del área de comunicación
Red Nacional de Organismos Civiles »Todos los Derechos para Todas y Todos»
Patricio Sanz 449 colonia del Valle
Tel: 55 23 99 92 y 044 55 40 56 61 74 -
La justicia negada en México
Operativos cada vez mas comunes donde la sociedad queda a la deriva
En los últimos años se ha registrado en el país un aumento vertiginoso del número de desapariciones y asesinatos en el contexto de la crisis de la seguridad pública y la violencia del crimen organizado. La escasa información disponible dificulta conocer en que magnitud funcionarios del estado podrían haber jugado un papel en estos crímenes, y por lo tanto si estos conforman violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, es claro que el derecho a la verdad y la justicia ha sido negada a la gran mayoría de familias de las víctimas.
Según diversas organizaciones, en México sigue sin conocerse el paradero de aproximadamente 3.000 personas secuestradas por bandas delictivas o víctimas de desaparición forzada a manos de las fuerzas de seguridad durante la persistente crisis de la seguridad pública.
La reiterada ausencia de investigaciones sobre estos casos ha llevado a muchas familias a ponerse en peligro de sufrir represalias por buscar la verdad.
De acuerdo a organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, en los últimos años ha habido un marcado aumento en los asesinatos de periodistas, activistas y migrantes.
Las medidas tomadas para proteger a algunos de los grupos más vulnerables ante la violencia se han mostrado insuficientes. La reciente aprobación de la Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas supone una oportunidad para combatir los crímenes contra quienes se dedican a informar o proteger derechos humanos. Sin embargo, para que esto realmente suceda es necesario que el Mecanismo de Protección cuente con recursos adecuados y una implementación con la participación de la sociedad civil. Es necesario además garantizar la investigación de los crímenes para poner fin a la impunidad. -
2 de noviembre: es momento de dar una oportunidad a la justicia
Momento de dar una oportunidad a la justicia
El día de hoy, 2 de noviembre, millones de familias en México recuerdan con cariño a sus seres queridos que han partido. Sin embargo, para muchas familias esta fecha es un doloroso recordatorio de la deuda de justicia que el Estado Mexicano mantiene con ellas.
Amnistía Internacional manifiesta su solidaridad con quienes han perdido seres queridos, víctimas de un Estado que ha fallado en su deber de protegerles y que a menudo, ha incumplido su obligación de investigar y llevar ante la justicia a los responsables de estas muertes.
Así mismo, la organización hace un enérgico llamado a las autoridades mexicanas para que estas cumplan su deber y salden esta deuda de justicia con las decenas de miles familias que han perdido un ser querido durante la ola actual crisis de violencia que enfrenta el país, entre los cuales se incluyen numerosos periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos y migrantes.
Especialmente dolorosa es la situación de todas aquellas familias que han sufrido la desaparición de un familiar y que permanecen a la espera de información sobre su condición o paradero.
Es también es fundamental que las autoridades investiguen los crímenes del pasado. Mientas que varios países de América han dado pasos positivos e impuesto condenas históricas, en México esa justicia sigue siendo un sueño
“No se podrá hablar de verdaderos avances en materia de derechos humanos en México, mientras los crímenes y abusos permanezcan en la impunidad.” afirmó Alberto Herrera, director ejecutivo de Amnistía Internacional en México.
Con su incapacidad de llevar ante la justicia a la mayor parte de los responsables de desapariciones y asesinatos, tanto de presente como del pasado, las autoridades mexicanas están condonando de hecho estos abusos.
“El gobierno del presidente Calderón no ha reconocido ni tratado este grave legado de injusticia. Es tiempo de que esto cambie y haya un esfuerzo concertado por parte de los poderes del Estado para garantizar la verdad, la justicia y las reparaciones a las víctimas y sus familias.” Agregó Herrera -
Por la libertad de expresión en Puebla
Por la libertad de expresión en Puebla
Tengo la plena convicción de que el ejercicio de la libertad de expresión no es absoluto. Debe hacerse con responsabilidad social para que cumpla su propósito y no se incurra en alguno de los supuestos que la ley establece como limites o fronteras. Esto viene a colación porque en días pasados el gobierno de Rafael Moreno Valle en Puebla decidió iniciar una cruzada de demandas civiles contra periodistas por haber incurrido, supuestamente, en «abusos de la libertad de expresión». Este hecho insólito reclama ser analizado. Veamos.
