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Una corte federal se negó el martes a levantar temporalmente la suspensión que pesa sobre programas del gobierno para proteger de la deportación a cerca de cinco millones de inmigrantes que viven ilegalmente en el país, lo que provocó decepción entre activistas y satisfacción entre algunos legisladores republicanos.
«Las consecuencias de este retraso, de esta decisión, son devastadoras», dijo Marielena Hincapié, del National Immigration Law Center, una organización que informa sobre los derechos de los inmigrantes.
Hincapié señaló durante una conferencia telefónica con periodistas que el fallo del martes causará confusión y miedo entre las comunidades inmigrantes.
La decisión judicial, sin embargo, no representa el final de los programas, ya que el caso seguirá siendo discutido en la Corte Federal de Apelaciones del Quinto Circuito en julio.
El Departamento de Justicia había solicitado a esta corte que revirtiera la decisión de un juez de Texas, quien había accedido temporalmente a bloquear los programas, anunciados por el presidente Barack Obama en noviembre.
El juez de Texas, Andrew Hanen, había estado de acuerdo con gobernadores de 26 estados que entablaron una demanda alegando que la acción de Obama era anticonstitucional. El martes, dos de los tres jueces en un panel de la corte del Quinto Circuito votaron en contra de la solicitud gubernamental.
No quedó esclarecido de inmediato si el gobierno apelaría ya sea ante el pleno de la Corte de Apelaciones en Nueva Orleans o ante la Corte Suprema federal.
La portavoz de la Casa Blanca Brandi Hoffine dijo que los jueces de la corte del Quinto Circuito «escogieron interpretar mal los hechos y la ley».
Por su parte, la legisladora republicana Diane Black, representante de Tennessee en la cámara baja, celebró el fallo de la corte de apelaciones.
«Esta decisión es una importante victoria para un sistema en el que se cumplen las leyes y para cada inmigrante legal al que se le ha faltado al respeto por la amnistía inconstitucional del presidente», dijo Black en un comunicado.
Un programa que ha sido paralizado temporalmente y que hubiera entrado en vigor el 19 de mayo hubiera protegido de la deportación y otorgado permisos de trabajo a padres de ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes. El otro es una ampliación de un programa existente que protege de la deportación a jóvenes inmigrantes traídos ilegalmente a Estados Unidos cuando eran niños. La ampliación de este último hubiera entrado en vigor el 18 de febrero.
A pesar de expresar decepción, activistas y abogados de inmigración dijeron que confían en que los programas serán aprobados en los próximos meses y quedarán activados eventualmente.
Los estados que demandaron para bloquear los programas, liderados por Texas, argumentaron que Obama actuó fuera de su autoridad y que los cambios los obligarían a invertir más en actividades policiales, servicios de salud y educación. La Casa Blanca alega que el mandatario actuó dentro de su autoridad para arreglar «un sistema migratorio descompuesto».
Hanen, desde su corte en Brownsville, Texas, emitió una suspensión temporal el 16 de febrero para impedir que los planes de Obama entraran en vigor mientras la demanda se abría paso en el sistema judicial.
Abogados del Departamento de Justicia solicitaron que no se aplicara la suspensión mientras la apelaban. Argumentaron que las políticas migratorias son dominio del gobierno federal, no estatal.
En el decreto del martes, los jueces del Quinto Circuito Jerry Smith y Jennifer Walker Elrod denegaron levantar la suspensión, y señalaron en una opinión escrita por Smith, que los abogados del gobierno tenían pocas posibilidades de tener éxito en sus solicitudes por medio de esa apelación, que se debatirá en julio. El juez Stephen Higginson no estuvo de acuerdo.
Obama dijo en noviembre que la falta de acción del Congreso lo obligó a realizar por sí mismo cambios radicales a las normas de inmigración. Los republicanos acusan a Obama de exceder su autoridad presidencial.