Primero. El gobernador de Puebla tiene derecho a demandar a quien quiera en el marco de la Constitución y la ley. Será la autoridad jurisdiccional la que determine si el demandante tiene o no la razón jurídica. Desconozco el contenido de cada una de las demandas en cuestión, de tal suerte que no excluyo de responsabilidad a nadie ni me atrevería a convertirme en un tribunal mediático que decida si tiene o no mérito la indignación de Moreno Valle con un sector de la prensa poblana.
No obstante lo anterior, me llama la atención el fundamento legal que anima las demandas de daño moral interpuestas. Se trata de un conspicuo «Reglamento Interior de la Dirección General de Comunicación Social del Poder Ejecutivo del Estado de Puebla» que, de fondo y forma, no resiste la menor prueba de técnica jurídica. El artículo 7 fracción VII del reglamento de referencia otorga facultades al director de Comunicación Social para: «ejercer los derechos a los que se refieren los artículos 1958, 1958 Bis y demás relativos del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla, respecto de las acciones del gobierno, sus dependencias o entidades, el gobernador, secretarios y demás funcionarios en relación con su actuación pública, así como las acciones legales necesarias para hacerlos efectivos». El artículo 1958 del Código Civil poblano se refiere al daño moral, que fue legislado de manera poco afortunada en la entidad.
Segundo. Lo que hace el artículo 7 fracción VII es notoriamente inconstitucional por las razones siguientes: a) porque revive la figura del desacato que ha sido abrogada en América Latina, la cual otorga un estándar adicional de defensa del funcionario en relación con las posibilidades jurídicas de un particular, lo que encarece el escrutinio de la función pública; b) porque por su propia naturaleza el gobierno tiene acceso a medios para difundir sus propios puntos de vista que no tiene un gobernado; c) porque utiliza, paradójicamente, recursos públicos para litigar contra segmentos de la comunidad que representa; d) porque la interpretación sistemática de la Corte y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos considera incompatible ese tipo de normas jurídicas, en virtud de que «una ley que ataque el discurso que se considera crítico de la administración pública en la persona del individuo objeto de esa expresión afecta a la esencia misma y al contenido de la libertad de expresión. El tipo de debate político a que da lugar el derecho a la libertad de expresión e información generará indudablemente ciertos discursos críticos o incluso ofensivos para quienes ocupan cargos públicos o están íntimamente vinculados a la formulación de la política pública» (principio 10, numerales 42 y 43 de interpretación del artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos); y e) porque el artículo 1° párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que: «Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia».
Tercero. Por si lo anterior no fuera suficiente, la deplorable técnica jurídica en la factura del citado reglamento abona a favor de su impertinencia. En efecto, de entrada, el gobernador Moreno Valle invoca fundamentos legales erróneos para darle vida. Se basa en cuatro artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, que regula ciertamente el funcionamiento de las dependencias y entidades de la administración pública, pero resulta que la Dirección General de Comunicación Social no es dependencia ni entidad y, por consiguiente, no está prevista en la referida ley. Esta pieza jurídica expresa las limitaciones cognitivas del gobierno poblano, al menos en materia legal.
De igual forma, es ilegal el acuerdo por el que se crea el reglamento, que delega facultades de representación al director de Comunicación Social, porque el derecho al honor es un derecho personalísimo e indelegable, como se ha sostenido doctrinalmente en materia civil. Lo es también porque expresamente el Código Civil poblano vigente, en su artículo 1958, párrafo cuarto, textualmente establece que: «La acción de reparación no es transmisible a terceros por acto entre vivos y sólo pasa a los herederos de la víctima cuando ésta haya intentado la acción en vida». No se trata de antinomia, que sucede cuando hay dos normas de igual jerarquía con contenidos contradictorios, sino simple y sencillamente de un afán represivo que no encontró cabida adecuada en el orden jurídico local.
De esta suerte, frente a una norma inconstitucional e ilegal, procede invalidar ese regresivo contenido. El gobernador y sus secretarios mantienen a salvo, empero, sus derechos para iniciar demandas, pero dando la cara y con su dinero, no con el del pueblo, para reivindicar sus derechos lesionados, como cualquier gobernado más. Con estas iniciativas, lo que hace el gobernador poblano es exactamente lo contrario a sus deseos: victimiza a sus detractores y exhibe sus amplísimas oportunidades de mejora. Estamos, empero, frente a una posibilidad de que Puebla haga de la debilidad su fortaleza. Moreno Valle es digno de mejores causas y tiene la posibilidad de crear una nueva ley que observe las mejores expresiones de los estándares internacionales y coloque a Puebla a la vanguardia de lo que sí puede hacerse para bien de todos.
E-mail: evillanueva99@yahoo.com
Twitter: @evillanuevamx
(*) Opinión del especialista en asuntos de transparencia y libertad de expresión e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Ernesto Villanueva -
ONGs instan a la UE a abordar el deterioro de los derechos humanos en México
ONGs instan a la UE a abordar el deterioro de los derechos humanos en México
En el marco de la Tercera Reunión del Diálogo Bilateral sobre Derechos Humanos entre la Unión Europea y el Estado mexicano, a realizarse el próximo 19 de octubre en la Ciudad de México, organismos civiles de defensa y promoción de los derechos humanos instamos a que este mecanismo contribuya a generar propuestas que permitan revertir el deterioro que en materia de derechos humanos ha experimentado México en los últimos años.
Asimismo, esperamos que se garantice que la reunión bilateral de diálogo político entre el gobierno de México y la Unión Europea (UE) incorporen a la sociedad civil y que se generen mecanismos efectivos para participar y aportar insumos; así como medidas de transparencia y rendición de cuentas respecto a los temas abordados y los compromisos adquiridos.
Lo anterior en virtud de que en ocasiones anteriores únicamente se emitió un breve comunicado de prensa, sin permitir el acceso a los trabajos realizados y los acuerdos alcanzados. Por otra parte, de nueva cuenta para los trabajos preparatorios del Tercer Diálogo no se transparentó la agenda y la metodología y tampoco se permitió la colaboración en la construcción de la agenda de trabajo y los temas que se debatirán en el mismo. Por ello, reiteramos el llamado a que tanto las recomendaciones emitidas y los acuerdos alcanzados sean de carácter público y se aseguren los mecanismos de participación.
Las organizaciones civiles señalamos nuestra preocupación también en relación a la organización de un seminario previo en materia de Derechos Humanos con el objetivo de que organizaciones de la sociedad civil mexicanas y europeas intercambien sus experiencias para formular recomendaciones en la materia. Sin embargo, las autoridades no han garantizado la participación en el mismo de representantes gubernamentales que escuchen las preocupaciones de la sociedad civil y sean éstas incluidas durante el Diálogo. Asimismo, denunciamos que los temas a tratar se hayan acotado en extremo, dejando de lado temas de gran preocupación como la militarización de la seguridad pública y la prevalencia de la tortura, y nos extrañamos de que un amplio número de organizaciones civiles hayan sido excluidas del evento. De nueva cuenta desde la Secretaría de Relaciones Exteriores se abren espacios sin metodología y criterios, lo que impide creer que existe voluntad de dialogar y compartir acciones y diagnósticos.
Ante estas circunstancias, destacamos que la crisis de violencia y la impunidad, que ha crecido en los últimos años, ha afectado significativamente la vigencia de los derechos humanos en toda la República. En este sentido, siendo México un país estratégico para la Unión Europea, exhortamos a las autoridades europeas a garantizar mecanismos de diálogo genuinamente participativos y transparentes que contribuyan a abordar los problemas que enfrenta actualmente el país. Asimismo, urgimos al Gobierno Mexicano, a que en un contexto de transición se asegure la transparencia en los asuntos abordados, los compromisos y mecanismos para el seguimiento.
FIRMAN: Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos AC. (ACUDDEH); Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos(CMDPDH); Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”; Organización Mundial contra la Tortura (OMCT); Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez A.C.; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; Asociadas por lo Justo (JASS); Propuesta Cívica;
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todos y Todas”:Conformada actualmente por 73 organizaciones en 21 estados de la República: Agenda LGBT (Estado de México), Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (Distrito Federal); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos «Miguel Hidalgo», A.C. (Jacala, Hgo.); Casa del Migrante Saltillo (Coahuila), Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Distrito Federal); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (Puebla, Pue.); Centro de Derechos Humanos «Fray Bartolomé de Las Casas», A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis) ; Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C; Centro de Derechos Humanos «Fray Francisco de Vitoria O.P.», A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos «Miguel Agustín Pro Juárez», A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”. A.C. (Tapachula, Chis); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua), Centro de Derechos Humanos, “Juan Gerardi” , A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Tlilapan, Veracruz); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de los Derechos del Migrante (DF); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Distrito Federal); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”,A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Hermanas Mirabal de Derechos Humanos (León, Gto.), Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Distrito Federal), Centro Mujeres (La Paz, BC.), Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A. C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. – KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A. C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A. C. (Monterrey, NL); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Distrito Federal); Comité Cerezo (Distrito Federal); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacan, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A. C. (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Intercongregacional «Justicia, Paz y Vida» (Distrito Federal); Comisión Parroquial de Derechos Humanos “Martín de Tours”, A.C. (Texmelucan, Pue.); Comisión Regional de Derechos Humanos «Mahatma Gandhi», A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C.(Codigodh A.C); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Distrito Federal); Comité de Derechos Humanos «Fr. Pedro Lorenzo de la Nada», A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos «Sembrador de la Esperanza». A. C. (Acapulco, Gro.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, AC. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos de Colima, No gubernamental, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo AC (Tulancingo, Hgo.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos. (Culiacán, Sin.); El Caracol (DF), Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Chablekal, comisaría del municipio de Mérida, Yuc.); Iniciativas para la Identidad y la Inclusión A.C. (Distrito Federal); Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Distrito Federal); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC), (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, – Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz. (Guadalajara, Jal.); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (Distrito Federal), Programa de Derechos Humanos. Universidad Iberoamericana-Puebla (Puebla, Pue); Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales Y Culturales (Distrito Federal); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Estado de México); PODER (Distrito Federal); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí, S.L.P.); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (Pachuca, Hidalgo); Taller Universitario de Derechos Humanos, A. C. (Distrito Federal). -
Sus madres solo quieren saber donde están
Sus madres solo quieren saber donde están – Desaparecidos
El día de hoy la caravana “Liberando la esperanza” integrada por decenas de familiares – principalmente madres – de personas migrantes desparecidas ha partido desde la localidad de El Ceibo en Tabasco. Quienes integran esta caravana buscan a sus familiares, en su mayoría migrantes procedentes de El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala.
Amnistía Internacional (AI) se solidariza con las familias de migrantes que han desaparecido y se suma a su llamado a las autoridades para que se investigue el paradero de estas personas, y que, en caso de que hubiesen sido víctimas de asesinatos, secuestros u otros crímenes, los responsables de estos crímenes sean llevados rendir cuentas ante la justicia.
“Buscan a sus hijos e hijas, pero buscan también verdad y justicia. No están solas, miles de personas en todo el mundo sentimos su dolor y les acompañamos en su búsqueda”, afirmó Alberto Herrera, Director Ejecutivo de Amnistía Internacional en México.
Esta caravana recorrerá las principales localidades por las que atraviesan los migrantes a través de México, con la esperanza de encontrar a sus familiares o información que les ayude a localizarles. La caravana recorrerá Tabasco, Veracruz, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala, Puebla, Estado de México, Distrito Federal, Oaxaca y Chiapas.
Activistas de Amnistía Internacional estarán presentes en algunos puntos de la ruta para acompañar las actividades.
“Busco la verdad, saber lo que pasó, nada más que eso. Tengo la esperanza que alguna vez las voy a volver a ver” comentó a Amnistía Internacional una joven salvadoreña quien perdió la pista de sus dos hermanas mientras ellas cruzaban México.
“No es casual que las desapariciones de migrantes continúen siendo una realidad en México. Cuando los responsables de estos abusos no son llevados a la justicia, es probable que esos abusos vuelvan a cometerse. No hay mensaje más peligroso que el de la impunidad.” Agregó Herrera.
La organización hace un enérgico llamado a las autoridades mexicanas a cumplir su compromiso de tomar medidas efectivas para que los abusos contra migrantes sean adecuadamente documentados, investigados y los responsables llevados ante la justicia. Así como de establecer la identidad los migrantes asesinados en México. Estos compromisos fueron anunciados hace ya más de dos años por el gobierno federal al presentar el plan para prevenir los secuestros y asesinatos a migrantes. Sin embargo, Amnistía Internacional no tiene información sobre la forma en que este compromiso se ha transformado en resultados concretos en favor de la verdad y la justicia para las y los migrantes víctimas de secuestro.
